El proyecto de modernización laboral que el Gobierno presentará este martes —paso previo a su envío al Senado— introduce un cambio central en el financiamiento del sistema de indemnizaciones por despido: la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL). Estos fondos se sostendrán con un aporte obligatorio de las empresas equivalente al 3% de la masa salarial. Según la documentación oficial a la que accedió Clarín, ese porcentaje será descontado de la contribución patronal al SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino), lo que implica un financiamiento indirecto del Estado para el pago de las indemnizaciones.

“El empleador incluido en el presente régimen, y mientras persista su vigencia, tendrá una reducción de tres puntos porcentuales en la contribución patronal con destino al SIPA”, detalla el proyecto. La iniciativa será presentada en la Casa Rosada con la participación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; y representantes legislativos, de la UIA y la CGT.

El beneficio para las empresas —la rebaja de la contribución al sistema previsional para financiar los FAL— generará una caída directa en los recursos destinados al pago de jubilaciones y pensiones, profundizando el desfinanciamiento de ANSES. Además, el proyecto incorpora reducciones permanentes en las cargas patronales para el empleo ya registrado y para la contratación de nuevos trabajadores.

A esa merma se añadirá la rebaja del 1% en las contribuciones patronales destinadas a obras sociales, que pasarán del 6% al 5%. La caída de recaudación para el sistema rondaría los USD 1.000 millones anuales. En el caso de los trabajadores que derivan sus aportes hacia empresas de medicina prepaga, ello implicará cubrir directamente el recorte de esa contribución.

El texto también establece una reducción permanente del 3% en las contribuciones patronales vinculadas a los subsistemas de la Seguridad Social (SIPA, Asignaciones Familiares, Fondo Nacional de Empleo y PAMI). Para el sector servicios y comercio, la alícuota bajará del 20,40% al 17,40%, mientras que para el resto del sector privado descenderá del 18% al 15%. Sólo esta modificación generaría una caída en los ingresos de la seguridad social estimada en USD 3.000 millones por año.

A esto se suma el Régimen de Incentivo al Nuevo Empleo (RIFL), que establecerá alícuotas preferenciales para las empresas que incorporen trabajadores bajo determinadas condiciones. El impacto fiscal final dependerá del nivel de adhesión del sector privado.

“El proyecto busca reducir costos laborales, fomentar la creación y formalización del empleo, atraer inversiones y simplificar la carga administrativa”, sostiene el documento oficial para justificar la reducción de contribuciones. Sin embargo, especialistas consultados advierten que los recortes en aportes y contribuciones podrían replicar los efectos negativos para la seguridad social que provocó la reforma de 1994 impulsada por Domingo Cavallo, previa a la implementación del sistema de AFJP.