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Política

El Gobierno promulgó la reforma laboral: desde cuándo rige y las claves

El Ejecutivo oficializó la Ley N° 27.802. La norma introduce cambios en la Ley de Contrato de Trabajo que rigen desde este viernes.

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El Gobierno promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral, sancionada hace una semana en el Congreso. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y rige desde este 6 de marzo.

La norma introduce cambios en la Ley de Contrato de Trabajo y en otros aspectos del régimen laboral.

La reforma laboral fue publicada con un total de 25 capítulos. Entre ellos, incorpora un banco de horas de carácter voluntario para compensar horas extraordinarias con descanso, habilita el fraccionamiento de vacaciones por acuerdo entre las partes y prevé la creación optativa de un Fondo de Cese Laboral como alternativa para atender desvinculaciones.

“En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la Constitución Nacional, promúlgase la Ley Nº 27.802 sancionada por el H. Congreso de la Nación en su sesión del día 27 de febrero de 2026″, indica el texto oficial.

La norma que comenzó a regir este viernes señala que sus disposiciones no serán aplicables: “A los dependientes de la Administración Pública”; “al personal de casas particulares”; “a los trabajadores agrarios”; “a los prestadores independientes de plataformas tecnológicas” y a contratistas regulados por el Código Civil y Comercial.

Qué establece la reforma laboral

La reforma laboral o ley N° 27.802 está compuesta por 25 capítulos e introduce cambios en indemnizaciones, despidos, licencias, vacaciones, horas extras e impuestos.

A continuación, las principales claves de la Ley de Modernización Laboral

Salarios

Los salarios podrán ser pagados en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera, especie, habitación o alimentos. También se incluye el concepto de “salario dinámico” que podrá ser acordado en los convenios colectivos, regionales o por empresa, y ser tratado como pago al mérito personal del trabajador o productividad.

Idemnizaciones

Se reduce la base de cálculo y no se consideran dentro de la misma las vacaciones, el aguinaldo, propinas o premios. Quedará un tope salarial como base remunerativa, que no puede exceder tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. De esta manera y para desalentar discrecionalidades en litigios judiciales, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3% anual.

También se habilita a las pymes el pago en cuotas.

Se dispone la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiará con el aporte obligatorio que realizan los empleadores, y la ANSES dejará de percibir esos ingresos. La administración de los recursos recaerá en la Comisión Nacional de Valores. Hace una segmentación de 1% para las grandes empresas y 2,5% para las pymes.

Vacaciones

De acuerdo a la norma, el empleador deberá conceder las vacaciones entre el 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente. Las partes pueden acordar disponerlas fuera de dicho período. Se propone un mutuo acuerdo entre el empleador y el trabajador para convenir el fraccionamiento de las vacaciones, “con una antelación no menor a treinta (30) días”, permitiendo fraccionamientos mínimos de siete días.

Banco de horas

Con respecto a las horas extras y bancos de horas, el artículo 197 bis incorporado prevé que empleador y trabajador “podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias”, debiendo formalizar por escrito el sistema.

“Dicho régimen deberá respetar los descansos mínimos legales, asegurando en todo momento la protección, beneficio e interés del trabajador”, indica el texto.

El derecho de huelga

La reforma fija porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas, de acuerdo al tipo de actividad. De esta manera, los servicios que son considerados esenciales deberán asegurar una cobertura del 75%, en tanto que los establecidos como trascendentales, al menos el 50%.

Por otra parte, la norma amplía el número de actividades alcanzadas. Finalizada una conciliación obligatoria, los sindicatos deberán presentar con anticipación un plan de ejecución de la medida de fuerza. Las asambleas de trabajadores tendrán que contar con autorización previa del empleador.

Formalización del empleo

Se crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) por un año y establece que, por cada nuevo trabajador, el empleador pagará menores contribuciones patronales (solo un 8%, incluido el 3% destinado al Fondo de Indemnizaciones).

Sobre las nuevas incorporaciones, deberán no haber tenido una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025, haber estado inscripto en el monotributo y haber sido empleado público. /TN

Política

Buscan sumar la mirada del Colegio de Abogados en reformas judiciales

La Legislatura atenderá el pedido de la institución antes de avanzar con el tratamiento de proyectos vinculados al sistema de justicia.

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El vicegobernador de Tucumán y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, recibió a autoridades del Colegio de Abogados de Tucumán, encabezadas por su presidente Alberto López Domínguez, quienes solicitaron ser escuchados y participar formalmente en el proceso de debate legislativo sobre una serie de reformas vinculadas al sistema de justicia.

Durante la reunión, los representantes del Colegio plantearon su interés en intervenir en el análisis de modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la normativa de mediación obligatoria y el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, con el objetivo de aportar una mirada técnica desde el ejercicio profesional.

Del encuentro participaron también la legisladora Carolina Vargas Aignasse, el legislador Roque Tobías Álvarez, el vicepresidente de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (FEPUT), Gustavo Usandivaras, y el Dr. Guillermo Gassenbauer.

En ese marco, Acevedo destacó la importancia de abrir el proceso legislativo a los distintos sectores involucrados: “Fue un encuentro de trabajo donde coincidimos en la importancia de generar instancias de participación que permitan enriquecer el proceso legislativo, incorporando la mirada y la experiencia de quienes forman parte del ámbito jurídico. Entendemos que este tipo de aportes son fundamentales para lograr una ley más sólida, equilibrada y representativa de las necesidades del sistema de justicia”.

Asimismo, remarcó la línea de trabajo institucional impulsada desde el inicio de su gestión: “Desde el primer día en que asumí como presidente de la Legislatura, planteamos la necesidad de trabajar de manera conjunta, escuchando todas las voces y abriendo el diálogo a los distintos sectores. En ese camino estamos avanzando, convencidos de que las mejores decisiones se construyen con participación, consenso y compromiso. Y así lo vamos a seguir haciendo”.

Por su parte, López Domínguez explicó que el planteo del Colegio se centró en la necesidad de contar con un espacio formal de intervención antes del tratamiento de las iniciativas: “El interés del Colegio es dar una opinión, emitir un dictamen, participar y colaborar en esta reforma. Por eso solicitamos la postergación del tratamiento hasta que podamos presentar nuestro aporte”.

En ese sentido, señaló que la participación institucional responde a un deber y facultad establecidos por la normativa que regula al Colegio, y subrayó la vocación de contribuir al proceso legislativo: “La posición del Colegio es colaborar, participar y ayudar desde nuestra profesión con la formulación de leyes que impactan en el ejercicio profesional y en la sociedad”. Finalmente, valoró el encuentro como positivo y destacó la receptividad institucional: “Las reuniones con el contador Acevedo son muy positivas. Escucha lo que uno viene a plantear y siempre hay una muy buena recepción por parte de la Legislatura”.

A su turno, la legisladora Carolina Vargas Aignasse confirmó que el planteo fue atendido y que se garantizará la participación de los sectores involucrados: “Los integrantes del Colegio vinieron a plantear su preocupación y su pedido de diálogo respecto a tres leyes muy importantes. En todos estos temas solicitaron intervención y, como es la línea de trabajo del vicegobernador y de esta Legislatura, se hizo lugar a su pedido”. En esa línea, precisó que las iniciativas serán tratadas con posterioridad, una vez que se hayan incorporado los aportes de las partes interesadas.

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Tensión en el PAMI Tucumán durante una protesta de jubilados

Afiliados se concentraron en la sede céntrica para presentar un petitorio y reclamar por la atención; se registraron momentos de forcejeo en el ingreso al edificio.

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Jubilados se manifestaron este miércoles en la sede de PAMI en Tucumán, con el objetivo de ser recibidos por autoridades y exponer reclamos vinculados a prestaciones y servicios. Durante la protesta, se vivieron escenas de tensión en el acceso al edificio.

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Chahla designó a siete nuevos funcionarios en áreas clave de su gabinete

La intendente capitalina designó nuevos funcionarios en Movilidad Urbana, Obras Públicas y Ordenamiento, entre otras dependencias sensibles.

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Con el objetivo de fortalecer el trabajo en áreas claves de gestión, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, oficializó este martes la designación de siete nuevos integrantes en el gabinete municipal.

En ese contexto, el concejal Carlos Arnedo asumió como nuevo secretario de Movilidad Urbana, en el marco de una reorganización de la estructura vinculada a las políticas de transporte público en la capital.

Por otro lado, la jefa municipal designó como nuevo secretario de Obras Públicas al ingeniero Claudio Bravo, experto en hidráulica, como parte de un proceso orientado a avanzar con obras de infraestructura claves para prevenir inundaciones en la ciudad.

Además, Chahla anunció la designación del abogado Javier González como nuevo secretario de Ordenamiento y Convivencia. Esta nueva área del organigrama municipal tendrá como misión ordenar el tránsito, promover el cumplimiento de las faltas y controlar la vía pública mediante las sanciones que determina la normativa vigente.

La intendente también puso en funciones a Ana Lía Carbonell como nueva subsecretaria de Cultura del municipio; mientras que la exdirectora de la Casa Histórica, Cecilia Guerra Orozco, asumió como directora de Museos municipal.

Finalmente, la intendente decidió que Pablo Sosa asuma como director de Deportes y Recreación, mientras que el doctor Matías Balardini fue designado como director de Administración del Tribunal de Faltas municipal.

El acto de asunción de las nuevas autoridades tuvo lugar en la sede municipal de 9 de Julio y Lavalle y contó con la presencia del presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, junto a legisladores, concejales y funcionarios.

En conferencia de prensa, Chahla explicó que los cambios buscan optimizar el funcionamiento de áreas estratégicas de la gestión municipal. “Creemos que esta renovación va a venir a agilizar la gestión en un momento donde la sociedad nos solicita muchas cosas específicas: el cuidado de la vía pública, el ordenamiento, más obras públicas y respuestas frente al deterioro de las calles”, señaló.

La intendente también hizo referencia a las dificultades que generaron las intensas lluvias de los últimos meses para avanzar con algunas tareas urbanas. “La lluvia no nos ha dado tiempo de trabajar desde enero porque estamos con muchas precipitaciones intensas. Necesitamos darle otra impronta y entender que la gestión es dinámica”, sostuvo al referirse a la designación del ingeniero Bravo al frente de Obras Públicas.

Chahla remarcó que los cambios responden a demandas concretas de los vecinos. “Hoy la sociedad nos reclama transporte, estado de las calles y obras hídricas. Por eso hemos puesto personas que puedan dar respuestas en esas áreas”, afirmó.

Respecto a la designación de Arnedo, la jefa municipal descartó que se trate de un cambio con un perfil político específico. “No hemos pensado en un perfil político, sino en personas que tengan relación y contacto con el sector del transporte y puedan dialogar con los interlocutores válidos”, explicó.

Transporte y diálogo con el sector empresario 
Por su parte, Arnedo aseguró que su llegada al área representa un compromiso para abordar una problemática compleja como el transporte público. “Es una bocanada de aire fresco que viene a oxigenar el equipo de trabajo de la municipalidad y a comprometernos con la vida pública de los ciudadanos de San Miguel de Tucumán”, afirmó.

El nuevo funcionario informó que se profundizarán los canales de diálogo para fortalecer el sistema de transporte en la ciudad.

Además, sostuvo que el objetivo será mejorar el servicio para los usuarios. “Los controles se van a profundizar y las frecuencias tienen que mejorar. El usuario es quien más reclama y debemos garantizar un servicio que esté a la altura de las circunstancias”, indicó.

Obras hídricas y bacheo 

En relación con el área de Obras Públicas, Bravo explicó que la gestión municipal avanzará con un plan integral para mejorar el sistema de desagües y prevenir inundaciones. “La intendenta ha puesto como política de gobierno un plan de ordenamiento hídrico que vamos a respetar y avanzar con obras para recuperar los desagües de Tucumán e incorporar nuevas infraestructuras”, indicó.

Entre los proyectos más importantes mencionó la ejecución del sistema de desagües del barrio 360 Viviendas y la futura licitación del canal del barrio Margarita. “Son obras que implican una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos y que son muy importantes para empezar a dar soluciones”, afirmó.

Bravo también se refirió a la problemática del bacheo en la ciudad. “El problema es que el agua ha destruido mucho pavimento. Cuando llueve se ablandan los suelos y se rompe el asfalto, por eso primero hay que evaluar las condiciones antes de intervenir”, explicó.

Ordenamiento del espacio público 
A su turno, González destacó que la nueva Secretaría de Ordenamiento y Convivencia buscará consolidar la recuperación del espacio público en la ciudad. Según explicó, el área tendrá a su cargo distintas dependencias vinculadas al control del espacio público. “Esta estructura reúne oficinas relacionadas con la vía pública y la Fiscalía Ambiental para preservar la convivencia mediante reglas claras y controles”, detalló.

El funcionario aseguró que el objetivo será garantizar un uso ordenado de los espacios urbanos. “Queremos que el ámbito del espacio público favorezca la convivencia entre los vecinos de San Miguel de Tucumán”, remarcó.

Respaldo del Concejo Deliberante 

Durante el acto también habló el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, quien expresó el respaldo del oficialismo a la decisión de la intendenta. “Venimos a respaldar la decisión de hacer una renovación que no implica cuestiones personales con quienes dejan sus funciones. En toda gestión ejecutiva cada tanto hace falta un baño de aire fresco”, señaló.

Además, ratificó el compromiso de acompañamiento institucional al Departamento Ejecutivo. “Desde el Concejo Deliberante vamos a seguir acompañando la gestión. Sabemos que siempre hay críticas en la función pública, pero también hay mucho trabajo que se está haciendo”, concluyó.

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