El Gobierno esperaba este fallo adverso desde la semana pasada, y este lunes se confirmó: la jueza rechazó el pedido de la Argentina de suspender la transferencia de acciones de la empresa a Burford. Lo hizo sin poner condición alguna y con palabras duras contra el país.

En su escrito, Preska señaló que la Argentina no cumplió con las condiciones previas que le habían permitido acceder a una suspensión sin garantía del fallo de septiembre de 2023, y acusó al país de intentar “eludir sus obligaciones” mediante tácticas dilatorias.

El texto judicial recuerda que, incluso tras obtener una prórroga para acomodar la transición de gobierno en el país, la administración argentina “aprovechó al máximo el tiempo extra”, pero “no realizó ningún esfuerzo para satisfacer las condiciones impuestas”.

“La República alega que se producirá un daño irreparable si el Tribunal no suspende su Orden de Turnover, pero cualquier supuesto daño se deriva directamente de las propias acciones de la República al retrasar e intentar eludir sus obligaciones en virtud de la sentencia», escribió la magistrada.

¿Desacato?

Argentina, que se adelantó a la decisión y ya apeló a la Cámara, podría entrar en desacato con la corte de Preska, la que entiende en causas vinculadas a empresas que cotizan en Wall Street, donde la empresa cotiza desde hace más de 30 años. Seguramente, ahora Argentina refuerce esa apelación antes la cámara.

El pedido de desacato sólo podrá contemplarlo la jueza si los demandantes lo solicitan.

“La última vez que Argentina estuvo en desacato con una corte de EEUU ya estábamos en default. Cristina Kirchner era presidenta y el impacto a nivel mundial fue mínimo porque estábamos aislados del mundo. Ahora sería diferente. Entiendo que antes van a tratar de frenar el tema, si no es negociando con algún depósito. Es correcto agotar todas las vías legales, pero mientras tanto se debería hacer algún tipo de control de daños. No es debilidad sentarse a negociar, todo lo contrario. Es mostrar que interesa resolver un problema”, dijo Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, uno de los especialistas que sigue el caso desde su inicio, en una nota que publicó ayer este medio.

En 2023, Preska ya condenó al Estado local en primera instancia a pagarle un resarcimiento a Burford Capital, un bufete de abogados que compró los derechos a litigar en esta causa, de USD 16.000 millones.

Los últimos movimientos de esta causa son una verdadera mamushka de apelaciones y medidas cruzadas. En ese sentido, conviene saber que la apelación de causa madre que la condena a pagar USD 16.000 millones corre por un carril diferente, un expediente en el que por ahora no hay mucho movimiento y que se resolvería en un año, aproximadamente. Mientras tanto, la sentencia de primera instancia está firme, el ganador quiere cobrar y la jueza quiere que cobre. Por eso ordenó el turnover de acciones.

“La otra es la apelación de la decisión de Preska de ordenar que Argentina entregue sus acciones de YPF en pago de la sentencia de septiembre de 2023. Las partes ya han presentado todos sus escritos en la apelación sobre la sentencia de 2023, pero la Cámara no ha fijado aún la fecha de la audiencia (por eso es muy difícil que la Cámara falle antes de 2026)“, destacó en X Sebastián Soler, ex viceprocurador del Tesoro durante el gobierno de Alberto Fernández.

Preska decidió hoy que no acepta suspender los efectos de su decisión de ordenar la entrega de las acciones de YPF hasta que la Cámara resuelva si semejante orden es válida, algo que Soler destacó que “hasta el Justice Department de EEUU le ha dicho que no lo es”.

Mientras tanto, la administración nacional se prepara para sostener la apelación en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. Incluso, anticipó la posibilidad de llegar a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos si la situación lo requiere. Para los estrategas legales del oficialismo, extender los plazos es clave para preservar margen de negociación.