CONECTATE CON NOSOTROS

Economía

La pobreza en Argentina subió al 55,5% y la indigencia al 17,5%

Los datos corresponden a un informe del primer trimestre de 2024 en Argentina elaborado por el Observatorio de la Deuda de la UCA.

Avatar

Publicado

el

El indicador de pobreza en la Argentina habría llegado en el primer trimestre de 2024 al 55,5% de la población y la indigencia pasó del 9,6% al 17,5% en el mismo período, de acuerdo a las estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA). Según ese mismo sondeo casi 25 millones de personas (24,9 millones, residentes en áreas urbanas del país) habrían estado en situación de pobreza por debajo de la canasta básica total (CBT).

Estos incrementos se atribuyen en gran parte al impacto de la inflación de los últimos meses y a la suba principalmente en el rubro alimentos que afectó a los estratos más bajos de la sociedad. El mismo estudio asegura que unos 7,8 millones de personas están en un estado de pobreza extrema o indigencia, por debajo de la canasta básica alimentaria (CBA). En el tercer trimestre de 2023 el indicador de pobreza era del 44,7%. Los datos de la ODSA del primer trimestre de este año se obtienen a través de micro simulaciones.

“La inseguridad alimentaria total para áreas urbanas relevadas por la encuesta del ODSA-UCA, alcanza al 24,7% de las personas, al 20,8% de los hogares y al 32,2% de los niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, se encuentran en una situación aún más grave, con inseguridad alimentaria severa el 10,9% de las personas, el 8,8% de los hogares y el 13,9% de los niños, niñas y adolescentes (NNyA). Al considerar el AMBA, los valores de inseguridad alimentaria total se ubican en el 26,4% de las personas, el 21,8% de los hogares y el 35% de NNyA. Al considerar la inseguridad alimentaria severa se ubican en 9,9%, 12,7% y 16,5%, respectivamente”, consigna el informe que se titula “Deudas sociales estructurales en la sociedad argentina”.

El 20,6% de los hogares que sufren insuficiencia alimentaria total son alrededor de 3,7 millones de viviendas que albergan a unos 11 millones de habitantes.

El Observatorio indica que “los elevados valores de privaciones alimentarias que sufre la población tratan de ser compensados con acciones realizadas desde los diferentes niveles del Estado. Considerando a los niños, niñas y adolescentes, el 42,6% de ellos reside en hogares que reciben la AUH+Tarjeta Alimentaria, el 50% asiste a comedores escolares, el 36,7% recibe caja o bolsones de alimentos de comedores y el 11,1% recibe caja o bolsones de alimentos de comedor no escolar; sumando muchos hogares más de un beneficio”. Una de las medidas que adoptó el gobierno de Javier Milei en su gestión fue reforzar el importe de la AUH.

En el Plan Nacional Argentina contra el Hambre, que tiene como objetivo garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de la población en el contexto de la Emergencia Alimentaria Nacional, prorrogada hasta diciembre de 2025, para junio la administración libertaria dispuso un aumento del 9,37%. Así una familia con un hijo/a percibirá $48.125 por mes; una con dos hijos/as: $75.468 y una con tres hijos/as o más, $99.531.

El ODSA advierte que “la tasa de mortalidad infantil, de menores de 1 año y de menores de 5 años, presenta una mejora general a través del tiempo, 2005 a 2022, pero una mayor heterogeneidad entre la situación de cada una de nuestras provincias. En general, al considerar los datos por provincias, se observa que los altos niveles de mortalidad infantil tienden a correlacionarse con altos niveles de indigencia monetaria”.

En el relevamiento también se menciona el estado de la educación y del trabajo en la Argentina. Sobresale el dato de que el 23% de los niñas y niños de entre 3 y 5 años no asiste a establecimientos educativos formales, el 0,4% de los que tienen entre 6 a 12 años no va a la escuela primaria, el 9,1% asiste con sobre edad a la escuela primaria y el 35,3% de los jóvenes de 18 a 29 años no terminó la secundaria. » Estos indicadores expresan valores adversos a pesar de que el sistema general de gestión pública (80,7% de los alumnos de menos de 18 años) se ve fortalecido por la acción de la gestión privada (12,6% en establecimientos privados laicos y 6,8% en establecimientos religiosos)”, subraya.

Acerca del escenario laboral dice que “las desigualdades de la estructura productiva y la escasa generación de empleo y de empleo de calidad, el 32,5% de los ocupados son trabajadores que residen en hogares en situación de pobreza, el 30,9% de los ocupados trabaja en la economía social y, al considerar a la población económicamente activa el 26,5% tiene un empleo precario y el 24,3% un subempleo inestable”.

Otra de las preocupaciones que se reflejan es la venta y el tráfico de drogas en las capas más vulnerables de la población de nuestro país.

Según la UCA “se ha vuelto un flagelo que se incrementa con el paso del tiempo. El porcentaje de referentes de hogares que expresaron que en la cercanía de su vivienda se vende droga pasó del 22,8% en 2021, al 26,5% en 2022 y al 31,3% en 2023.

En 2023, solo el 29,2% de los referentes de hogares de barrios con trazado urbano advertían venta de drogas, cuando sí lo hacían el 62% de los de asentamientos de emergencias y el 70,5% de los residentes en complejos de viviendas sociales monobloques, constituyéndose estas últimas en estructuras de múltiples particularidades adversas y objeto de especial atención”.

Economía

Beneplácito del gobierno provincial por la media sanción a la Ley de Biocombustibles

El Senado de la Nación dio media sanción al nuevo marco regulatorio para los biocombustibles, una iniciativa que establece nuevas condiciones para el sector y otorga previsibilidad a futuras inversiones.

Avatar

Publicado

el

El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, y el gerente general del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT), Jorge Etchandy, destacaron el alcance de la iniciativa para Tucumán y las provincias productoras. También estuvo presente el secretario de Producción, Eduardo Castro. 

El proyecto obtuvo ayer 41 votos positivos y 25 negativos y ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados. La iniciativa reemplazará el régimen establecido por la Ley 27.640 y tendrá una vigencia de 15 años, con la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación.

El nuevo esquema fija un corte obligatorio mínimo de biodiesel del 7,5% del volumen final del gasoil o diésel oil comercializado en el país, porcentaje que aumentará al 10% a los 12 meses de la sanción de la ley.

Para el bioetanol, establece un corte mínimo del 12% de las naftas, que se elevará al 15% a los 12 meses. Durante la vigencia del régimen, se reservará un 6% para el bioetanol producido a partir de caña de azúcar y otro 6% para el elaborado a partir de maíz.

Además, incorpora un sistema de subastas en un mercado electrónico único para abastecer las mezclas obligatorias y establece la publicación de precios de referencia para biodiesel y bioetanol.

El proyecto también habilita la incorporación de biocombustibles por encima de los mínimos establecidos y regula la producción y comercialización de biometano y del combustible sostenible de aviación, SAF o Biojet.

Asimismo, contempla la posibilidad de importar biocombustibles ante situaciones de escasez de abastecimiento y establece un período de transición para el mercado de biodiesel hasta el 1° de enero de 2036. La iniciativa también deroga la Ley 27.640 y su normativa reglamentaria y complementaria.

Abad destacó el trabajo conjunto desarrollado por las provincias productoras a través de la Liga de Biocombustibles y señaló que la media sanción abre una nueva etapa para el sector y para la generación de inversiones.

“La media sanción es una muy buena noticia porque lo que veníamos trabajando a partir de la Liga de Biocombustibles de las provincias, que son las provincias del norte, Salta, Tucumán y Jujuy, y las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, entre otras, también por el tema de biodiesel. La discusión estuvo un poco trabada por algunas discusiones que tenían que ver con el biodiesel, pero salió la media sanción. Hay inversiones en puerta para ampliar destilerías en Tucumán, Salta y Jujuy, que con esta ley les da previsibilidad jurídica para poder hacerlo”.

En ese marco, el ministro vinculó el nuevo régimen con las políticas impulsadas por el Gobierno de Tucumán para ampliar la matriz productiva y generar nuevas oportunidades para el desarrollo económico provincial.

“El gobernador nos pide buscar formas de ampliar la matriz productiva. Estamos trabajando incansablemente en todo lo que tiene que ver con los parques industriales, con un proyecto de ley; con préstamos para las empresas, para las pymes, para los empresarios, para las empresas unipersonales con otra iniciativa que también hemos mandado a la Legislatura. Además, estamos impulsando a la economía del conocimiento y al turismo. Tucumán necesita ampliar la matriz productiva porque no tenemos recursos extraíbles. Esta es una forma de ampliar esa matriz productiva, porque le da un horizonte al complejo azucarero para seguir creciendo con las energías renovables”.

Por su parte, Etchandy valoró el acompañamiento del Gobierno de Tucumán a las distintas iniciativas vinculadas con el sector y consideró que la media sanción representa un avance para la actividad sucroalcoholera y las energías renovables.

“Estamos muy contentos y agradecidos con el Gobierno de Tucumán por todo el apoyo a lo largo de todos estos años a los distintos proyectos de ley que llegaron al recinto y ayer se aprobaron por media sanción. Es una gran noticia para todo el sector sucroalcoholero y para todas las energías renovables de la Argentina”.

El titular del IPAAT remarcó el impacto que tendrá la reserva del 6% para el bioetanol de caña de azúcar, principalmente por las posibilidades de planificación e inversión que genera para el sector.

“Específicamente para lo que es el sector de caña de azúcar, tener garantizado un corte del 6% es una gran noticia, que permite que con una mirada de mediano y largo plazo se puedan garantizar las inversiones, no solo las que ya se han hecho, sino las que se están pensando y gestionando ahora en el corto plazo”.

Etchandy también destacó el cambio en el esquema de determinación de precios, que permitirá al sector competir dentro de un mercado con mayor libertad de negociación.

“En segundo término, lo que también garantiza es el tema de los precios. El sector venía teniendo problemas muy serios porque el precio se establecía de manera unilateral con la Secretaría de Energía de la Nación, y hoy podemos competir libremente con los precios, es decir, que los precios sean rentables para el sector”.

El proyecto contempla, además, un 3% adicional de libre disputa para alcanzar el corte del 15% de bioetanol, lo que permitirá la participación de la producción de maíz junto con la de caña de azúcar.

“Después, se hace un 3% adicional para llegar al 15% de libre disputa con el maíz, que también es una muy buena noticia, porque Tucumán y el norte argentino tienen capacidades para poder competir”.

Finalmente, Etchandy puso en valor el plazo de vigencia previsto por la iniciativa y su incidencia en las decisiones de inversión del sector privado.

“Estamos hablando de una ley de más de 15 años. Hablar de 15 años hoy en Argentina es muy importante. Son políticas de Estado que trascienden a los gobiernos de turno, lo cual es muy importante y, como bien dijo el ministro, le da previsibilidad y certeza jurídica al sector privado para seguir invirtiendo, no solo en Tucumán, sino junto con Salta y Jujuy en las economías regionales”, cerró.

Continuar Leyendo

Economía

Milei enviará este martes a Diputados el proyecto del Presupuesto 2027

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que publicó el Banco Central, la mediana de las respuestas calculó una inflación de 20,5% para 2027

Avatar

Publicado

el

El Gobierno girará hoy a la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto 2027, dentro del plazo previsto para la presentación de la iniciativa. El texto expondrá las proyecciones oficiales sobre las principales variables macroeconómicas en un año electoral. Hay expectativa por una posible incorporación de la iniciativa de shutdown -un freno a la prestación de servicios del sector público- que el presidente Javier Milei anunció en una cadena nacional como mecanismo ante déficits fiscales consecutivos.

 

 

La presentación del proyecto pondrá a disposición los supuestos con los que el Poder Ejecutivo elaboró las cuentas para 2027. La inflación, el nivel de actividad, los ingresos del Estado, el saldo fiscal y la cotización del dólar serán referencias centrales para el análisis del texto. El año próximo habrá elecciones, por lo que se prestará atención a la estimación oficial para el tipo de cambio hacia diciembre y a los mecanismos fiscales que el Gobierno podría proponer para sostener el equilibrio de las cuentas públicas.

 

 

A diferencia de los dos primeros años, en esta oportunidad, Milei no asistirá al Congreso para presentar el Presupuesto. Este lunes, el presidente mantuvo una reunión con el gabinete, aunque allí no se abordaron en detalle los números del proyecto. El tratamiento de esas cifras quedó previsto para la reunión de mesa política del martes, antes del envío formal de la iniciativa a la Cámara de Diputados.

 

 

Inflación en 20%

Luego de las complicaciones que tuvo este año el Gobierno para consolidar la desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la expectativa estará puesta en que proyección da el oficialismo para el próximo año. En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que publicó el Banco Central, la mediana de las respuestas calculó una inflación de 20,5% para 2027. Esa proyección se ubicó por debajo del 30% estimado para 2026, por lo que implicaría una desaceleración de casi 10 puntos porcentuales (p.p.).

 

 

La consultora C&T Asesores Económicos proyectó una inflación por debajo del 20% para el año próximo. La previsión quedó levemente por debajo de la mediana de 20,5% que relevó el BCRA. En Invecq consideran que será del 22%. Ambas estimaciones privadas anticipan una desaceleración frente al 30% previsto para 2026, pero difieren respecto del nivel exacto que podría alcanzar el indicador.

 

 

El futuro del dólar

El presupuesto también permitirá conocer a cuánto proyecta el Gobierno que cerrará el dólar en diciembre de 2027. Esa cifra generará atención porque el próximo año tendrá elecciones y porque los argentinos suelen dolarizar sus carteras como mecanismo de cobertura en períodos electorales. La cotización de cierre formará parte de las previsiones macroeconómicas que acompañarán las estimaciones de inflación, actividad, recaudación y resultado fiscal.

El ministro de  Economía, Luis Caputo, sostuvo que 2027 no tendrá una dinámica propia de un año electoral en materia cambiaria o al menos no será lo mismo que en los comicios legislativos del 2025 por los respaldos con lo que van a contar entre ellos, el swap Estados Unidos y China además de una mayor compra de reservas del BCRA. Pese a ello, en el mercado esperan con ansias saber cuál es la proyección oficial respecto al tipo de cambio.

Mayor crecimiento del PBI

En materia de actividad económica, el REM estimó que el PBI crecerá 2,9% en 2027. Ese cálculo se ubicó por encima del 2,1% proyectado para 2026, lo que supone una expectativa de aceleración en el crecimiento de la  economía. La evolución del producto será una de las variables centrales del presupuesto, ya que se relaciona con los ingresos tributarios que espera recaudar el Estado y con la estimación general de recursos disponible para el próximo ejercicio.

C&T Asesores Económicos presentó una estimación más elevada para la actividad. La consultora calculó que el PBI crecerá 3,4% en 2027, por encima del 2,9% que surge de la mediana de respuestas del REM. Aunque en Invecq consideran que será de 2,5%. La diferencia entre ambas proyecciones muestra que las expectativas privadas no son uniformes, aunque las dos previsiones contemplan una expansión de la actividad durante el año electoral.

El dato oficial de crecimiento será relevante para interpretar los cálculos de recaudación que acompañen el presupuesto. Un mayor nivel de actividad puede influir en la expectativa de ingresos públicos, mientras que las previsiones de inflación también forman parte de esa estimación.

¿Incluye shutdown?

El resultado del Sector Público Nacional (SPN) será otro de los puntos que deberá precisar el proyecto oficial. La mediana de las respuestas del REM estimó que el SPN alcanzará $18,4 billones en 2027, frente a los $15,4 billones calculados para este año. La diferencia nominal entre ambas cifras es de $3 billones.

La estimación del resultado fiscal adquiere un peso adicional por la posibilidad de que el proyecto incluya el mecanismo de shutdown anunciado por Milei. La propuesta vincula la continuidad de un déficit fiscal durante varios meses con la activación de restricciones automáticas sobre actividades estatales, gastos, contratos, incorporaciones de personal y transferencias discrecionales a las provincias. El texto que llegue al Congreso permitirá establecer si esa iniciativa formará parte del presupuesto o si el Gobierno definirá otro camino legislativo para su tratamiento.

Durante la cadena nacional, Javier Milei explicó que el proyecto de shutdown buscará establecer consecuencias automáticas si el resultado fiscal permanece en déficit durante varios meses seguidos. El Presidente sostuvo que el Congreso tendría algunas semanas para llevar las cuentas al equilibrio. Si ese objetivo no se cumpliera dentro de ese período, entraría en vigencia el shutdown, de acuerdo con la descripción que realizó el mandatario al presentar la idea del “grillete fiscal”.

Milei afirmó que los políticos no tienen incentivos para cuidar el bolsillo de los argentinos porque, según dijo, no son quienes pagan las consecuencias de los desequilibrios. “Este proyecto va a hacer que el que las hace finalmente las paga”, expresó durante la cadena nacional. Según su explicación, el mecanismo buscará que la situación fiscal tenga efectos sobre la estructura de funcionamiento del Estado y sobre los salarios de las principales autoridades políticas mientras dure una situación de déficit que no fuera corregida.

El presidente detalló que, durante la vigencia del shutdown, se paralizarían las actividades no esenciales del Estado, se congelarían los gastos nuevos y no se adjudicarían contratos. Además, no se tomaría personal y se frenarían las transferencias discrecionales a las provincias. A esas medidas se sumaría la suspensión de los salarios del presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, los secretarios y los subsecretarios. Milei sostuvo que esos funcionarios no cobrarían “un solo peso de sueldo” mientras estuviera activo el mecanismo.

En la misma cadena nacional, Milei indicó que la eventual ley de shutdown dejaría expresamente exceptuadas varias funciones y prestaciones estatales. Entre ellas mencionó las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones familiares y universales, el seguro de desempleo, la salud, la seguridad, la defensa nacional y los servicios penitenciarios. De acuerdo con esa explicación, las restricciones previstas no alcanzarían a esas áreas, pese a la paralización de las actividades definidas como no esenciales./ Infobae

Continuar Leyendo

Economía

Casi la mitad de los trabajadores argentinos no tiene aportes jubilatorios

Un informe nacional del Instituto Argentina Grande reveló que el 45,2% de los ocupados carece de estabilidad, aportes o estructura propia, con jóvenes, mujeres y adultos mayores como los más afectados.

Avatar

Publicado

el

Según un relevamiento del Instituto Argentina Grande (IAG) sobre datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC y registros del SIPA, más de cuatro de cada diez trabajadores en todo el país desarrollan sus tareas sin aportes jubilatorios ni estabilidad laboral. Sobre una población económicamente activa estimada en 22,5 millones de personas, el estudio identificó 5,7 millones de asalariados informales, 5,6 millones de cuentapropistas —3,4 millones de ellos sin facturar— y 9,6 millones de asalariados registrados, divididos entre 6,6 millones del sector privado y 3 millones del Estado. A partir de un índice propio que combina estabilidad, aportes, antigüedad y capital, el informe concluye que el 45,2% de los ocupados está en situación de desprotección, frente a un 39% en el empleo privado protegido y un 15,7% en el sector público.

Dos años de retroceso

El trabajo marca un cambio de tendencia desde 2024: en ese período se sumaron 626.000 puestos desprotegidos, mientras se perdieron 56.000 empleos privados protegidos y 212.000 empleos públicos. Según el informe, la totalidad de los 350.000 nuevos ocupados que se incorporaron al mercado desde entonces lo hicieron en condiciones precarias.

El «desempleo blue», otra forma de medir la crisis

El IAG incorporó además un indicador propio, el «desempleo blue», que suma a los desocupados oficiales aquellas personas que trabajan pocas horas semanales en changas o tareas precarias mientras buscan un empleo formal. Mientras la desocupación oficial se ubica en 7,8%, este indicador ampliado trepa al 15,5% en el primer trimestre del año, su nivel más alto desde el recambio de gestión y 1,5 puntos por encima del mismo período de 2024.

Los jóvenes, el sector más golpeado

El informe identificó a la franja de 18 a 26 años como la más perjudicada: su tasa de desprotección pasó del 53% al 61,6% en dos años, con 160.000 puestos perdidos en ese grupo etario. Los varones jóvenes concentraron buena parte del daño, con 126.000 empleos formales menos (30.000 públicos y 96.000 privados protegidos), y un desempleo blue que en este segmento llega al 27,7%. Por rubro, el comercio perdió 88.525 puestos protegidos ocupados por jóvenes —una caída del 43%— y la construcción, 9.896 puestos (-30%).

Mujeres y jubilados, también bajo presión

La desprotección creció con más fuerza entre las mujeres, cuyo empleo privado precario aumentó 14,1% en dos años, contra un 9,3% en los varones, en parte por el recorte estatal: de los 212.000 puestos públicos eliminados, 132.000 eran ocupados por mujeres. A esto se suma el deterioro salarial en sectores feminizados como salud y educación, que llevó la brecha salarial de género a un 10%, un valor récord. Entre los mayores de 66 años, la cantidad de personas activas creció 14% por los bajos haberes jubilatorios, y su desempleo blue alcanzó un 12,6%, también un máximo histórico.

La educación, un factor de contención

El informe destaca que completar estudios universitarios reduce fuertemente el riesgo: la desprotección baja al 18% entre quienes tienen título universitario, mientras trepa al 45% con secundario completo y al 66% entre quienes no terminaron ese nivel educativo.

Continuar Leyendo
Publicidad

Facebook

Tendencias