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Economía

El recorte de los subsidios al transporte a las provincias fue del 85%

La Red Federal de Intendentes irá al Congreso Nacional para reclamar ante los legisladores una distribución más equitativa de los subsidios al transporte.

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El próximo martes, más de 20 jefes comunales de todo el país, agrupados en la Red Federal de Intendentes, irán al Congreso Nacional para reclamar ante los legisladores una distribución más equitativa de los subsidios al transporte.

La decisión está motivada en una reciente resolución de la Secretaría de Transporte de la Nación que aumentó los subsidios solamente para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en desmedro del interior del país. Buscarán también ser recibidos por el ex ministro del Interior y ahora jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pero – según fuentes de la Secretaría de Transporte – no está previsto que sean recibidos en este organismo, cuyo titular es el funcionario cordobés Franco Mogetta.

Esta situación se ve agravada por el hecho de que, desde febrero, el Gobierno eliminó el Fondo Compensador al Transporte que regulaba los subsidios y permitía sostener el precio del boleto de colectivo en las provincias. El viernes, el propio Francos, ratificó que no está en los planes del Gobierno revivirlo.

Entre los intendentes que acudirán al Congreso estarán Daniel Passerini (Córdoba), Ulpiano Suárez (Mendoza), Rosario Romero (Paraná), Pablo Javkin (Rosario) y Juan Pablo Poletti (Santa Fe), entre otros. Lo harán en representación de la Red Federal que nuclea a los alcaldes de las principales ciudades del país, surgida hace pocos meses, como una alternativa de perfil más dialoguista a la histórica Federación Argentina de Municipios, afín al kirchnerismo y presidida por el jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza.

A finales de abril, una veintena de intendentes de la nueva Red Federal de jefes comunales se habían reunido en Rosario con Francos – entonces a cargo de Interior -, y le habían propuesto coparticipar el impuesto a los combustibles para compensar la quita a los subsidios al transporte automotor en las provincias.

Hace 10 días, los jefes comunales difundieron un documento en el que sostienen que “es de imperiosa necesidad reclamar de manera urgente un aporte directo al sistema de transporte de pasajeros por colectivos a favor de las provincias y, así, atender a un problema que atañe al país entero mediante una distribución más federal de los recursos nacionales”. En el mismo texto recordaron que el boleto en el interior vale tres veces más que en el AMBA.

Desde la Secretaría de Transporte fundamentaron el recorte de los subsidios en que “no le corresponde al Estado Nacional subsidiar la oferta en lugares donde no fija tarifa, ni diseña recorridos o frecuencias, ya que cada provincia o municipio es responsable de su transporte y debe administrarlo de la manera que lo considere, estableciendo la tarifa y las compensaciones a través de subsidios que cada jurisdicción considere”.

Ante la consulta de Infobae, en el organismo a cargo de Mogetta ratificaron que el Estado nacional sólo puede subsidiar a los colectivos con recorrido en jurisdicción nacional. “Esas líneas son, en total, 144, de las cuales 134 circulan por el AMBA y 10 son interprovinciales, como la línea 910 que va desde Rosario a San Nicolás de los Arroyos, las 906 y 907 que van desde Santa Fe hasta Paraná, la 902 que circula entre Resistencia y Corrientes o la 914 que lo hace entre Gral. Roca (Río Negro) hasta Neuquén, entre otras”.

Esta postura explica que en el primer cuatrimestre de 2024, los subsidios al transporte automotor en el AMBA cayeron un 23% respecto del mismo período de 2023, considerando la inflación, de acuerdo al análisis realizado por Infobae de los datos provistos por la Secretaría de Transporte. Mientras que la quita de compensaciones giradas a las provincias registró una disminución del 85%.

En los primeros cuatro meses de este año, el total de subsidios transferidos a las empresas de colectivos que transitan en la zona metropolitana fue de $287.025 millones. En tanto que en el mismo período de 2023, esas empresas habían recibido $374.105 millones, en ambos casos a valores ajustados por inflación a abril pasado. Estas transferencias fueron en concepto del llamado Atributo Social, el Boleto Integrado SUBE y las Compensaciones Tarifarias, subsidios incluidos en el Fondo Fiduciario al Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT).

En cambio, el resto de las provincias recibieron en el primer cuatrimestre del 2024 apenas $19.353 millones, contra $129.620 millones en el mismo período en 2023, a valores ajustados a abril de este año por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), un 85% menos.

Los datos muestran una marcada desproporción entre lo que recibe el AMBA y lo que Nación le gira a las provincias. En este primer cuatrimestre de 2024, a valores ajustados por inflación, el AMBA recibió el 94% de los subsidios totales al transporte automotor, mientras que el interior apenas el 6% restante.

¿Cómo funciona el sistema de subsidios? El Estado le otorga a las empresas del sector automotor una determinada suma de dinero de forma mensual, en compensación por la diferencia que existe entre el costo real del servicio y la recaudación por la venta de boletos. En el AMBA, la información sobre la recaudación de las empresas se realiza a través del sistema SUBE, mientras que en el interior del país -como en muchas provincias no funciona este sistema- se realiza a través de declaraciones juradas de las empresas sobre la cantidad de pasajeros que usan el servicio.

Según datos de Transporte, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano hay 390 líneas, pertenecientes a 150 empresas, que operan en tres niveles jurisdiccionales: nacional, provincial y municipal. De esas líneas, 134 están bajo la órbita de Nación (las que van de numeración 1 a 200).

A diferencia de lo que ocurre en el AMBA – donde sólo el Estado nacional le da fondos a las empresas para cubrir un porcentaje del boleto que supo llegar a ser del 90% – en el interior del país, las provincias y los municipios se hacen cargo de una parte de los subsidios. El régimen de compensaciones para el transporte del interior comenzó en 2007, pero en 2019 – durante la gestión de Mauricio Macri – se modificó y acordó que las provincias debían aportar, al menos, el 50% del valor de los subsidios recibidos en el año anterior.

El Fondo de Infraestructura del Transporte (FFSIT) – que figura entre aquellos que el Gobierno incluyó en la Ley Bases con la atribución de modificarlos o disolverlos – implicó en el primer cuatrimestre del año pasado un desembolso de $25.401 millones, distribuidos entre las provincias, que a valores ajustados a abril de este año implicarían $111.617 millones.

El FFSIT incluye, además del subsidio por Atributo Social, el Fondo de Compensación al transporte público de pasajeros automotor urbano del interior, que el Gobierno eliminó a principios de febrero, tras la caída de la primera versión de la Ley Bases en la Cámara de Diputados. Se anunció como una medida destinada a subsidiar la demanda y no la oferta. Gobernadores e intendentes advirtieron, en ese momento, que el Fondo Compensador estaba en el Presupuesto 2023, prorrogado para 2024, por lo que no se podían eliminar las transferencias simplemente por una resolución, pese a que su monto se había licuado por la inflación.

“Retirar los subsidios ha creado una crisis”, sostienen los jefes comunales de la Red Federal de Intendentes quienes, después de la falta de respuestas por parte de la Nación, decidieron marchar este martes 4 de junio al Congreso para visibilizar la problemática. “Pediremos una audiencia con todos los legisladores del interior para modificar la ley y que el impuesto a los combustibles quede en cada ciudad”, informó Poletti, intendente de Santa Fe.

Francos ratificó, sin embargo, este viernes en declaraciones a Cadena 3, que no habrá vuelta atrás con la disolución del Fondo Compensador del Interior. “No va a haber ese tipo de subsidios de la Nación. Estos son temas provinciales que tienen que resolver las provincias”. Y agregó: “No podemos por un lado declamar federalismo y por otro lado pedirle subsidios a la Nación. El federalismo implica que la provincia recauda sus impuestos, recibe impuestos que son nacionales, parte de coparticipación y utiliza esos recursos para la gestión de la provincia”.

No obstante, desde Transporte le dijeron a Infobae que “se mantienen los subsidios por parte del Estado Nacional a los sectores más vulnerables a través de la SUBE. La Tarifa Social Federal otorga un descuento del 55% de la tarifa del transporte en las 60 localidades de todo el país donde funciona la tarjeta”. Incluye a jubilados, pensionados, personal de trabajo doméstico, veteranos de la guerra de Malvinas, monotributistas sociales; y beneficiarios de 9 programas como son la Asignación Universal por Hijo, Embarazo, entre otros.

Qué pasó entre 2019 y 2023

De acuerdo al análisis realizado por Infobae de los datos publicados por la Secretaría de Transporte en su sitio web, los subsidios al transporte automotor en el AMBA entre 2019 y 2023, se mantuvieron con muy pocas variaciones. Pasaron de $1.102.218 millones ($1,1 billones) en total en 2019, a valores reales ajustados por IPC, a $1.075.331 millones a lo largo de 2023, lo que equivale a un 2,4% menos (considerando la inflación).

En cambio, los subsidios a los colectivos que circulan en el interior del país, en esos cuatro años del Frente de Todos, subieron un 48%. Pasaron de $204.429 millones en 2019 a valores de abril de este año, a $302.557 millones, cifra ajustada al IPC de ese mes.

Economía

Milei enviará este martes a Diputados el proyecto del Presupuesto 2027

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que publicó el Banco Central, la mediana de las respuestas calculó una inflación de 20,5% para 2027

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El Gobierno girará hoy a la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto 2027, dentro del plazo previsto para la presentación de la iniciativa. El texto expondrá las proyecciones oficiales sobre las principales variables macroeconómicas en un año electoral. Hay expectativa por una posible incorporación de la iniciativa de shutdown -un freno a la prestación de servicios del sector público- que el presidente Javier Milei anunció en una cadena nacional como mecanismo ante déficits fiscales consecutivos.

 

 

La presentación del proyecto pondrá a disposición los supuestos con los que el Poder Ejecutivo elaboró las cuentas para 2027. La inflación, el nivel de actividad, los ingresos del Estado, el saldo fiscal y la cotización del dólar serán referencias centrales para el análisis del texto. El año próximo habrá elecciones, por lo que se prestará atención a la estimación oficial para el tipo de cambio hacia diciembre y a los mecanismos fiscales que el Gobierno podría proponer para sostener el equilibrio de las cuentas públicas.

 

 

A diferencia de los dos primeros años, en esta oportunidad, Milei no asistirá al Congreso para presentar el Presupuesto. Este lunes, el presidente mantuvo una reunión con el gabinete, aunque allí no se abordaron en detalle los números del proyecto. El tratamiento de esas cifras quedó previsto para la reunión de mesa política del martes, antes del envío formal de la iniciativa a la Cámara de Diputados.

 

 

Inflación en 20%

Luego de las complicaciones que tuvo este año el Gobierno para consolidar la desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la expectativa estará puesta en que proyección da el oficialismo para el próximo año. En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que publicó el Banco Central, la mediana de las respuestas calculó una inflación de 20,5% para 2027. Esa proyección se ubicó por debajo del 30% estimado para 2026, por lo que implicaría una desaceleración de casi 10 puntos porcentuales (p.p.).

 

 

La consultora C&T Asesores Económicos proyectó una inflación por debajo del 20% para el año próximo. La previsión quedó levemente por debajo de la mediana de 20,5% que relevó el BCRA. En Invecq consideran que será del 22%. Ambas estimaciones privadas anticipan una desaceleración frente al 30% previsto para 2026, pero difieren respecto del nivel exacto que podría alcanzar el indicador.

 

 

El futuro del dólar

El presupuesto también permitirá conocer a cuánto proyecta el Gobierno que cerrará el dólar en diciembre de 2027. Esa cifra generará atención porque el próximo año tendrá elecciones y porque los argentinos suelen dolarizar sus carteras como mecanismo de cobertura en períodos electorales. La cotización de cierre formará parte de las previsiones macroeconómicas que acompañarán las estimaciones de inflación, actividad, recaudación y resultado fiscal.

El ministro de  Economía, Luis Caputo, sostuvo que 2027 no tendrá una dinámica propia de un año electoral en materia cambiaria o al menos no será lo mismo que en los comicios legislativos del 2025 por los respaldos con lo que van a contar entre ellos, el swap Estados Unidos y China además de una mayor compra de reservas del BCRA. Pese a ello, en el mercado esperan con ansias saber cuál es la proyección oficial respecto al tipo de cambio.

Mayor crecimiento del PBI

En materia de actividad económica, el REM estimó que el PBI crecerá 2,9% en 2027. Ese cálculo se ubicó por encima del 2,1% proyectado para 2026, lo que supone una expectativa de aceleración en el crecimiento de la  economía. La evolución del producto será una de las variables centrales del presupuesto, ya que se relaciona con los ingresos tributarios que espera recaudar el Estado y con la estimación general de recursos disponible para el próximo ejercicio.

C&T Asesores Económicos presentó una estimación más elevada para la actividad. La consultora calculó que el PBI crecerá 3,4% en 2027, por encima del 2,9% que surge de la mediana de respuestas del REM. Aunque en Invecq consideran que será de 2,5%. La diferencia entre ambas proyecciones muestra que las expectativas privadas no son uniformes, aunque las dos previsiones contemplan una expansión de la actividad durante el año electoral.

El dato oficial de crecimiento será relevante para interpretar los cálculos de recaudación que acompañen el presupuesto. Un mayor nivel de actividad puede influir en la expectativa de ingresos públicos, mientras que las previsiones de inflación también forman parte de esa estimación.

¿Incluye shutdown?

El resultado del Sector Público Nacional (SPN) será otro de los puntos que deberá precisar el proyecto oficial. La mediana de las respuestas del REM estimó que el SPN alcanzará $18,4 billones en 2027, frente a los $15,4 billones calculados para este año. La diferencia nominal entre ambas cifras es de $3 billones.

La estimación del resultado fiscal adquiere un peso adicional por la posibilidad de que el proyecto incluya el mecanismo de shutdown anunciado por Milei. La propuesta vincula la continuidad de un déficit fiscal durante varios meses con la activación de restricciones automáticas sobre actividades estatales, gastos, contratos, incorporaciones de personal y transferencias discrecionales a las provincias. El texto que llegue al Congreso permitirá establecer si esa iniciativa formará parte del presupuesto o si el Gobierno definirá otro camino legislativo para su tratamiento.

Durante la cadena nacional, Javier Milei explicó que el proyecto de shutdown buscará establecer consecuencias automáticas si el resultado fiscal permanece en déficit durante varios meses seguidos. El Presidente sostuvo que el Congreso tendría algunas semanas para llevar las cuentas al equilibrio. Si ese objetivo no se cumpliera dentro de ese período, entraría en vigencia el shutdown, de acuerdo con la descripción que realizó el mandatario al presentar la idea del “grillete fiscal”.

Milei afirmó que los políticos no tienen incentivos para cuidar el bolsillo de los argentinos porque, según dijo, no son quienes pagan las consecuencias de los desequilibrios. “Este proyecto va a hacer que el que las hace finalmente las paga”, expresó durante la cadena nacional. Según su explicación, el mecanismo buscará que la situación fiscal tenga efectos sobre la estructura de funcionamiento del Estado y sobre los salarios de las principales autoridades políticas mientras dure una situación de déficit que no fuera corregida.

El presidente detalló que, durante la vigencia del shutdown, se paralizarían las actividades no esenciales del Estado, se congelarían los gastos nuevos y no se adjudicarían contratos. Además, no se tomaría personal y se frenarían las transferencias discrecionales a las provincias. A esas medidas se sumaría la suspensión de los salarios del presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, los secretarios y los subsecretarios. Milei sostuvo que esos funcionarios no cobrarían “un solo peso de sueldo” mientras estuviera activo el mecanismo.

En la misma cadena nacional, Milei indicó que la eventual ley de shutdown dejaría expresamente exceptuadas varias funciones y prestaciones estatales. Entre ellas mencionó las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones familiares y universales, el seguro de desempleo, la salud, la seguridad, la defensa nacional y los servicios penitenciarios. De acuerdo con esa explicación, las restricciones previstas no alcanzarían a esas áreas, pese a la paralización de las actividades definidas como no esenciales./ Infobae

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Economía

Casi la mitad de los trabajadores argentinos no tiene aportes jubilatorios

Un informe nacional del Instituto Argentina Grande reveló que el 45,2% de los ocupados carece de estabilidad, aportes o estructura propia, con jóvenes, mujeres y adultos mayores como los más afectados.

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Según un relevamiento del Instituto Argentina Grande (IAG) sobre datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC y registros del SIPA, más de cuatro de cada diez trabajadores en todo el país desarrollan sus tareas sin aportes jubilatorios ni estabilidad laboral. Sobre una población económicamente activa estimada en 22,5 millones de personas, el estudio identificó 5,7 millones de asalariados informales, 5,6 millones de cuentapropistas —3,4 millones de ellos sin facturar— y 9,6 millones de asalariados registrados, divididos entre 6,6 millones del sector privado y 3 millones del Estado. A partir de un índice propio que combina estabilidad, aportes, antigüedad y capital, el informe concluye que el 45,2% de los ocupados está en situación de desprotección, frente a un 39% en el empleo privado protegido y un 15,7% en el sector público.

Dos años de retroceso

El trabajo marca un cambio de tendencia desde 2024: en ese período se sumaron 626.000 puestos desprotegidos, mientras se perdieron 56.000 empleos privados protegidos y 212.000 empleos públicos. Según el informe, la totalidad de los 350.000 nuevos ocupados que se incorporaron al mercado desde entonces lo hicieron en condiciones precarias.

El «desempleo blue», otra forma de medir la crisis

El IAG incorporó además un indicador propio, el «desempleo blue», que suma a los desocupados oficiales aquellas personas que trabajan pocas horas semanales en changas o tareas precarias mientras buscan un empleo formal. Mientras la desocupación oficial se ubica en 7,8%, este indicador ampliado trepa al 15,5% en el primer trimestre del año, su nivel más alto desde el recambio de gestión y 1,5 puntos por encima del mismo período de 2024.

Los jóvenes, el sector más golpeado

El informe identificó a la franja de 18 a 26 años como la más perjudicada: su tasa de desprotección pasó del 53% al 61,6% en dos años, con 160.000 puestos perdidos en ese grupo etario. Los varones jóvenes concentraron buena parte del daño, con 126.000 empleos formales menos (30.000 públicos y 96.000 privados protegidos), y un desempleo blue que en este segmento llega al 27,7%. Por rubro, el comercio perdió 88.525 puestos protegidos ocupados por jóvenes —una caída del 43%— y la construcción, 9.896 puestos (-30%).

Mujeres y jubilados, también bajo presión

La desprotección creció con más fuerza entre las mujeres, cuyo empleo privado precario aumentó 14,1% en dos años, contra un 9,3% en los varones, en parte por el recorte estatal: de los 212.000 puestos públicos eliminados, 132.000 eran ocupados por mujeres. A esto se suma el deterioro salarial en sectores feminizados como salud y educación, que llevó la brecha salarial de género a un 10%, un valor récord. Entre los mayores de 66 años, la cantidad de personas activas creció 14% por los bajos haberes jubilatorios, y su desempleo blue alcanzó un 12,6%, también un máximo histórico.

La educación, un factor de contención

El informe destaca que completar estudios universitarios reduce fuertemente el riesgo: la desprotección baja al 18% entre quienes tienen título universitario, mientras trepa al 45% con secundario completo y al 66% entre quienes no terminaron ese nivel educativo.

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Economía

Cuánto cuesta mantener a un hijo de hasta 12 años, según el INDEC

El relevamiento del organismo estadístico incluye el gasto necesario para cubrir la adquisición de bienes y servicios básicos, y la valorización del tiempo de cuidado de infantes y niños.

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el informe técnico sobre la Canasta de Crianza correspondiente a agosto de 2026.

El relevamiento mide el gasto necesario para cubrir la adquisición de bienes y servicios básicos (alimentos, vestimenta, educación, salud y transporte), y la valorización del tiempo de cuidado de infantes y niños de hasta 12 años.

Según los datos oficiales, la canasta osciló entre los $557.303 y los $713.070 mensuales, dependiendo de la franja etaria.

Montos totales por tramo de edad

El valor total que requiere la crianza según cada franja etaria quedó compuesto de la siguiente manera:

– Menores de 1 año: $557.303 por mes ($181.852 en bienes y servicios y $375.450 en tareas de cuidado).

– De 1 a 3 años: $663.900 por mes ($234.814 en bienes y servicios y $429.086 en tareas de cuidado).

– De 4 a 5 años
: $567.243 por mes ($299.064 en bienes y servicios y $268.179 en tareas de cuidado).

– De 6 a 12 años: $713.070 por mes ($370.990 en bienes y servicios y $342.080 en tareas de cuidado).

Bienes vs. Tiempo de cuidado

La metodología del INDEC combina la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires con la valorización del tiempo dedicado a las tareas de crianza (tomando como referencia el régimen salarial del personal de casas particulares en la categoría «Asistencia y cuidado de personas»).

– Menores de 3 años: El gasto más representativo es el costo del cuidado, debido a las horas intensivas que requiere la primera infancia (147 horas mensuales para menores de 1 año y 168 horas para el tramo de 1 a 3 años).

– De 4 a 12 años: La inserción en el sistema escolar obligatorio reduce las horas teóricas de cuidado, a la par de que se incrementa el peso del costo de bienes y servicios, que alcanza su pico máximo de $370.990 en el segmento de 6 a 12 años.

Líneas de pobreza e indigencia

Una familia necesitó en agosto al menos $1.605.497 para no ser pobre y $726.469 para no caer en la indigencia, de acuerdo con la canasta básica total (CBT) y la canasta básica alimentaria (CBA) informada por el INDEC).

Ambas canastas tuvieron un incremento mensual de 2,6%, superando a la inflación del 1,7%.

La CBT aumentó 38,3% con respecto a agosto de 2025 y 22,7% en los ocho meses de 2026, mientras que la CBA subió 39,6% y 23,7%, respectivamente.
En estos casos, también se ubicaron por encima de la inflación interanual de 33,5% y acumulada de 21,3%.  /Perfil

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