El Gobierno oficializó este martes una reforma en el mecanismo de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia, así como de las autoridades que encabezan el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. La medida fue instrumentada mediante el decreto 467/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Política
La Provincia garantizará la continuidad en todas la obras públicas en Saludy Educación
La Legislatura estudia una ley de Emergencia en Obra Pública para tener un marco legal para cumplir con la finalización de los trabajos, sobre todo en estas dos áreas.
El gobernador Osvaldo Jaldo acordó esta mañana con los empresarios de la construcción tucumanos que todas las obras en materia de educación y seguridad no se detengan y de acuerdo a la avance de la construcción se puedan terminar. Participaron los empresarios nucleados en la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC), encabezado por Jorge Garber. Acompañaron por parte de la Legislatura, su presidente y vicegobernador Miguel Acevedo y el presidente subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla y del PE el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad
Además anunció que la Legislatura generará un marco legal mediante una ley declarando la Emergencia en Obra Pública que “permita darle un sustento legal a las obras que se vienen realizando -o por falta de transferencia de fondos están atrasando- hasta que el gobierno nacional tome una decisión”, explicó Jaldo.
En ese sentido indicó que el marco legar permitirá que “la Provincia asista financieramente a las empresas para que no se detenga el ritmo de las construcciones, a pesar del proceso inflacionario donde los materiales sufrieron un incremento de precios de manera sustancial”, indicó.
Prioridades
El titular del PE les pidió al sector que tienen a su cargo la construcción, remodelación y mejoramientos de los establecimientos educativos “darle prioridad los espacios físicos dentro de las escuelas para que puedan ser utilizados el viernes 1 de marzo”, fecha que tiene pensado el Gobernador iniciar el ciclo lectivo 2024.
En este sentido planteó su pedido a los empresarios de la construcción para que alumnos y docentes puedan tener las mayores comodidades pero también porque “la situación económica provocará un aumento de la matrícula en establecimientos privados “y como Estado tenemos la responsabilidad de recibir a cada niña o niño que sus padres decidan mandarlo a la escuela pública”, señaló.
Cárceles
En cuanto a los trabajos en materia de seguridad el Gobernador razonó: “Tanto a nivel nacional con un gobierno de 40 días y nosotros de 60 entendemos que hay decisiones que no se tomaron a nivel nacional como la obra pública de diferente tipologías. Aquí hay empresarios que están involucrados en la obra pública del sistema carcelario como es la cárcel de Benjamin Paz, Delfín Gallo y la Alcaidía de Las Talitas”.
«La Cámara de la Construcción se mostró –a pesar de los problemas financieros- predispuesto a seguir trabajando y colaborando con el gobierno y nosotros le dimos la tranquilidad y un respaldo legal a quienes siguen invirtiendo y generando trabajo». (Osvaldo Jaldo)
Por eso explicó la necesidad de una normativa que salga del Poder Legislativo y la pueda asistir en parte para que no se detenga el ritmo de las obras. Avanzaremos en un ritmo lento pero no abandonaremos ninguna obra. Cada vez que disminuye o paraliza una obra hay tucumanas y tucumanos que quedan sin trabajo”, advirtió.
Finalización de obra
Con respecto a la Ley de Emergencia en Obra Pública, Acevedo aclaró que «hay contratos que no se pueden respetar en tiempo y plazo que se firmaron con anterioridad por razones excepcionales. Es meritorio generar una ley de emergencia que permita a las empresas y al Estado Provincial darle forma y marco legal a la finalización parciales de obra sin que haya sanciones por la emergencia que estamos atravesando» ya que «no tenemos definiciones a nivel nacional ni funcionarios que firmen los certificados».
El vicegobernador dejó en claro que «hemos tenido la buena voluntad de los dos poderes del Estado y agradecer a los empresarios porque se sale de manera solidaria» porque «tenemos que sostener la mayor cantidad de trabajo posible.
Incertidumbre
«La Nación al no estar enviando fondos y no haber interlocutores válidos hay una incertidumbre total pero el gobernador (Jaldo) nos pidió que bajemos el ritmo pero no paremos las obras» por lo que «iremos cerrando modulos, como por ejemplo para que el 1 de marzo los chicos puedan iniciar las clases y también para las obras de seguridad», resumió Garber.
Por último señaló: «Los empresarios vamos aponer todo lo que este a nuestro alcance para que las obras continúen, declarar la emergencia en la obra publica y se generará una ley para que nos de el marco jurídico de que tanto las empresas pueden llevar adelante con la disminución de trabajo con completamiento parciales en función de recursos que podamos contar de la provincia y los empresarios para terminar las obras de seguridad y educación en el corto plazo».
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A través de un decreto, la administración de Javier Milei modificó el procedimiento para nombrar integrantes de la Corte Suprema, al Procurador General y al Defensor General de la Nación. La reforma reduce plazos, digitaliza trámites y suprime una etapa administrativa que antecedía al envío de los pliegos al Senado.
La modificación alcanza a los procedimientos establecidos por los decretos 222 y 588 de 2003, que regulaban las designaciones de los máximos cargos judiciales. Según argumentó el Ejecutivo, el objetivo es acelerar los nombramientos, reducir trámites administrativos y adecuar el sistema a los canales digitales de comunicación actuales.
Corte Suprema: cuáles son los cambios que introdujo Milei para nombrar jueces
Uno de los cambios centrales es la eliminación de la instancia previa de observaciones ciudadanas que se desarrollaba en el ámbito del Ministerio de Justicia antes de que el Poder Ejecutivo enviara los pliegos al Senado. Hasta ahora, los antecedentes de los postulantes debían publicarse y quedar sujetos a opiniones o impugnaciones antes de formalizar la nominación.
Desde el Gobierno sostuvieron que ese mecanismo duplicaba procedimientos ya contemplados en la Cámara alta, donde continúan vigentes las audiencias públicas, la recepción de observaciones de la ciudadanía y el tratamiento de los pliegos por parte de la Comisión de Acuerdos.
Con la nueva normativa, la participación ciudadana seguirá existiendo, aunque quedará concentrada en la etapa legislativa. En ese sentido, remarcaron que «los mecanismos de publicidad, transparencia y control ciudadano no se eliminan», sino que pasan a desarrollarse exclusivamente en el Senado.
La reforma también introduce cambios en la difusión de los antecedentes de los candidatos. A partir de ahora, la información será publicada en el sitio web oficial del Ministerio de Justicia y en el Boletín Oficial, dejando de lado la obligación de hacerlo en diarios de circulación nacional. Para el Ejecutivo, esta actualización responde a los hábitos actuales de acceso a la información y permite acortar los tiempos del procedimiento.
Además, los postulantes deberán presentar en un plazo de cinco días sus declaraciones juradas patrimoniales, incluyendo bienes propios, de su cónyuge o conviviente, del patrimonio conyugal y de los hijos menores, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Ética de la Función Pública.
Otro de los puntos modificados involucra a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo continuará verificando la situación impositiva y previsional de los candidatos, pero ahora contará con un plazo máximo de cinco días para emitir los informes correspondientes, los cuales deberán respetar las normas de secreto fiscal.
La nueva reglamentación no introduce cambios en el procedimiento constitucional de designación. Se mantienen intactos los requisitos de aprobación por parte del Senado, incluidas las audiencias públicas, las impugnaciones ante la Comisión de Acuerdos y la necesidad de obtener una mayoría de dos tercios de los legisladores presentes para validar cada nombramiento.
Entre las novedades también sobresale una omisión respecto del decreto 222/2003. El texto publicado este martes ya no menciona la recomendación dirigida al Presidente para considerar criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y representación regional al momento de proponer candidatos para los máximos cargos judiciales.
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