Pese a los esfuerzos oficiales por consolidar el equilibrio macroeconómico, los indicadores de la economía real continúan reflejando un complejo escenario en el mercado laboral y productivo. De acuerdo con recientes relevamientos de consultoras y centros de estudios económicos privados, el empleo formal privado acumuló doce meses consecutivos de caída, registrando la pérdida de 241.000 puestos de trabajo registrados desde noviembre de 2023.

El diagnóstico surge de un informe elaborado por la Fundación Mediterránea, que advierte sobre el impacto prolongado del freno de la actividad sobre el empleo asalariado registrado en el sector privado, situando a la construcción y la industria manufacturera como las ramas que concentran el mayor deterioro en la nómina de trabajadores.

Contracción fabril y enfriamiento productivo

En sintonía con el retroceso del empleo, las mediciones de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) confirmaron un nuevo tropiezo en los niveles de producción:

• Retroceso industrial: La actividad fabril experimentó una baja del 1,1% en julio, acumulando un declive del 0,6% en los últimos seis meses.
• Impacto sectorial: La recesión en sectores clave como la obra pública y la menor demanda interna continúan condicionando la capacidad de las empresas para sostener sus plantillas laborales, trasladando el freno de la producción directamente al mercado de trabajo.

El debate por el rumbo económico y las alertas técnicas

La relevancia de estos indicadores radica en que provienen de centros de estudios económicos de orientación técnica liberal, cuyas proyecciones suelen ser seguidas de cerca por el propio establishment empresarial y los mercados financieros.

Mientras el Gobierno nacional defiende la marcha del plan de estabilización, el ajuste fiscal y la desaceleración inflacionaria como condiciones indispensables para el crecimiento de mediano plazo, los números sectoriales exponen las dificultades que enfrenta la economía para iniciar una recuperación sostenida del empleo genuino, abriendo un frente de debate sobre los costos sociales y productivos del actual esquema económico.

En la comparación interanual, el indicador mostró una suba de apenas 0,3%, el mismo porcentaje acumulado durante los primeros siete meses de 2026. El resultado volvió a poner en duda la posibilidad de una mejora sostenida durante la segunda mitad del año.

“Se demora la recuperación”, advirtió la consultora en el informe, al señalar que la economía continúa mostrando “vaivenes” y que el desempeño de los sectores más relacionados con la demanda interna todavía es frágil.

Pese al traspié general, ocho de las once ramas relevadas terminaron julio con variaciones interanuales positivas. Los mayores incrementos correspondieron a Intermediación financiera, con un 6,2%; Minas y canteras, con un 5,1%; y Construcción, con un 4%.

En el otro extremo se ubicaron el sector agropecuario, que cayó 4,8%, y el Comercio mayorista y minorista, con una baja del 1,2% respecto del mismo mes del año pasado.

Vaca Muerta sostuvo el avance de la minería

El principal impulso volvió a provenir de Minas y canteras, favorecido por la producción de hidrocarburos de Vaca Muerta. El rubro creció 5,1% interanual en julio y acumuló una expansión del 11,2% en los primeros siete meses, la mayor entre todas las ramas analizadas por Ferreres.

Los servicios de Electricidad, gas y agua también mantuvieron una trayectoria positiva: avanzaron un 3,6% interanual y acumularon una mejora del 3,5% en lo que va de 2026.

La industria manufacturera, en cambio, presentó señales mixtas. La medición desestacionalizada del IPI-OJF cayó 0,4% mensual, luego del retroceso del 0,2% registrado en junio. Frente a julio del año pasado creció un 0,7%, impulsada por las refinerías, las industrias metálicas básicas, la química y los alimentos, aunque acumula una contracción del 2,1% en el año.

El agro también interrumpió su desempeño favorable. La actividad registró una caída interanual del 4,8%, explicada por la menor incidencia de la agricultura durante el tercer trimestre y el mayor peso de la contracción ganadera. Sin embargo, todavía conserva una expansión acumulada del 7,1%.

Otras mediciones reflejaron el freno económico

El diagnóstico de Ferreres coincide con otros relevamientos privados. Un anticipo de Equilibra estimó para julio una baja mensual desestacionalizada del 0,5%, que interrumpió el repunte del 0,8% observado en junio. En términos interanuales calculó una mejora del 0,5%.

De acuerdo con esa medición, el crecimiento acumulado durante los primeros siete meses estuvo impulsado casi completamente por el agro, la minería, la energía y la pesca, mientras el resto de los sectores permaneció prácticamente estancado.

La industria también ofreció señales de cautela. El índice elaborado por FIEL registró en julio una disminución interanual del 1,1% y una baja mensual desestacionalizada del 1,4%. En los primeros siete meses del año, la producción fabril acumuló un retroceso del 0,6%.

Dentro del sector se profundizaron las diferencias: mientras la actividad automotriz se contrajo un 18,3% en el acumulado anual, la refinación de petróleo creció un 9,4%, seguida por las industrias metálicas básicas, con un 6,4%, y alimentos y bebidas, con un 3,2%.

El último dato oficial del INDEC, correspondiente a junio, había reflejado una mejora del 2,7% interanual y del 0,8% mensual desestacionalizado. La información de julio será publicada el próximo 24 de septiembre.

De cara a los próximos meses, Ferreres mantuvo su expectativa de una recuperación gradual, aunque advirtió que podría tardar más de lo previsto. Por su parte, LCG describió una dinámica de “serrucho” y señaló que todavía no aparece un impulso definido para la economía en el corto plazo.

Las industrias de bioetanol de maíz y de caña de azúcar se encuentran expectantes y proyectan inversiones de hasta US$ 1.000 millones si se aprueba el proyecto de ley de biocombustibles en el Congreso.

El aumento del porcentaje de corte de las naftas del 12% actual al 15% es uno de los puntos más importantes del proyecto de la senadora Patricia Bullrich, consensuado con el sector productivo y las provincias (Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, Tucumán, Salta y Jujuy).

Desde marzo, el Gobierno permite la posibilidad de que las petroleras puedan incrementar de manera voluntaria el corte al 15%, con el objetivo de que el aumento internacional del petróleo no impacte de lleno en el precio de los combustibles.

En la comparación de la obligación de corte con los países vecinos, Brasil lidera con 32%, seguido por Paraguay y Bolivia con 25%. Argentina se encuentra en cuarto lugar con 12% y Uruguay en quinto con 10%.

En 2025 se produjeron 1,3 millones de metros cúbicos de bioetanol, abasteciendo sin dificultades la mezcla E12 para las naftas, equivalente a 1,2 millones de m3. Si se hubiera aumentado al 15% el porcentaje de corte, el país habría ahorrado unos US$ 410 millones en importaciones de naftas, señala un informe del Centro Azucarero Argentino y la Cámara de Bioetanol de Maíz.

“En los ocho años previos, este beneficio a la balanza comercial del país acumuló US$ 5.051,8 millones. Asimismo, gracias al octanaje del bioetanol, las refinadoras de petróleo volvieron a tener en 2025 un sustancial ahorro en su costo de producción: compraron etanol por US$ 755,5 millones, evitando un costo extra de US$ 1.236,6 millones si hubiesen utilizado como fuente octánica al tolueno y de US$ 535,8 millones si optaban por sustituirlo por MTBE”, sostiene el reporte.

La capacidad de producción actual es de aproximadamente 1,45 millones m3/año, mientras la demanda anual de bioetanol en Argentina ronda los 1,2 millones de m3/año, lo que deja una capacidad ociosa del 25%. “Este significativo incremento es resultado de más de US$ 1.500 millones desde 2012, a pesar de las numerosas dificultades económicas atravesadas por el país y la falta de una política de biocombustible clara y sostenible”, según las entidades. En el período 2024/2025 las inversiones superaron los US$ 150 millones.

En el marco de la II Cumbre del Bioetanol, Patrick Adam, gerente de la Cámara de Bioetanol de Maíz, comentó a PERFIL que “queremos salir del sistema actual de regulación excesiva, fórmulas de precios, cupos de producción que constituyen un cepo para seguir progresando. Entonces estamos con mucha expectativa con el proyecto de la senadora Bullrich, que desregula, genera mercados competitivos y autoriza nuevas movilidades ligadas al etanol”.

“Argentina ya no se puede permitir exportar el 70% de su producción de maíz sin darle valor agregado”, añadió.

Adam indicó que el nuevo marco regulatorio tiene tres vectores para el crecimiento del sector: la elevación del corte al 15%, la posibilidad de que las provincias tengan sus propias regulaciones con porcentajes de corte más altos y la apertura del mercado a vehículos “flex” como ocurre en Brasil. “Eso llevaría a triplicar la producción actual de la Argentina. Después de la sanción de la ley se esperan inversiones de US$ 400 millones en el corto plazo y US$ 1.000 millones a mediano y largo plazo”, añadió el gerente de la Cámara.

Por su parte, Jorge Etchandy, gerente del Instituto de Promoción del Alcohol y el Azúcar de Tucumán (IPAAT), comentó que “Tucumán forma parte de la Liga Bioenergética de las Provincias y el sueño es lograr un corredor de biocombustible desde Santa Fe hasta el norte con salida a los países limítrofes. Creo que estamos muy cerca de lograrlo, porque lo que pedimos en la ley es que en el territorio provincial, como productores de etanol, podamos tener cortes superiores al 15%”.

Otra oportunidad para el bioetanol es la elaboración de combustible sostenible de aviación (SAF). Claudio Molina, especialista en biocombustibles, afirmó que “son inversiones grandes, que no están restringidas por la ley actual, pero los inversores quieren más seguridades. Ahí podemos tener inversiones de US$ 1.000 millones”.

Molina agregó que “la Secretaría de Energía se ha manejado de manera muy informal, hay normas que no se han cumplido a lo largo del tiempo y entonces los inversores tienen miedo de que les cambien todos los días las reglas de juego. Por eso es importante que haya una ley y cumplirla”.

La nueva ley que espera la industria y las provincias

El proyecto de ley de biocombustibles establece algunos cambios con respecto a la ley actual. En el caso del biodiesel, producido fundamentalmente con aceite de soja, el corte obligatorio pasará del 7,5% actual al 10% a partir de los 12 meses de la sanción de la ley.

Con respecto al bioetanol para el corte de las naftas, el corte obligatorio ascenderá del 12% al 15%. En cuanto al origen, se mantendrá la división de 6% de bioetanol de maíz y 6% de caña de azúcar, mientras que el 3% restante “no estará sujeto a ninguna regulación sobre su materia prima de origen”.

A los fines del cumplimiento mensual de la mezcla obligatoria, el proyecto de ley señala que se deberá instrumentar un mercado electrónico “que concentre la comercialización de manera única, transparente y de acceso público, administrado por un organismo independiente con experiencia comprobada en negociación de productos energéticos y bajo estándares internacionales de comercio”. /Perfil