La Justicia de Salta condenó a prisión perpetua a dos hombres vinculados con la ciudad tucumana de Juan Bautista Alberdi y a un tercer acusado por el asesinato de dos ciudadanos bolivianos, ocurrido en mayo de 2024 en una zona rural del departamento Orán. La sentencia fue dictada este jueves 29 de octubre, luego de que un jurado popular declarara culpables a los tres imputados por un doble homicidio cometido mediante un ataque planificado.

Los condenados son Elvio Augusto Díaz, procurador y ex candidato a intendente de Juan Bautista Alberdi; Carlos Fernando Rodríguez, conocido como Kokoz, empleado municipal de esa localidad; y Roberto Enrique Larrán, residente de Orán.

La resolución se conoció después de más de dos horas de deliberación de los 12 integrantes del jurado, quienes consideraron acreditada la responsabilidad penal de los acusados en los asesinatos de Wilson Abdón Zutara y Ariel Fernando Ledesma Salinas.

El tribunal popular declaró culpables a Díaz y Larrán como coautores de homicidio calificado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y por el empleo de un arma de fuego.

En tanto, Rodríguez fue considerado partícipe primario del mismo delito, al establecerse su intervención esencial en la ejecución del plan criminal.

Una vez conocido el veredicto, el juez técnico Raúl Fernando López dirigió la audiencia destinada a determinar las penas y resolvió imponer prisión perpetua a los tres responsables, tal como había solicitado el Ministerio Público Fiscal.

El doble asesinato se produjo el 10 de mayo de 2024, en las inmediaciones de la ruta nacional 34, cerca del acceso a Colonia Santa Rosa, en el departamento Orán.

Las víctimas, ambas de nacionalidad boliviana, fueron encontradas sin vida en un sector rural después de haber sido atacadas con armas de fuego.

Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que los acusados habían organizado previamente una maniobra para interceptar a los dos hombres y asesinarlos aprovechando una situación de indefensión.

Según la reconstrucción presentada durante el debate, Díaz y Rodríguez habían viajado desde Tucumán hacia Orán el 9 de mayo de 2024, a bordo de un automóvil Toyota Corolla negro.

Una vez en territorio salteño, Díaz mantuvo contactos con Larrán y posteriormente se reunió con las víctimas en una confitería de la ciudad.

Para los investigadores, esos encuentros formaron parte de una secuencia de movimientos coordinados que culminó con el traslado de los ciudadanos bolivianos hacia el lugar donde fueron asesinados.

La acusación fue sostenida por los fiscales María Soledad Filtrín Cuezzo y Pablo Cabot, integrantes de la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, con la colaboración de Lorena Martínez.

Durante las audiencias, los representantes del Ministerio Público presentaron testimonios, registros de cámaras de seguridad y otros elementos incorporados a la investigación para respaldar la hipótesis de que los homicidios habían sido premeditados.

Las defensas, por su parte, rechazaron las acusaciones y cuestionaron la interpretación de las pruebas.

Díaz había asegurado que viajó a Orán para cobrar honorarios por gestiones profesionales vinculadas con familiares de una de las víctimas. Rodríguez también negó su participación en el ataque y sostuvo que su presencia en la provincia de Salta no demostraba responsabilidad en los asesinatos.

Los abogados defensores señalaron presuntas contradicciones en los horarios reconstruidos por la investigación y cuestionaron la ausencia de determinadas pruebas materiales que vincularan directamente a sus representados con los disparos.

Sin embargo, después de escuchar los argumentos de ambas partes y evaluar las pruebas incorporadas durante el debate, el jurado popular resolvió declarar culpables a los tres acusados.

El caso había generado especial repercusión en Juan Bautista Alberdi debido a la trayectoria pública de dos de los involucrados.

Díaz había participado en la actividad política local como candidato a intendente y también mantenía vínculos con instituciones deportivas y comunitarias de la ciudad.

Rodríguez, por su parte, se desempeñaba como empleado municipal y era conocido por sus relaciones con dirigentes del ámbito político de Alberdi.

Con el veredicto del jurado y la imposición de las penas, la Justicia salteña estableció la responsabilidad de los tres hombres en el doble homicidio que conmocionó a la región norte del país y tuvo fuertes repercusiones en Tucumán.

La sentencia de prisión perpetua constituye la máxima sanción prevista por la legislación penal argentina para los delitos por los que fueron condenados, sin perjuicio de las vías de impugnación que pudieran ejercer las defensas.

La cuarta audiencia del juicio oral y público por el asesinato de Érika Antonella Álvarez se desarrolló en medio de testimonios del entorno familiar de la víctima y situaciones de tensión que incluyeron denuncias de amedrentamientos y el retiro temporal de uno de los letrados defensores. El proceso judicial busca esclarecer lo sucedido a principios de año, con la acusación central dirigida hacia Felipe «El Militar» Sosa como presunto autor material del hecho y a Justina Gordillo por encubrimiento.

De acuerdo con la requisitoria de la Unidad Fiscal de Homicidios I, conducida por Pedro Gallo, el imputado habría atacado a golpes a la joven de 25 años entre las 3:50 y las 7:00 de la mañana del 7 de enero en una vivienda ubicada en la calle Santo Domingo al 1100, en la localidad de Yerba Buena. La fiscalía sostiene que las lesiones provocadas derivaron en la muerte de Álvarez, cuyo cuerpo fue encontrado un día después en un basural situado en la zona de Manantial Sur.

Los testimonios de las hermanas

Durante la jornada, el tribunal escuchó las declaraciones de dos hermanas de la víctima, quienes aportaron precisiones sobre la vida cotidiana de Érika, sus vínculos personales y las circunstancias previas a su desaparición. Una de las testigos relató el último encuentro que compartió con la joven en el ámbito familiar y describió el impacto de haber tenido que identificar los restos en la morgue, señalando la magnitud de los daños que obligaron a realizar el velatorio a cajón cerrado.

Asimismo, las declarantes hicieron referencia a los contactos que la joven mantenía con Sosa en Yerba Buena. Una de ellas manifestó que su hermana concurría al domicilio del acusado a través de convocatorias que recibía durante la madrugada y describió un ambiente vinculado a la realización de fiestas electrónicas y al consumo y comercialización de estupefacientes. En ese marco, afirmaron que los encuentros entre ambos se daban a cambio de sustancias.

Aclaraciones sobre el material fílmico

En el transcurso de las testimoniales surgió la mención de un video íntimo que, según lo expuesto por las hermanas, mostraba a la víctima junto a Sosa y a una tercera mujer, a quien señalaron como la coimputada Gordillo. Ante esta declaración, el propio Sosa solicitó intervenir ante el tribunal por segunda vez en el debate para desestimar dicha versión.

El acusado sostuvo que la grabación corresponde al año 2023 y afirmó que la persona filmada no es Gordillo, sino una expareja suya. En su comparecencia, manifestó estar a disposición para identificar a dicha mujer a fin de que sea citada como testigo si los jueces lo consideran necesario. En esa misma línea, el imputado aludió al temperamento de la víctima, a quien calificó como celosa, y aseveró que en una oportunidad previa ella había concurrido a su domicilio con signos de golpes en el rostro.

Tensión por presuntas intimidaciones

El debate también atravesó momentos de fuerte fricción procesal cuando el abogado defensor de Sosa, Marcelo Cosiansi, resolvió retirarse del recinto tras manifestar que su asistido estaba recibiendo amenazas destinadas a condicionar su testimonio hasta el cierre del juicio. A pesar de este planteo, el tribunal dispuso no suspender la actividad y continuar con el cronograma previsto.

Por su parte, los representantes legales de Justina Gordillo, María Florencia Abdala y Camilo Atim, notificaron a los magistrados sobre situaciones de hostigamiento detectadas en redes sociales dirigidas hacia su defendida y familiares de esta. Si bien los letrados descartaron haber sido blanco directo de amenazas, requirieron la adopción de medidas de resguardo preventivas. Hasta el momento no se establecieron vinculaciones oficiales entre ambos episodios ni se confirmó el origen de las presuntas intimidaciones.

De forma paralela, Sosa solicitó atención médica en la sala por sentirse indispuesto. No obstante, el personal de emergencias que lo examinó constató que sus signos vitales se encontraban dentro de los valores estándar, lo que permitió su permanencia en la audiencia. Con anterioridad, su defensa había señalado que el acusado experimenta un deterioro físico y anímico derivado de su régimen de detención, argumentando que pasa 23 horas diarias aislado en una celda.

La Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, interviene en la investigación del crimen de Sebastián Alfredo Fernández, de 33 años, quien falleció este jueves 29 de octubre luego de ser baleado durante la siesta en la zona sur de San Miguel de Tucumán, en jurisdicción de la Comisaría Seccional Octava.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el ataque ocurrió alrededor de las 14:00, cuando la víctima se encontraba sentada con un amigo en la vereda de su domicilio ubicado en la Manzana 2 del barrio ATE. En esas circunstancias, dos sujetos que circulaban en una motocicleta de 110cc. habrían pasado frente a la vivienda y, sin mediar palabras, uno de ellos —aparentemente el acompañante— comenzó a efectuar disparos.
Uno de los proyectiles impactó en el tórax de Fernández, quien fue trasladado de inmediato en un vehículo particular hasta la guardia de emergencias del Hospital Padilla. Pese a las maniobras de reanimación realizadas por el personal médico, a las 14:55 se confirmó su fallecimiento.
Tras tomar conocimiento del hecho, el fiscal Gallo dispuso la intervención de investigadores de su unidad, Ramón Soria y Germán Díaz, quienes supervisaron las medidas periciales en el lugar junto al Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). En la escena se hallaron dos vainas calibre 22 y un proyectil, además de manchas pardo rojizas. Asimismo, desde la Fiscalía informaron que se está llevando a cabo un relevamiento de cámaras y de posibles testigos, y que este viernes se practicará la autopsia.
Las tareas están orientadas a establecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables, quienes se habrían dado a la fuga en la motocicleta con rumbo desconocido.