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Política

El Gobierno eliminó más de 72.000 empleos públicos en casi tres años

La dotación se ubicó en 270.835 trabajadores en julio, desde los 343.357 que había a fines de 2023. La administración central explica la mayor parte del recorte.

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El Gobierno presentó el proyecto de ley de Presupuesto 2027 en el Congreso, en el que ratificó el rumbo y repasó los hitos de los últimos tres años. Entre ellos, el ajuste del gasto y el recorte de las estructuras del Estado.

En ese marco, enfatizó que redujo la planta de empleados públicos en 72.000 agentes desde diciembre de 2023, cuando asumió. Y proyectó que la racionalización del Estado se profundizará en lo que resta de 2026 y el próximo año.

“Para el ejercicio 2027, se prevé profundizar las acciones destinadas a fortalecer la transparencia en la administración de los recursos públicos, promoviendo, al mismo tiempo, la modernización y el profesionalismo del empleo público”.

El objetivo, sostiene el Ejecutivo, es “consolidar una administración pública más austera, eficiente y enfocada en funciones estratégicas”.

“Con la reducción de estructuras superpuestas, la simplificación normativa, la modernización de los procesos administrativos y el avance en la reorganización y privatización de empresas públicas, se busca generar condiciones más favorables para el desarrollo de la actividad privada, la atracción de inversiones y la creación de empleo formal”, resaltó en el proyecto de Presupuesto.

Los datos oficiales del Indec dan cuenta de una continua reducción de empleados públicos

 

Empleo público: los datos del gobierno de Javier Milei

El número de empleos públicos perdidos en el mandato de Milei surge de las estadísticas oficiales. Según el último reporte del INDEC, en casi tres años la cantidad de trabajadores que integran el sector público nacional se redujo en 72.522. Según la serie del INDEC, el universo relevado pasó de 343.357 empleados en noviembre de 2023, a 270.835 en julio de 2026, lo que representa una caída del 21,1%.

El relevamiento incluye a la Administración Pública Nacional, “otros entes” y las empresas y sociedades del Estado. De los más de 72.000 puestos menos registrados durante el período, 49.578 corresponden a la Administración Pública Nacional y 22.944 a las empresas y sociedades estatales.

La Administración Pública Nacional

La Administración Pública Nacional (APN) es actualmente el principal componente del universo relevado por el INDEC, con 183.520 trabajadores. En noviembre de 2023 tenía 233.098 empleados, por lo que en el período perdió 49.578 puestos, una reducción del 21,3%.

Dentro de la APN, el sector con mayor cantidad de trabajadores es la administración descentralizada, que actualmente cuenta con 111.117 personas. En noviembre de 2023 tenía 136.763, por lo que perdió 25.646 puestos, una caída del 18,8%.

Le sigue la administración centralizada, que agrupa a los ministerios y a la Jefatura de Gabinete. En julio de 2026 registró 37.657 trabajadores. Tres años antes tenía 55.858. La diferencia es de 18.201 puestos menos, una reducción del 32,6%. Es, dentro de la APN, el segmento que tuvo la mayor caída porcentual.

Los sectores más afectados por los recortes dentro de la administración pública durante el gobierno de Milei.

 

La administración desconcentrada tiene actualmente 21.131 trabajadores. En noviembre de 2023 eran 24.932, por lo que perdió 3.801 puestos, una disminución del 15,2%.

Finalmente, el grupo denominado “otros entes” cuenta con 13.615 trabajadores. En noviembre de 2023 tenía 15.545, lo que representa una reducción de 1930 empleados, equivalente al 12,4%.

Administración centralizada: las áreas con más recorte de empleo

En algunos casos, la comparación con noviembre de 2023 requiere tener en cuenta los cambios que hubo en la estructura del Poder Ejecutivo durante estos años.

Por ejemplo, Economía tenía 8686 trabajadores en noviembre de 2023 y ahora tiene 7682. Esto representa 1004 empleados menos, una reducción aproximada del 11,6%.

En Salud, la dotación pasó de 8265 a 7002 trabajadores, es decir, 1263 empleados menos, una baja aproximada del 15,3%.

En Justicia, en cambio, el registro pasó de 1553 trabajadores en noviembre de 2023 a 2858 en julio de 2026. Son 1305 empleados más. Sin embargo, ese dato no puede interpretarse directamente como una incorporación neta de personal porque durante el período se modificaron las dependencias y competencias que integran las distintas áreas.

Algo similar sucede con Capital Humano, que actualmente cuenta con 7470 trabajadores, pero no tenía esta misma estructura en noviembre de 2023. La cartera absorbió funciones que anteriormente estaban distribuidas en otros ministerios.

Dentro de la administración centralizada hay actualmente 37.657 trabajadores. Pese a las reducciones, las áreas con mayor dotación siguen siendo Economía, Capital Humano y Salud.

Después aparece Presidencia, con 4149 trabajadores; Jefatura de Gabinete, con 3346; Justicia, con 2858; Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, con 2438; Seguridad Nacional, con 1408; Defensa, con 955; y Desregulación y Transformación del Estado, con 349.

Las empresas y sociedades del Estado con casi 23.000 empleos menos que a fines de 2023

El segundo gran componente del universo relevado por el INDEC son las empresas y sociedades estatales.

Actualmente reúnen 87.315 trabajadores. En noviembre de 2023 eran 110.259, por lo que en el período se redujeron en 22.944 puestos, una baja del 20,8%.

Entre las empresas con mayor cantidad de trabajadores actualmente aparece el Correo Argentino que tiene actualmente 11.279 trabajadores. En noviembre de 2023 contaba con 16.897. La diferencia es de 5618 empleados menos, lo que representa una caída del 33,2%. Es el mayor recorte absoluto entre las empresas estatales incluidas en esta comparación.

La sigue Operadora Ferroviaria, con 19.529 empleados. En noviembre de 2023 tenía 23.834, por lo que perdió 4305 puestos, una reducción del 18,1%.

Correo Argentino dentro de las empresas estatales con más empleados y más bajas desde diciembre de 2023.

 

Aerolíneas Argentinas, por su parte, pasó de 11.899 trabajadores a 9976. Son 1923 empleados menos, una reducción del 16,2%.

Banco Nación, que actualmente cuenta con 15.425 trabajadores, tres años antes tenía 17.806, por lo que redujo su dotación en 2381 personas, un 13,4%.

También aparece Aysa, que actualmente registra 5933 trabajadores, aunque no corresponde calcular una variación contra noviembre de 2023 con los datos consignados porque no existe un dato comparable en esa serie.

Belgrano Cargas pasó de 4631 trabajadores a 4010, con una reducción de 621 empleados, equivalente al 13,4%.

Nucleoeléctrica tiene ahora 2906 trabajadores, frente a los 3209 de noviembre de 2023. Perdió 303 puestos, una caída del 9,4%.

Radio y Televisión Argentina pasó de 2442 a 1953 trabajadores, con 489 empleados menos, una reducción del 20%.

Intercargo bajó de 1665 a 1535 trabajadores, es decir, 130 menos, una caída del 7,8%.

En Fabricaciones Militares, la dotación pasó de 1488 a 1018 empleados. La reducción fue de 470 puestos, equivalente al 31,6%.

Por otra parte, FADEA pasó de 936 a 656 trabajadores, con 280 puestos menos, una caída del 29,9%. Y Educar pasó de 446 a 168 empleados. En este caso se eliminaron 278 puestos, lo que representa una reducción del 62,3%.

Los mayores recortes dentro de las empresas estatales

Si se toma la cantidad de puestos perdidos y no el porcentaje, los mayores recortes entre las empresas estatales fueron los de Correo Argentino, con 5618 empleados menos; Operadora Ferroviaria, con 4305 menos; Banco Nación, con 2381 menos; y Aerolíneas Argentinas, con 1923 menos.

El grupo “otros entes” reúne actualmente 13.615 empleados. En noviembre de 2023 eran 15.545, por lo que la reducción fue de 1930 personas, equivalente al 12,4%.

El organismo con mayor cantidad de trabajadores dentro de este grupo es PAMI, que actualmente tiene 13.025 empleados. En noviembre de 2023 tenía 14.325, por lo que redujo su dotación en 1300 trabajadores, una caída aproximada del 9,1%.

También forman parte de este grupo el INCAA, con 531 trabajadores; el INPROTUR, con 35; y la Comisión Nacional Antidopaje, con 24.

El caso de Ferrocarriles Argentinos

Hay un caso que requiere una aclaración para evitar una lectura equivocada de los números.

Ferrocarriles Argentinos S.E. (FASE) pasó de 73 trabajadores en noviembre de 2023 a 501 en julio de 2026. Esto representa 428 personas más, un incremento nominal del 586,3%.

Sin embargo, ese aumento está relacionado con la absorción de la estructura y del personal de Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf) por parte de FASE en septiembre de 2024. Por eso, no equivale necesariamente a la creación de 428 nuevos puestos de trabajo. /TN

Política

Los dilemas del PJ en 2027: el peso de Cristina Kirchner, el rol de Axel Kicillof y la necesidad de una alianza amplia

Un relevamiento de la consultora Praxis detalla los desafíos de la oposición de cara a las próximas elecciones presidenciales.

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A poco más de un año de ingresar de lleno en el calendario electoral, el peronismo afronta un profundo debate interno en torno a su conducción, su estrategia de alianzas y la renovación de liderazgos para intentar construir una alternativa competitiva frente al gobierno del presidente Javier Milei en 2027.

Así lo refleja un reciente estudio de opinión pública nacional elaborado por la consultora Praxis, relevado entre el 1 y el 6 de octubre de este año sobre un total de 800 casos.

El sondeo, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, expone una paradoja respecto del liderazgo de Cristina Kirchner: si bien encabeza cómodamente el ranking de dirigentes con mayor influencia dentro del espacio con el 44,6% de las menciones —superando a Axel Kicillof (26,3%) y Sergio Massa (6,4%)—, un 47,6% de los encuestados considera que debería apartarse de la conducción política partidaria de cara a la nueva etapa. Solo un 13,3% opina que debería continuar conduciendo, mientras que un 18% le asigna un rol meramente consultivo.

Ante este escenario, el proceso de la sucesión y disputa aparece como obligatorio para las bases: un 56,8% considera que el peronismo ya transita —en mayor o menor medida— un camino de transición en su jefatura política. Asimismo, el 45,1% sostiene que la próxima conducción deberá inaugurar una «etapa diferente». Todo frente a un 27,5% que prefiere «conservar y renovar» y un 13% que insiste en mantener estrictamente la identidad que le propició al espacio la ex mandataria.

En el plano de las preferencias electorales internas, el gobernador bonaerense se posiciona como el principal referente de la oposición. Para los encuestados, y ante la pregunta sobre a quién preferiría como candidato presidencial en una eventual interna, Kicillof se impone con el 47,5%, secundado por Sergio Massa (14,4%) y Juan Grabois (8,8%).

Sin embargo, el informe advierte sobre lo que genera su figura en otro plano: un 42,1% de los encuestados lo identifica fundamentalmente con la continuidad del kirchnerismo tradicional, mientras que un 23,7% lo ve como una renovación dentro de ese mismo espacio y un 15,2% interpreta que encarna una etapa completamente distinta.

A su vez, el 62,7% de los encuestados advierte que la puja y las tensiones actuales entre los sectores vinculados a Kicillof y a Cristina Kirchner «debilitan» al peronismo. Para resolver las candidaturas hacia 2027, la herramienta preferida sigue siendo la celebración de elecciones primarias (34,6%).

Nuevos liderazgos y la apertura hacia gobernadores

Consultados sobre las características prioritarias que precisará el próximo conductor del peronismo, los encuestados remarcaron la necesidad de una renovación generacional (22,5%) y la demostración de experiencia de gestión (19,4%), relegando parcialmente la confrontación directa con el Gobierno nacional (6,5%).

Para ampliar la base electoral y estructurar una alternativa competitiva, el documento marca que el 27,8% de los consultados se inclinó por la conformación de un «Frente Amplio», y un 23,8% reclamó una «propuesta nueva». En este esquema de apertura hacia otros sectores políticos y sociales, figuran con alto nivel de mención gobernadores provinciales de distintos signos dialoguistas, encabezados por el santafesino Maximiliano Pullaro (20%), el cordobés Martín Llaryora (18,4%) y el salteño Gustavo Sáenz (17,2%), perfilándose como actores clave para tejer alianzas de cara a los comicios nacionales.

Agencia NA

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Política

El gobernador Jaldo participará de los actos protocolares durante la visita de León XIV

El mandatario anunció que recibió la invitación de Nación para participar del encuentro protocolar entre los gobernadores y el Santo Padre.

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El gobernador, Osvaldo Jaldo, informó que recibió una invitación oficial de Presidencia de la Nación para participar, junto a los mandatarios de las distintas provincias, de las actividades organizadas por la visita de Estado del papa León XIV a la Argentina.

El mandatario confirmó que asistirá el domingo 8 de noviembre a las 16.30 al recibimiento del Sumo Pontífice y a las actividades protocolares previstas en el marco de su llegada al país.

“Nos llegó la invitación oficial de Presidencia de la Nación para los gobernadores. Vamos a participar el día domingo 8 de noviembre, a las 16:30, de la presencia del Papa, de esa parte del recibimiento, de esa parte del protocolo. Ahí vamos a estar presentes, acompañándolo al Papa, pidiendo muchas bendiciones para nuestro pueblo argentino y por supuesto, incluida la provincia de Tucumán”, expresó.

En ese sentido, Jaldo destacó la importancia de la fe ante las dificultades que atraviesa el país y manifestó su expectativa por la llegada del líder de la Iglesia Católica.

“Porque no hay duda que en estos momentos difíciles y siempre hay que aferrarse mucho a la fe y rogar mucho a Dios, rogar a la Virgen, rogar al Papa, la autoridad máxima de nuestra Iglesia Católica”, sostuvo.

Por último, el Gobernador valoró la decisión del Papa de visitar la Argentina y señaló: “El Papa eligió la Argentina. El Papa miró a los argentinos. El Papa miró a esta Argentina, yo diría, con muchos conflictos, esta Argentina con muchos problemas económicos y sociales. Aun así, este Papa, yo diría Papa corajudo, se animó y se anima a venir a la Argentina, así que ahí vamos a estar acompañándolo al Papa, el día domingo a la tarde”.

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Política

Yerba Buena puso en marcha los controles de narcotest para funcionarios municipales

El intendente, miembros del Concejo Deliberante y autoridades provinciales se sometieron a los primeros análisis toxicológicos en el marco de una normativa que busca evaluar las condiciones psicofísicas en la función pública.

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La Municipalidad de Yerba Buena comenzó a aplicar la ordenanza que establece la realización periódica de exámenes toxicológicos a los integrantes del Departamento Ejecutivo y a los miembros del Concejo Deliberante. La normativa, impulsada por los concejales Gabriela Garolera y Mauricio Argiró, dispone controles aleatorios orientados a verificar el estado psicofísico de quienes ocupan cargos de responsabilidad pública en la ciudad.

En la jornada inicial, el intendente Pablo Macchiarola se presentó en el Hospital Ramón Carrillo para someterse a la prueba de manera voluntaria. Junto con el jefe municipal, participaron los ediles Argiró y Garolera, el presidente del cuerpo deliberativo, Javier Jantus, y los concejales Agustina Simón Padrós y Franco Marigliano. La medida también tuvo repercusiones en el ámbito provincial: según publicó El Tucumano, el fiscal de Estado adjunto, Raúl Ferrazzano, resolvió sumarse a la iniciativa y acudió al Hospital Néstor Kirchner para realizarse el mismo análisis de forma voluntaria.

Procedimiento técnico y confidencialidad

El operativo sanitario fue detallado por la directora del Hospital Ramón Carrillo, Flavia Molé, quien explicó en declaraciones a LG Play, citadas por La Gaceta, que el control consiste en la recolección de muestras de orina bajo estrictos protocolos de resguardo personal. Los análisis bioquímicos están diseñados para identificar la presencia de metabolitos de seis grupos de sustancias: cocaína, marihuana, barbitúricos, opiáceos y benzodiacepinas.

La selección de las personas a evaluar se organizará a través de un sorteo aleatorio coordinado por la Dirección de Recursos Humanos de la municipalidad. Aquellos funcionarios que resulten designados recibirán una notificación con día y horario específico para presentarse a la toma de muestra. Molé precisó que los informes de laboratorio demorarán cerca de una semana y serán remitidos de forma reservada a cada funcionario por medio del área de personal, sin que se divulguen nombres ni resultados de manera pública.

Garantías procesales y posturas sobre las negativas

El protocolo contempla mecanismos para resguardar el derecho de defensa frente a eventuales resultados positivos. Durante la extracción se llenan dos recipientes: el primero se destina al procesamiento regular en el centro asistencial y el segundo queda bajo custodia para una contraprueba, la cual puede llevarse a cabo en un laboratorio externo que el propio funcionario elija.

Respecto a las consecuencias de las pruebas, existen matices sobre el enfoque del régimen. De acuerdo con lo señalado por Molé en La Gaceta, la medida persigue un fin preventivo y de concientización social, por lo que no establece sanciones automáticas ante la realización del test ni ante una eventual negativa a participar. Por su parte, el intendente Macchiarola manifestó reparos frente a la hipótesis de que un funcionario decida no someterse al examen y consideró que esa actitud generaría interrogantes legítimos, si bien aclaró que los alcances administrativos de ese escenario deberán ser fijados por la reglamentación de la ordenanza.

Argumentos en torno a la transparencia institucional

Las autoridades justificaron la entrada en vigencia del régimen desde la perspectiva de la responsabilidad gubernamental. Macchiarola afirmó que el objetivo principal es dotar de mayor transparencia a la administración municipal y planteó que el esquema podría servir de antecedente para otras localidades, señalando que quienes adoptan decisiones colectivas deben acreditar plenamente sus capacidades.

En una línea coincidente, Ferrazzano respaldó la aplicación de estas herramientas de control, remarcando que deben ejecutarse bajo criterios de igualdad jurídica y resguardo de las garantías individuales. Según recogió El Tucumano, el funcionario provincial argumentó que el ejercicio de la función estatal representa un deber ante la ciudadanía y que las autoridades no pueden reclamar conductas a la sociedad que no estén dispuestas a validar en sus propias prácticas cotidianas.

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