El gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo encabezaron hoy una reunión de trabajo con los integrantes del bloque justicialista en la Legislatura de Tucumán. Durante el encuentro, se debatieron temas institucionales y políticos con el objetivo de fortalecer la unidad y el diálogo dentro del peronismo tucumano.
«Queremos realizar modificaciones, pero es fundamental que se lleven a cabo con el consenso de quienes ocupamos roles institucionales y con el de las distintas instituciones intermedias que desean opinar y colaborar. Nosotros solos podríamos decidir desde una modificación de una constitución, porque tenemos los dos tercios en la Legislatura. Pero eso no lo vamos a hacer«, afirmó Jaldo y adelantó que el objetivo es abrir debate con los otros bloques que integran la Legislatura.
El gobernador añadió que las reformas propuestas buscan mejorar directamente la calidad de vida de los ciudadanos de Tucumán. «Estamos convencidos de que es necesario realizar algunas reformas en la provincia para mejorar la calidad institucional, lo que se traduce en una mejor calidad de vida de los que viven en la provincia de Tucumán«, expresó.
Al respecto, el vicegobernador Acevedo comentó: «Es la primera reunión y la vamos a tener con los distintos bloques. Con el bloque oficialista venimos teniendo un diálogo de manera individual y grupal, pero entendemos que es conveniente periódicamente realizar uno como el que estamos haciendo hoy, donde estén todos. En ese sentido, hoy tenemos una reunión para ver temas institucionales y políticos».
«El bloque está unido, el peronismo tucumano está unido. Aunque podríamos resolver cualquier cuestión por nuestra cuenta, desde el primer día de gestión, juntos hemos decidido mantenernos abiertos al diálogo, escuchar diferentes perspectivas y trabajar en conjunto para mejorar la calidad institucional y ofrecer a los tucumanos la gestión que merecen«, afirmó el vicegobernador.
Al cierre del encuentro, el presidente del bloque manifestó: «Estamos comenzando a madurar lo que será la reforma en la provincia de Tucumán. Una reforma amplia, total y absoluta, que no solo abarcará aspectos políticos, sino también otros poderes del Estado. Es crucial incorporar nuevos derechos y garantías para los ciudadanos, adaptándonos a los tiempos actuales. Además, se discutió la situación económico-financiera de la provincia, la cual se mantiene estable y con equilibrio fiscal, lo que nos permite realizar pequeñas obras por cuenta propia sin recurrir a créditos externos«.
En la reunión estuvieron presentes el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el vicepresidente primero, Aldo Salomón; y los legisladores Roque Álvarez (presidente del Bloque Justicialista), Gerónimo Vargas Aignasse, Roberto Moreno, Hugo Ledesma, Nancy Bulacio, Alejandra Cejas, Jorge Leal, Carlos Najar, Roque Argañaraz, Sara Assán, Sara Lazarte, Sandra Figueroa, Tomás Cobos, Alberto Olea, Paula Galván, Alejandro Figueroa, Adriana Najar, Javier Noguera, Gabriel Yedlin, Leopoldo Rodríguez, Francisco Serra, Carlos Funes, Christian Rodríguez, Marcelo Herrera, Carlos Gallia, Tulio Caponio, Mario Leito, Carlos Gómez, Carolina Vargas Aignasse, José Orellana, Walter Daniel Herrera, y el prosecretario Alejandro Martínez.
Tucumán adherirá a bajar la imputabilidad de menores y prepara cambios para poder aplicarla desde septiembre
El vicegobernador Miguel Acevedo confirmó que la provincia adecuará su legislación penal juvenil a la nueva normativa nacional. Anticipó que habrá una reunión con la Corte, el Poder Ejecutivo y legisladores para definir cómo se implementará el régimen en Tucumán.
Tucumán adherirá a la ley nacional que establece un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil y reduce la edad de imputabilidad, según confirmó el vicegobernador Miguel Acevedo durante el desarrollo de su agenda de actividades realizada en Casa de Gobierno.
El titular del Poder Legislativo explicó que la provincia deberá realizar las modificaciones necesarias para adaptar la normativa nacional a su propia realidad y anticipó que la aplicación podría comenzar este mismo año, teniendo en cuenta que la ley nacional entrará en vigencia a partir de septiembre.
“Vamos a adherir y vamos a tener que hacer las adecuaciones necesarias para que se pueda implementar aquí en Tucumán”, afirmó Acevedo al ser consultado sobre la posición de la provincia frente al nuevo régimen.
La implementación, según explicó, requerirá un trabajo coordinado entre los distintos poderes del Estado. “Tenemos que articular el accionar, no tan sólo legislativo con el Poder Judicial sino también con el Poder Ejecutivo”, señaló.
En ese sentido, adelantó que el próximo martes se realizará una reunión en la Corte con representantes del Poder Judicial, el Ejecutivo y la Legislatura, además de integrantes de la comisión que trabaja sobre la adecuación normativa. El objetivo será avanzar en una legislación que pueda aplicarse efectivamente en la provincia, contemplando las particularidades locales.
Acevedo remarcó además que el nuevo esquema no debería limitarse a una respuesta punitiva, sino que debe contemplar la posibilidad de recuperación y reinserción de los jóvenes que sean alcanzados por la normativa.
“Aunque hayan delincuencias, serán condenados, pero queremos que esos que condenemos se puedan recuperar. Son jóvenes, no estamos hablando de adultos”, sostuvo.
Una implementación que demandará recursos
El vicegobernador también advirtió que adaptar la legislación no será suficiente. La aplicación del nuevo régimen requerirá estructura, recursos y previsiones presupuestarias, por lo que el Poder Ejecutivo deberá contemplar las erogaciones necesarias para ponerlo en funcionamiento.
“Implementar y llevar a cabo la medida que se tome implica una erogación, implica tener una estructura, implica que el presupuesto del Poder Ejecutivo contemple las acciones que vayamos a desarrollar”, explicó.
Acevedo señaló que el gobernador Osvaldo Jaldo está siguiendo el proceso y destacó que Tucumán ya cuenta con antecedentes y herramientas vinculadas al abordaje de menores en conflicto con la ley.
La confirmación se produjo durante el homenaje a Juan Bautista Alberdi, realizado en Casa de Gobierno en el marco de las actividades organizadas junto al Colegio de Abogados, que celebra sus 100 años. Durante el acto también se destacó la realización de una nueva edición de la Bienal Argentina de Fotografía, prevista para octubre en distintos espacios de la provincia.
El Consejo del Salario no logró un acuerdo para establecer el nuevo mínimo en las remuneraciones y el nuevo mínimo será establecido por el Gobierno.
Los gremios solicitaron un mínimo de $ 911.000, mientras que los empresarios ofrecieron $ 400.000.
A la fecha el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) es de $376.600, cifra a la que se llegó aplicando el cronograma de ajustes que se había fijado en la reunión de noviembre de 2025.
Este valor es una referencia que, además de fijar una remuneración básica, sirve para la determinación de algunos programas sociales, prestaciones y subsidios.
La conversación se dio en medio de una solapada intención del gobierno nacional de lograr que los salarios mínimos de bolsillo se acerquen a los $ 800.000, lo que representaría un bruto cercano a $ 1.100.000.
Si bien este tema no estuvo en la agenda del encuentro que se realizó este mediodía, la discusión quedó flotando luego que en las últimas horas la Secretaría de Trabajo hiciera trascender la intención del Gobierno nacional.
El Consejo del Salario es una instancia en la que dialogan representantes de los trabajadores, empleadores, el Estado nacional y los gobiernos provinciales para determinar ese piso salarial.
Se viene realizando en el último tiempio de manera virtual, a través de Zoom, y la CGT había reclamado la semana pasada que en el encuentro de este viernes se regrese a la presencialidad, pero el Gobierno no accedió a la petición sindical.
De la reunión participaron por el sector empleador: Juan José Etala, José Luis Zapata y Horacio Martínez (UIA); Ricardo Diab y Juan Massi (CAC).
Por el sector trabajador: Jorge Solá, Cristian Jerónimo, Octavio Argüello y Luna Villar (CGT); Claudio Mani, Hugo Yasky, Hugo Godoy y Ricardo Peidro (CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores).
También estuvieron los asesores técnicos de todas estas organizaciones.
Las críticas de ATE
Finalizada la reunión del Consejo del Salario Mínimo, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, se quejó que los empresarios propusieron un aumento de 1,8% en septiembre y 1,7% para octubre hasta abril, y planteó que “este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio”.
“El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores. El SMVM sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación”, agregó el dirigente estatal en un comunicado.
“El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno. ¿El Consejo existe? Si seguimos así, el Consejo va a existir pero los salarios van a desaparecer. Este organismo nació para garantizar dignidad y no pobreza legal como sucede hoy. Ha sido copado por los grandes empresarios y se reúne sólo para convalidar lo que ellos resolvieron previamente con el Gobierno”, finalizó Aguiar.
A pesar de que todavía no tiene garantizado el acompañamiento de los aliados, el Gobierno insiste con el proyecto para eliminar las PASO y anticipó que el tema va a ser el próximo objetivo que se pondrá el oficialismo en el Congreso, mientras sigue negociando los acuerdos electorales con el PRO para simplificar el escenario de cara al 2027.
Al salir del recinto luego de haber conseguido la aprobación de 67 pliegos judiciales y 5 tratados internacionales, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, aseguró que la reforma política es la siguiente medida que impulsará.
Aunque el punto más controversial de esta iniciativa es el de terminar con las primarias, el texto también incluye varios cambios en el sistema, como en el financiamiento de los partidos, entre otras cuestiones.
El costo y la utilidad que tienen las PASO viene siendo uno de los cuestionamientos principales de la administración libertaria en lo que respecta al proceso electoral, desde el inicio de la gestión.
Ya a comienzos del 2025 hubo intentos para eliminarlas pero, ante la falta de apoyo también en aquel momento, el presidente Javier Milei solamente consiguió que se suspendieran para los comicios de ese año, en el que además se implementó la boleta única en papel por primera vez en todo el país.
Meses más tarde, el Poder Ejecutivo envió otra propuesta al Congreso con la que volvió a plantear la eliminación definitiva de las primarias, lo cual nuevamente encontró la resistencia de algunos espacios.
En mayo último, una vez más ante un contexto complejo, el Gobierno comenzó a barajar la posibilidad de una nueva suspensión, pero rápidamente se volvió a la idea original.
Ya en su nuevo rol de jefe de Gabinete, Diego Santilli consiguió el respaldo de algunas provincias que aceptaron quitarlas, a cambio de mantener mecanismos para solucionar las internas en sus respectivos territorios.
Un ejemplo es el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien cuestionó el costo para el Estado de las primarias y consideró importante “aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias”.
En esta misma línea se expresó, luego de una reunión con Santilli, el sanjuanino Marcelo Orrego al remarcar que, si bien él llegó al cargo luego de una interna, opinó que “los tiempos cambian” y esa herramienta ya no sería útil.
De la misma forma, Juan Pablo Valdés, de Corrientes, remarcó que la definición de los candidatos “es una cuestión que deben resolver las agrupaciones políticas”, por lo que también apoyará el proyecto de la Casa Rosada.
Otros mandatarios, en cambio, ya le transmitieron al funcionario nacional, en conversaciones privadas, su deseo de acompañar la medida, aunque no lo expresaron públicamente.
“Suspenderlas o eliminarlas es más o menos lo mismo, porque lo que se está discutiendo es sobre cuál es el sistema electoral del año que viene”, afirmó Bullrich este jueves, a la salida de la sesión.
El asunto, no obstante, continúa generando cierta tensión con el PRO, que no definió la posición que va a tomar al respecto, cuando todavía negocia con el oficialismo tener una alianza electoral en todo el país y la forma en la que se decidirán los candidatos en cada lugar.
En un principio, el partido fundado por Mauricio Macri, sin precisiones en aquel entonces sobre lo que haría La Libertad Avanza en el 2027, planteó, en lugar de quitar las primarias, convertirlas en optativas, para que solamente presenten listas los que tengan internas.
Todo cambió cuando, hace algunas semanas, de manera sorpresiva la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, llamó por teléfono a Macri para plantearle crear una mesa de trabajo con el objetivo de afianzar la relación entre las dos fuerzas políticas y formalizar una alianza en todo el país.
Aunque comenzaron a planificar los acuerdos y avanza la sintonía, la reforma electoral todavía no fue uno de los puntos que trataron durante esos encuentros que se hacen cada 15 días.
En las dos primeras reuniones, los representantes de cada una de las dos partes acordaron las pautas generales de las negociaciones y empezaron a analizar la situación electoral en cada distrito.
“Nosotros siempre dijimos que las PASO no tienen ni todo en contra ni todo a favor. Milei y Macri han sido resultado de la PASO, pero también sabemos, por otro lado, que tiene un costo, que la población en un año como el que viene tiene que votar seis veces y eso es cansador, y que es un gasto elevado para un gobierno que viene haciendo del déficit fiscal una política”, comentó a la salida de uno de estos encuentros Cristian Ritondo, que junto a Fernando de Andreis son los enviados del PRO a la mesa con el Gobierno.
Por su parte, Bullrich advirtió que mantener las primarias implicaría también adelantar la campaña, lo que le quitaría al Ejecutivo “cuatro meses de gestión“ en un año que, a su entender, “va a estar prácticamente perdido”.
Todavía sin un panorama claro, el oficialismo tiene previsto continuar recolectando apoyos para la reforma política, que sigue siendo la prioridad para la Casa Rosada. / Infobae
