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Política

Jaldo salió al cruce de las críticas y afirmó que Milei accedió a los pedidos que benefician

«Los problemas de nuestras economías regionales están la mayoría solucionados», sostuvo el mandatario sobre la Ley Ómnibus.

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El gobernador, Osvaldo Jaldo, dialogó esta mañana con el programa Los Primeros para referirse las negociaciones y posturas de Tucumán ante el proyecto de la Ley Ómnibus.

Resaltó los aspectos claves del proyecto de la ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos”, enviado por el presidente Javier Milei, y que afectaban a Tucumán. En ese sentido, indicó que «requiere un examen minucioso debido a su impacto en diversas áreas, incluidas las economías regionales, las delegaciones de poderes del parlamento, los jubilados y la privatización de empresas argentinas».

Sin embargo, explicó que las negociaciones de la provincia permitieron avanzar en la eliminación de artículos que afectaban a la industria tucumana. «Si el artículo 59 quedaba vigente, el de la derogación de la Ley del Azúcar, significaba abrir la frontera a la importación y competir contra países como Brasil y Estados Unidos que tienen su actividad protegida; nos sacaba competitividad a la provincia y la región», expresó el Gobernador

Y añadió: «había artículos que atentaban directamente contra nuestras economías regionales, como el azúcar».

Respecto a la posición tomada por la Provincia, Jaldo remarcó “más de 5000 cañeros, medianos y pequeños, van a estar tranquilos”.

Sobre la eliminación del impuesto a las Ganancias dijo: “Quiero llevar tranquilidad a los empleados públicos de que nuestras economías van a funcionar bien, a pesar de las deudas que tenemos que pagar deudas y que perdimos el equivalente a dos planillas de sueldo por la quita de Ganancias; estamos manejando las finanzas con mucha austeridad”.

Jaldo, además, remarcó la importancia de la conformación del bloque Independencia en Diputados, conformado por Agustín Fernández, Elia Fernández y Gladys Medina, para la toma de decisiones que beneficien a Tucumán, y aseveró: “Si no nos plantábamos con el tema del azúcar, ¿los porteños nos iban a defender?”.

Ayer al mediodía Jaldo, también convocó a una conferencia de prensa, desde Casa de Gobierno y acompañado de los ministros del Poder Ejecutivo y diputados nacionales, para explicar los alcances del dictamen de mayoría de la ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que se tratará en la Cámara de Diputados la semana próxima.

Al respecto, el Mandatario provincial remarcó que “desde el primer día en el que nos enteramos que se habían incluido artículos que tienen que ver con las economías regionales, el Gobierno de la Provincia se puso a trabajar en discusiones, ya que el proyecto iba a impactar negativamente en las principales actividades, como la citrícola, o con el artículo 59 que dejaba sin efecto la Ley del Azúcar, que regulaba la producción de esta materia prima”.

En esa línea, ayer se producían los dictámenes en el plenario de comisiones, expresó Jaldo, marco en el que los diputados debían tomar decisiones. “A partir de las negociaciones que vinimos haciendo con las autoridades nacionales hemos tenido una respuesta positiva en cuanto a esas problemáticas”. Sin embargo, indicó que en el tema del bioetanol “faltan retoques para que se pueda cumplir con el acuerdo de los cañeros”.

Mayoritariamente, el Gobierno nacional accedió a los pedidos de Tucumán y de los diferentes sectores de la producción, a tal punto que estaba todo escrito en el dictamen de mayoría, con 57 votos, lo que habilita a una sesión en el Congreso de la Nación”, celebró el Gobernador.

Asimismo, Jaldo aseguró que todo lo que solicitó Tucumán “estaba inserto en el dictamen” y reiteró que el Poder Ejecutivo nacional “cumplió con los pedidos de sostener las actividades de las que dependen las economías regionales y el trabajo”.

Con respecto a la firma del diputado nacional Agustín Fernández remarcó que esto obedeció a que en el dictamen de mayoría “se sacó el artículo 59 que eliminaba la Ley del Azúcar, se bajaron las retenciones a la actividad citrícola y hubo un avance importante del bioetanol”.

Y subrayó que en ese dictamen no solo estuvo la firma del parlamentario del bloque de Unión por la Patria “sino también de los diputados por Tucumán de otros espacios políticos que firmaron en apoyo a las economías regionales, porque esto va más allá de la política partidaria, de las divisiones que podamos tener en lo personal y político”.

Jaldo además fustigó los “cuestionamientos malintencionados, que tienen que ver más con la política que con lo institucional” y sostuvo que “al Gobernador lo eligieron para gobernar para todos los tucumanos, sin excepción, sin ningún tipo de distinción, no solo para atender la cuestión pública sino para que el Estado trabaje en conjunto con la actividad privada. Hoy lo hemos demostrado con creces: el gobierno se puso al frente de las problemáticas de las actividades más importantes de la provincia de Tucumán, con resultados mayoritariamente exitosos”.

    Ningún tipo de cuestionamientos nos hará cambiar el camino que hemos elegido, que es defender los derechos de todos los tucumanos, lo que a Tucumán le corresponde y solucionar los problemas que podamos tener en el orden nacional, provincial, municipal y comunal”, aseveró Jaldo.

Por último, remarcó: “Seguiremos trabajando en lo institucional, no caeremos en chicanas políticas. Hoy es momento de unir a los argentinos y a los tucumanos, dejar las diferencias personales y políticas, y de trabajar todos juntos”.

Bloque tucumano

En otro tramo de la conferencia de prensa, Jaldo destacó la constitución del bloque “Independencia” en la Cámara de Diputados, integrado por Agustín Fernández, Elia Fernández de Mansilla y Gladys Medina.

A partir de la experiencia con las negociaciones con el Gobierno nacional, los tucumanos decidimos tener un bloque propio en la cámara, porque entendíamos que así vamos a estar en la mesa de decisión”, añadió el Gobernador e indicó que el espacio “defenderá directamente los intereses de la provincia”.

Impuesto a las Ganancias

Por último, Jaldo detalló que se avanzó en las negociaciones con la cuestión fiscal: “el Poder Ejecutivo nacional envió la ley del Impuesto a las Ganancias que, en el gobierno anterior elevó el mínimo de la cuarta categoría y la provincia perdió casi 8% del presupuesto, $100.000 millones, equivalentes a dos planillas de sueldo”. Esos recursos, precisó, permiten «garantizar los sueldos al personal de la salud, a docentes, a los policías que arriesgan su vida y nos permite atender la problemática social».

Política

Emergencia Hídrica y del transporte público serán tratados en la próxima sesión

La Comisión de Obras Públicas dio dictamen a proyectos que consolidan leyes de emergencia y de declaración de interés legislativo al Encuentro Nacional de Cooperativas

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La Comisión de Obras Públicas de la Legislatura de Tucumán emitió dictamen favorable a diversos proyectos de ley que formarán parte de la actualización del Digesto Jurídico Provincial correspondiente al presente año, además de un proyecto de resolución.

La reunión fue encabezada por el presidente de la comisión, legislador Tulio Caponio, y contó con la participación de los parlamentarios Carlos Gómez, Eduardo Verón Guerra y Alberto Olea.

Al finalizar el encuentro, Caponio destacó la importancia del trabajo realizado: “Lo más relevante de la jornada fue el tratamiento de la consolidación de cuatro leyes de emergencia de la provincia, en el marco de la actualización del Digesto Jurídico de este año. Se trata de las emergencias hídrica, del transporte público, energética —vinculada a la red troncal de energía— y de obras públicas”.

Asimismo, la comisión aprobó un proyecto de resolución que declara de interés legislativo el Encuentro Nacional de Cooperativas de Agua Potable de la República Argentina, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de julio del corriente año en la localidad de San Pedro de Colalao.

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Política

El Gobierno ofreció un aumento de 24% a las universidades a cambio de retirar la demanda

Los rectores consideraron la propuesta del Gobierno razonable, pero no hubo acuerdo. La denuncia la debe resolver la Corte Suprema.

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En una reunión de bajo perfil celebrada este lunes, el Gobierno y las universidades llegaron a un principio de acuerdo para avanzar con un aumento salarial del 24%, entre otros puntos. Sin embargo, las negociaciones fracasaron por una condición inapelable del Ejecutivo: que las casas de estudio retiren la demanda judicial que aguarda el fallo de la Corte Suprema.

En un territorio neutral para no captar la atención mediática, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvo un encuentro con rectores en representación del Consejo Interuniversitario Nacional para intentar destrabar el conflicto presupuestario que motorizó la última Marcha Federal el mes pasado.

Según confirmaron a TN fuentes de ambos sectores, la propuesta del Ejecutivo consistió en una recomposición salarial del 24,3% que abarca la pérdida durante parte de 2024, todo 2025 y el desfasaje de 2026 hasta mayo. El incremento se pagaría en dos partes: un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre.

El acuerdo también incluía la conformación de una comisión técnica para trabajar en el periodo adeudado de 2024 y garantizar hacia adelante negociaciones paritarias cada tres meses.

La propuesta del Gobierno a las universidades y el punto que trabó las negociaciones

Además, el Gobierno ofreció un 50% de aumento para las becas Manuel Belgrano, un 20% de incremento para gastos de funcionamiento de las universidades y un fondo adicional de $50 mil millones para gastos de hospitales universitarios.

En paralelo, las universidades aguardan la convocatoria del Gobierno para acordar el nuevo criterio de distribución de la partida de más de $79 mil millones destinada a dichos hospitales, cuyo congelamiento había generado protestas y una advertencia de que podía peligrar la atención en los establecimientos por falta de presupuesto.

En diálogo con este medio, fuentes de la comunidad universitaria al tanto de las conversaciones consideraron que la propuesta del Ejecutivo es “razonable”. Sin embargo, la negociación se frustró con el pedido del Gobierno para que las casas de estudio retiren la demanda judicial que exige la ejecución de la Ley de Financiamiento sancionada por el Congreso.

La ley exige el cumplimiento de los aumentos en materia de salarios y becas dispuestos en la Ley de Financiamiento de acuerdo al IPC: una cifra que ronda los 2,5 billones de pesos y que, según el Ejecutivo, atenta contra el superávit fiscal.

La negativa de los rectores a retirar la demanda judicial

“Eso no va a suceder de ninguna manera. No estamos dispuestos a hacerlo y no es modificable esa situación. Condiciones para avanzar hay, pero la pelota está del lado del Gobierno”, insistieron en diálogo con TN los rectores universitarios.

Para las casas de estudio, la demanda opera como un resguardo que no están dispuestas a perder. A su vez, sostienen que no existe consenso en la comunidad universitaria para eso. En su lugar, ponen el énfasis en que la propuesta demuestra que el Gobierno cuenta con los recursos para solucionar el conflicto.

“Si hay voluntad de acordar, es bastante insólito que no lo hagamos. Hay condiciones para que eso ocurra”, subrayaron, con la expectativa de que el conflicto se resuelva esta semana.

Desde el Gobierno replicaron a TN que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) conducido por Franco Bartolacci no está dispuesto a ceder en el terreno judicial para no comprometer el apoyo de la comunidad y cuestionaron que eso “lleve a todos a un conflicto sin solución”. De ambos sectores insisten en que, para llegar a un acuerdo, el otro tendrá que dar el brazo a torcer.

FUENTE: TN

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El Senado debatirá un proyecto para reorganizar la Cámara Federal de Tucumán

La iniciativa propone reorganizar la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán mediante la creación de dos salas.

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El Senado de la Nación tiene previsto tratar este jueves un proyecto que propone reorganizar la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán mediante la creación de dos salas, una iniciativa que busca optimizar el funcionamiento de la Justicia Federal en la provincia y en el norte argentino.

La senadora nacional Beatriz Ávila informó que la propuesta fue incorporada al temario de la sesión y cuenta con dictamen favorable de comisión, además del acompañamiento de distintos sectores políticos.

El texto que llegará al recinto surge de la unificación de proyectos presentados por Ávila y por la senadora Sandra Mendoza. La iniciativa contempla dividir la actual Cámara Federal en dos salas y habilitar la posibilidad de ampliar la integración del tribunal, incorporando un sexto magistrado a los cinco jueces que actualmente lo conforman.

Según se explicó, la eventual designación de un nuevo juez estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria y tendría como objetivo reforzar la estructura judicial encargada de revisar en segunda instancia las causas de competencia federal que se tramitan en la jurisdicción.

Durante la reunión de Labor Parlamentaria realizada este miércoles, la legisladora tucumana solicitó la inclusión del proyecto en el orden del día junto con el tratamiento de distintos pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en el ámbito de la Justicia Federal.

El debate se desarrolla en un contexto marcado por las discusiones en torno a la cobertura de cargos judiciales y la necesidad de fortalecer el funcionamiento de los tribunales federales. Desde los impulsores de la iniciativa sostienen que la creación de salas permitirá agilizar el tratamiento de expedientes y mejorar la respuesta del sistema judicial ante el incremento de causas que llegan a la segunda instancia.

De obtener la aprobación de la Cámara alta, el proyecto representará un paso importante en la reestructuración de la Justicia Federal con asiento en Tucumán y podría generar cambios en la organización interna del tribunal en los próximos años.

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