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Política

Reforma laboral: se viene una negociación clave entre el Gobierno y la CGT

Será piloteada por Diego Santilli y Martín y “Lule” Menem. Apunta a consensuar el proyecto antes de que llegue al Congreso. La herramienta de presión para aflojar la dureza sindical.

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El Gobierno y la CGT se encaminan a una inminente negociación para intentar el máximo consenso posible de la reforma laboral que elaboró el Consejo de Mayo y que hasta ahora tiene un fuerte rechazo del sindicalismo.

Las tratativas se harán contrarreloj ya que el 15 de diciembre se conocerá la versión oficial del proyecto para que sea presentado en el Congreso y pueda ser debatido durante el período de sesiones extraordinarias.

Hasta ahora, según admitieron altas fuentes oficiales, la expectativa es que las negociaciones sean piloteadas por el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional en la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem.

Hace 10 días, en la conferencia industrial de la UIA, Santilli se cruzó con los cotitulares de la CGT Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Jorge Sola (Seguros) y fue insistente en dos puntos: que el Gobierno los iba a convocar para hablar sobre la reforma laboral y que no creyeran en los trascendidos sobre el tema porque hay voluntad de llegar a un acuerdo con el sindicalismo.

En la CGT están esperando que los convoquen para reunirse. El jueves pasado, tras un encuentro con los diputados de extracción sindical, Sola hizo una advertencia al Gobierno en caso de que no abra el diálogo: “Si no nos llaman, chocarán con la pared de siempre”.

Los sindicalistas quieren llegar preparados a la reunión con el Gobierno y, con la asistencia del equipo de abogados de la CGT y algunos diputados, se está realizando un punteo del último borrador de la reforma laboral para elaborar una contrapropuesta que sirva de base para negociar.

Cuando se produzca la reunión oficial, la CGT trataría de voltear algunos de los artículos que más le preocupan, como la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales, la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, la prioridad de los convenios por empresa, la restricción de las cuotas solidarias, la regulación de las asambleas en las empresas y otros que pondrían en jaque al poder sindical.

En el Gobierno están convencidos de que el sindicalismo rechaza con más énfasis esos puntos, vinculados con el derecho colectivo, que otros cambios incluidos en el proyecto y que son del derecho individual, como el banco de horas y el fraccionamiento de vacaciones, por ejemplo: “La jornada de trabajo, los días de franco y el descanso anual suelen ser negociados por los trabajadores en las empresas”, afirmó un funcionario libertario.

Ahora se abrirá una posibilidad de que los sindicalistas hagan sus observaciones para impedir que se declare una guerra total por la reforma laboral. Y en la Casa Rosada reconocieron que hay artículos que pueden ser atenuados en aras de la “paz social” y que en eso está de acuerdo hasta un duro como el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La importancia que le da el Gobierno a las últimas negociaciones con la CGT radica en el hecho de que, además de Santilli, de las charlas con los dirigentes sindicales participarán los dos Menem (Martín y “Lule”), que responden de manera directa a Karina Milei, con cada vez más poder en la estructura gubernamental.

¿Qué puede pasar en la inminente negociación entre el Gobierno y la CGT? La Casa Rosada quiere llegar a esa instancia con el apoyo a las reformas de Milei y al Presupuesto 2026 por parte de los 20 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo en Tucumán, algo que será una herramienta de presión para aflojar la dureza sindical.

Para la CGT se vienen días decisivos: intentará frenar la versión más dura de la reforma laboral, pero será difícil que termine firmando los cambios propuestos por Milei aunque sean más benévolos para el poder sindical. Todo lo que pase en esta instancia final será tamizado por el filtro del ala dura del gremialismo, que presiona para vetar el proyecto oficial y romper sí o sí con el Gobierno.

FUENTE: Infobae

Política

El jueves se debatirán modificaciones judiciales y del estatuto docente

Los cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial (N° 6.238) vienen siendo impulsados desde principios de abril, por requerimiento de la Corte Suprema.

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La Legislatura volverá a sesionar el próximo jueves a las 8.30, jornada en la que se abordará el tratamiento de una serie de proyectos vinculados al funcionamiento del Poder Judicial, el sistema penal y el ámbito educativo provincial.

Entre los principales asuntos previstos, según se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que encabezó el vicegobernador Miguel Acevedo, se encuentran modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial y al Código Procesal Penal. Además, los legisladores debatirán cambios en el Estatuto Docente Provincial (Ley N° 3.470), una iniciativa orientada a agilizar y facilitar la cobertura de cargos dentro del sistema educativo tucumano.

 

 

Los cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial (N° 6.238) vienen siendo impulsados desde principios de abril, por requerimiento de la Corte Suprema, pero las modificaciones encontraron resistencia de algunos sectores y planteos de algunos otros por no haber sido convocados a la discusión. Inicialmente estaba previsto que el tema sea incluido en la sesión del 16 de abril, pero finalmente fue retirado del orden del día por las resistencias señaladas.

Declaración y resolución

Según se informó al término del encuentro, el orden del día también incluirá el tratamiento de distintos proyectos de declaración y resolución impulsados por los bloques parlamentarios.

Otro de los temas que llegará al recinto será la creación del programa “Legislatura en Diálogo”, una propuesta institucional para otorgar un marco formal a jornadas, conferencias y actividades de intercambio que se desarrollan en el ámbito legislativo. El programa permitirá que legisladores, organismos e instituciones externas puedan presentar y promover actividades relacionadas con temas educativos, científicos, culturales, sociales y deportivos.

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Política

Por decreto, el gobierno de Javier Milei oficializó nuevos requisitos para designar jueces de la Corte Suprema

A través de un decreto, la administración de Javier Milei modificó el procedimiento para nombrar integrantes de la Corte Suprema, al Procurador General y al Defensor General de la Nación. La reforma reduce plazos, digitaliza trámites y suprime una etapa administrativa que antecedía al envío de los pliegos al Senado.

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El Gobierno oficializó este martes una reforma en el mecanismo de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia, así como de las autoridades que encabezan el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. La medida fue instrumentada mediante el decreto 467/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el ministro de JusticiaJuan Bautista Mahiques.

La modificación alcanza a los procedimientos establecidos por los decretos 222 y 588 de 2003, que regulaban las designaciones de los máximos cargos judiciales. Según argumentó el Ejecutivo, el objetivo es acelerar los nombramientos, reducir trámites administrativos y adecuar el sistema a los canales digitales de comunicación actuales.

Corte Suprema: cuáles son los cambios que introdujo Milei para nombrar jueces

Uno de los cambios centrales es la eliminación de la instancia previa de observaciones ciudadanas que se desarrollaba en el ámbito del Ministerio de Justicia antes de que el Poder Ejecutivo enviara los pliegos al Senado. Hasta ahora, los antecedentes de los postulantes debían publicarse y quedar sujetos a opiniones o impugnaciones antes de formalizar la nominación.

Desde el Gobierno sostuvieron que ese mecanismo duplicaba procedimientos ya contemplados en la Cámara alta, donde continúan vigentes las audiencias públicas, la recepción de observaciones de la ciudadanía y el tratamiento de los pliegos por parte de la Comisión de Acuerdos.

Con la nueva normativa, la participación ciudadana seguirá existiendo, aunque quedará concentrada en la etapa legislativa. En ese sentido, remarcaron que «los mecanismos de publicidad, transparencia y control ciudadano no se eliminan», sino que pasan a desarrollarse exclusivamente en el Senado.

La reforma también introduce cambios en la difusión de los antecedentes de los candidatos. A partir de ahora, la información será publicada en el sitio web oficial del Ministerio de Justicia y en el Boletín Oficial, dejando de lado la obligación de hacerlo en diarios de circulación nacional. Para el Ejecutivo, esta actualización responde a los hábitos actuales de acceso a la información y permite acortar los tiempos del procedimiento.

Además, los postulantes deberán presentar en un plazo de cinco días sus declaraciones juradas patrimoniales, incluyendo bienes propios, de su cónyuge o conviviente, del patrimonio conyugal y de los hijos menores, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Ética de la Función Pública.

Otro de los puntos modificados involucra a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo continuará verificando la situación impositiva y previsional de los candidatos, pero ahora contará con un plazo máximo de cinco días para emitir los informes correspondientes, los cuales deberán respetar las normas de secreto fiscal.

La nueva reglamentación no introduce cambios en el procedimiento constitucional de designación. Se mantienen intactos los requisitos de aprobación por parte del Senado, incluidas las audiencias públicas, las impugnaciones ante la Comisión de Acuerdos y la necesidad de obtener una mayoría de dos tercios de los legisladores presentes para validar cada nombramiento.

Entre las novedades también sobresale una omisión respecto del decreto 222/2003. El texto publicado este martes ya no menciona la recomendación dirigida al Presidente para considerar criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y representación regional al momento de proponer candidatos para los máximos cargos judiciales.

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Política

Inicia una semana de paro en las universidades públicas

En Tucumán,Adiunt adhirió a la medida de fuerza tras rechazar el ofrecimiento realizado por el gobierno nacional.

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La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán y Fundación Miguel Lillo ADIUNT, llevó al Congreso de CONADU Histórica el mandato votado en Asamblea General de rechazo a la firma del acta acuerdo de Milei, los rectores y las direcciones burocráticas sindicales.

El Congreso de la Federación, con una importante votación, rechazó la oferta y ratificó el paro de una semana del 16 al 20 de junio. Aseguran que firmar hubiese significado «entregar la lucha por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario».

Frente a la pérdida salarial de más de 50%, la propuesta del gobierno significa un aumento sólo de 21,3% ahora, y otro 3% en noviembre. A nivel presupuestario, fondos para hospitales universitarios y un 20% para gastos de funcionamiento. En cuanto a becas estudiantiles, solo aumenta la Belgrano, no así las Progresar.

«El ofrecimiento del gobierno lo consensuó con los rectores, pero de espaldas a las y los trabajadores docentes y no docentes», expresaron.

El gobierno sigue actuando fuera del orden legal desconociendo una ley votada por el Congreso, ahora con el aval de las autoridades universitarias. Cabe denunciar a la Corte Suprema por su complicidad al dilatar su fallo

Desde ADIUNT plantaron que hay que darle continuidad a la lucha, coordinando con las asociaciones de base y sectores autoconvocados que rechazan el acuerdo.

En ese marco, convocan a toda la docencia, con independencia de la federación que pertenezca, a parar en todas las universidades del 16 al 20 de junio y organizar una acción de protesta nacional el miércoles 17.

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