La Provincia firmó este martes un acuerdo salarial con la Unión de Gremios Estatales (UGE) y el Sindicato de Trabajadores de la Vivienda de Tucumán (Sitravi). El acto estuvo encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo, los ministros de Gobierno y Justicia, Regino Amado, y de Economía y Producción, Daniel Abad; y el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno y Justicia, Raúl Albarracín.
En dialogo con la prensa, Jaldo destacó la importancia de este acuerdo, afirmando que «hemos firmado un convenio que nos permite dar un incremento salarial, dar mejorías a quienes trabajan en la administración pública provincial, municipal y comunal».
Además, agradeció a los secretarios generales del Sitravi, José Ramos y de UGE, Andrés Jaime, por defender los intereses de sus representados y estar a la altura de las circunstancias en estos momentos críticos.
“Seguramente que en abril vamos a seguir conversando, y quizás ya tengamos algunas mejorías a nivel nacional, y que nosotros las podamos también trasladar a nivel de la provincia, para que todos los tucumanos se vean beneficiados”, cerró Jaldo.
Por su parte, Amado, señaló que el acuerdo establece un piso salarial de 402.000 pesos, con posibles variaciones dependiendo del escalafón y los ítems específicos de cada repartición.
“Hay provincias donde no se han podido sentar a una mesa de discusión de recomposición salarial y acá el Gobernador nos dio instrucciones precisas”, dijo y remarcó: “A la inflación la debe resolver la Nación y nosotros acá debemos estar a la altura de la circunstancia acercando lo que más se puede en esta recomposición y es lo que hemos hecho con los recursos provinciales”.
Para finalizar, el ministro de Gobierno y Justicia garantizó que hoy a partir de las 18 horas firmarán acuerdos con los gremios que representan al subsidio de Salud. “El Gobernador estaría en Buenos Aires jueves y viernes, por lo tanto, el día lunes vamos a terminar, ya con Salud, sector con el que están avanzadas las conversaciones”, cerró.
A su turno Jaime dijo: “el acuerdo, como lo vienen haciendo los otros gremios, es un aumento del 12% en el básico del trabajador estatal y obviamente los 170.000 pesos de apoyo de recomposición salarial no remunerativa, no bonificable. Hasta que nos sentemos en el mes de abril a ver una nueva recomposición salarial, a ver cómo está la cuestión esta de la inflación”.
“Lo que debemos destacar es el gesto del gobernador Osvaldo Jaldo, su primera discusión salarial, su primera paritaria de su gobierno y creo que es un aliciente para los trabajadores tucumanos tener en un momento enormemente crítico, difícil económicamente, que ha afectado a muchísimos trabajadores en todo el país, donde ha habido cesantía en otras provincias, hay 67.000 trabajadores menos del Estado Nacional, donde hay trabajadores que todavía tal vez no saben si su estabilidad va a continuar o no, el gobernador ha dado fundamentos y decisiones importantes. Ha dicho que el ajuste no va a pasar por ningún trabajador que esté desempeñando su función, cualquiera sea su condición, monotributista, contratado temporario”.
“El gobernador tiene una relación hoy con el Presidente, nosotros le hemos dado el aval a toda esta gestión porque hace a la provincia, se han salvado 50.000 puestos de trabajo en la industria azucarera y entendemos que mientras no afecte a la provincia, mientras no afecte a los trabajadores, mientras no socave el salario del trabajador, la relación que puede establecer el gobernador con la Nación para traer beneficio a los 2 millones tucumanos, siempre va a ser bien mirado y apoyado por los dirigentes sindicales que entendemos que la paz social es enormemente necesaria en la provincia”, comentó.
Finalmente, Ramos expresó: “El acuerdo fue el que alcanzaron los otros gremios. Estamos en conjunto en un 12% al sueldo básico del mes de febrero, más 170 mil pesos que se van a ser pagados”.
Y recalcó el esfuerzo que hace el Gobierno “para que sean pagaderos durante el mes de febrero, algo que no se daba antes, sino que se empezaba a percibir en el mes de marzo”. “Esta vez es retroactivo al mes de febrero, que es algo muy importante porque es una ayuda al bolsillo de la gente”.
Del mismo modo, destacó la suma fija que “favorece a las categorías más bajas del escalafón de la provincia, que son las situaciones más vulnerables de la provincia. Creemos que esa suma no remunerativa de 170 mil pesos sube mucho el piso y eso es importante para sentarnos a discutir nuevamente ya el techo en el mes de abril de este año”.
Tucumán adherirá a bajar la imputabilidad de menores y prepara cambios para poder aplicarla desde septiembre
El vicegobernador Miguel Acevedo confirmó que la provincia adecuará su legislación penal juvenil a la nueva normativa nacional. Anticipó que habrá una reunión con la Corte, el Poder Ejecutivo y legisladores para definir cómo se implementará el régimen en Tucumán.
Tucumán adherirá a la ley nacional que establece un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil y reduce la edad de imputabilidad, según confirmó el vicegobernador Miguel Acevedo durante el desarrollo de su agenda de actividades realizada en Casa de Gobierno.
El titular del Poder Legislativo explicó que la provincia deberá realizar las modificaciones necesarias para adaptar la normativa nacional a su propia realidad y anticipó que la aplicación podría comenzar este mismo año, teniendo en cuenta que la ley nacional entrará en vigencia a partir de septiembre.
“Vamos a adherir y vamos a tener que hacer las adecuaciones necesarias para que se pueda implementar aquí en Tucumán”, afirmó Acevedo al ser consultado sobre la posición de la provincia frente al nuevo régimen.
La implementación, según explicó, requerirá un trabajo coordinado entre los distintos poderes del Estado. “Tenemos que articular el accionar, no tan sólo legislativo con el Poder Judicial sino también con el Poder Ejecutivo”, señaló.
En ese sentido, adelantó que el próximo martes se realizará una reunión en la Corte con representantes del Poder Judicial, el Ejecutivo y la Legislatura, además de integrantes de la comisión que trabaja sobre la adecuación normativa. El objetivo será avanzar en una legislación que pueda aplicarse efectivamente en la provincia, contemplando las particularidades locales.
Acevedo remarcó además que el nuevo esquema no debería limitarse a una respuesta punitiva, sino que debe contemplar la posibilidad de recuperación y reinserción de los jóvenes que sean alcanzados por la normativa.
“Aunque hayan delincuencias, serán condenados, pero queremos que esos que condenemos se puedan recuperar. Son jóvenes, no estamos hablando de adultos”, sostuvo.
Una implementación que demandará recursos
El vicegobernador también advirtió que adaptar la legislación no será suficiente. La aplicación del nuevo régimen requerirá estructura, recursos y previsiones presupuestarias, por lo que el Poder Ejecutivo deberá contemplar las erogaciones necesarias para ponerlo en funcionamiento.
“Implementar y llevar a cabo la medida que se tome implica una erogación, implica tener una estructura, implica que el presupuesto del Poder Ejecutivo contemple las acciones que vayamos a desarrollar”, explicó.
Acevedo señaló que el gobernador Osvaldo Jaldo está siguiendo el proceso y destacó que Tucumán ya cuenta con antecedentes y herramientas vinculadas al abordaje de menores en conflicto con la ley.
La confirmación se produjo durante el homenaje a Juan Bautista Alberdi, realizado en Casa de Gobierno en el marco de las actividades organizadas junto al Colegio de Abogados, que celebra sus 100 años. Durante el acto también se destacó la realización de una nueva edición de la Bienal Argentina de Fotografía, prevista para octubre en distintos espacios de la provincia.
El Consejo del Salario no logró un acuerdo para establecer el nuevo mínimo en las remuneraciones y el nuevo mínimo será establecido por el Gobierno.
Los gremios solicitaron un mínimo de $ 911.000, mientras que los empresarios ofrecieron $ 400.000.
A la fecha el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) es de $376.600, cifra a la que se llegó aplicando el cronograma de ajustes que se había fijado en la reunión de noviembre de 2025.
Este valor es una referencia que, además de fijar una remuneración básica, sirve para la determinación de algunos programas sociales, prestaciones y subsidios.
La conversación se dio en medio de una solapada intención del gobierno nacional de lograr que los salarios mínimos de bolsillo se acerquen a los $ 800.000, lo que representaría un bruto cercano a $ 1.100.000.
Si bien este tema no estuvo en la agenda del encuentro que se realizó este mediodía, la discusión quedó flotando luego que en las últimas horas la Secretaría de Trabajo hiciera trascender la intención del Gobierno nacional.
El Consejo del Salario es una instancia en la que dialogan representantes de los trabajadores, empleadores, el Estado nacional y los gobiernos provinciales para determinar ese piso salarial.
Se viene realizando en el último tiempio de manera virtual, a través de Zoom, y la CGT había reclamado la semana pasada que en el encuentro de este viernes se regrese a la presencialidad, pero el Gobierno no accedió a la petición sindical.
De la reunión participaron por el sector empleador: Juan José Etala, José Luis Zapata y Horacio Martínez (UIA); Ricardo Diab y Juan Massi (CAC).
Por el sector trabajador: Jorge Solá, Cristian Jerónimo, Octavio Argüello y Luna Villar (CGT); Claudio Mani, Hugo Yasky, Hugo Godoy y Ricardo Peidro (CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores).
También estuvieron los asesores técnicos de todas estas organizaciones.
Las críticas de ATE
Finalizada la reunión del Consejo del Salario Mínimo, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, se quejó que los empresarios propusieron un aumento de 1,8% en septiembre y 1,7% para octubre hasta abril, y planteó que “este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio”.
“El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores. El SMVM sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación”, agregó el dirigente estatal en un comunicado.
“El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno. ¿El Consejo existe? Si seguimos así, el Consejo va a existir pero los salarios van a desaparecer. Este organismo nació para garantizar dignidad y no pobreza legal como sucede hoy. Ha sido copado por los grandes empresarios y se reúne sólo para convalidar lo que ellos resolvieron previamente con el Gobierno”, finalizó Aguiar.
A pesar de que todavía no tiene garantizado el acompañamiento de los aliados, el Gobierno insiste con el proyecto para eliminar las PASO y anticipó que el tema va a ser el próximo objetivo que se pondrá el oficialismo en el Congreso, mientras sigue negociando los acuerdos electorales con el PRO para simplificar el escenario de cara al 2027.
Al salir del recinto luego de haber conseguido la aprobación de 67 pliegos judiciales y 5 tratados internacionales, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, aseguró que la reforma política es la siguiente medida que impulsará.
Aunque el punto más controversial de esta iniciativa es el de terminar con las primarias, el texto también incluye varios cambios en el sistema, como en el financiamiento de los partidos, entre otras cuestiones.
El costo y la utilidad que tienen las PASO viene siendo uno de los cuestionamientos principales de la administración libertaria en lo que respecta al proceso electoral, desde el inicio de la gestión.
Ya a comienzos del 2025 hubo intentos para eliminarlas pero, ante la falta de apoyo también en aquel momento, el presidente Javier Milei solamente consiguió que se suspendieran para los comicios de ese año, en el que además se implementó la boleta única en papel por primera vez en todo el país.
Meses más tarde, el Poder Ejecutivo envió otra propuesta al Congreso con la que volvió a plantear la eliminación definitiva de las primarias, lo cual nuevamente encontró la resistencia de algunos espacios.
En mayo último, una vez más ante un contexto complejo, el Gobierno comenzó a barajar la posibilidad de una nueva suspensión, pero rápidamente se volvió a la idea original.
Ya en su nuevo rol de jefe de Gabinete, Diego Santilli consiguió el respaldo de algunas provincias que aceptaron quitarlas, a cambio de mantener mecanismos para solucionar las internas en sus respectivos territorios.
Un ejemplo es el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien cuestionó el costo para el Estado de las primarias y consideró importante “aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias”.
En esta misma línea se expresó, luego de una reunión con Santilli, el sanjuanino Marcelo Orrego al remarcar que, si bien él llegó al cargo luego de una interna, opinó que “los tiempos cambian” y esa herramienta ya no sería útil.
De la misma forma, Juan Pablo Valdés, de Corrientes, remarcó que la definición de los candidatos “es una cuestión que deben resolver las agrupaciones políticas”, por lo que también apoyará el proyecto de la Casa Rosada.
Otros mandatarios, en cambio, ya le transmitieron al funcionario nacional, en conversaciones privadas, su deseo de acompañar la medida, aunque no lo expresaron públicamente.
“Suspenderlas o eliminarlas es más o menos lo mismo, porque lo que se está discutiendo es sobre cuál es el sistema electoral del año que viene”, afirmó Bullrich este jueves, a la salida de la sesión.
El asunto, no obstante, continúa generando cierta tensión con el PRO, que no definió la posición que va a tomar al respecto, cuando todavía negocia con el oficialismo tener una alianza electoral en todo el país y la forma en la que se decidirán los candidatos en cada lugar.
En un principio, el partido fundado por Mauricio Macri, sin precisiones en aquel entonces sobre lo que haría La Libertad Avanza en el 2027, planteó, en lugar de quitar las primarias, convertirlas en optativas, para que solamente presenten listas los que tengan internas.
Todo cambió cuando, hace algunas semanas, de manera sorpresiva la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, llamó por teléfono a Macri para plantearle crear una mesa de trabajo con el objetivo de afianzar la relación entre las dos fuerzas políticas y formalizar una alianza en todo el país.
Aunque comenzaron a planificar los acuerdos y avanza la sintonía, la reforma electoral todavía no fue uno de los puntos que trataron durante esos encuentros que se hacen cada 15 días.
En las dos primeras reuniones, los representantes de cada una de las dos partes acordaron las pautas generales de las negociaciones y empezaron a analizar la situación electoral en cada distrito.
“Nosotros siempre dijimos que las PASO no tienen ni todo en contra ni todo a favor. Milei y Macri han sido resultado de la PASO, pero también sabemos, por otro lado, que tiene un costo, que la población en un año como el que viene tiene que votar seis veces y eso es cansador, y que es un gasto elevado para un gobierno que viene haciendo del déficit fiscal una política”, comentó a la salida de uno de estos encuentros Cristian Ritondo, que junto a Fernando de Andreis son los enviados del PRO a la mesa con el Gobierno.
Por su parte, Bullrich advirtió que mantener las primarias implicaría también adelantar la campaña, lo que le quitaría al Ejecutivo “cuatro meses de gestión“ en un año que, a su entender, “va a estar prácticamente perdido”.
Todavía sin un panorama claro, el oficialismo tiene previsto continuar recolectando apoyos para la reforma política, que sigue siendo la prioridad para la Casa Rosada. / Infobae