Estos incrementos se atribuyen en gran parte al impacto de la inflación de los últimos meses y a la suba principalmente en el rubro alimentos que afectó a los estratos más bajos de la sociedad. El mismo estudio asegura que unos 7,8 millones de personas están en un estado de pobreza extrema o indigencia, por debajo de la canasta básica alimentaria (CBA). En el tercer trimestre de 2023 el indicador de pobreza era del 44,7%. Los datos de la ODSA del primer trimestre de este año se obtienen a través de micro simulaciones.

“La inseguridad alimentaria total para áreas urbanas relevadas por la encuesta del ODSA-UCA, alcanza al 24,7% de las personas, al 20,8% de los hogares y al 32,2% de los niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, se encuentran en una situación aún más grave, con inseguridad alimentaria severa el 10,9% de las personas, el 8,8% de los hogares y el 13,9% de los niños, niñas y adolescentes (NNyA). Al considerar el AMBA, los valores de inseguridad alimentaria total se ubican en el 26,4% de las personas, el 21,8% de los hogares y el 35% de NNyA. Al considerar la inseguridad alimentaria severa se ubican en 9,9%, 12,7% y 16,5%, respectivamente”, consigna el informe que se titula “Deudas sociales estructurales en la sociedad argentina”.

El 20,6% de los hogares que sufren insuficiencia alimentaria total son alrededor de 3,7 millones de viviendas que albergan a unos 11 millones de habitantes.

El Observatorio indica que “los elevados valores de privaciones alimentarias que sufre la población tratan de ser compensados con acciones realizadas desde los diferentes niveles del Estado. Considerando a los niños, niñas y adolescentes, el 42,6% de ellos reside en hogares que reciben la AUH+Tarjeta Alimentaria, el 50% asiste a comedores escolares, el 36,7% recibe caja o bolsones de alimentos de comedores y el 11,1% recibe caja o bolsones de alimentos de comedor no escolar; sumando muchos hogares más de un beneficio”. Una de las medidas que adoptó el gobierno de Javier Milei en su gestión fue reforzar el importe de la AUH.

En el Plan Nacional Argentina contra el Hambre, que tiene como objetivo garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de la población en el contexto de la Emergencia Alimentaria Nacional, prorrogada hasta diciembre de 2025, para junio la administración libertaria dispuso un aumento del 9,37%. Así una familia con un hijo/a percibirá $48.125 por mes; una con dos hijos/as: $75.468 y una con tres hijos/as o más, $99.531.

El ODSA advierte que “la tasa de mortalidad infantil, de menores de 1 año y de menores de 5 años, presenta una mejora general a través del tiempo, 2005 a 2022, pero una mayor heterogeneidad entre la situación de cada una de nuestras provincias. En general, al considerar los datos por provincias, se observa que los altos niveles de mortalidad infantil tienden a correlacionarse con altos niveles de indigencia monetaria”.

En el relevamiento también se menciona el estado de la educación y del trabajo en la Argentina. Sobresale el dato de que el 23% de los niñas y niños de entre 3 y 5 años no asiste a establecimientos educativos formales, el 0,4% de los que tienen entre 6 a 12 años no va a la escuela primaria, el 9,1% asiste con sobre edad a la escuela primaria y el 35,3% de los jóvenes de 18 a 29 años no terminó la secundaria. » Estos indicadores expresan valores adversos a pesar de que el sistema general de gestión pública (80,7% de los alumnos de menos de 18 años) se ve fortalecido por la acción de la gestión privada (12,6% en establecimientos privados laicos y 6,8% en establecimientos religiosos)”, subraya.

Acerca del escenario laboral dice que “las desigualdades de la estructura productiva y la escasa generación de empleo y de empleo de calidad, el 32,5% de los ocupados son trabajadores que residen en hogares en situación de pobreza, el 30,9% de los ocupados trabaja en la economía social y, al considerar a la población económicamente activa el 26,5% tiene un empleo precario y el 24,3% un subempleo inestable”.

Otra de las preocupaciones que se reflejan es la venta y el tráfico de drogas en las capas más vulnerables de la población de nuestro país.

Según la UCA “se ha vuelto un flagelo que se incrementa con el paso del tiempo. El porcentaje de referentes de hogares que expresaron que en la cercanía de su vivienda se vende droga pasó del 22,8% en 2021, al 26,5% en 2022 y al 31,3% en 2023.

En 2023, solo el 29,2% de los referentes de hogares de barrios con trazado urbano advertían venta de drogas, cuando sí lo hacían el 62% de los de asentamientos de emergencias y el 70,5% de los residentes en complejos de viviendas sociales monobloques, constituyéndose estas últimas en estructuras de múltiples particularidades adversas y objeto de especial atención”.