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Policiales

Imputaron a dos pastores evangélicos de Bella Vista por el delito de usurpación y privación de la libertad

Mediante engaños, un masculino y una femenina, lograron apoderarse del inmueble de la víctima, de 85 años, en el barrio Independencia. Prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario por 20 días y restitución provisoria de la vivienda en un plazo de cinco días corridos.

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La Unidad Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del Ministerio Fiscal formuló cargos a dos pastores evangélicos de Bella Vista (un masculino y una femenina –ambos de 34 años-) por los delitos de circunvención de incapaz en concurso ideal con usurpación por engaño en concurso real con privación ilegítima de la libertad, en calidad de coautores y en perjuicio de una adulta mayor de 85 años. Siguiendo expresas instrucciones del titular, Diego López Ávila, la auxiliar de fiscal, Carolina Brito Ledesma, expuso el hecho endilgado (ver aparte) y las evidencias, entre ellas, el último informe médico practicado a la damnificada que establece “un perfil de vulnerabilidad que la hace influenciable y manipulable por terceros”.

Al momento de brindar sus datos personales, el imputado dijo desempeñarse como empleado en una empresa privada y la mujer como docente. “Las características son graves y la pena va a ser severa para alejarse del mínimo de la escala penal. La víctima es una persona vulnerable que quedó acreditada en los informes médicos, incluso, hubo una relación de superioridad sobre la damnificada. Estamos hablando de ministros de cultos (pastores) quienes se aprovecharon de esa confianza para hacer que suscriba un documento, usurpar su casa y privarla de su libertad”, indicó Brito sobre las características.

“Esto inicia en enero de 2025 cuando comienzan a insistirle que venda su casa y que la entregue a la Iglesia. Se observa una premeditación, planificación y organización para la comisión de este delito”, explicó la investigadora. A continuación pidió la prisión preventiva por el término de tres meses. Luego de un cuarto intermedio, el juez actuante hizo lugar a la formulación de cargos donde sostuvo que la firma de un boleto de compra-venta por la suma de $1.000.000 le resultaba vil. Posteriormente, resolvió otorgarles la prisión preventiva pero bajo la modalidad de arresto domiciliario por 20 días (la mujer dijo tener un hijo menor de edad con discapacidad) con tres rondas policiales diarias.

Deberán deshabitar la vivienda usurpada en cinco días

Otro de los puntos solicitados por la Fiscalía fue la restitución provisoria del inmueble en un plazo de cinco días corridos o bien el uso de la fuerza pública el martes 2 de diciembre (como fecha límite). “Es un plazo proporcional y razonable para que las personas que se encuentran allí abandonen de manera voluntaria esta vivienda, caso contrario, solicito se ordene la presencia de personal policial de la jurisdicción como también se dé intervención DINAyF (en caso que haya niños, niñas y adolescentes)”, oralizó la Auxiliar de Fiscal.

“Pese a tener una vivienda y por esta situación ilícita se encuentra viviendo en condiciones precarias junto a una sobrina debiendo incluso compartir su cama con ella. Hoy no cuenta con recursos económicos para alquilar en otro lado o para adquirir otra vivienda por lo que entiendo que existe urgencia en esta medida”, agregó Brito Ledesma. Lo expuesto fue aceptado por el magistrado actuante.

El hecho

Desde enero de este año, los imputados y una tercera cómplice, previo acuerdo y distribución de tareas que cada uno realizaría y abusando de la condición de preeminencia y autoridad religiosa de ministros de un culto reconocido (dada la confianza especial que desde el 2023 la víctima depositó en ellos), y de la situación de extrema vulnerabilidad de la snciana, de 85 años (con disminución de sus capacidades cognitivas caracterizadas por fallas en la memoria inmediata), y que aquella vivía sola en su vivienda, presionaron e insistieron en reiteradas oportunidades de manera constante para que les entregue su vivienda sita en calle Manuela Pedraza al 700 de Bella Vista (barrio Independencia) diciéndole que si no vendía su casa se iba a quedar sola y viviría en la calle.

En esas circunstancias, en el mes de junio el pastor luego de una reunión religiosa en pasaje Tejerina al 500 de Bella Vista (barrio Belgrano) apartó a la señora y ante la presencia de una persona que simulaba ser policía le dijo que firme un papel para que luego «no hablen tonteras», por lo que la víctima procedió a ñfirmar un boleto de compra-venta de su vivienda sin su consentimiento libre e informado como vendedora por un precio irrisorio de un $1.000.000 por la propiedad en cuestión dándole sólo el monto de $15.000. Posteriormente, entre fines de junio y principios de julio los acusados a través del engaño procedieron a sacar a la señora de su vivienda, trasladando algunos de sus muebles e instalando los propios.

Asimismo, cambiaron la titularidad de los servicios e iniciaron obras de remodelación (revoque y construcción de garaje). De esta manera privaron a la señora de la posesión que detentaba en forma pacífica e ininterrumpida de esa vivienda impidiéndole su uso y goce exclusivo. Luego del despojo del inmueble, hasta el 28 de julio, los acusados ejerciendo un control sobre la persona de la víctima,procedieron a alojarla en una habitación que cerraron con llave en el domicilio de la madre de la imputada, en pasaje Tejerina al 500 de Bella Vista, impidiéndole su libre locomoción, traslado y comunicación con sus parientes y administrando o reteniendo su documentación y tarjeta de débito para el cobro de su beneficio previsional.

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Investigan un presunto femicidio seguido de suicidio en Villa Chicligasta

Ocurrió en el paraje Los Mendoza. La víctima tenía 19 años y fue encontrada sin vida en la vivienda de su expareja, un hombre de 31 años que también fue hallado muerto en el lugar. La Fiscalía de Homicidios de Concepción intervino junto al ECIF.

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Un grave episodio de violencia de género ocurrido este viernes 30 de octubre en el paraje Los Mendoza, jurisdicción de Villa Chicligasta (departamento Simoca), es investigado –en principio– por el Ministerio Fiscal como un femicidio seguido de suicidio. La víctima fue identificada como Karen Daiana Díaz (19), mientras que el presunto autor fue señalado como Alberto del Jesús Vallejo (31), quien también fue encontrado sin vida en el domicilio.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios del Centro Judicial Concepción, actualmente subrogada por el fiscal Carlos Sale. Tras tomar conocimiento del caso, el representante del MPF dispuso la intervención interdisciplinaria del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), con el objetivo de abordar la escena y realizar las pericias correspondientes. El fiscal se hizo presente en el lugar junto al prosecretario Pablo Matar.

De acuerdo con las primeras averiguaciones y el relato brindado por la madre de la joven, alrededor de las 10:30 y las 11:00 de la mañana de este viernes, ambas se dirigieron a la vivienda de Vallejo para retirar las pertenencias de Díaz. Habían estado en pareja durante aproximadamente cuatro años y se encontraban separados desde hacía nueve días.

Según la reconstrucción preliminar, la joven ingresó al domicilio junto a Vallejo, mientras que su madre permaneció afuera. Al poco tiempo, la mujer comenzó a escuchar una discusión e intentó entrar a la vivienda, pero el hombre le habría pedido que no interviniera. Momentos después, la madre escuchó un fuerte grito y, al intentar ingresar nuevamente, advirtió que la puerta había sido trabada.

Ante esta situación, se dirigió a buscar a un familiar que se encontraba a unos cuatro kilómetros del lugar. Cuando regresaron, encontraron a hermanos del hombre que habían entrado por la fuerza al domicilio. En el interior hallaron a Vallejo sin vida, con un cuchillo incrustado en el pecho, y a la joven tendida en el suelo, con múltiples heridas que, en principio, estarían localizadas en las regiones del tórax y el abdomen.

Tras el hallazgo, se dio aviso a la Policía y tomó intervención el Ministerio Fiscal. La Fiscalía dispuso las medidas necesarias para avanzar con la investigación, establecer la mecánica del episodio y completar los estudios forenses correspondientes.

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La acusaron por intentar llevarse un pack de desodorantes en un local mayorista

Sucedió el pasado miércoles en calle Lavalle al 3200 de esta ciudad capital. Prisión preventiva, por 14 días, para la femenina de 30 años. Cuenta con antecedentes por hechos similares.

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Una mujer de 30 años cumplirá 14 días de prisión preventiva por haber sido sorprendida intentando robar desodorantes de un local mayorista ubicado en calle Lavalle al 3200. Este viernes, el Ministerio Fiscal a través de la Unidad Especializada de Robos y Hurtos III, que conduce Alejandra Navarro, la imputó por el delito de hurto en grado de tentativa.

El auxiliar de fiscal, Benjamín Zavalía, se refirió al hecho cometido el pasado miércoles 28 de octubre, a las 17:40 horas aproximadamente, cuando la acusada ingresó al supermercado. Ese día, se dirigió al sector de perfumería y, con el claro propósito de apoderarse de bienes ajenos, guardó entre sus prendas de vestir un pack embalado que contenía doce unidades de desodorantes en crema.

Tal maniobra fue advertida por el empleado del comercio quien dio aviso inmediato al vigilador de seguridad privada. A raíz de ello, solicitó la colaboración de una cajera e interceptaron a la sospechosa en el salón de ventas.

Al requerirle que exhibiera lo que llevaba consigo, la imputada extrajo de manera voluntaria de entre sus prendas el pack embalado, no logrando consumar el delito por causas ajenas a su voluntad. “No es una causante primaria y está reiterando conductas delictivas”, mencionó Zavalía al referirse a los riesgos procesales para peticionar la prisión preventiva por 14 días. Para concluir, la jueza actuante hizo lugar a lo solicitado y expresó, conforme a sus antecedentes, que la conducta desplegada “tiene un efecto que trasciende al elemento que pretendía sustraer en sí”.

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Arresto domiciliario para el policía que mató a su compañero de un disparo en el pecho

El juez de impugnación hizo lugar al pedido de la defensa del imputado Benjamín Eduardo Díaz. La víctima, Nicolás Agustín Albaca Romano, falleció el miércoles 14 de octubre. La próxima semana se le reformularán los cargos.

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El efectivo, Benjamín Eduardo Díaz (24), acusado por la muerte de su compañero, Nicolás Agustín Albaca Romano (23), estará con arresto domiciliario. Cabe aclarar que el miércoles 7 de octubre la Unidad Fiscal de Homicidios II, que dirige Carlos Sale, lo acusó provisoriamente y pidió la prisión preventiva por dos meses (siendo otorgada por el juez de grado hasta el 1 de diciembre).

La víctima, Nicolás Agustín Albaca Romano (23) también integrante de la fuerza de seguridad, recibió un impacto de bala en el pecho en la esquina de calle Charcas y pasaje Díaz Vélez. Luego de permanecer internado, falleció el miércoles 14 de octubre. Sobre la reformulación de cargos, Sale adelantó que restan medidas como ser los informes de autopsia; balísticos y de stubs (para conocer la trayectoria del disparo y la distancia); de UFED y bancarios (para determinar si hubo o no transferencias previo al desenlace) como así también el relevamiento de cámaras. «Hay medidas pendientes por lo que tenemos pensado realizar la próxima semana la reformulación de cargos donde se contemple el fallecimiento de la víctima”, dijo el Fiscal.

El hecho

El martes 6 de octubre del corriente año, a las 00:30 horas, el imputado Benjamín Eduardo Díaz, personal transitorio policial de la Dirección de Distritos Urbanos N° 1, se encontraba en el interior de la garita policial ubicada en calle Charcas y pasaje Díaz Vélez de San Miguel de Tucumán, en la parte cercana a la puerta, junto a los efectivos Nicolás Agustín Albaca Romano, Marcos Andrés Díaz y David Nazareno Santillán, quienes permanecían afuera de la misma.

En esas circunstancias, el acusado, utilizando su arma reglamentaria (una pistola calibre 9 mm marca FN Browning), efectuó un disparo que impactó en el hemitórax izquierdo de Albaca Romano, quien se encontraba en el sector derecho, fuera de la garita. A raíz del disparo, la víctima sufrió una herida de arma de fuego en el lado izquierdo del tórax, con orificio de entrada sin salida, debiendo ser trasladado en un móvil policial de urgencia al Hospital Centro de Salud Zenón Santillán, donde ingresó en grave estado. El desenlace fatal se produjo el miércoles 14 de octubre.

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