El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió, este viernes, al incidente ocurrido en La Cocha cuando le robaron el celular, luego de que lo saludara una mujer.

“Esto está en manos de la Justicia. Yo camino entre la gente, abrazo y me saco fotos. Claro que estamos expuestos”, afirmó, al referirse al momento del robo. Sin embargo, agregó: “No hay que descartar que esto esté inducido. Hemos tocado muchos intereses con decisiones que antes nadie se animó a tomar”.

Jaldo recordó que ya ha sido víctima de otros episodios vinculados al uso indebido de su identidad: “Me robaron la línea, me hackearon el celular, usaron mi nombre para importar mercadería. Incluso recibí amenazas de muerte”.

En cuanto al avance del Gobierno contra el delito, destacó: “Tenemos casi 30 condenados por narcomenudeo en un año y ocho meses. Este año ya secuestramos droga por el equivalente de todo 2024. Estamos tocando intereses».

El Mandatario dejó en claro que no piensa dar marcha atrás: “A este gobernador no lo van a hacer cambiar de rumbo. Le he ordenado al ministro de Seguridad y al jefe de Policía que profundicen todos los operativos”.

Sobre la mujer que robo el celular dijo que «se presentó con la policía para devolverme el teléfono. Dijo que lo encontró, que alguien se lo dio, y negó haberlo robado. Pero tenemos pruebas de que fue ella y creemos que no actuó sola”, afirmó Jaldo.

Jaldo fue enfático al reafirmar su estilo de gestión: “Voy a seguir recorriendo la provincia, como lo hice ayer en Tafí del Valle y en Trancas. La gente necesita un Estado presente, no gobernantes que solo se expresan por redes sociales. Con Twitter no se consigue trabajo ni se soluciona la vida de nadie”.

Finalmente, pidió dejar la investigación en manos de la Justicia. “La verdad va a salir a la luz. Si hay alguien detrás de este hecho, se va a saber. Yo no me voy a esconder ni a retroceder. A mí no me van a asustar”.

En una nueva jornada del juicio oral por las presuntas irregularidades en el uso de los fondos provenientes de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), la fiscal auxiliar Lucía Doz Costa profundizó este jueves los alegatos del Ministerio Público, revelando lo que describió como una maniobra institucional planificada para desviar fondos públicos en perjuicio de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

La acusación sostiene que los imputados —el ex rector Juan Alberto Cerisola, la ex directora de Construcciones Universitarias Olga Cudmani, el ex director de Inversiones y Contrataciones Osvaldo Venturino, y el ex subsecretario administrativo Luis Fernando Sacca— integraron un sistema estructurado de corrupción que generó un perjuicio económico millonario a la casa de altos estudios.

Según la fiscalía, el régimen implementado por Cerisola desde su asunción en 2006 no solo eludió los mecanismos de control establecidos por la Ley de Administración Financiera N.º 24.156, sino que se diseñó desde el inicio con el objetivo de facilitar la defraudación. «No estamos ante errores administrativos: esto fue deliberado», remarcó Doz Costa, que integra el equipo junto a los fiscales Pablo Camuña y Agustín Chit.

La acusación hizo hincapié en que los expedientes vinculados a 13 obras universitarias presentaban “red flags”, es decir, indicadores típicos de corrupción, según el perito de la Corte Suprema Francisco Guzmán. Entre las irregularidades detectadas se incluyeron: expedientes sin acto de inicio, pliegos incompletos, falta de planos técnicos y foliatura caótica que impedía reconstruir los procesos administrativos.

El perjuicio económico fue desglosado con cifras concretas. En la obra 545, correspondiente al Laboratorio Industrial de Ciencias Exactas, la UNT pagó casi $ 4,7 millones cuando, según peritajes de Gendarmería y del ingeniero Guzmán, el valor real era de apenas $ 1,5 millones. En total, el Ministerio Público estimó sobreprecios de hasta el 209% en algunos casos, y un daño económico acumulado de más de $28 millones de la época.

También se cuestionó el otorgamiento de anticipos financieros del 30% en todas las obras, una decisión atribuida exclusivamente a Cudmani, sin respaldo documental y violando la normativa aplicable. “No solo se infringió la ley de Obra Pública, sino también el propio régimen interno de la UNT”, sostuvo Doz Costa.

En esta audiencia se sumó formalmente al alegato la acusación contra Osvaldo Venturino, por su rol en la obra 533 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. La fiscalía lo señaló como responsable junto a Cudmani por sobreprecios del 47% en la obra original y 33% en los adicionales, además de autorizar dos anticipos financieros sin respaldo normativo. Según Doz Costa, ambos “incurrieron en una maniobra defraudatoria en perjuicio de la administración pública al incumplir deliberadamente sus deberes funcionales”.

Doz Costa advirtió que esta red de irregularidades no solo causó daños económicos, sino que se gestó bajo una “lógica institucional deformada”, en la que los controles fueron deliberadamente desactivados. Mencionó también que Cerisola se arrogó facultades normativas y operativas para eludir supervisión, transfiriendo competencias a jerarquías inferiores mediante instrumentos “sin forma ni competencia legal”.

La fiscal ya había apuntado contra José Hugo Saab, actual secretario general de la UNT, y contra el entonces director de Asuntos Jurídicos, Augusto González Navarro, por su participación en la construcción del régimen paralelo de contrataciones. Si bien no están imputados en este juicio, la fiscalía dejó abierta la posibilidad de futuras responsabilidades.

El alegato continuará el próximo lunes con la exposición final del fiscal Agustín Chit, que se espera se extienda hasta el martes. Luego será el turno de la querella, representada por Patricio Esperguín, y posteriormente alegarán las defensas. El veredicto se conocería recién en agosto, tras la feria judicial.

El caso, que comenzó con la denuncia por el uso irregular de fondos mineros destinados a la construcción de la Ciudad Universitaria, se ha transformado en uno de los procesos judiciales más trascendentes para el ámbito universitario del país, y pone en el centro del debate la transparencia en la gestión de recursos públicos por parte de instituciones educativas.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, anunció que el lunes se reunirá con 23 gobernadores en Buenos Aires para plantear la situación fiscal de los distritos, debido a la disminución de la coparticipación nacional, la baja en el consumo y la caída de las actividades comerciales e industriales.

“Vamos a llevar casos concretos de actividades productivas, industriales y comerciales que se van cerrando, que van dejando a gente sin trabajo o adelantando vacaciones”, dijo y adelantó que viajará el domingo por la noche. “Vamos a hablar no solo del Estado provincial, sino también de la actividad privada. Al paso que vamos va a haber un costo social muy importante en la República Argentina si el Gobierno nacional no reacciona en tiempo y en forma”, aseveró Jaldo.

En esa línea, remarcó que “la Nación tiene que tener un diálogo más profundo con las provincias y lo dice alguien que ha sido calificado como un gobernador dialoguista desde el primer momento”. Sin embargo, aseguró: “Ahora, yo puedo ser dialoguista, pero yo dialogo a favor de la provincia de Tucumán. Cuando nos tocan lo que nos corresponde a los tucumanos vamos a dialogar más fuerte”.

“A la Nación tiene que irle bien, pero con las provincias incluidas. Que no pretenda el presidente (Javier Milei) que le vaya bien al gobierno nacional y a los 23, 24 distritos del interior nos vayan mal. Eso no existe en ninguna posibilidad. O nos va bien a todos o nos va mal a todos. El Presidente lo tiene que tener claro y no va a poder gobernar si no gobierna con los gobernadores. Que no se equivoque”, sostuvo Jaldo. 

Por último, el Gobernador advirtió: “El gobierno nacional tiene que entender que solo no va a poder gobernar. Necesita el acompañamiento de las provincias. De la misma manera nosotros necesitamos el acompañamiento de la Nación”.