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Economía

El Gobierno publicó la Emergencia Económica en el Boletín Oficial y ya entró en vigencia el dólar “solidario” a 82 pesos

La norma se demoró, pero finalmente fue promulgada y los cambios ya tienen efecto en la economía argentina

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Si bien se demoró su promulgación, finalmente la Ley de Emergencia Económica está vigente. Con ella se implementa el dólar “solidario” junto a los otros cambios que propuso el Gobierno de Alberto Fernández en la llamada ley de Emergencia Económica.

Pese al tratamiento exprés de la semana pasado en el Congreso de la Nación, el Gobierno nacional sorprendió esta mañana cuando la ley no estuvo en el Boletín Oficial, hubo que esperar casi 18 horas. Incluso hubo desconcierto en las agencias de viajes: algunas comenzaron a cobrar el 30% y luego dieron marcha atrás; desde las principales empresas del sector descontaban que la norma iba a ser publicada y adaptaron sus sistemas para poder facturar con el recargo. Incluso algunos bancos ofrecían en sus homenbankig vender dólares con 30% extra.

Dólar con 30%, protagonista de la nueva ley

Ahora, comprar un dólar en el mercado oficial costará un 30% más que el viernes.

El precio de venta en el Banco Nación es de $81,90 y en los bancos privados y casas de cambio se ubicará entre ese precio y 85,80 pesos.

De todos modos, serán pocos los dólares que podrán adquirirse por esa vía, ya que se mantiene vigente la restricción iniciada el lunes 28 de octubre que permite a cada persona la compra de solo USD 200 por mes. Una suma que el viernes, para quienes aún no habían hecho uso de su cupo mensual, equivalía a $12.600 y que desde mañana representará un desembolso de $16.380, es decir $3.780 más.

El recargo se aplicará tanto a las compras para atesoramiento como a las realizadas para viajes al exterior o en operaciones con tarjeta de crédito, aunque en este caso, luego de las dudas iniciales, se aclaró que las compras concretadas antes de la puesta en vigencia de la nueva ley no serán alcanzadas por el 30% adicional.

Las operaciones del mercado mayorista y de comercio exterior tampoco serán objeto de este nuevo recargo, razón que invocan los funcionarios del gobierno para intentar convencer a la población y a los agentes económicos de que esta devaluación encubierta bajo la figura de los tipos de cambio múltiples no debería tener impacto inflacionario. En la city porteña hay bastante escepticismo al respecto.

Con respecto a los tipos de cambio múltiples, el economista Esteban Domecq citó los siguientes, entre el impacto del 30% y el de las retenciones: sojero, de trigo, maíz, girasol, de carnes, bienes y servicios, mayorista, de importación, libre, contado con liqui, Bolsa y turista, entre otros.

Incluso comprando a 82 pesos, un ciudadano común deberá limitar sus compras legales a 200 dólares por mes. Aquellos interesados –y en condiciones– de comprar sumas superiores deberán recurrir a otros canales cuya cotización por el momento es una incógnita.

Más allá de la denominación de “dólar solidario”, por extensión de la denominación de la “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva”, el consenso del mercado interpreta que el nuevo precio constituye una devaluación del 30% respecto del valor al cual hasta el viernes pasado se podían comprar dólares en el Banco Nación. Y de mucho más si se mira la cotización de principios de agosto, antes de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

 Respecto de los 60 pesos que a mediados de agosto a Alberto Fernández le parecían un valor ‘razonable’, la cotización del dólar solidario representa un aumento del 36%, contra una inflación acumulada de 18,7 entre agosto, septiembre, octubre y noviembre

El viernes 9 de agosto, antes de las PASO, el dólar cotizaba a $46,80, pero tras los 17 puntos porcentuales de ventaja que Alberto Fernández le sacó a Mauricio Macri en las primarias del 11 de agosto, la cotización se disparó hasta tocar los 65 pesos a las 13 horas del lunes 12 de agosto y cerró la jornada en 62 pesos.

A eso siguieron días de nerviosismo y ventas del Banco Central para intentar contener al mercado cambiario. El dólar se calmó recién el jueves 15, en torno de los 60 pesos, tras una conversación telefónica entre el ex y el actual presidente. Tras esa conversación, Alberto Fernández declaró: «Así como dije que el dólar estaba retrasado y que no se podían seguir pagando tasas disparatadas, digo que hoy tiene un valor razonable y no hay razón para que siga aumentando”.

Alberto Fernández y Mauricio Macri, en el acto de traspaso presidencial. Tras las PASO de agosto, el dólar tuvo un transitorio respiro en torno de los 60 pesos luego de que ambos conversaran por teléfono

En la jornada previa, Emanuel Álvarez Agis, economista kirchnerista de consulta y a quien se señalaba entonces como potencial ministro de Economía, había dicho que el dólar a 60 pesos era un valor “de recontraequilibrio de la balanza de pagos”.

Respecto de aquel valor redondo, la cotización del ahora oficialmente denominado “dólar solidario” significa una devaluación superior al 36%, contra una inflación acumulada de 18,7% en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre.

 El viernes 9 de agosto, antes de las PASO, el dólar cotizaba a $ 46,80, pero tras las PASO se disparó hasta tocar los 65 pesos

Anoche, en declaraciones televisivas, Alberto Fernández defendió la medida. “La Argentina se quedó sin dólares, tanto que antes de irse Macri fijó un cepo, que aclaro que es muy necesario. Lo que tienen que saber los que viajan al exterior es que hoy el dólar es un bien escaso”.

La historia argentina está repleta de declaraciones equívocas sobre el valor de la moneda norteamericana. Desde el “¿Acaso alguna vez alguno de ustedes vio un dólar?” de la primera presidencia de Perón, pasando por “el que apuesta al dólar pierde” del ministro Lorenzo Sigaut –en 1982–, hasta “el que depositó dólares, recibirá dólares”, de Eduardo Duhalde en 2002, antes de imponer la pesificación de los depósitos bancarios y terminar con el uno a uno de la Convertibilidad.

El economista de Econométrica, Ramiro Castiñeira, sostuvo ayer que en las últimas operaciones del viernes “el mercado paralelo ya descontaba el precio” que regirá en las próximas horas, con el dólar libre cotizando por momentos a $76 ($73,25 según el cierre de Reuters). “El precio oficial no es real, nadie compra a ese precio: el verdadero será el libre, el otro es una invitación a que te vayas, quedará limitado al Gobierno para que se haga de todos los dólares que necesita y que el privado se arregle como pueda”, señaló a Infobae.

 El precio oficial no es real, nadie compra a ese precio: el verdadero será el libre, el otro es una invitación a que te vayas, quedará limitado al Gobierno para que se haga de todos los dólares que necesita y que el privado se arregle como pueda (Castiñeira)

En el mismo sentido se manifestó el economista Gustavo Lazzari, quien en su cuenta de Twitter sentenció que “cuando tenés 15 valores para el dólar quiere decir que no tenés ninguno para el peso». En resumen: el aumento de la cotización de la moneda norteamericana representa, en verdad, la constante erosión del valor de la moneda argentina.

Gregorio Werchow, de la Federación Económica de Tucumán, admitió que “el prestador de servicios turísticos va a ver que hay una mayor demanda y aumentará los precios”, “Si los servicios van a estar un 30% más caros, de nada sirve, vamos a seguir siendo caros. El aumento de las tarifas del hotel trata de acompañar a la inflación, ese es el cáncer que tenemos”, aseguró Werchow en diálogo con Infobae.

El primer “control de cambios” de Macri

Las restricciones al acceso al Mercado Único y Libre de Cambios que derivaron en el desarrollo de varios canales alternativos se hicieron notorias a partir del 3 de septiembre de este año, a raíz de la pérdida de reservas posterior a las PASO. Se fijó un máximo de USD 10.000 mensuales de compra por persona humana que, si bien atenuó en parte la sangría de divisas, no la interrumpió. La aceleración de la caída de reservas en la semana previa a las elecciones del 27 de octubre determinó que en la noche del mismo domingo de los comicios que proclamaron presidente a Alberto Fernández, el BCRA reforzara las restricciones hasta USD 200 mensuales por persona humana, una reducción de 98% respecto del límite previo.

El bloqueo al atesoramiento de dólares aumentó la demanda en el mercado marginal y otros legales que si bien existían desde hace años, ganaron importancia ante la imposibilidad de acceder a más de USD 200 dólares por los canales tradicionales. Uno de ellos es el contado con liquidación (CCL) popularmente conocido como contado con liqui, que hasta el viernes cotizaba a $72,82, un 15,6% más que el precio de venta del Banco Nación.

El ministro de Economía Martín Guzmán (REUTERS/Mariana Greif)

En medio del debate por la ley de Emergencia, desde el macrismo aseguraron que la ley iba a permitirle al Gobierno aplicar el 30% también a los dólares alternativos, el Bolsa y el contado con liqui. “Es un impuesto que grava el acceso al Mercado Único de Cambios para operaciones vinculadas a algunos destinos de la compra de moneda extranjera. No tiene nada que ver con el contado con liqui ni ninguna operación que se realice en la Bolsa”, aseguraron desde la Casa Rosada.

Cómo sea, la ley se aprobó el sábado y a partir de ahora el único dólar al que podrán acceder los argentinos costará 82 pesos.

Economía

El proyecto para reducir la carga tributaria al sector inmobiliario quedó a un paso de convertirse en ley

La comisión de Hacienda y Presupuesto del Parlamento tucumano dio dictamen al proyecto del Poder Ejecutivo, que va camino a la aprobación en la próxima sesión parlamentaria.

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La comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura de Tucumán emitió dictamen favorable al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que busca reducir el costo de escrituras y transferencias inmobiliarias, luego de las fuertes críticas generadas por el impacto de la aplicación del Observatorio Inmobiliario de Tucumán (Omituc). La iniciativa obtuvo respaldo mayoritario y quedó en condiciones de ser tratada en la próxima sesión parlamentaria.

El expediente llegó con las firmas del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, y apunta a modificar la base imponible del impuesto de sellos, uno de los tributos que más cuestionamientos despertó en los últimos meses por el aumento de los valores aplicados a las operaciones inmobiliarias.

Desde la comisión que conduce el legislador justicialista Carlos Gallia se dio luz verde al texto sin modificaciones. El oficialismo acompañó la propuesta con las firmas de Gallia, Hugo LedesmaSandra FigueraFrancisco Serra y Sara Lazarte.
Según explicó Gallia, el Omituc comenzó a establecer nuevos parámetros de valuación catastral desde el año pasado, lo que derivó en una mayor carga fiscal al momento de escriturar propiedades. El legislador reconoció que el esquema vigente había encarecido considerablemente este tipo de operaciones.
En ese sentido, remarcó que la reforma apunta a aliviar la presión tributaria sobre los contribuyentes y favorecer la normalización del mercado inmobiliario. También destacó que el proyecto contempla exenciones del impuesto de sellos para transferencias de dominio entre familiares mediante donaciones o sucesiones hereditarias.
Actualmente, para calcular el impuesto de sellos se toma como referencia la valuación fiscal o el precio pactado entre las partes. Con la modificación propuesta, el tributo pasará a liquidarse sobre el valor catastral vigente al momento de la operación, reducido en un 30%, o sobre el precio convenido si este fuera superior.
El debate legislativo se produce luego de que el Colegio de Escribanos reconociera una marcada caída en la cantidad de escrituras desde fines de diciembre, cuando entró en vigencia la Ley N° 9.857. Notarios y entidades vinculadas al sector estimaron que la retracción ronda el 70%, como consecuencia de costos que calificaron como excesivos.
Desde la oposición también surgieron propuestas alternativas. El legislador Claudio Viña presentó un dictamen en minoría para que los contribuyentes que abonaron el impuesto desde la entrada en vigencia de la ley cuestionada puedan recuperar diferencias económicas cuando se apruebe la nueva norma.
Su planteo establece que quienes hayan pagado conceptos que luego resulten exentos o reducidos recibirían un crédito fiscal de libre disponibilidad, aplicable automáticamente al pago de cualquier tributo previsto en la Ley 5.121.
Viña sostuvo que la iniciativa oficial representa apenas una solución parcial frente a un revalúo que consideró abusivo. Cuestionó además los criterios utilizados para actualizar los valores inmobiliarios y señaló que se aplicaron parámetros poco claros, incluso mediante herramientas de inteligencia artificial.
El dirigente de Nueva Fuerza afirmó que la fuerte suba de los costos desalentó las escrituras y empujó a muchos contribuyentes a postergar operaciones para evitar una carga tributaria que calificó como excesiva.
No obstante, admitió que la propuesta oficial implica una mejora frente al esquema actual, aunque insistió en que debió avanzarse con una corrección más profunda.
Con el dictamen ya firmado, el proyecto quedó habilitado para ser incorporado al temario de la próxima sesión legislativa, donde se espera un nuevo debate sobre la política tributaria aplicada al mercado inmobiliario tucumano.

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Economía

Familias endeudadas: seis de cada 10 inquilinos piden créditos o usan ahorros para pagar el alquiler

La presión del costo de la vivienda empuja a más hogares a financiar gastos corrientes con préstamos. El fenómeno se consolidó en 2024 y se mantiene en niveles críticos durante 2025.

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El panorama habitacional en Argentina alcanzó un punto de inflexión. Según el último informe de la Fundación Tejido Urbano, el 57,6% de los hogares inquilinos debió recurrir a estrategias financieras —como el endeudamiento o el uso de ahorros acumulados— para sostener sus gastos básicos en 2025.

 

 

Este dato marca un crecimiento alarmante frente al 46,2% registrado en 2022. Sin embargo, el cambio más profundo no es solo cuánto se gasta, sino cómo se paga: el uso de crédito bancario para cubrir el techo saltó del 10,6% al 18,1% en el mismo período.

 

 

De los ahorros a la «espiral de insolvencia»

Históricamente, el uso de ahorros (o desahorro) fue el primer dique de contención ante la crisis. Tras alcanzar un pico del 42% en 2024, esta práctica bajó levemente al 39,6% en 2025, pero no por una mejora económica, sino por el agotamiento de las reservas familiares.

 

 

Matías Araujo, investigador de Tejido Urbano, advierte sobre la peligrosidad de este viraje hacia el sistema bancario:

“Cuando el alquiler se financia con crédito, dejamos de hablar de un problema habitacional para hablar de una espiral de insolvencia. La deuda bancaria es rígida; para no caer en mora, las familias recortan en salud, educación o alimentación”.

 

 

El «auto desalojo»: Cuando el techo se vuelve insostenible

Desde las organizaciones de inquilinos, la lectura es contundente. Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, señala que el financiamiento con deuda es la antesala de la pérdida de la vivienda. Este proceso, que Katy Chiappa (Asociación Platense de Inquilinos) define como «auto desalojo», suele terminar con familias regresando a hogares de parientes o mudándose a asentamientos más precarios.

 

 

Actualmente, ingresar a un nuevo alquiler puede demandar hasta $2 millones, una cifra inalcanzable para sectores que ya destinan la mayor parte de su sueldo a la renta mensual.

 

Radiografía del ajuste: Ingresos vs. Alquiler

El desfasaje económico queda en evidencia al observar los números reales del mercado:

  • El margen de supervivencia: Un trabajador con ingresos de $900.000 que paga $400.000 de alquiler dispone de apenas $500.000 para el resto de sus necesidades.
  • Cerca de la indigencia: Con una canasta básica que ronda los $452.000, cualquier imprevisto o gasto de salud empuja automáticamente al hogar por debajo de la línea de pobreza.
  • Sectores afectados: El 82,5% de los inquilinos se concentran en los deciles de ingresos bajos y medios, demostrando que la crisis ya no es exclusiva de los sectores vulnerables.

El impacto crítico en AMBA y CABA

La presión habitacional se intensifica en los grandes centros urbanos. En la Ciudad de Buenos Aires, el 69,7% de los inquilinos utiliza estrategias financieras para llegar a fin de mes, mientras que en el AMBA la cifra alcanza el 63,2%.

Si se integrara el costo del alquiler a la medición oficial de pobreza en la Capital Federal, la suma de pobreza e indigencia saltaría del 8,9% al 16,6%, revelando una realidad social mucho más frágil de la que muestran las estadísticas tradicionales.

Hacia una solución estructural

El debate sobre cómo frenar esta inercia divide aguas. Mientras que desde la Fundación Tejido Urbano proponen soluciones integrales que incluyan financiamiento del suelo y transparencia de mercado, las federaciones de inquilinos insisten en medidas urgentes:

  1. Regulación de precios: Recuperar marcos normativos que limiten los aumentos discrecionales.
  2. Emergencia habitacional: Declarar la crisis formalmente para activar mecanismos de asistencia.
  3. Créditos hipotecarios reales: Generar alternativas de acceso a la propiedad que sean pagables para un salario medio.

Hoy, el alquiler ha dejado de ser un simple gasto mensual para convertirse en el eje que desorganiza la economía familiar, transformando el derecho a la vivienda en una carga financiera que hipoteca el futuro de las próximas generaciones.

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Economía

La Justicia decretó la quiebra de la láctea SanCor

El juez del concurso tomó esa medida después de que la solicitara la propia empresa.

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La Justicia declaró esta mañana la quiebra de la cooperativa láctea SanCor, tras la solicitud de la propia entidad la semana pasada al reconocer sus serias dificultades para resolver la situación en el marco del concurso de acreedores. La resolución fue dictada por el juez Marcelo Gelcich.

 

La cooperativa enfrenta una deuda aproximada de US$120 millones y admitió que no estaba en condiciones de afrontar ese pasivo ni de formular una propuesta de acuerdo con sus acreedores, lo que selló el fracaso del proceso de concurso preventivo iniciado en 2025. Ese reconocimiento, según el fallo, implica de manera directa la imposibilidad de continuar con el trámite preventivo.

El juez señaló que la situación encuadra en una “quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo”. En consecuencia, la declaración de quiebra habilita el procedimiento concursal propio de esa etapa, con las implicancias legales y administrativas correspondientes para la cooperativa, sus socios y acreedores.

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