Ingenios y la FOTIA acordaron un anticipo salarial para obreros fabriles del azúcar
Esto fue lo que analizaron hoy en Casa de Gobierno el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado y el secretario general de la Fotia, Roberto Palina.
Los ingenios azucareros de Tucumán alcanzaron un acuerdo con la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA) por el cual pagarán un anticipo a cuenta a los obreros fabriles que se desempeñan en la reparación y aprestamiento de las fábricas para el inicio de la actividad industrial.
Esto fue lo que analizaron hoy en Casa de Gobierno el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado yel secretario general de la FOTIA, Roberto Palina, quienes destacaron que el acuerdo que fue posible gracias a la participación del Gobierno de Tucumán que, por instrucción del titular del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, se pudo intermediar entre los sectores gremial y empresario a fin de alcanzar una solución en beneficio de los trabajadores, de la industria madre de la economía tucumana y de la provincia.
Amado expresó: “en nombre del Gobierno de la Provincia y del gobernador, Osvaldo Jaldo, nos hemos reunido con el secretario general de FOTIA, Roberto Palina. Felizmente hemos podido trabajar en forma conjunta como nos pide siempre el gobernador en favor del sector privado, en este caso de la industria azucarera”.
“El gremio había solicitado una ayuda a todos los ingenios anticipándose a lo que va a ser la paritaria del sector azucarero en mayo que otorguen un anticipo a todos los ingenios, algunos lo han hecho ya efectivo y otros lo van a hacer a partir de la primera semana de abril, por lo tanto todos los ingenios están en condiciones de continuar las reparaciones para poder empezar una zafra que sea importante, que le sirva a la provincia, que le sirva a los trabajadores y al Gobierno por supuesto también porque tiene que ver con la paz social de todos los sectores”, comentó Amado.
El ministro además dijo que esto “ya lo hicimos anteriormente participando con el gobernador de las paritarias del sector citrícola, en este momento acompañando para que no haya conflicto de ningún tipo en ninguna fábrica azucarera y eso es lo que hemos hecho a través del secretario general de la FOTIA, Roberto Palina, que ha puesto toda la predisposición, también reconocer el esfuerzo que hacen los industriales porque el momento es difícil para todos” y amplió: “más allá de que están al día con todos los cumplimientos salariales, otorgar un préstamo a cuenta de paritaria en estos días es importante porque reconocen que el salario a veces no alcanza debido a esa alta inflación que no depende de nosotros, de la provincia, ni de un gremio, ni de los trabajadores, depende de la economía o de la política económica a nivel nacional que ojalá que con el tiempo eso vaya disminuyendo y eso va a poner en valor el salario de los trabajadores. Felizmente estamos a pocos días del inicio de la zafra azucarera que eso da un movimiento económico importante a la provincia, por eso desde el gobierno somos garante de que todas las fábricas estén trabajando como tiene que ser, con paz social en las calles y en las fábricas”.
Palina explicó: “Nosotros habíamos pedido un anticipo a cuenta porque nosotros la paritaria la hacemos todos los años en el mes de mayo y, como han quedado un poco desfasados los salarios, entonces todos los ingenios han otorgado un préstamo hasta que el próximo acuerdo salarial”.
De esta manera, los obreros que se desempeñan en las fábricas, pueden llevar adelante las reparaciones para iniciar la primera quincena de mayo la actividad fabril.
Emergencia Hídrica y del transporte público serán tratados en la próxima sesión
La Comisión de Obras Públicas dio dictamen a proyectos que consolidan leyes de emergencia y de declaración de interés legislativo al Encuentro Nacional de Cooperativas
La Comisión de Obras Públicas de la Legislatura de Tucumán emitió dictamen favorable a diversos proyectos de ley que formarán parte de la actualización del Digesto Jurídico Provincial correspondiente al presente año, además de un proyecto de resolución.
La reunión fue encabezada por el presidente de la comisión, legislador Tulio Caponio, y contó con la participación de los parlamentarios Carlos Gómez, Eduardo Verón Guerra y Alberto Olea.
Al finalizar el encuentro, Caponio destacó la importancia del trabajo realizado: “Lo más relevante de la jornada fue el tratamiento de la consolidación de cuatro leyes de emergencia de la provincia, en el marco de la actualización del Digesto Jurídico de este año. Se trata de las emergencias hídrica, del transporte público, energética —vinculada a la red troncal de energía— y de obras públicas”.
Asimismo, la comisión aprobó un proyecto de resolución que declara de interés legislativo el Encuentro Nacional de Cooperativas de Agua Potable de la República Argentina, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de julio del corriente año en la localidad de San Pedro de Colalao.
En una reunión de bajo perfil celebrada este lunes, el Gobierno y las universidades llegaron a un principio de acuerdo para avanzar con un aumento salarial del 24%, entre otros puntos. Sin embargo, las negociaciones fracasaron por una condición inapelable del Ejecutivo: que las casas de estudio retiren la demanda judicial que aguarda el fallo de la Corte Suprema.
En un territorio neutral para no captar la atención mediática, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvo un encuentro con rectores en representación del Consejo Interuniversitario Nacional para intentar destrabar el conflicto presupuestario que motorizó la última Marcha Federal el mes pasado.
Según confirmaron a TN fuentes de ambos sectores, la propuesta del Ejecutivo consistió en una recomposición salarial del 24,3% que abarca la pérdida durante parte de 2024, todo 2025 y el desfasaje de 2026 hasta mayo. El incremento se pagaría en dos partes: un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre.
El acuerdo también incluía la conformación de una comisión técnica para trabajar en el periodo adeudado de 2024 y garantizar hacia adelante negociaciones paritarias cada tres meses.
La propuesta del Gobierno a las universidades y el punto que trabó las negociaciones
Además, el Gobierno ofreció un 50% de aumento para las becas Manuel Belgrano, un 20% de incremento para gastos de funcionamiento de las universidades y un fondo adicional de $50 mil millones para gastos de hospitales universitarios.
En paralelo, las universidades aguardan la convocatoria del Gobierno para acordar el nuevo criterio de distribución de la partida de más de $79 mil millones destinada a dichos hospitales, cuyo congelamiento había generado protestas y una advertencia de que podía peligrar la atención en los establecimientos por falta de presupuesto.
En diálogo con este medio, fuentes de la comunidad universitaria al tanto de las conversaciones consideraron que la propuesta del Ejecutivo es “razonable”. Sin embargo, la negociación se frustró con el pedido del Gobierno para que las casas de estudio retiren la demanda judicial que exige la ejecución de la Ley de Financiamiento sancionada por el Congreso.
La ley exige el cumplimiento de los aumentos en materia de salarios y becas dispuestos en la Ley de Financiamiento de acuerdo al IPC: una cifra que ronda los 2,5 billones de pesos y que, según el Ejecutivo, atenta contra el superávit fiscal.
La negativa de los rectores a retirar la demanda judicial
“Eso no va a suceder de ninguna manera. No estamos dispuestos a hacerlo y no es modificable esa situación. Condiciones para avanzar hay, pero la pelota está del lado del Gobierno”, insistieron en diálogo con TN los rectores universitarios.
Para las casas de estudio, la demanda opera como un resguardo que no están dispuestas a perder. A su vez, sostienen que no existe consenso en la comunidad universitaria para eso. En su lugar, ponen el énfasis en que la propuesta demuestra que el Gobierno cuenta con los recursos para solucionar el conflicto.
“Si hay voluntad de acordar, es bastante insólito que no lo hagamos. Hay condiciones para que eso ocurra”, subrayaron, con la expectativa de que el conflicto se resuelva esta semana.
Desde el Gobierno replicaron a TN que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) conducido por Franco Bartolacci no está dispuesto a ceder en el terreno judicial para no comprometer el apoyo de la comunidad y cuestionaron que eso “lleve a todos a un conflicto sin solución”. De ambos sectores insisten en que, para llegar a un acuerdo, el otro tendrá que dar el brazo a torcer.
El Senado de la Nación tiene previsto tratar este jueves un proyecto que propone reorganizar la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán mediante la creación de dos salas, una iniciativa que busca optimizar el funcionamiento de la Justicia Federal en la provincia y en el norte argentino.
La senadora nacional Beatriz Ávila informó que la propuesta fue incorporada al temario de la sesión y cuenta con dictamen favorable de comisión, además del acompañamiento de distintos sectores políticos.
El texto que llegará al recinto surge de la unificación de proyectos presentados por Ávila y por la senadora Sandra Mendoza. La iniciativa contempla dividir la actual Cámara Federal en dos salas y habilitar la posibilidad de ampliar la integración del tribunal, incorporando un sexto magistrado a los cinco jueces que actualmente lo conforman.
Según se explicó, la eventual designación de un nuevo juez estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria y tendría como objetivo reforzar la estructura judicial encargada de revisar en segunda instancia las causas de competencia federal que se tramitan en la jurisdicción.
Durante la reunión de Labor Parlamentaria realizada este miércoles, la legisladora tucumana solicitó la inclusión del proyecto en el orden del día junto con el tratamiento de distintos pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en el ámbito de la Justicia Federal.
El debate se desarrolla en un contexto marcado por las discusiones en torno a la cobertura de cargos judiciales y la necesidad de fortalecer el funcionamiento de los tribunales federales. Desde los impulsores de la iniciativa sostienen que la creación de salas permitirá agilizar el tratamiento de expedientes y mejorar la respuesta del sistema judicial ante el incremento de causas que llegan a la segunda instancia.
De obtener la aprobación de la Cámara alta, el proyecto representará un paso importante en la reestructuración de la Justicia Federal con asiento en Tucumán y podría generar cambios en la organización interna del tribunal en los próximos años.