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Policiales

Megacausa por usurpaciones: Acusaron a un comisario como jefe de una asociación ilícita

La Fiscalía acusó a seis hombres y dos mujeres por asociación ilícita, estafas, uso de documentos falsos, encubrimiento y usurpaciones ocurridas entre 2023 y 2025.

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Ayer viernes tuvo lugar una audiencia de formulación de cargos contra seis hombres (uno de ellos de 43 años se desempeñaba como jefe de una Comisaría) y dos mujeres. Fueron acusados por siete hechos que corresponden a los delitos de asociación ilícita, estafas, uso de documento falso, encubrimiento, estelionato y usurpaciones por despojo.

La Unidad Especializada de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del Ministerio Fiscal que dirige Diego López Ávila, consideró al comisario como jefe y al resto (un ex policía y un abogado) como miembros principales, en tanto otros lo hacían como partícipes secundarios. Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal, Emely Rafael, en representación del titular y acompañada por la instructora, Florencia Giménez Saravia, se refirió a la conformación y los roles que tuvieron en los ilícitos ocurridos entre el mes de febrero de 2023 y hasta marzo de 2025.

“Como parte de las maniobras desplegadas por la asociación y con la finalidad de cumplir los fines de la misma, el comisario en calidad de jefe suministraba información confidencial y reservada al ex policía ya imputado en el presente legajo, respecto a las denuncias realizadas por las víctimas de las usurpaciones y las evidencias fílmicas y testimoniales acompañadas en forma inmediata de formuladas, y previa a poner en conocimiento de la autoridad judicial, comunicando una vez avanzada la investigación las indicaciones e instrucciones impartidas por el Ministerio Fiscal en cada caso (medidas, diligencias, órdenes de allanamiento, etc.).

Asimismo, otro ex miembro de la fuerza ejerció influencia directa sobre personal policial no identificado por la investigación alertando a los restantes miembros”, relató la Auxiliar de Fiscal.

Los miembros y colaboradores de la asociación ubicaban propiedades en San Miguel de Tucumán, y previa información obtenida sobre los datos personales y antecedentes dominiales o catastrales de las mismas, estado de los juicios sucesorios y demás, suministraban dicha información a uno de los abogados, quien efectuaba un análisis detallado del estado dominial y jurídico en el que se encontraban las mismas comunicando sobre aquellas propiedades potencialmente vulnerables que eran informadas a Chavarria. “De ese modo, utilizando diferentes personas circunstanciales estudiaban los movimientos de los propietarios o poseedores de los inmuebles, concurriendo a las inmediaciones de los domicilios para observar y trazar en razón de ello los horarios y momentos en el que estos ingresaban o salían de las propiedades, lo que alimentaba directamente la finalidad de la asociación”, subrayó Rafael.

Una vez realizado el despojo y a los fines de consolidar su plan delictivo los terceros colaboradores formulaban denuncias en calidad de víctimas o se presentaban como testigos a sabiendas y con pleno conocimiento de su falsa condición, designando en ocasiones como letrado defensor o patrocinante en los diferentes procesos civiles y penales a quien suministraba información útil y actual sobre el estado procesal y las medidas que realizaba la Unidad Judicial, ofreciendo testigos para sostener su engañosa y falaz posesión y/o presentando como evidencia documentación cuyo contenido simulado resultaba inexistente a sabiendas y con pleno conocimiento que contenían datos e información falsa, desplegando maniobras ardidosas de tal magnitud, con el fin de hacer caer en error no sólo a los particulares damnificados al afectar su derecho de propiedad, sino también a la Administración de Justicia.

Las medidas

Para finalizar, la Fiscalía pidió la prisión preventiva siendo otorgada por el juez actuante bajo la modalidad de arresto domiciliario por 31 días para tres de ellos (comisario, ex policía y un abogado de 49 años) al considerarlos miembros principales de la asociación ilícita. En tanto, los otros cinco (entre ellos dos mujeres) lo harán con medidas de menor intensidad. Tal plazo coincidirá con lo dispuesto para los demás integrantes (entre ellos el ex policía y otro abogado).

Algunos de los inmuebles afectados estaban localizados en San Juan al 300 y al 1400; Catamarca al 300; pasaje Holmberg al 2900; Marcos Paz y Esquiú; Balcarce primera cuadra; Muñecas al 1200; Bolivia al 1400; avenida Roca al 500 y Avellaneda al 200.

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Investigan la muerte de un joven detenido en la comisaría de Simoca

Jonathan Rodríguez fue aprehendido el 4 de abril y, pocas horas después, debió ser trasladado a un centro de salud, donde falleció.

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La muerte de Jonathan Rodríguez, ocurrida días después de haber sido aprehendido por efectivos policiales en la ciudad de Simoca, abrió una investigación judicial que avanza bajo una calificación más grave y genera creciente inquietud tanto en el ámbito judicial como en la comunidad.
De acuerdo con los primeros datos del caso, el joven fue detenido el 4 de abril durante un operativo policial. Horas después de su aprehensión, debió ser trasladado a un centro de salud en estado crítico.
Con el correr de los días, se confirmó su fallecimiento, lo que motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal.
A partir de la evolución del caso, la causa fue recaratulada con una figura de mayor gravedad, lo que refleja la relevancia que adquirió el expediente en las últimas horas.
En ese contexto, la querella impulsó una serie de medidas probatorias orientadas a reconstruir con precisión lo ocurrido durante el lapso en que Rodríguez permaneció bajo custodia policial.
Entre los requerimientos planteados se incluyen la identificación de todo el personal que intervino en el procedimiento, así como el análisis de registros fílmicos que puedan aportar elementos objetivos para esclarecer las circunstancias del hecho.
El caso también tuvo impacto en el plano social. El sábado pasado, familiares y allegados de la víctima se concentraron frente a la comisaría de Simoca para reclamar el avance de la investigación y exigir que se determinen eventuales responsabilidades.
Mientras tanto, la pesquisa continúa en desarrollo y se aguardan nuevas diligencias en los próximos días que permitan arrojar luz sobre lo sucedido y avanzar en la determinación de responsabilidades.

 

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Liberaron al futbolista que desató el pánico en un avión, aunque quedó imputado

Emiliano Endrizzi, jugador de Gimnasia de Jujuy, recibió la libertad condicional tras el insólito episodio. La Justicia le impuso severas restricciones y el club evalúa rescindirle el contrato.

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El futbolista de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Emiliano Endrizzi, fue liberado este lunes tras haber sido detenido el fin de semana por gritar la palabra «bomba» a bordo de un avión comercial. Si bien recuperó su libertad, la Justicia lo imputó formalmente por el delito de «intimidación pública y atentado contra la seguridad de medios de transporte y comunicación».

 

El juez federal de Garantías N°1, Eduardo Hansen, rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscalía y dispuso la libertad provisoria del jugador, aunque le impuso estrictas restricciones: deberá presentarse cada siete días ante la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y tendrá terminantemente prohibido salir del país sin autorización judicial.

 

 

El riesgo de fuga y su futuro en el club

Durante la audiencia, el fiscal federal Sebastián Jure había solicitado que el deportista continuara tras las rejas, argumentando la gravedad del hecho y un posible riesgo de fuga, dado que Endrizzi no es oriundo de la provincia y reside en una vivienda alquilada. A este complejo panorama judicial se le suma una fuerte incertidumbre laboral: la dirigencia del «Lobo» jujeño anunció que evalúa rescindirle el contrato tras el escándalo.

 

 

Por su parte, la defensa técnica del jugador, encabezada por el abogado Sebastián Alsina, minimizó el hecho asegurando que todo se trató de un “comentario desafortunado” emitido en medio de una charla informal. Para acreditar el arraigo de su defendido y evitar la prisión preventiva, el letrado presentó constancias escolares de los hijos del deportista y demostró que la familia reside en Jujuy desde hace tres años.

 

 

Al fundamentar su fallo, el juez Hansen reconoció la gravedad del episodio, pero optó por una solución intermedia. No obstante, dejó una dura advertencia sobre el enorme costo y desgaste de recursos que estas «bromas» le generan al Estado: “Estas bromas graciosas o comentarios desafortunados provocan temor generalizado y deben ser tratadas con severidad”, sentenció el magistrado.

 

 

Crónica de un vuelo de terror

El insólito incidente que derivó en la detención del lateral izquierdo ocurrió el último sábado, cuando el plantel completo de Gimnasia de Jujuy se encontraba a bordo del vuelo FO 5181, listo para despegar hacia la Ciudad de Buenos Aires.

En ese momento, desde su butaca 16C, Endrizzi señaló a otro pasajero y lanzó en voz alta: “Él lleva una bomba”.

La frase, que luego se comprobó que era una falsa alarma, generó un clima de terror inmediato y obligó a la tripulación a activar el protocolo de emergencia. El avión fue trasladado hacia una zona aislada a 500 metros de la terminal y se procedió a la evacuación total de los pasajeros.

Durante más de tres horas, el aeropuerto quedó virtualmente paralizado mientras se desplegaba un megaoperativo que incluyó la conformación de un comité de crisis. Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la División de Explosivos revisaron minuciosamente la aeronave y los equipajes con trajes especiales. Finalmente, se descartó la presencia de cualquier artefacto peligroso y se desactivó la alarma.

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Agente penitenciario de 28 años murió luego de chocar un montículo de ripio en una ruta sin iluminación

La víctima fue identificada como Julio Matías Salazar, de 28 años, quien se desempeñaba como agente del servicio penitenciario

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Un trágico siniestro vial se registró durante la madrugada de este domingo en la Ruta Provincial 323, a la altura del puente sobre el río Salí, en jurisdicción de la Comisaría de Río Colorado, donde un motociclista perdió la vida en el acto.

La víctima fue identificada como Julio Matías Salazar, de 28 años, quien se desempeñaba como agente del servicio penitenciario y tenía domicilio en el paraje Ampata – Atahona.
De acuerdo a la información oficial, el joven circulaba en una motocicleta de 200cc en sentido oeste-este cuando, por causas que aún se investigan, impactó contra un montículo de ripio colocado para impedir el paso hacia el antiguo puente carretero, actualmente clausurado.

En el lugar se encuentran carteles con la advertencia “No avanzar, puente clausurado”, mientras que en paralelo existe un paso habilitado para la circulación vehicular. Sin embargo, según consta en el informe policial, el sector carece de iluminación, lo que podría haber influido en la mecánica del hecho.

Personal del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) arribó al sitio en la unidad correspondiente y constató que el motociclista ya no presentaba signos vitales.

La intervención quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios N° 2 del Centro Judicial Concepción, bajo la órbita de la fiscal Lucrecia Lugones, quien dispuso la actuación de Criminalística para realizar las pericias correspondientes y avanzar en la investigación del caso

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