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Política

Diputados sancionó el pago a fondos buitre y avanza con el Súper RIGI

La Cámara baja aprobó el acuerdo con holdouts con 139 a favor y 97 en contra. Además, se apresta a darle media sanción al régimen que busca atraer inversiones. En la previa, Patricia Bullrich se hizo presente en el recinto, para presenciar la jura de Martín Mitzkin, que juró en lugar del flamante vocero presidencial, Adrián Ravier. El caso Adorni se coló en el debate.

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Con el quorum ajustado, el oficialismo logró poner en marcha la sesión en Diputados para avanzar con dos proyectos importantes para el gobierno de Javier Milei: el Súper RIGI y el acuerdo de pago a dos fondos buitre. Este último fue aprobado durante el primer tramo de la jornada. En la previa, el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, dio quórum pero renunció a su banca apenas inició el debate. En su lugar asumió el bullrichista Martín Matzkin. Por eso, la senadora Patricia Bullrich se hizo presente en el recinto. El caso Manuel Adorni se coló en el debate.

Cuando faltaban apenas unos minutos para que el reloj marcara las 12.30, el oficialismo logró el quorum en la Cámara que conduce Martín Menem. El debate se celebra a menos de 24 horas de que fracasara la sesión en la que la oposición se aprestaba a avanzar con la interpelación contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Además de La Libertad Avanza y el PRO, dieron quorum los diputados de la UCR, del MID, y aquellos legisladores que responden a los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Salta. Lo propio hicieron los Manuel Garrido y Karina Banfi, ambos tienen monobloque.

El caso Adorni se coló en la sesión

En la previa al debate de los proyectos, la oposición coló al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien está siendo investigado por la justicia por presunto enriquecimiento ilícito. En el primer tramo de la jornada, la diputada del FIT, Myriam Bregman pidió que se tratara la moción de censura contra el ministro coordinador. Como el proyecto no estaba en el temario, requería de la venia de tres cuartos del cuerpo. La propuesta de la porteña recibió apenas 104 votos a favor y 125 en contra.

En tanto, el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, pidió un apartamiento de reglamento, al considerar que la situación de Adorni es «insostenible». El «lilito» apuntó contra sus exsocios, el PRO y la UCR, por voltear la sesión del martes, en la que la oposición buscaba avanzar con la interpelación del funcionario. Dicho esto, planteó votar que el la semana que viene, cuando la comisión de Asuntos Constitucionales se reúna para tratar los proyectos en contra del funcionario, se dictamine a las 18 horas. De esta manera, le puso un plazo al debate. La propuesta de Ferraro tampoco prosperó: reunió 122 a favor y 108 en contra.

El jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo, salió a responderle a Ferraro y acusó a la oposición de querer montar «un show» con la sesión del último martes. «Ritondo, nadie te pide tanto», le retrucó el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez.

Pago a Fondos Buitre

Dejado atrás el caso Adorni, la Cámara abordó el proyecto de pago a dos fondos buitre, correspondientes a bonos de 2001, por u$s171 millones. El miembro informante fue el libertario «Bertie» Benegas Lynch, quien defendió la iniciativa libertaria luego de recordar el «tristemente célebre del default del 2001».

«Después de 25 años, tenemos la posibilidad de cerrar esta herida de deshonra internacional», dijo el presidente de la comisión de Presupuesto. «Los que voten en contra, se identifican con la alta política», indicó Benegas Lynch hacia el final de su discurso. Y apuntó contra los «apóstoles del default».

En tanto, fue el peronista Itai Hagman quien anticipó que Unión por la Patria no acompañaría la iniciativa. Pero antes, recogió el guante, y le respondió al libertario, que los acusó de «apóstoles del default» y recordó que el default del 2001 fue consecuencia «del mejor Gobierno de la historia según el Presidente». Es decir, de Carlos Menem. Asimismo, el economista aseguró que los gobiernos que más endeudaron a la Argentina implementaron políticas similares a las que actualmente implementa La Libertad Avanza.

«Lo que se está discutiendo acá es pagarle a fondos buitre», remarcó Hagman, por más que el oficialismo se refiera a ellos como «holdouts». «Toda la política de este Gobierno está subordinada a una única variable: bajar el riesgo país para volver a endeudar a la Argentina», remató Hagman.

Se trata de los holdouts Bainbridge ltd. y Attestor Value Master Fund, quienes habían iniciado un proceso de discovery para embargar activos argentinos. En el litigio judicial, enmarcado en los Estados Unidos, se estableció como fecha límite de la aprobación del Congreso para el 30 de junio.

Finalmente, y gracias al acompañamiento de los aliados, el oficialismo logró aprobar el acuerdo. Este reunió 139 a favor, 97 en contra.

Diputados: los proyectos que LLA busca aprobar

En este contexto, se puso en marcha la sesión en la que el oficialismo busca aprobar el proyecto de Súper RIGI para «nuevas actividades económicas» («todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica”) consiste en un marco de beneficios por 30 años para proyectos que impliquen inversiones de al menos u$s1.000 millones, con un desembolso del 20% en los primeros dos años.

Asimismo, el proyecto libertario inhibe a extender el régimen a aquellos sectores que hayan ingresado al RIGI e incluso a las que se focalicen en “instalaciones preexistentes”. Desde su redacción original hasta la dictaminada, sufrió ocho modificaciones, vinculadas a incentivos de inversión y registraciones. Con estos cambios, La Libertad Avanza se garantizó el acompañamiento de diputados del PRO, la UCR, el MID y aliados provinciales.

De recibir la media sanción, el proyecto será girado al Senado, para su sanción definitiva.

Política

Desbarataron una red de estafas informáticas: operaba en la Capital y Los Nogales

Detuvieron a un sospechoso y recuperaron mercadería por más de $30 millones. El grupo adquiría productos con cheques sin fondos usando sociedades fantasma y luego los ofrecía en redes sociales sin concretar las entregas.

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Una compleja organización dedicada a las estafas comerciales y digitales fue desarticulada en Tucumán tras una serie de allanamientos que permitieron el secuestro de un importante cargamento de tecnología valuado en más de $30 millones. La investigación, que derivó en la detención de un hombre, dejó al descubierto una maniobra delictiva dual: la compra de equipamiento a proveedores mediante cheques sin cobertura y su posterior reventa fraudulenta a través de internet a clientes particulares.

 

 

El procedimiento fue el corolario de tres allanamientos simultáneos ordenados por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Cibercriminalidad y Estafas, ejecutados por efectivos de la Comisaría Segunda: dos tuvieron lugar en distintos puntos de San Miguel de Tucumán y el restante en la localidad de Los Nogales, punto clave donde la banda mantenía acopiada la totalidad de la mercadería ilegal.

 

 

El comisario Cristian Peralta, jefe de la Zona 1 de la Unidad Regional Capital de la Policía de Tucumán, explicó la metodología con la que operaban los delincuentes. En una primera fase, tomaban contacto con proveedores de insumos tecnológicos y libraban cheques sin fondos para concretar compras de gran volumen; cuando las víctimas advertían el rechazo bancario, los sospechosos cortaban de raíz cualquier comunicación. Posteriormente, la banda publicaba los artículos en plataformas digitales y redes sociales: una vez que los compradores transferían el dinero, los estafadores bloqueaban los canales de contacto, daban de baja los enlaces web y creaban perfiles nuevos para captar nuevas víctimas.

 

 

Durante las irrupciones policiales se incautaron tres drones (uno de ellos de alta gama, con un valor de mercado superior a los $7 millones), 100 terminales de cobro electrónico (PosNet), más de una docena de teléfonos celulares sellados en sus cajas originales, diez discos rígidos, cinco CPUs, equipos de iluminación, componentes de audio y cámaras de filmación. Asimismo, los pesquisas secuestraron 495 cheques (35 de ellos anulados) y carpetas con documentación constitutiva de sociedades «fantasma», las cuales eran empleadas como fachada jurídica para simular solvencia económica ante los proveedores. Desde la fuerza policial confirmaron que no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.

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Política

El oficialismo obtuvo el dictamen de mayoría al proyecto de Emergencia en Discapacidad

La Libertad Avanza contó con el aval de Neuquén, San juan, Salta y Misiones para el proyecto. Provincias Unidas pidió por la prórroga.

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Una semana después del arribo de la Ley de Presupuesto 2027, La Libertad Avanza se alzó con el dictamen de mayoría del texto que propone consolidar en un marco legislativo a la declaración de Emergencia en Discapacidad. La oposición rubricó el despacho de la prórroga emplazada en el recinto y Provincias Unidas reclamó el incumplimiento del emplazamiento por tratarse de un expediente que no se mencionó en el recinto.

Además del bloque libertario, el Pro, la Unión Cívica Radical y el MID, acompañaron la sanjuanina Nancy Picón Martínez de Producción y Trabajo; y la neuquina Karina Maureira. El misionero Oscar Herrera Ahuad y el salteño Bernardo Biella de Argentina Federal amagaron con llevar un despacho propio, pero firmaron el del oficialismo en disidencia.

En contrapartida, el espectro opositor cosechó 36 firmas para la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2027. Unión por la Patria dispuso de 29 vocales; Provincias Unidas, 5; Nicolás Del Caño del Frente de Izquierda; y Sebastián Nóblega de Elijo Catamarca.

La propuesta elevada por La Libertad Avanza fue titulada como “Ley de Fortalecimiento Permanente de Discapacidad” y busca modificar el criterio de “transitoriedad” establecida en la declaración de Emergencia que queda sin vigencia el próximo 31 de diciembre. A grandes rasgos, esta iniciativa ratifica el valor de la pensión por discapacidad en un equivalente del 70% del haber mínimo jubilatorio y mantiene la compatibilidad de la mensualidad con el empleo formal de hasta 2 Salarios, Mínimos, Vitales y Móviles.

Laura Rodríguez Machado fue la voz cantante del dictamen del oficialismo al que calificó como “una propuesta superadora” y luego endilgó una serie de críticas a la oposición. “A ustedes les encanta vivir en emergencia”, sostuvo en el estrado del Anexo C para luego, agregar: “Cuando la emergencia es permanente es para tapar que la política estable no funciona y estas leyes hacen falta cuando hacen mal las cosas”.

En la presentación, la cordobesa también destacó la incorporación de las partidas presupuestarias para el financiamiento de este proyecto de ley dentro del articulado del Presupuesto 2027, la fijación de un cronograma de obligación de compensaciones económicas pendientes, la capacitación obligatoria -pedido por las provincias- y la creación de un sistema público de auditorías periódicas.

“Creemos en el derecho de las personas con discapacidad, pero estos beneficios se politizaron y tuvieron controles muy laxos”, cruzó Rodríguez Machado, quien culminó: “Permitir esto, hizo que a los que les corresponde este derecho, tengan menos presupuesto y ustedes -señalando a la bancada de Unión por la Patria- perjudicaron al colectivo de la discapacidad que juran defender”.

La insistencia con la prórroga de la Emergencia

El primer reclamo al oficialismo fue de la diputada jujeña María Inés Zigarán de Provincias Unidas, quien manifestó: “Llama la atención el giro hasta con el lenguaje, pero que no han tenido con el colectivo de la discapacidad”. Luego, hizo hincapié en que este expediente firmado por el oficialismo y los aliados no fue emplazado en la sesión especial del pasado 9 de septiembre en la Cámara de Diputados. “Estaríamos incumpliendo el reglamento”, advirtió.

En esa línea, recordó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad durante el 2025 y criticó que el dictamen se haya trabajo “en secreto”, mientras que se realizaban los sucesivos plenarios entre las comisiones de Discapacidad, presidida por Gerardo Huesen, y de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Bertie Benegas Lynch.

Vicepresidente de la Comisión, Juan Marino de Unión por la Patria remarcó que la insistencia en la prórroga de la Emergencia en Discapacidad “es un compromiso con las personas con discapacidad y un pedido de las organizaciones de y para las personas con discapacidad”. En línea con el espectro opositor se mostró desconfiado de la ejecución real de la propuesta de oficialismo al recordar el veto, el escándalo en la ANDIS y la reciente renuncia de Alejandro Vilches en la Secretaría Nacional de Discapacidad.

Sabrina Selva, también de Unión por la Patria, recordó que la Ley 27.793 fue votada cinco veces y acusó al oficialismo de «negar la palabra ‘Emergencia’ porque están disociados de la realidad». Reclamó la ausencia de personas con discapacidad en el plenario y cerró con un fuerte mensaje: «En vez de decirnos que nos den los ovarios de firmar este dictamen, ójala les den los ovarios y las pelotas de caminar por la calle y poder mirar a las personas con discapacidad».

La desconfianza en el Gobierno

Minutos antes del inicio del plenario, diputados dialoguistas mencionaron a parlamentario.com que aún persisten las dudas respecto al cumplimiento del Poder Ejecutivo sobre este texto. “Luis Caputo está en Nueva York y capaz al regreso no avale este proyecto y volvamos atrás”, dejaron trascender.

Lógicamente, el escepticismo surge a partir del envío de la Ley de Presupuesto 2027 que en su Capítulo VI propone derogar la movilidad de las pensiones por discapacidad y propone dejarlas sujetas a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Según relataron desde el bloque oficialista, sería eliminado el capítulo entero antes de comenzar las reuniones informativas del próximo 13 de octubre.

Esta mirada es compartida por los integrantes del espectro opositor, quienes agregaron que el propósito de esta propuesta “superadora” tiene como objetivo enmascarar el ajuste en el área de discapacidad ante la llegada del Papa León XIV y la visita al Pequeño Cotolengo Don Orione en Claypole que alberga a más de 400 personas con discapacidad.

La propia institución fue la que alzó la voz en los últimos días para reclamar por la falta de medicamentos, pañales y otros insumos del programa Incluir Salud. Cabe recordar que este texto tuvo el aval de la reunión de Mesa Política de este martes, donde estuvieron ausentes el ministro de Economía y el asesor presidencial Santiago Caputo.

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Política

Tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

En una resolución unánime, el Tribunal de Ética consideró que los delitos cometidos en el ejercicio profesional afectaron de modo irreparable el decoro del foro y rechazó todos los planteos de nulidad.

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El Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados de Tucumán resolvió la exclusión del abogado Gustavo Morales por el término de cinco años, cancelando formalmente su matrícula profesional tras la condena penal firme en su contra, informó el periodista Juan Manuel Montero para La Gaceta.

Los fundamentos del fallo unánime y los delitos admitidos

La medida quedó plasmada en la Resolución N° 86/2026 con la firma unánime de los vocales Carmen Fontán, María Belén Ramayo Hernández y Juan Manuel López Márquez. En este sentido, los magistrados éticos determinaron la caducidad de la matrícula N° 3.924 luego de que Morales reconociera en un juicio abreviado la autoría de delitos graves. De esta manera, las actuaciones acreditaron maniobras de instigación a la sedición policial, falsos testimonios reiterados, desobediencia judicial y la difusión indebida del informe psicológico de una menor víctima.

El órgano colegiado consideró que las conductas vulneraron de forma irreparable el decoro del ejercicio abogadil.

Desestimación de recursos y depuración de los padrones profesionales

El tribunal rechazó los planteos de inconstitucionalidad, nulidades y recusaciones articulados por la defensa del sancionado. En este sentido, los vocales remarcaron que el proceso respetó las garantías del debido proceso y el derecho de defensa. Asimismo, las autoridades señalaron que la instigación al alzamiento de las fuerzas de seguridad atentó contra el propio sistema democrático.

En consecuencia, el Colegio de Abogados notificó la resolución a los estrados provinciales y dispuso la inmediata depuración del matriculado de todos los padrones públicos.

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