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Argentina

Este miércoles se trata la Ley Ómnibus luego de lograrse quórum en Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, acordó con los jefes de bloques que la sesión, que demandará 35 horas, comenzará a las 10.

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El oficialismo se garantizó el quórum para poder realizar este miércoles la sesión especial en la Cámara de Diputados y la votación favorable en general del proyecto de ley «Bases», aunque aún persistían diferencias sobre la propuesta del Gobierno para tener autorización para privatizar una cuarenta empresas públicas.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, acordó con los jefes de bloques que la sesión, que demandará 35 horas, comenzará a las 10 y a lo largo de la jornada se definirá a qué ahora se hará un cuarto intermedio, si se hará antes o tras la aprobación en general.

Asistieron a este encuentro, además de Menem, la vicepresidenta primera del cuerpo, Cecilia Moreau de Unión por la Patria (UxP); el vicepresidente segundo, el radical Julio Cobos; los presidentes de bloques de UxP, Germán Martínez; de la UCR, Rodrigo de Loredo; del Pro, Cristian Ritondo; de Hacemos, Miguel Angel Pichetto, y de la izquierda, Nicolás del Caño, entre otros.

Cómo será la sesión

Apenas arranque la sesión, que será la primera que conducirá el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado por LLA por La Rioja, Martín Menem, el cuerpo tomará juramento a los diputados nacionales Ernesto Ali (UxP-San Luis), intendente de La Toma que pidió licencia para asumir su banca de diputado, y Alida Ferreyra (La Libertad Avanza-CABA), que reemplazará a Diana Mondino, ministra de Relaciones Exteriores.

Posteriormente, el plenario del cuerpo legislativo tendrá su hora y media de cuestiones de privilegio y declaraciones políticas, previo al debate del dictamen de mayoría.
Los cambios al dictamen de mayoría que se redujeron de 524 a 385 artículos se leerán al comenzar el debate que será abierto con el discurso que pronunciará el presidente de la comisión de Legislación General, Gabriel Bornoromi.

El oficialismo se garantizó el piso de 129 diputados para habilitar la sesión, ya que tanto la bancada radical, el Pro, Hacemos Coalición Federal e Innovación anunciaron que colaborarán para conformar el quórum y anticiparon que votará en general el dictamen de la mayoría.
Lo que sucede es que la LLA tiene 38 diputados y 7 aliados firmes, pero necesita el respaldo de las tres bancadas dialoguistas para aprobar cada artículo de la ley y eso no lo tenía garantizada en algunos capítulos, como la privatización de empresas públicas.

Hasta ahora tiene garantizados más de 140 votos para la aprobación en general y necesita reunir por lo menos 128 sufragios -teniendo en cuenta que Menem no vota- para imponerse en cada capítulo del dictamen de un proyecto que tiene 385 artículos.

Tras quitar el capítulo fiscal y el sistema de actualizaciones de jubilaciones, los principales puntos del dictamen de mayoría que se debatirán serán la declaración de emergencia pública, la reforma del Estado, y las privatizaciones de empresas públicas.
Por ese motivo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantuvo hasta conversaciones con los bloques dialoguistas para superar las diferencias sobre privatizaciones, seguridad, pesca, hidrocarburos, biocombustibles y aumentos de impuestos internos.

En cuanto a las facultades delegadas, el Gobierno aceptó limitar la emergencia pública de once a siete materias: económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa, aunque aún había un pedido de Hacemos y la UCR de eliminar la energética, tarifaria y de seguridad.

Sobre las privatizaciones, el Poder Ejecutivo propone vender todas las empresas públicas -con excepción de YPF- y en el caso de Nucleoeléctrica, Banco Nación y Arsat se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.

Ahí el radicalismo quiere que haya un compromiso para que el Gobierno envíe un proyecto por cada empresa que quiera privatizar, y Hacemos quiere eliminar de esa lista al Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica.

El presidente del bloque de diputados nacionales radicales, Rodrigo De Loredo, afirmó que la UCR dará quórum para habilitar el debate del proyecto de ley «Bases» en la Cámara baja y confirmó que «acompañará en general» esa iniciativa para darle al Gobierno «las herramientas que necesita», aunque exigió al oficialismo que sea «una sesión razonable», sin «circos romanos».

De Loredo ratificó que «daremos las herramientas para que un Gobierno que recién inicia pueda llevar adelante su plan de gestión. A pesar de la desorganización con la que el Ejecutivo encaró el tratamiento, los agravios vertidos, no nos guían cuestiones personales, ni el apoyo a personas. Defendemos ideas y el interés del país. Argentina necesita estabilizar su economía y dar certidumbre».

El bloque Hacemos Coalición Federal (HCF) anunció que dará quórum este miércoles en la cámara de Diputados y acompañará en general en la sesión convocada por La Libertad Avanza (LLA) para tratar el proyecto de Ley Bases, aunque reiteró que planteará sus diferencias en la discusión en particular de la iniciativa.

La decisión fue adoptada en una extensa reunión de la bancada Hacemos, que preside Miguel Ángel Pichetto, con el fin de conciliar las diferentes posturas que tienen, ya que algunos legisladores respaldaron con disidencias el dictamen de mayoría y otros como la Coalición Cívica y el Socialismo junto al Gen presentaron sendos despachos de minoría.

Sobre la decisión de la bancada, el diputado santafesino Esteban Paulón dijo: «Los socialistas votamos en contra en general tal como lo venimos anticipando».

En tanto, fuentes de la CC y del Gen señalaron que respaldan la postura de la bancada de apoyar en general y plantear diferencias en particular.

Desde el Pro, el jefe de bloque en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, expresó que su partido «garantizará el quórum y la votación en general» del proyecto de ley «Bases», advirtió que ese texto «no se puede modificar más de lo que ya se modificó» y planteó que el Gobierno «necesita» que la iniciativa sea aprobada para luego sí poder ser evaluado «una vez que tenga las herramientas».

El diputado remarcó que el PRO va a «apoyar todo» el dictamen de mayoría en la sesión prevista para mañana a las 10 en la Cámara baja y cuestionó que haya «más cambios» en el texto del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo.

Argentina

Transportistas de larga distancia reclaman al gobierno una deuda de $27.000 millones

Desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) advirtieron que el Estado mantiene una deuda acumulada que ya supera los $27.000 millones y remarcaron que el conflicto se encuentra judicializado desde hace más de un año.

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Las empresas de micros de larga distancia salieron a cuestionar con dureza la decisión del Gobierno de eliminar el régimen de compensaciones destinado a cubrir parte de los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, trasplantados y pacientes oncológicos pediátricos.

 

Desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) advirtieron que el Estado mantiene una deuda acumulada que ya supera los $27.000 millones y remarcaron que el conflicto se encuentra judicializado desde hace más de un año.

La polémica se desató luego de que la Secretaría de Transporte publicara este martes la resolución 28/2026, mediante la cual dejó sin efecto el esquema de compensaciones económicas para las compañías que otorgan boletos gratuitos a personas alcanzadas por las leyes de discapacidad, trasplante y oncopediatría.

Desde el sector empresario sostienen que la medida fue tomada en medio de una disputa judicial abierta y en un contexto de incumplimiento del Estado nacional. Según señalaron en un comunicado, las compañías continúan garantizando el beneficio pese a que el Gobierno dejó de pagar las compensaciones hace más de un año.

 

El transporte de larga distancia dejó de ser considerado un servicio público tras la desregulación impulsada por el Decreto 883/24, pero las empresas siguen obligadas a absorber una carga que históricamente era compensada por el Estado”, indicaron desde CELADI.

Las empresas aseguran que el último pago recibido corresponde a noviembre de 2024. Desde entonces, la deuda se habría ido acumulando mes a mes mientras las compañías continuaban entregando más de 1,5 millones de pasajes gratuitos al año.

El conflicto escaló aún más el pasado 18 de mayo, cuando el Juzgado Federal declaró formalmente el incumplimiento del Estado nacional y aprobó una primera liquidación de deuda por $8.753 millones correspondiente al período comprendido entre noviembre de 2024 y abril de 2025.

Según CELADI, esa cifra representa solo una parte de la deuda total, ya que los períodos posteriores continúan siendo relevados dentro de la misma causa judicial. El monto acumulado, afirman, supera actualmente los $27.000 millones.

Las empresas insistieron en que no cuestionan el derecho de las personas con discapacidad y de los pacientes alcanzados por las leyes vigentes a viajar gratuitamente. No obstante, plantearon que resulta “inconsistente” que el Gobierno desregule el sector y, al mismo tiempo, pretenda trasladar completamente ese costo a compañías privadas sin ningún tipo de compensación estatal.

 

En paralelo, el Ejecutivo ratificó que las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), credencial del INCUCAI y pacientes oncológicos pediátricos seguirán teniendo garantizado el acceso a pasajes gratuitos en los servicios de larga distancia, aun después de la eliminación del fondo compensador. / TN

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Hubo descontrol por el sándwich de matambre gigante: derribaron vallas para llevarse porciones

Una histórica parrilla de en Avellaneda organizó un evento para preparar un sándwich de más de 700 metros, pero las demoras y la multitud terminaron en caos. Vecinos rompieron el vallado y se abalanzaron sobre la comida antes de la entrega oficial

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Lo que había sido anunciado como una fiesta gastronómica terminó en un verdadero descontrol en Avellaneda, Buenos Aires. El evento organizado por la histórica Parrilla El Tano para preparar “el sándwich de matambre a la pizza más largo del mundo” derivó en corridas, empujones y vecinos derribando vallas para quedarse con una porción.

La propuesta buscaba celebrar el 25 de mayo y también los 25 años del tradicional local gastronómico del sur del conurbano bonaerense. Según habían promocionado en redes sociales, el objetivo era preparar un sánguche de aproximadamente 750 metros de largo.

Una multitud y horas de espera

La convocatoria estaba prevista para las 11 de la mañana sobre la avenida Mitre, en Avellaneda, y contaba incluso con apoyo de patrocinadores y la presencia del intendente Jorge Ferraresi, quien había difundido el evento en sus redes sociales.

Sin embargo, con el correr de las horas, comenzaron las quejas de los asistentes por las demoras en la preparación del sándwich kilométrico.

https://twitter.com/lanacionmas/status/2058933169487831430?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2058933169487831430%7Ctwgr%5E4f8874b065b4563b116e2c7994f22ff99ec4c37e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.contextotucuman.com%2Fnota%2F386414%2Fdescontrol-por-el-sandwich-de-matambre-gigante-derribaron-vallas-para-llevarse-porciones.html

En redes sociales, varios usuarios aseguraron que el armado avanzaba lentamente y que la comida todavía no estaba lista incluso entrada la tarde. Algunos vecinos afirmaron haber esperado durante horas sin recibir ninguna porción.
Derribaron las vallas y se abalanzaron sobre la comida

La situación terminó explotando cuando parte del público perdió la paciencia y avanzó sobre las mesas donde estaba el sándwich ya cortado.

En videos que rápidamente se viralizaron puede verse cómo decenas de personas superan el vallado, empujan y toman porciones directamente de la mesa, mientras otros intentaban mantener el orden.

Algunos lograron llevarse comida, mientras que muchas personas que esperaban una entrega organizada terminaron yéndose sin probar el famoso matambre a la pizza.
El descargo de la parrilla: «Un sabor amargo»

Tras los incidentes, desde la Parrilla El Tano publicaron un mensaje en redes sociales lamentando lo ocurrido y agradeciendo a quienes participaron de la jornada.

Desde el local señalaron que durante gran parte del día el clima había sido positivo y familiar, aunque aseguraron que sobre el final “muchas personas comenzaron a descontrolarse”, lo que les dejó «un sabor amargo».

Además, denunciaron que hubo gente que no solo tomó comida antes de tiempo, sino que también se llevó elementos que formaban parte de la organización del evento.

“Detrás de esto hubo meses de trabajo y muchísimo esfuerzo”, expresaron desde el comercio, que cuestionó la falta de respeto hacia quienes trabajaban en el lugar y hacia las personas que aguardaban tranquilamente para recibir su porción. /Perfil

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El Gobierno privatizó la mayor transportadora de electricidad del país por U$S 356 millones

El Ejecutivo transfirió la totalidad de las acciones de la controlante de Transener al consorcio empresario que hizo la mejor oferta en la licitación. Es parte del proceso para pasar a privados Enarsa.

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El Gobierno adjudicó a un consorcio empresario de capitales argentinos la totalidad de las acciones de Transener, la mayor transportadora de energía eléctrica del país. Lo hizo por US$356 millones.

La decisión fue oficializada este martes con la publicación de la resolución 673 en el Boletín Oficial y celebrada por el Ministerio de Economía en un posteo de X.

“El Estado se retira definitivamente de su participación en la empresa, abandona el rol empresario que nunca debería haber cumplido y le devuelve al sector privado la gestión e inversión en el transporte eléctrico», enfatizó la cartera que conduce Luis Caputo.

Mediante la resolución 673, el Gobierno adjudicó a Genneia y el grupo Edison el 100% del paquete accionario del Estado en la empresa controlante de Transener (Citelec, que también tiene como accionista a Pampa Energía).

Transener administra una infraestructura estratégica del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con más de 12.600 kilómetros de líneas en 500 kV que atraviesan el país de norte a sur, una red que se extiende aproximadamente 3700 kilómetros entre Jujuy y Santa Cruz.

“La venta del paquete accionario que el Estado tiene en Citelec es un paso más en la privatización de activos y actividades de Enarsa”, indicaron desde la cartera que encabeza Luis Caputo.

La venta de la controlante de Transener, un hito en el plan para privatizr Enarsa, se concretó a fines de abril. De los grupos que había habilitado el Gobierno para competir, las mejores ofertas fueron presentadas por el consorcio integrado por Genneia y Edison Transmisión que propuso US$356.174.811,78.

Este valor superó el precio base fijado para la licitación, que era de US$206 millones. La suma total de las propuestas recibidas por el Ministerio de Economía se ubicó en US$887 millones.

Avanza la privatización total de Enarsa: qué activos energéticos aún controla el Estado
Como informó TN, el plan oficial apunta desde 2024 -a partir de la inclusión como privatizable de manera total en la Ley Bases-, a dividir y vender en partes a Enarsa.

En ese marco, fue avanzando sobre distintas unidades de negocios de la firma. A fines de 2024, Enarsa controlaba al menos 10 unidades en el sector del gas y de la energía eléctrica. Hoy son solo cuatro.

Así, en la actualidad, el Estado tiene participación a través de Enarsa en los siguientes negocios energéticos:

-UTE Escobar (50%), con YPF controlan la operatoria del barco regasificador de GNL que luego se inyecta en el sistema nacional. El Gobierno intentó privatizar el servicio, pero finalmente desistió en medio de la escalada de los precios del petróleo y el gas por la guerra en Medio Oriente.

-Es socio mayoritario en dos centrales generadoras eléctricas: termoeléctrica San Martín, en Timbúes, Santa Fe (69%); y la termoeléctrica Manuel Belgrano, en la ciudad bonaerense de Campana (65%).

-Enarsa Patagonia (90%), encargada de la exploración y explotación de pozos petroleros y de gas del sur.

-Vientos de la Patagonia 1, (80%) parques eólicos en Chubut.

A eso se suman las concesiones de represas, donde Enarsa tiene participación. Luego de privatizar las represas del Comahue, a fines de 2025 por US$700 millones, el Gobierno tiene en la mira nuevas concesiones para las centrales hidroeléctricas de Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán y Chubut. /TN

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