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Por el crimen del policía en Alderetes acusan a Jesús Gambarte por el delito de robo seguido de muerte

El Ministerio Fiscal lo imputó por el delito de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego, en perjuicio de Víctor Hugo Espinoza. Prisión preventiva, por seis meses, por pedido de la Unidad Fiscal de Homicidios II del MPF. “Perdió la vida, lamentablemente, un policía, una familia se quedó sin un integrante importante y la sociedad sin un personal que la resguardaba”, afirmó el fiscal Carlos Sale.

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Este lunes, 23 de diciembre, la Unidad Fiscal de Homicidios II del MPF, que dirige Carlos Sale, imputó a Jesús Miguel Gambarte (20) por el crimen del policía Víctor Hugo Espinoza. A 48 horas de su aprehensión, la Fiscalía lo acusó del delito de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de coautor.

Luego de relatar las circunstancias del hecho, ocurrido el pasado sábado en avenida de Las Industrias y ruta alternativa de Alderetes, el fiscal Sale se refirió a las evidencias recolectadas en el lugar por parte del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). El representante del MPF indicó que el informe preliminar de autopsia estableció que el policía falleció por un shock hipovolémico producto de las múltiples heridas que presentaba (se extrajo un proyectil del occiso). En la zona se hallaron 19 vainas servidas (el arma reglamentaria correspondería al calibre 9 mm). Al momento, de revisar el cuerpo del delincuente abatido (Geovanni Andrés Orquera) tenía colocado un dispositivo de geolocalización (pulsera electrónica).

A continuación, el representante del MPF solicitó la prisión preventiva por los riesgos de fuga y de entorpecimiento. “Existen elementos de convicción para entender que el delito se cometió y que el imputado es coautor. Se trata de un hecho grave donde se atentó contra la vida humana (bien jurídico más preciado de nuestro digesto penal). Perdió la vida, lamentablemente, un policía y una familia se quedó sin un integrante importante, una esposa sin su pareja (tienen un bebé recién nacido -de 46 días-) y la sociedad sin un personal que la resguardaba.

La pena en expectativa, como resultado del proceso, no admite la posibilidad de una pena de ejecución condicional. El imputado huyó del lugar del hecho y obstaculizó el accionar de la justicia en todo momento. Testigos manifestaron temor y queda por recolectar testimonios y realizar el informe de cámaras como así también las pericias (químicas y balísticas)”, afirmó el titular de la Fiscalía.

Al declarar, Gambarte expresó: “Yo no lo hice, no me voy a hacer cargo. Yo iba con Orquera pero no hice tiros. Cuando íbamos en la moto, yo me pasé y él se descolgó (sic). Yo no sabía que llevaba arma. Cuando se descolgó, yo me fui del lugar”. Luego de un cuarto intermedio, el juez ordenó la prisión preventiva por el plazo requerido (con vencimiento el 26 de mayo de 2025), por considerar la medida de mayor intensidad como procedente y razonable.

La teoría del caso

El sábado 21 de diciembre del corriente año, a las 06:10 horas aproximadamente, en avenida de Las Industrias y ruta alternativa de Alderetes en circunstancias en que el ciudadano Víctor Hugo Espinoza, funcionario policial, se encontraba en su motovehículo marca Yamaha modelo YBR de 125 cc de color rojo con negro estacionado sobre la calle fue abordado por Geovanni Andrés Orquera y por Jesús Miguel Gambarte quienes se trasladaban en una moto portando el primero de ellos un arma de fuego (correspondería a un calibre 380), descendió del rodado y a punta de pistola con intenciones de apoderarse ilegítimamente de las pertenencias de Espinoza le exigió la entrega de la misma, momento en el que se produjo un enfrentamiento en donde se realizaron múltiples disparos (se encontraron 19 vainas servidas), utilizando el funcionario policial su arma provista con el fin de proteger su vida y su integridad física.

Orquera falleció en el lugar del hecho mientras que Víctor Hugo Espinoza fue trasladado al Hospital Centro de Salud donde perdió la vida minutos más tardes por las múltiples heridas ocasionadas por los proyectiles de arma de fuego. En tanto, Gambarte se retiró inmediatamente del lugar en el motovehículo mencionado procurando su fuga.

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Dos jóvenes fueron acusadas por falsificar certificados médicos

La presentación de la documentación habría tenido como finalidad justificar inasistencias laborales. Las mujeres trabajaban en el mismo lugar.

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El caso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego Alejo López Ávila, quien fue representado por la auxiliar de Fiscal Emely Rafael en la audiencia correspondiente a la formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción por parte del Ministerio Fiscal (MPF).

La Fiscalía formalizó la acusación en contra de dos jóvenes, ambas de 25 años de edad, por el delito calificado como uso de documento falsificado o adulterado, requiriendo en contra de las mismas, como medidas de sujeción al proceso, la prohibición de acercamiento y de realizar actos de turbación, hostigamiento o intimidación hacia la víctima (su empleador), por el plazo de seis meses.

Por su parte, la jueza interviniente resolvió hacer lugar a los requerimientos fiscales.
Se trata de medidas que son prudentes y razonables a los hechos atribuidos a las acusadas, respecto a la instancia procesal en la que nos encontramos y teniendo en cuenta la posibilidad de arribar a una salida alternativa o de avanzar a una siguiente etapa del proceso penal”, explicó la representante fiscal.

Acusación contra una de las mujeres

El 2 de mayo de 2026, en el local comercial “Autokiosco”, sito en avenida Solano Vera al 1.000 de la ciudad de Yerba Buena, donde se desempeñaba como empleada, la mujer de 25 años, presentó ante su empleador un certificado médico apócrifo, fechado el 26 de abril de 2026, con membrete del Hospital Centro de Salud Zenón J. Santillán “Ramón Carrillo”, con sello y firma, en el que se consignaba un diagnóstico de gastroenteritis y la indicación de seis días de reposo laboral.

Posteriormente, por averiguaciones efectuadas por el empleador ante autoridades del nosocomio permitieron conocer que la profesional mencionada se desempeñaría como médica de guardia y no emite certificados de esa naturaleza, por lo que el documento presentado sería fraudulento.

La presentación del certificado médico habría tenido como finalidad justificar inasistencias laborales ocurridas desde el día 26 de abril de 2026 y generar los efectos jurídicos y laborales derivados de una licencia médica, procurando otorgar apariencia de legitimidad a ausencias injustificadas, con la intención de valerse del mismo como si fuera auténtico, ocasionando un grave perjuicio a su empleador y a la fe pública.

La otra acusación

El 4 de junio de 2026, luego de finalizar su jornada laboral, la empleada también de 25 años, habría remitido mediante medios electrónicos y posteriormente presentado en su lugar de trabajo, ubicado en avenida Solano Vera al 1.000 de la ciudad de Yerba Buena, un certificado médico presuntamente apócrifo, confeccionado en formularios con membrete del Hospital Centro de Salud Zenón J. Santillán “Ramón Carrillo”, fechado el mismo día, con sello y firma, en el que se consignaba un cuadro de gastroenteritis y reposo laboral por setenta y dos horas.

Dicha presentación habría tenido el propósito justificar ausencias laborales y obtener los efectos propios de una licencia médica, pese a conocer la falsedad del instrumento. Conforme la información recabada por el denunciante ante autoridades del establecimiento hospitalario, la profesional consignada en el certificado no se encontraba prestando servicios en la fecha indicada y, al igual que la médica mencionada en el hecho precedente, no emite certificados de las características presentadas, por lo que el documento utilizado sería falso, ocasionando un grave perjuicio a su empleador y a la fe pública.

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Murió el hombre que había sufrido graves quemaduras tras la explosión del edificio en Monteagudo al 100

Jonathan Stisman, de 43 años, falleció anoche luego de permanecer internado en estado crítico en el Hospital Centro de Salud.

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Jonathan Stisman, de 43 años, falleció este miércoles como consecuencia de las graves heridas sufridas durante la explosión ocurrida el pasado domingo en un edificio ubicado en Monteagudo al 100, en San Miguel de Tucumán.

El hombre permanecía internado en el Hospital Centro de Salud, donde había ingresado con quemaduras que comprometían cerca del 80% de la superficie corporal. Su estado era crítico desde el momento de su ingreso y permanecía con asistencia mecánica respiratoria en la Unidad de Terapia Intensiva.

La explosión, cuyas causas continúan bajo investigación, provocó importantes daños materiales en el edificio y motivó un amplio operativo de emergencia en el que intervinieron Bomberos, Defensa Civil, personal del Sistema de Emergencias 107 y efectivos policiales.

En las últimas horas, las autoridades informaron que el edificio continúa clausurado de manera preventiva. No obstante, algunos propietarios e inquilinos fueron autorizados a ingresar de manera temporal y bajo estrictas medidas de seguridad para retirar pertenencias indispensables, mientras avanzan las pericias técnicas sobre la estructura.

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Una joven fue salvajemente abusada y dada muerta en Santa Lucía

El Jefe de Policía confirmó que el presunto autor del aberrante hecho fue detenido. Se trata de un sujeto de 37 años con antecedentes de abuso sexual quien había recuperado recientemente su libertad tras cumplir una condena.

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El jefe de Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, confirmó este miércoles que fue detenido el principal sospechoso de un violento abuso sexual ocurrido la semana pasada en la localidad de Santa Lucía, departamento Monteros. La víctima, una mujer mayor de edad, permanece internada en la terapia intensiva del Hospital Padilla con graves heridas.

La víctima fue auxiliada ese día por efectivos de la Comisaría de Santa Lucía, luego de ser encontrada a la vera de la Ruta Provincial 324 con múltiples lesiones físicas y totalmente desorientada. Tras ser asistida, la joven fue trasladada al Hospital Regional de Monteros y posteriormente derivada al Hospital Padilla, donde permanece internada con traumatismos en la cabeza y fracturas en distintas partes del cuerpo.

Posteriormente, durante su declaración, la víctima manifestó que había mantenido un encuentro con el ahora aprehendido, a quien identificó y acusó como su agresor. A partir de allí, un equipo de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Oeste realizó distintas averiguaciones, entrevistas y análisis de registros fílmicos y, en forma conjunta con personal de la Comisaría de Santa Lucía, logró establecer los domicilios donde podría encontrarse el imputado, tras lo cual solicitó ante la Unidad Fiscal de Abuso Sexual del Centro Judicial Monteros las medidas de allanamiento correspondientes.

Girvau indicó que la Policía trabajó para identificar al presunto autor. «Ha sido un hecho violento, donde una mujer mayor de edad fue agredida y abusada por un sujeto que inmediatamente fue identificado por la Policía», señaló.

El jefe policial explicó que, por orden de la Justicia, se realizaron allanamientos en los domicilios vinculados al acusado, donde se secuestraron prendas de vestir y teléfonos celulares que serán incorporados a la investigación. «Se procedió al secuestro de ropa y de varios celulares. La víctima fue quien identificó al agresor», sostuvo.

Girvau informó además que el detenido de 37 años, posee antecedentes por delitos de abuso sexual y había recuperado recientemente la libertad tras cumplir una condena.

«Estamos hablando de una persona que ya había cumplido una condena por abuso sexual y salió hace poco del penal. Es reincidente», afirmó.

Respecto al estado de salud de la víctima, el jefe de Policía detalló que presenta múltiples fracturas, lesiones en la cabeza y signos de abuso sexual con acceso carnal, y consideró que el agresor la habría abandonado creyendo que estaba sin vida.

«Prácticamente la dio por muerta. Ella logró salir hasta la ruta y fue auxiliada por un automovilista, que dio aviso al personal policial», relató.

Según la investigación, la mujer y el acusado se habrían conocido a través de redes sociales y ya habían mantenido encuentros previos. El ataque ocurrió en un camino cercano al puente sobre el río Santa Lucía.

La causa continúa siendo investigada por la Unidad Fiscal de Abuso Sexual del Centro Judicial Monteros, mientras el acusado permanece a disposición de la Justicia.

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