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Política

Milei le pidió la renuncia a los titulares de Anses y Minería

Se trata de Osvaldo Giordano titular de Anses y la secretaria de Minería, Flavia Royón, El pedido llega luego del fracaso de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados.

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El presidente Javier Milei les solicitó este viernes la renuncia a los titulares de Anses y Minería, Osvaldo Giordano y Flavia Royón, respectivamente. El pedido llega luego del fracaso de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, por lo que el líder de La Libertad Avanza responsabiliza, entre otros, a los funcionarios cercanos a los gobernadores peronistas.

“La Oficina del Presidente de la República Argentina comunica que el presidente Javier Milei ha solicitado la renuncia del Titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Osvaldo Giordano, y de la Secretaria de Minería de la Nación, Flavia Royón”, expresaron en un comunicado.

El comunicado de la Oficina del Presidente

Además, informaron que “sus respectivos sucesores serán anunciados en los próximos días. Asimismo, la crisis económica heredada y el momento histórico actual requieren funcionarios públicos comprometidos con la modernización, simplificación y desburocratización del Estado. Quienes asumen la responsabilidad de un cargo público deben comprender la dura realidad que enfrentan los argentinos, y defenderlos del constante ataque de aquellos que pretenden sostener sus privilegios a costa del hambre del pueblo”.

Como adelantó Infobae, en el Gobierno daban como un hecho la salida de los funcionarios que responden a los gobernadores: Giordano al peronismo cordobés y Royón a Gustavo Sáenz. En esa lista siguen Franco Mogetta (Transporte), Daniel Tillard (Banco Nación) y Luis Giovine (Obras Públicas). En su entorno esperan que Milei regrese al país y ejecute una modificación en el esquema del Gabinete. Una incisión que extirpe a los que no se alinearon 100%.

Llaryora, Sáenz y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) son los más apuntados por el gobierno nacional y el Presidente. Esta mañana la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anticipó que “se viene un nuevo rediseño político” en el gobierno de Milei luego del traspié de la Ley Ómnibus. En esa línea, consideró que el Gobierno “tiene que alinearse políticamente, todos tienen que defender una causa y jugarse por la causa”. Una exclamación de fidelidad en el medio de la tormenta.

Ola de rumores sobre el titular de la ANSES, Osvaldo Giordano, tras la caída de la Ley Ómnibus con votos de los diputados de Córdoba

La idea de la ex titular del PRO coincide con la del ala más dura del Gobierno. Apostar a un nuevo diseño del Gabinete que contenga al partido de Mauricio Macri como principal aliado. Trasladar la buena sintonía en el Congreso, donde el bloque que conduce Cristian Ritondo acompañó casi en su totalidad la ley, al Poder Ejecutivo. Fusión y fortaleza.

Más allá de la sociedad política de Macri con Milei, y la inclusión de la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio – Bullrich-Petri – en el Gabinete, en los primeros días de gestión quedó en claro que existe una fuerte sintonía entre el partido fundado por el ex presidente y La Libertad Avanza. Ritondo ha defendido la ley y la gestión de Milei mucho más que la mayoría de los legisladores libertarios. Un pequeño ejemplo del alineamiento.

El ex presidente Macri, que en las últimas horas mantuvo una comunicación telefónica con el influyente asesor Santiago Caputo, no quiere que el PRO empuje el cambio de Gabinete, si no que sea Milei quien tome las decisiones. Entiende que hay que empoderar la palabra y la decisión del Jefe de Estado. Que defina él, con el poder concentrado en su mano. Esa idea va en paralelo a la decisión que tomó Bullrich de salir a hablar de un rediseño del Gabinete.

En el corazón del Gobierno estiman que la caída de la Ley Ómnibus es un buen momento para correr a los funcionarios de las provincias y fortalecer la alianza con el PRO. Más que todo con el ala dura, que responde directamente a Macri. Serviría para fortalecer al Poder Ejecutivo, que está sumido en un conflicto permanente con los mandatarios y los legisladores que componen la coalición dialoguista.

Una alianza que se construya con cierta rapidez en la antesala de los meses más duros para la economía argentina, teniendo en cuenta la escalada inflacionaria, la perdida del poder adquisitivo de los trabajadores y la creciente recesión como consecuencia del fuerte ajuste fiscal que lleva adelante el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

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Política

Educación emitió dictamen a proyectos sobre establecimientos escolares y estatuto docente

La comisión presidida por el legislador Aldo Salomón avanzó con nueve proyectos de resolución y cuatro iniciativas de ley, entre ellas la designación de nombres a instituciones educativas y modificaciones al Estatuto Docente .

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La Comisión de Educación de la Legislatura de Tucumán, presidida por el legislador Aldo Salomón, se reunió para dar tratamiento a diversos proyectos que se encontraban en estudio dentro de su ámbito de competencia.

Los parlamentarios resolvieron emitir dictamen favorable a nueve proyectos de resolución y cuatro proyectos de ley, varios de los cuales serán incorporados al orden del día de la próxima sesión legislativa.

Entre las iniciativas destacadas se encuentran tres proyectos de ley destinados a nombrar distintos establecimientos educativos de la provincia. Asimismo, obtuvo dictamen por mayoría un proyecto que propone la designación de supervisores por excepción, mediante la modificación de la Ley N 3470, correspondiente al Estatuto Docente.

Al finalizar la reunión, el presidente de la comisión, Aldo Salomón, destacó el trabajo realizado por los integrantes del cuerpo. “La verdad es que hoy nos reunimos para dar dictamen a nueve resoluciones y cuatro proyectos de ley, de los cuales ingresarán al orden del día de la sesión del próximo jueves, las iniciativas que designan nombres a establecimientos educativos y la modificación del Estatuto Docente”, expresó.

Participaron de la reunión, los legisladores Adriana Najar, José Cano, Marcelo Herrera, Carlos Gómez, Sara Lazarte y Carolina Vargas Aignasse.

Con estas iniciativas, la comisión continúa avanzando en el análisis y actualización de normas vinculadas al sistema educativo provincial, así como en el reconocimiento de instituciones que forman parte de la historia y la identidad educativa de Tucumán.

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Política

El jueves se debatirán modificaciones judiciales y del estatuto docente

Los cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial (N° 6.238) vienen siendo impulsados desde principios de abril, por requerimiento de la Corte Suprema.

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La Legislatura volverá a sesionar el próximo jueves a las 8.30, jornada en la que se abordará el tratamiento de una serie de proyectos vinculados al funcionamiento del Poder Judicial, el sistema penal y el ámbito educativo provincial.

Entre los principales asuntos previstos, según se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que encabezó el vicegobernador Miguel Acevedo, se encuentran modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial y al Código Procesal Penal. Además, los legisladores debatirán cambios en el Estatuto Docente Provincial (Ley N° 3.470), una iniciativa orientada a agilizar y facilitar la cobertura de cargos dentro del sistema educativo tucumano.

 

 

Los cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial (N° 6.238) vienen siendo impulsados desde principios de abril, por requerimiento de la Corte Suprema, pero las modificaciones encontraron resistencia de algunos sectores y planteos de algunos otros por no haber sido convocados a la discusión. Inicialmente estaba previsto que el tema sea incluido en la sesión del 16 de abril, pero finalmente fue retirado del orden del día por las resistencias señaladas.

Declaración y resolución

Según se informó al término del encuentro, el orden del día también incluirá el tratamiento de distintos proyectos de declaración y resolución impulsados por los bloques parlamentarios.

Otro de los temas que llegará al recinto será la creación del programa “Legislatura en Diálogo”, una propuesta institucional para otorgar un marco formal a jornadas, conferencias y actividades de intercambio que se desarrollan en el ámbito legislativo. El programa permitirá que legisladores, organismos e instituciones externas puedan presentar y promover actividades relacionadas con temas educativos, científicos, culturales, sociales y deportivos.

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Política

Por decreto, el gobierno de Javier Milei oficializó nuevos requisitos para designar jueces de la Corte Suprema

A través de un decreto, la administración de Javier Milei modificó el procedimiento para nombrar integrantes de la Corte Suprema, al Procurador General y al Defensor General de la Nación. La reforma reduce plazos, digitaliza trámites y suprime una etapa administrativa que antecedía al envío de los pliegos al Senado.

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El Gobierno oficializó este martes una reforma en el mecanismo de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia, así como de las autoridades que encabezan el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. La medida fue instrumentada mediante el decreto 467/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el ministro de JusticiaJuan Bautista Mahiques.

La modificación alcanza a los procedimientos establecidos por los decretos 222 y 588 de 2003, que regulaban las designaciones de los máximos cargos judiciales. Según argumentó el Ejecutivo, el objetivo es acelerar los nombramientos, reducir trámites administrativos y adecuar el sistema a los canales digitales de comunicación actuales.

Corte Suprema: cuáles son los cambios que introdujo Milei para nombrar jueces

Uno de los cambios centrales es la eliminación de la instancia previa de observaciones ciudadanas que se desarrollaba en el ámbito del Ministerio de Justicia antes de que el Poder Ejecutivo enviara los pliegos al Senado. Hasta ahora, los antecedentes de los postulantes debían publicarse y quedar sujetos a opiniones o impugnaciones antes de formalizar la nominación.

Desde el Gobierno sostuvieron que ese mecanismo duplicaba procedimientos ya contemplados en la Cámara alta, donde continúan vigentes las audiencias públicas, la recepción de observaciones de la ciudadanía y el tratamiento de los pliegos por parte de la Comisión de Acuerdos.

Con la nueva normativa, la participación ciudadana seguirá existiendo, aunque quedará concentrada en la etapa legislativa. En ese sentido, remarcaron que «los mecanismos de publicidad, transparencia y control ciudadano no se eliminan», sino que pasan a desarrollarse exclusivamente en el Senado.

La reforma también introduce cambios en la difusión de los antecedentes de los candidatos. A partir de ahora, la información será publicada en el sitio web oficial del Ministerio de Justicia y en el Boletín Oficial, dejando de lado la obligación de hacerlo en diarios de circulación nacional. Para el Ejecutivo, esta actualización responde a los hábitos actuales de acceso a la información y permite acortar los tiempos del procedimiento.

Además, los postulantes deberán presentar en un plazo de cinco días sus declaraciones juradas patrimoniales, incluyendo bienes propios, de su cónyuge o conviviente, del patrimonio conyugal y de los hijos menores, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Ética de la Función Pública.

Otro de los puntos modificados involucra a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo continuará verificando la situación impositiva y previsional de los candidatos, pero ahora contará con un plazo máximo de cinco días para emitir los informes correspondientes, los cuales deberán respetar las normas de secreto fiscal.

La nueva reglamentación no introduce cambios en el procedimiento constitucional de designación. Se mantienen intactos los requisitos de aprobación por parte del Senado, incluidas las audiencias públicas, las impugnaciones ante la Comisión de Acuerdos y la necesidad de obtener una mayoría de dos tercios de los legisladores presentes para validar cada nombramiento.

Entre las novedades también sobresale una omisión respecto del decreto 222/2003. El texto publicado este martes ya no menciona la recomendación dirigida al Presidente para considerar criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y representación regional al momento de proponer candidatos para los máximos cargos judiciales.

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