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Política

La Armada pasó a disponibilidad a nueve oficiales e investiga desvíos de haberes por casi $1.000 millones

El almirante Juan Carlos Romay apartó a ocho capitanes de corbeta y a un suboficial tras una auditoría interna que detectó 645 liquidaciones irregulares entre 2022 y 2026. El fraude se canalizaba mediante modificaciones manuales en los lotes enviados al Banco Nación y podría escalar hasta los $1.600 millones.

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El jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, resolvió relevar de sus funciones y pasar a situación de disponibilidad a ocho capitanes de corbeta y a un suboficial, luego de que una investigación interna comprobara el cobro indebido de haberes y asignaciones suplementarias sin respaldo reglamentario. La medida administrativa, encuadrada en la Ley de Personal Militar, deja a los nueve efectivos sin destino asignado por un lapso máximo de un año mientras se sustancian los sumarios disciplinarios de rigor, en los que no se descarta la sanción de destitución.

 

 

En paralelo a las actuaciones castrenses, el caso escaló al fuero penal a partir de una denuncia formulada por el director general de Administración Financiera de la fuerza, Carlos Alberto Castro Maggio. El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N° 2, donde se investiga una maniobra sistemática que involucra al menos 645 transferencias indebidas por un monto histórico de $981.148.567,88, ejecutadas entre julio de 2022 y enero de 2026. La pesquisa judicial advierte que la cifra original abarca a 23 oficiales sospechosos, aunque la proyección pericial preliminar estima que el desvío global podría extenderse a más involucrados y alcanzar un quebranto final de entre $1.300 y $1.600 millones.

 

 

El mecanismo para burlar controles en el Banco Nación

Las anomalías fueron detectadas en febrero último tras auditarse liquidaciones de suplementos no justificados a cinco agentes. La posterior reconstrucción informática permitió determinar que las transferencias irregulares se camuflaban de manera premeditada dentro del lote mensual de liquidaciones legítimas de más de 24.000 efectivos que componen la fuerza naval.

 

 

Para eludir las auditorías automáticas, los responsables alteraban manualmente los registros y archivos una vez concluidos los controles ordinarios de liquidación y justo antes de transferir los soportes informáticos al Banco Nación. Inmediatamente después del envío bancario, los valores del sistema interno se restituían a sus parámetros originales, evitando así que los importes adicionales aparecieran impresos en los recibos oficiales de sueldo del personal.

 

 

Confesión interna, cobros a civiles y causas en curso

La auditoría acreditó además que el 44,25% de los fondos desviados ($434.200.718,04 distribuidos en 184 operaciones) terminó en cuentas de cuatro personas sin vínculo alguno con la Armada. En esa nómina aparece María del Carmen Prieto, cónyuge del entonces jefe del Departamento Revista, Ariel Baltasar Atanasoff. La mujer percibió de forma ilícita más de $152 millones. En el marco de las actuaciones administrativas previas a su relevo preventivo, el propio Atanasoff reconoció que efectuaba las cargas manuales de manera directa y discrecional para favorecer económicamente a su entorno, asegurando que actuaba sin intervención de terceros.

 

 

El peritaje contable también detectó incompatibilidades graves entre el personal en servicio: el oficial Roberto Eduardo Castro figuraba percibiendo simultáneamente sueldos en el exterior y en el país pese a estar inhabilitado por sistema para cobrar el tramo local, mientras que su pareja, Luana Magalí Piedigrossi, cobró acreditaciones mientras usufructuaba una licencia sin goce de haberes. Hasta el momento de la presentación en tribunales se logró la restitución de $42.574.267,63, quedando pendiente un perjuicio no resarcido superior a los $938 millones, al tiempo que la conducción naval reforzó la segregación de funciones entre los equipos de liquidación, pago y conciliación bancaria.

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Política

El proyecto de ley de Biocombustibles se debatirá este jueves en el Senado

La iniciativa impulsada por el oficialismo sufrió modificaciones en el biodiesel y se debatirá en el recinto en una sesión que comenzará a las 11 horas.

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Tras el dictamen favorable de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, el proyecto de ley de Biocombustibles impulsado por el oficialismo llegará este jueves al recinto del Senado. La sesión comenzará a las 11, aunque la iniciativa será uno de los últimos temas incluidos en el orden del día.

La definición se dio este miércoles, luego de la reunión de Labor Parlamentaria en la que los jefes de bloque determinaron el temario de la sesión prevista para este jueves, donde según pudo saber Clarín Rural, realizaron «cambios mínimos» al dictamen firmado en las comisiones. Cabe recordar que la semana pasada, el oficialismo no había logrado reunir los acuerdos necesarios para convocar a una sesión.

Las conversaciones impulsadas por los senadores Patricia Bullrich, Pablo Cervi y Flavia Royón buscaban ampliar el respaldo al proyecto antes de su llegada al recinto. “Están buscando acuerdo con la mayor cantidad de sectores, alguno va a tener que ceder un poco”, señalaron fuentes consultadas sobre las negociaciones que se mantienen durante estos días, principalmente con senadores de las provincias de Santa Fe, La Pampa y San Luis.

Las entidades industriales del Norte Grande elevaron una carta a los senadores nacionales de las provincias de la región para reclamar la aprobación de la iniciativa. La UNINOR, Uniones Industriales del Norte Grande, sostuvo que el proyecto permitirá fortalecer la producción nacional, sustituir importaciones, generar empleo y avanzar hacia una política energética “moderna, federal y sustentable”.

Las entidades remarcaron especialmente la posibilidad de agregar valor en origen a materias primas como la caña de azúcar, el maíz, la soja y la madera. Según plantearon, su transformación en energía permite reducir el impacto del costo de la distancia sobre las producciones regionales y, al mismo tiempo, generar actividad económica, sustituir combustibles y aditivos importados y ampliar el uso de combustibles renovables.

El principal cambio para destrabar el conflicto está concentrado en el biodiésel, puntualmente en el artículo 38. La iniciativa modifica el esquema vigente de cortes obligatorios y de participación de las empresas en el mercado interno, especialmente en el caso de las compañías no integradas, las pymes, que actualmente cuentan con el cupo del 7,5%, mientras que las empresas integradas no participan de ese segmento.

El dictamen establece que el gasoil deberá contener inicialmente un 7,5% de biodiésel, porcentaje que subirá al 10% a partir de los 12 meses de la sanción de la ley. Durante la primera etapa, las empresas no integradas mantendrán asignado el total del mercado correspondiente al corte obligatorio. Cuando el corte alcance el 10%, su participación será del 6,5%, mientras que el 3,5% restante quedará dentro de un segmento de negociación libre.

El cronograma contempla luego una reducción progresiva de la participación de las empresas no integradas: será del 5,5% en 2029, del 5% en 2030 y del 4% en 2031, siendo este último porcentaje el cambio que introduce el nuevo dictamen en lugar del 3% que contemplaba la versión previa.

Además, el artículo 39, además, mantiene límites específicos para la asignación de ese volumen: cada empresa no integrada no podrá superar el 10% del biodiesel comercializado anualmente, con un tope de 50.000 toneladas, mientras que un grupo económico relacionado tampoco podrá superar el 10%. También se establece que el volumen asignado no podrá exceder la capacidad instalada registrada de cada planta.

Mientras que en el bioetanol hubo acuerdo entre el sector de la caña de azúcar y del maíz, con un corte obligatorio en las naftas del 12% (50% para cada actividad) y un 3% de libre competencia, alcanzando el corte al 15%.

FUENTE: Clarín

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Política

Santilli recibió a Jaldo y otros gobernadores del Norte

En declaraciones a la prensa, Jaldo sostuvo: “Hemos tenido una buena reunión, que ya la teníamos prevista, sobre todo por cuestiones institucionales que tienen que ver con el gobierno nacional y las provincias que representábamos”

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Hablamos de la ley de zonas frías y zonas calientes para la compensación del gas en el sur y de la energía eléctrica en el norte, es decir, acompañamos todo lo que tiene que ver con la eliminación parcial de las compensaciones“, comentó el mandatario provincial.

En declaraciones a la prensa, Jaldo sostuvo: “Hemos tenido una buena reunión, que ya la teníamos prevista, sobre todo por cuestiones institucionales que tienen que ver con el gobierno nacional y las provincias que representábamos”.

Tan solo unas horas después de que el Gobierno enviará el proyecto de Presupuesto 2027, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, inició una ronda de reuniones con gobernadores -en la que participó el mandatario tucumano, Osvaldo Jaldo- con el objetivo de sumar respaldo político para esta iniciativa.

Además de Jaldo, participaron por Catamarca, Raúl Jalil; por Corrientes, Juan Pablo Valdés; y por Salta el gobernador Gustavo Sáenz.

El Gobernador también contó que junto a Sáenz, por ejemplo, le reclamaron a Santilli “fundamentalmente todo lo que tiene que ver con las obras para las rutas“ que le corresponden a la Nación.

Hablamos también de la ley de zonas frías y zonas calientes para la compensación del gas en el sur y de la energía eléctrica en el norte, es decir, acompañamos todo lo que tiene que ver con la eliminación parcial de las compensaciones“, marcó.

Ustedes saben que en el verano lo que es Tucumán, Santiago, Catamarca, Salta, son zonas de altas temperatura y donde se usa mucho la energía eléctrica, como en el sur el gas natural, por eso yo lo que creo que esto es una forma y una decisión de darle el mismo tratamiento al norte del país como al sur“, agregó Jaldo.

Por otra parte, Jaldo reconoció que el presidente Javier Milei “debe tener un Presupuesto aprobado”, pero sostuvo que el mismo “de alguna manera tiene que tener un carácter federal«.

“Recién lo estamos empezando a conocer porque entró ayer y no lleva ni 48 horas en el Congreso, es decir que nuestro senadores nacionales en las respectivas comisiones van a estudiar el texto. Vamos a ver artículo por artículo. Vamos a ver asignaciones de partida a cada una de las áreas que correspondan y recién ahí vamos a poder tener una opinión para ver cómo y de qué manera acompañamos».

A pesar de que también está en agenda, no se conversó sobre la reforma electoral, que tiene como principal propuesta la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que todavía no tiene el respaldo de los aliados.

En ese sentido Jaldo dijo: “Concretamente de la reforma política electoral, no se ha tocado absolutamente nada en esta reunión y nada cambió” con respecto a antes del encuentro.

“Hay que ver cuál es la mejor propuesta, porque hay proyectos para eliminar las primarias (PASO), pero también otros para modificarlas. Se tiene que llegar al mejor instrumento democrático”, cerró.

El encuentro comenzó un poco pasadas las 15:00, luego de que llegaran los invitados, convocados la noche anterior, quienes se dirigieron directamente a las oficinas del extinto Ministerio del Interior.

Durante más de dos horas, en el que el funcionario les explicó a los dirigentes del norte los detalles del rumbo de la economía y las proyecciones que hizo la administración libertaria para el año que viene. También escuchó los reclamos de las provincias.

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Política

El Gobierno eliminó más de 72.000 empleos públicos en casi tres años

La dotación se ubicó en 270.835 trabajadores en julio, desde los 343.357 que había a fines de 2023. La administración central explica la mayor parte del recorte.

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El Gobierno presentó el proyecto de ley de Presupuesto 2027 en el Congreso, en el que ratificó el rumbo y repasó los hitos de los últimos tres años. Entre ellos, el ajuste del gasto y el recorte de las estructuras del Estado.

En ese marco, enfatizó que redujo la planta de empleados públicos en 72.000 agentes desde diciembre de 2023, cuando asumió. Y proyectó que la racionalización del Estado se profundizará en lo que resta de 2026 y el próximo año.

“Para el ejercicio 2027, se prevé profundizar las acciones destinadas a fortalecer la transparencia en la administración de los recursos públicos, promoviendo, al mismo tiempo, la modernización y el profesionalismo del empleo público”.

El objetivo, sostiene el Ejecutivo, es “consolidar una administración pública más austera, eficiente y enfocada en funciones estratégicas”.

“Con la reducción de estructuras superpuestas, la simplificación normativa, la modernización de los procesos administrativos y el avance en la reorganización y privatización de empresas públicas, se busca generar condiciones más favorables para el desarrollo de la actividad privada, la atracción de inversiones y la creación de empleo formal”, resaltó en el proyecto de Presupuesto.

Los datos oficiales del Indec dan cuenta de una continua reducción de empleados públicos

 

Empleo público: los datos del gobierno de Javier Milei

El número de empleos públicos perdidos en el mandato de Milei surge de las estadísticas oficiales. Según el último reporte del INDEC, en casi tres años la cantidad de trabajadores que integran el sector público nacional se redujo en 72.522. Según la serie del INDEC, el universo relevado pasó de 343.357 empleados en noviembre de 2023, a 270.835 en julio de 2026, lo que representa una caída del 21,1%.

El relevamiento incluye a la Administración Pública Nacional, “otros entes” y las empresas y sociedades del Estado. De los más de 72.000 puestos menos registrados durante el período, 49.578 corresponden a la Administración Pública Nacional 22.944 a las empresas y sociedades estatales.

La Administración Pública Nacional

La Administración Pública Nacional (APN) es actualmente el principal componente del universo relevado por el INDEC, con 183.520 trabajadores. En noviembre de 2023 tenía 233.098 empleados, por lo que en el período perdió 49.578 puestos, una reducción del 21,3%.

Dentro de la APN, el sector con mayor cantidad de trabajadores es la administración descentralizada, que actualmente cuenta con 111.117 personas. En noviembre de 2023 tenía 136.763, por lo que perdió 25.646 puestos, una caída del 18,8%.

Le sigue la administración centralizada, que agrupa a los ministerios y a la Jefatura de Gabinete. En julio de 2026 registró 37.657 trabajadores. Tres años antes tenía 55.858. La diferencia es de 18.201 puestos menos, una reducción del 32,6%. Es, dentro de la APN, el segmento que tuvo la mayor caída porcentual.

Los sectores más afectados por los recortes dentro de la administración pública durante el gobierno de Milei.

 

La administración desconcentrada tiene actualmente 21.131 trabajadores. En noviembre de 2023 eran 24.932, por lo que perdió 3.801 puestos, una disminución del 15,2%.

Finalmente, el grupo denominado “otros entes” cuenta con 13.615 trabajadores. En noviembre de 2023 tenía 15.545, lo que representa una reducción de 1930 empleados, equivalente al 12,4%.

Administración centralizada: las áreas con más recorte de empleo

En algunos casos, la comparación con noviembre de 2023 requiere tener en cuenta los cambios que hubo en la estructura del Poder Ejecutivo durante estos años.

Por ejemplo, Economía tenía 8686 trabajadores en noviembre de 2023 y ahora tiene 7682. Esto representa 1004 empleados menos, una reducción aproximada del 11,6%.

En Salud, la dotación pasó de 8265 a 7002 trabajadores, es decir, 1263 empleados menos, una baja aproximada del 15,3%.

En Justicia, en cambio, el registro pasó de 1553 trabajadores en noviembre de 2023 a 2858 en julio de 2026. Son 1305 empleados más. Sin embargo, ese dato no puede interpretarse directamente como una incorporación neta de personal porque durante el período se modificaron las dependencias y competencias que integran las distintas áreas.

Algo similar sucede con Capital Humano, que actualmente cuenta con 7470 trabajadores, pero no tenía esta misma estructura en noviembre de 2023. La cartera absorbió funciones que anteriormente estaban distribuidas en otros ministerios.

Dentro de la administración centralizada hay actualmente 37.657 trabajadores. Pese a las reducciones, las áreas con mayor dotación siguen siendo Economía, Capital Humano y Salud.

Después aparece Presidencia, con 4149 trabajadores; Jefatura de Gabinete, con 3346; Justicia, con 2858; Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, con 2438; Seguridad Nacional, con 1408; Defensa, con 955; y Desregulación y Transformación del Estado, con 349.

Las empresas y sociedades del Estado con casi 23.000 empleos menos que a fines de 2023

El segundo gran componente del universo relevado por el INDEC son las empresas y sociedades estatales.

Actualmente reúnen 87.315 trabajadores. En noviembre de 2023 eran 110.259, por lo que en el período se redujeron en 22.944 puestos, una baja del 20,8%.

Entre las empresas con mayor cantidad de trabajadores actualmente aparece el Correo Argentino que tiene actualmente 11.279 trabajadores. En noviembre de 2023 contaba con 16.897. La diferencia es de 5618 empleados menos, lo que representa una caída del 33,2%. Es el mayor recorte absoluto entre las empresas estatales incluidas en esta comparación.

La sigue Operadora Ferroviaria, con 19.529 empleados. En noviembre de 2023 tenía 23.834, por lo que perdió 4305 puestos, una reducción del 18,1%.

Correo Argentino dentro de las empresas estatales con más empleados y más bajas desde diciembre de 2023.

 

Aerolíneas Argentinas, por su parte, pasó de 11.899 trabajadores a 9976. Son 1923 empleados menos, una reducción del 16,2%.

Banco Nación, que actualmente cuenta con 15.425 trabajadores, tres años antes tenía 17.806, por lo que redujo su dotación en 2381 personas, un 13,4%.

También aparece Aysa, que actualmente registra 5933 trabajadores, aunque no corresponde calcular una variación contra noviembre de 2023 con los datos consignados porque no existe un dato comparable en esa serie.

Belgrano Cargas pasó de 4631 trabajadores a 4010, con una reducción de 621 empleados, equivalente al 13,4%.

Nucleoeléctrica tiene ahora 2906 trabajadores, frente a los 3209 de noviembre de 2023. Perdió 303 puestos, una caída del 9,4%.

Radio y Televisión Argentina pasó de 2442 a 1953 trabajadores, con 489 empleados menos, una reducción del 20%.

Intercargo bajó de 1665 a 1535 trabajadores, es decir, 130 menos, una caída del 7,8%.

En Fabricaciones Militares, la dotación pasó de 1488 a 1018 empleados. La reducción fue de 470 puestos, equivalente al 31,6%.

Por otra parte, FADEA pasó de 936 a 656 trabajadores, con 280 puestos menos, una caída del 29,9%. Y Educar pasó de 446 a 168 empleados. En este caso se eliminaron 278 puestos, lo que representa una reducción del 62,3%.

Los mayores recortes dentro de las empresas estatales

Si se toma la cantidad de puestos perdidos y no el porcentaje, los mayores recortes entre las empresas estatales fueron los de Correo Argentino, con 5618 empleados menos; Operadora Ferroviaria, con 4305 menos; Banco Nación, con 2381 menos; y Aerolíneas Argentinas, con 1923 menos.

El grupo “otros entes” reúne actualmente 13.615 empleados. En noviembre de 2023 eran 15.545, por lo que la reducción fue de 1930 personas, equivalente al 12,4%.

El organismo con mayor cantidad de trabajadores dentro de este grupo es PAMI, que actualmente tiene 13.025 empleados. En noviembre de 2023 tenía 14.325, por lo que redujo su dotación en 1300 trabajadores, una caída aproximada del 9,1%.

También forman parte de este grupo el INCAA, con 531 trabajadores; el INPROTUR, con 35; y la Comisión Nacional Antidopaje, con 24.

El caso de Ferrocarriles Argentinos

Hay un caso que requiere una aclaración para evitar una lectura equivocada de los números.

Ferrocarriles Argentinos S.E. (FASE) pasó de 73 trabajadores en noviembre de 2023 a 501 en julio de 2026. Esto representa 428 personas más, un incremento nominal del 586,3%.

Sin embargo, ese aumento está relacionado con la absorción de la estructura y del personal de Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf) por parte de FASE en septiembre de 2024. Por eso, no equivale necesariamente a la creación de 428 nuevos puestos de trabajo. /TN

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