Sadop presentará un petitorio pidiendo ser escuchado, en el último tramo del año
Desde el gremio que nuclea a los docentes particulares plantean la necesidad de un aumento sustancial al salario Básico, que disminuya las cifras no remunerativas que hoy representan el 65% del salario y mejores condiciones laborales.
Las autoridades del Sadop -Seccional Tucumán presentarán en la mañana de hoy, a los ministros de Gobierno y de Educación un petitorio.
En el petitorio se reitera la necesidad de un aumento sustancial al salario Básico, que disminuya las cifras no remunerativas que hoy representan el 65% del salario.
Explicaron que la conformación del sueldo en la provincia, provoca grandes injusticias pues ciertas sumas no remunerativas no son abonadas en la totalidad de las horas y cargos del trabajador docente, ocasionando de la pérdida del valor de los conceptos de zona, antigüedad, jerarquización, lo que constituye, además, una ilegalidad.
Por otra parte, esta situación produce un serio perjuicio a las obras sociales que se ven afectadas por la falta de aportes y contribuciones de esas sumas «en negro«
«El incremento no debe colocar nuevamente a los docentes por debajo de la línea de la pobreza, pues aún los que trabajan en dos cargos quedan incluidos. Esto implica una flagrante violación a los derechos humanos, al derecho constitucional de igual remuneración por igual tarea», consigna el petitorio.
A la vez, ratificaron que «los trabajadores deben tener garantizado un haber que permita una vida digna, una jornada laboral saludable en su extensión, el acceso a la salud, educación, alimentación, vivienda, entre otros. Requerimos una vez más al gobierno de la provincia, la participación de este sindicato, en representación de los docentes privados, en la mesa de negociación salarial docente. Esto no es una cuestión antojadiza, la educación de gestión privada representa un 30% en esta jurisdicción«.
Puntualizaron que resulta imposible pensar en una educación de calidad con docentes agobiados, agotados, expuestos fuertemente a los riesgos sicosociales, por ello, además se debe tratar en la mesa, las demás condiciones de trabajo. «Son tres, las principales causas del stress laboral: *La gestión del comportamiento de los estudiantes, el posicionamiento de los padres y las condiciones en que hoy se da la inclusión. *Los bajos salarios *La excesiva carga administrativa. Más allá de la responsabilidad del Estado, el Consejo Directivo de SADOP deja expresamente claro que el pago del salario como las demás condiciones de trabajo, son obligación ineludible de los empleadores«, plantea el petitorio del gremio docente que conduce Mario Dionisi secretario General del Sadop-Tucumán.
El Gobierno nacional publicó oficialmente la apertura de las ofertas económicas correspondientes a la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, un proceso que abarca tramos de la Ruta Nacional 9 y la Ruta Nacional 34 que atraviesan Tucumán, más la ruta al aeropuerto Benjamín Matienzo y otros corredores estratégicos de diez provincias. La decisión marca un avance significativo en la política vial al proponer un modelo de gestión con participación privada mayoritaria.
El anuncio y los objetivos oficiales
El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que el nuevo esquema permitirá concesionar más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales mediante inversión 100% privada. A través de una publicación en la red social X, el funcionario señaló que la iniciativa busca avanzar hacia un nuevo modelo de gestión vial.
“Más inversión privada, más eficiencia y mejores rutas para los argentinos”, expresó el ministro en su mensaje público.
Alcance en Santiago del Estero y otros corredores
La tercera etapa comprende ocho corredores distribuidos en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza. En lo que respecta a Tucumán, los tramos incluidos abarcan porciones de la Ruta Nacional 9, la Ruta Nacional 34 y la Ruta Nacional A016 que va al aeropuerto, integradas en distintos corredores:
Tramo Centro: 681 kilómetros sobre las rutas nacionales 9, 19 y 34.
Tramo Centro-Norte: 536 kilómetros sobre la Ruta Nacional 34.
Tramo Noroeste: 596 kilómetros sobre las rutas nacionales 9, 34, 66, 1V66 y A-016.
Un nuevo esquema de concesiones y su alcance
Con esta iniciativa, el Gobierno propone transferir completamente a empresas privadas la operación, el mantenimiento, la conservación y la ampliación de las rutas nacionales, abandonando el esquema de gestión con participación directa del Estado. Según el Ministerio de Economía, este plan forma parte de un proceso más amplio que contempla la concesión de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, por donde circula cerca del 80% del tránsito vehicular y del transporte de cargas del país.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, valoró la medida como una etapa clave en la reconfiguración del sistema vial. “Con esta etapa se va completando la privatización de la red troncal de transporte vial. Un paso trascendental para la producción y la seguridad vial”, afirmó.
Consideraciones finales
La apertura de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones implica un cambio de modelo en la gestión de la infraestructura vial argentina, con foco en la inversión privada y la ampliación de la red concesionada. El alcance territorial que incluye a Tucumán y otras provincias abre la discusión sobre impactos en la operación, la financiación y la fiscalización de las rutas, así como sobre las condiciones de la prestación del servicio a los usuarios y al transporte de cargas.
La CGT comienza un plan de lucha con movilizaciones y un paro general aún sin fecha
Los sindicatos agrupados en la CGT organizaron la serie de protestas contra Javier Milei junto con las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y diversas organizaciones sociales.
A través de negociaciones reservadas con el Gobierno, la CGT logró que se corrigieran las restricciones a la caja sindical incluidas en la Ley de Modernización Laboral, pero el gesto libertario no dará lugar a una tregua: este miércoles, a las 15, comenzará el nuevo plan de lucha cegetista con una movilización al Congreso para acompañar el reclamo de los jubilados.
Los sindicatos agrupados en la CGT organizaron la serie de protestas contra Javier Milei junto con las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y diversas organizaciones sociales, pero, a pesar de que habían amagado con replicar el esquema que se utilizó contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron, en 2023, basado en movilizaciones y paros sectoriales y rotativos que se prolongaron durante semanas, finalmente se aplicará una versión light de ese modelo.
La explicación del giro fue expuesta sin rodeos por un jefe gremial: “No hay clima. En las empresas la gente estaba con la cabeza en el Mundial y después tampoco tendremos muchas garantías de que acaten los paros que van a afectar su bolsillo o que puedan poner en riesgo su fuente de trabajo”.
Ese diagnóstico empujó una salida pragmática. La prioridad pasó a ser la calle, con acciones de menor riesgo para los trabajadores y con la mira puesta en sumar adhesión de otros sectores sociales, especialmente de la clase media, para crear las condiciones de un futuro paro general contra la administración de Javier Milei.
Según lo acordado por las 3 centrales obreras y las confederaciones sindicales, luego de la marcha de este miércoles se realizará el 7 de agosto una movilización por el Día de San Cayetano y se seguirá, en fechas por definir, con una concentración ante el Ministerio de Economía en rechazo del endeudamiento familiar, la participación en la Semana Social de la Iglesia, una movilización por el Día de la Industria (el 2 de septiembre), una acción para acompañar la visita del papa León XIV a la Argentina, en noviembre próximo y otra marcha cuando se realice la próxima convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Esta agenda de medidas, según lo resuelto, será el “camino” que llevará a una gran protesta nacional, como un paro general de 24 o 36 horas, con la incorporación de otros sectores de la sociedad para darle más fuerza.
La jugada más audaz será la apuesta de “capitalizar” la visita del Papa al país en busca de alguna señal que se interprete como un respaldo a los reclamos del sindicalismo. Una de las ideas es tratar de que la recorrida de León XIV por la ciudad de Buenos Aires se acerque lo máximo posible al edificio de la CGT, donde lo esperarían las columnas de dirigentes y trabajadores.
Además de priorizarse la presencia en la calle, el plan de lucha incluye la realización de asambleas en los lugares de trabajo y “acciones disruptivas” como la entrega de folletos explicativos de los reclamos en estaciones de trenes y aeropuertos en todo el país.
A este esquema de protestas se sumará el paro nacional docente que se impulsa desde la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, conducida por Sergio Romero (UDA), que se concretaría en agosto y al que se sumarán CTERA y otros sindicatos del sector.
La CGT también resolvió abrir contactos con entidades empresariales del interior para consensuar acciones comunes, bajo la idea de que tanto empresarios como trabajadores son “víctimas del modelo Milei”. A la vez, se decidió que entre 15 y 20 dirigentes por gremio acompañen conflictos puntuales en empresas del AMBA y del interior, además de reforzar el trabajo con las delegaciones regionales cegetistas.
La CGT iniciará su nuevo plan de lucha, curiosamente, la misma semana en que salieron a la luz las negociaciones reservadas con el Gobierno que mantuvieron sus líderes dialoguistas, y que terminaron con el decreto para corregir la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral, que había perjudicado a los sindicatos en dos puntos clave para su financiamiento.
Por un lado, se utilizaba el salario básico convencional como base de cálculo de las cuotas solidarias y otros aportes pactados en los convenios colectivos de trabajo, una fórmula que reducía potencialmente el volumen económico de esos montos acordados entre empresarios y dirigentes gremiales.
Por otro lado, el tope del 2% de los salarios fijado en la reforma laboral para las cuotas solidarias había sido interpretado de manera tan amplia que también alcanzaba a los aportes empresariales que, vía convenio colectivo, son destinados a mutuales, seguros de vida, seguros de sepelio o mejoras en la obra social.
En ambos casos, la rectificación del Gobierno que, gracias a la negociación la CGT, puso a salvo esos dos ítems cruciales de la caja sindical llegó con el decreto 612 que fue publicado este lunes en el Boletín Oficial. Aun así, la CGT ratificó su plan de lucha que comienza este miércoles, por más que se haya abierto un interrogante: ¿habrá una convocatoria libertaria al diálogo para evitar que se profundicen las protestas?
Hoy nadie lo cree posible, sobre todo porque también arrancó informalmente la campaña electoral, pero también parecía imposible que la Casa Rosada corrigiera la reglamentación de la reforma laboral en favor del poder sindical. Las próximas semanas serán decisivas para medir la temperatura del conflicto Gobierno-CGT. / Infobae
Organizaciones sociales y Polo Obrero marcharán para reclamar contra los recortes a planes sociales
Tras el fallo judicial que habilitó al gobierno de Javier Milei y Sandra Pettovello a avanzar con la baja del programa Volver al Trabajo, organizaciones piqueteras y sociales resolvieron una Jornada Nacional de Lucha con cortes de ruta, asambleas y movilizaciones en todo el país.
Este miércoles, 22 de Julio, el Polo Obrero junto a otras organizaciones sociales concentrarán desde las 9,30, en Parque 9 de Julio para marchar a Plaza Independencia.
Tras el fallo judicial que habilitó al gobierno de Javier Milei y Sandra Pettovello a avanzar con la baja del programa Volver al Trabajo, organizaciones piqueteras y sociales resolvieron una Jornada Nacional de Lucha con cortes de ruta, asambleas y movilizaciones en todo el país.
La Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que mantenía vigente el programa Volver al Trabajo, mientras se resolvía el amparo presentado por beneficiarios del programa.
Con esta decisión, el gobierno quedó habilitado para avanzar con las bajas de un ingreso del que dependen más de un millón de trabajadores desocupados. El proceso judicial continúa, pero la protección cautelar fue dejada sin efecto.
Frente a este ataque, las organizaciones sociales se reunieron de urgencia en todo el país y resolvieron responder con una Jornada Nacional de Lucha el próximo 22 de julio, con cortes de ruta, asambleas y movilizaciones en todo el territorio nacional.
«No estamos frente a una simple discusión administrativa. La eliminación del Volver al Trabajo golpea a quienes sostenemos comedores comunitarios, tareas barriales y múltiples trabajos comunitarios en medio del ajuste, la desocupación y el hambre. Mientras el gobierno descarga la crisis sobre los sectores más empobrecidos, continúa beneficiando al gran capital y aplicando las exigencias del FMI«, advirtieron en un comunicado de Polo Obrero.
«La respuesta será unitaria. Llamamos a ganar las calles en defensa del derecho al trabajo, contra las bajas y por un ingreso para todas y todos los trabajadores desocupados. El 22 de julio volvemos a las calles en todo el país para enfrentar este nuevo ataque del gobierno de Milei y Pettovello. ¡No a la baja del programa Volver al Trabajo! Trabajo sin salario es esclavitud!«, consignaron.
