El Gobierno apelará la suspensión de la entrega de $5 mil del plan «Más Cultura Joven»
La jueza federal María Servini sostuvo que su decisión se basa en «el único fin de proteger adecuadamente el derecho al voto de todos los ciudadanos». El ministro de Cultura respondió que no hay violación a la ley y todo seguirá en otra instancia judicial.
«Bajo ningún concepto se rompió ninguna veda», aclaró Bauer al hablar por FM El Destape, y agregó que «se trata de una aplicación que los jóvenes pueden usar después de las elecciones y no antes».
El funcionario sostuvo que «el recurso llega al teatro, llega al cine, a los libreros, le llega a los músicos» y explicó que «la experiencia la hemos tomado de otros países, y ahora en la Ciudad de Buenos Aires hay un bono cultura que se parece mucho a esto».
Bauer calificó como «insólito» lo dispuesto por Servini, quien había frenado la implementación del plan por considerarlo «electoralista».
«Venimos desarrollando diversos programas, ya que la cultura fue uno de los sectores más golpeados por la pandemia, y en industrias culturales el Gobierno invirtió más de 20 mil millones de pesos», afirmó el Ministro.
Bauer defendió la iniciativa ahora frenada judicialmente al argumentar que «es un programa doblemente virtuoso: inyecta fondos en cultura y por otro lado le da la posibilidad a los jóvenes de 18 a 24 años de poder ir al cine, escuchar un concierto o comprarse un libro».
«Es una aplicación que nos llevó mucho tiempo desarrollar y que llega a los chicos después de la elección, ya que ahora lo que estamos haciendo es brindar la posibilidad de inscripción y en tres días se anotaron más de 300 mil chicos», completó el ministro de Cultura.
La medida cautelar se concedió como paso previo al trámite de la denuncia presentada por Alejandro Gómez.
Este jueves, la jueza Servini hizo lugar a una medida cautelar, dictó una «orden de restricción» preventiva y dispuso que el ministro Bauer se abstenga de implementar la entrega de 5.000 pesos en el marco del programa «Más Cultura Joven»
La magistrada hizo lugar a la medida cautelar que pidió un particular, Alejandro Gómez, y dispuso que Bauer «se abstenga de disponer de los fondos de dicho Ministerio, para dar cumplimiento con la Resolución N° 1499/21, hasta pasadas las elecciones generales previstas para el día 14 de noviembre próximo», según la resolución a la que tuvo acceso Télam.
Servini mencionó la «urgencia del caso» y sostuvo que su decisión se basa en «el único fin de proteger adecuadamente el derecho al voto de todos los ciudadanos«.
El plan fue anunciado el 14 de octubre pasado en la sala de conferencias de la Casa Rosada y, desde el 19 de octubre que se abrió su inscripción, ya se anotaron más de 320.000 jóvenes para recibir el beneficio.
«El programa Más Cultura, implementado por el Ministerio de Cultura, en colaboración con la Anses y el Banco Nación, es una política pública pensada, diseñada y elaborada con dos principios fundamentales: por un lado, impulsar y fortalecer la producción de uno de los sectores más castigados por la pandemia, como es el de las industrias culturales, que se traduce directa o indirectamente en más y mejores puestos de trabajo para artistas, trabajadores y trabajadoras de la cultura al generar nuevos públicos», destacó la cartera de Bauer.
Montaldo: «Este es un fenómeno global que tiene que ver con las redes»
La ministra de Educación indicó que se reforzaron los controles dentro de las escuelas, con especial atención en los momentos de recreo y en espacios comunes.
La ministra de Educación, Susana Montaldo, se refirió a la situación que atraviesan las escuelas ante episodios que buscan generar impacto y visibilidad, y remarcó la necesidad de una respuesta articulada entre el Estado, las instituciones y las familias.
En ese marco, destacó las medidas impulsadas por el gobernador Osvaldo Jaldo para reforzar la seguridad en los establecimientos educativos.
“El Gobernador trata de poner orden y, más que nada, brindar protección. Las familias necesitan saber que la escuela es un lugar protegido”, sostuvo.
La titular de la cartera educativa indicó que se reforzaron los controles dentro de las escuelas, con especial atención en los momentos de recreo y en los espacios comunes. Y agregó: “Se ha pedido a los preceptores, profesores y directores acompañar a los chicos. Tenemos que estar atentos al cuidado de los baños en cada recreo”.
Montaldo explicó que estos comportamientos responden a una problemática que trasciende el ámbito local y se vincula con dinámicas globales atravesadas por el uso de redes sociales.
“Este es un fenómeno global que tiene que ver con las redes. Los chicos buscan llamar la atención, aparecer, ser protagonistas. Pero también debemos preguntarnos cuánto espacio de escucha tienen en la familia y en la escuela”, destacó la ministra.
Frente a este escenario, sostuvo que es fundamental abordar la situación desde una perspectiva formativa, que incluya diálogo, contención y límites claros. Y explicó: “Educar es mostrar el camino y saber que hay límites que no se pueden cruzar. Y si se cruzan, hay consecuencias”.
En relación a las sanciones, aclaró que las acciones que ponen en riesgo a otros no pueden quedar sin respuesta, aunque deben ir acompañadas por instancias de reflexión y acompañamiento.
“Tiene que quedar claro que cada acto tiene sus consecuencias. Pero eso no significa dejar de acompañar al estudiante, entender qué pasó y trabajar con la familia”, explicó la funcionaria.
Además, señaló que se implementó un protocolo preventivo que incluye la presencia policial en los accesos a las escuelas, con el objetivo de actuar rápidamente ante cualquier situación.
“La policía está para colaborar, para estar disponible si la institución necesita apoyo ante algún hecho”, dijo.
Finalmente, convocó a toda la comunidad educativa a asumir un compromiso activo en la construcción de entornos seguros y respetuosos.
“Todos somos responsables del clima que se vive en una escuela. Este es el momento para educar, poner límites y también escuchar a nuestros chicos”, sostuvo Montaldo.
Como parte de este abordaje integral, la ministra adelantó la realización de un congreso enfocado en la salud emocional de los estudiantes, con participación de las familias.
El Gobierno presentó un per saltum y pidió a la Corte Suprema frenar la cautelar sobre la reforma laboral
La Procuración del Tesoro solicitó la intervención directa del máximo tribunal y cuestionó el fallo que suspendió artículos clave de la Ley 27.802. También apuntó contra la legitimidad de la CGT.
La Procuración del Tesoro presentó este jueves un recurso extraordinario de per saltum ante la Corte Suprema para que intervenga sin pasar por instancias previas y revierta la suspensión de artículos de la reforma laboral. La ofensiva busca dejar sin efecto la cautelar dictada por la Justicia laboral.
El planteo del cuerpo de abogados del Estado solicita la revisión del fallo del Juzgado Nacional del Trabajo N°63, que el 30 de marzo suspendió la aplicación de 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
En representación de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, la Procuración exigió que se declare la admisibilidad del recurso, se suspendan los efectos de la cautelar y que la Corte resuelva el caso de manera definitiva.
Además, pidió que el máximo tribunal revoque la sentencia al considerar que fue dictada por un juez incompetente y que no existe un caso judicial válido ni legitimación activa colectiva.
El conflicto se originó a partir de una acción presentada por la CGT, que solicitó la inconstitucionalidad y la suspensión cautelar de varios artículos de la norma. Según la central obrera, los cambios introducidos afectan derechos como la protección del trabajo, la progresividad de los derechos sociales, la libertad sindical y el acceso a la Justicia.
El juez Raúl Horacio Ojeda hizo lugar a ese pedido y dispuso la suspensión con alcance general de los artículos cuestionados.
Los argumentos del Gobierno
Frente a esto, la Procuración sostuvo que la CGT no acreditó un caso concreto ni un perjuicio específico, sino que basó su planteo en argumentos abstractos y generales. También afirmó que la central carece de legitimación suficiente para representar a todos los trabajadores del país y que el juez omitió analizar la representación sindical conforme a la normativa vigente.
El organismo remarcó que se trata de una causa de competencia federal, ya que el Estado Nacional es parte y la resolución tiene efectos en todo el país. En ese sentido, recordó que se planteó una inhibitoria ante el fuero Contencioso Administrativo Federal.
El 10 de abril, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 aceptó ese planteo y reclamó el expediente, aunque hasta el momento no se dictó una resolución que revierta la suspensión dispuesta por el juzgado laboral.
En su presentación, la Procuración calificó la situación como de “gravedad institucional”, al advertir que la suspensión de una ley nacional por parte de un tribunal inferior implica un avance sobre las atribuciones del Congreso y pone en riesgo la división de poderes.
El escrito también invocó precedentes de la Corte Suprema para sostener que ningún juez puede suspender una ley con efectos erga omnes, es decir, con alcance general para toda la sociedad.
Según el organismo, la medida genera un “perjuicio irreparable” al introducir incertidumbre sobre la vigencia de la norma, afectando la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria para empleadores y trabajadores. Incluso advirtió que, de consolidarse este criterio, cualquier juez podría frenar leyes nacionales, con impacto en el sistema normativo.
Entre las objeciones, la Procuración cuestionó la falta de análisis concreto sobre los artículos suspendidos, señaló que la cautelar coincide con el objeto principal del proceso —lo que estaría prohibido— y sostuvo que el juez excedió el pedido original de la CGT al incluir artículos no reclamados.
Finalmente, concluyó que la única vía eficaz para revertir la situación es la intervención urgente de la Corte Suprema mediante el per saltum. Por eso, solicitó que se suspendan los efectos del fallo cuestionado y se restituya la plena vigencia de la Ley 27.802 mientras se tramita el recurso extraordinario.
«No vamos a seguir tolerando este tipo de acciones de los estudiantes»
El gobernador también planteó un abordaje integral de la situación: “Los padres tienen que hacerse cargo, los docentes acompañar y el Gobierno poner límites”.
El gobernador Osvaldo Jaldo, advirtió que ante la proliferación de amenazas de tiroteos en escuelas de la provincia «se aplicará en un 100% el Decreto que firmó esta semana, reclamó medidas firmes pero planteó un abordaje integral de la situación.
En diálogo con La Gaceta, el jefe de Estado provincial manifestó: “No vamos a seguir tolerando este tipo de acciones de parte de los estudiantes; hay que ponerles límites a los chicos y eso es aplicar el 100% del decreto del Poder Ejecutivo”, afirmó Jaldo ante la andanada de amenazas de tiroteos mediante pintadas en establecimientos escolares de la provincia.
«Es un delito»
En ese sentido el titular del PE aseguró: “Lo que están haciendo los chicos es un delito: decir que puede haber tiros es una amenaza, y eso es un delito. Y a los delitos les tiene que caer todo el peso de la ley”, sostuvo, al tiempo que remarcó que la normativa recientemente firmada refuerza ese criterio.
Recordemos que el Gobernador firmó el miércoles el Decreto N° 772/7 del Ministerio de Seguridad, que instruye a la cartera que conduce Eugenio Agüero Gamboa y a la Policía a intensificar acciones preventivas, de disuasión e intervención dentro y fuera de las escuelas.
La normativa también contempla la expulsión y aprehensión de alumnos involucrados en estos hechos, con eventual traslado al Instituto Padre Brochero, en Benjamín Paz. Además, establece la responsabilidad de padres y tutores por la conducta de los menores y advierte que las instituciones podrían perder subsidios si no garantizan el cuidado de los estudiantes.
“Lo que no se puede permitir es que los chicos sigan haciendo amenazas y generen preocupación en los padres y complicaciones en la vida educativa”
Jaldo planteó un abordaje integral: “Los padres tienen que hacerse cargo, los docentes acompañar y el Gobierno poner límites”. Y agregó: “No se puede seguir haciendo la vista gorda a la problemática que están viviendo los establecimientos educativos en Tucumán”, sostuvo.
Si bien consideró válido el trabajo de los gabinetes pedagógicos interdisciplinarios, fue crítico sobre su efectividad: “Todas las medidas de contención son importantes, pero hay que ver cómo se venía trabajando. Claramente no está funcionando”.
15 denuncias
Según precisó Jaldo, hasta el momento se registraron al menos 15 denuncias en diferentes instituciones de la provincia con pintadas amenazantes en los baños de dichos establecimientos.
“Los responsables tienen que ser juzgados por la Justicia y llevados a Cura Brochero. Y los docentes, si no denuncian, se convierten en cómplices. Tenemos que darle un corte a todo esto”, enfatizó el titular del Poder Ejecutivo.
Jaldo insistió en que el problema excede a la provincia, pero subrayó la responsabilidad local. “Lo que estamos viviendo en los establecimientos educativos excede los límites de Tucumán, pero como autoridades provinciales nos tenemos que preocupar por lo que pasa aquí”, afirmó.
Sanciones disciplinarias
El gobernador también se refirió a un caso reciente en Yerba Buena, donde un alumno de 13 años confesó haber realizado una amenaza. “A pesar de que es menor de edad y aunque tenga problemas, el colegio tiene que evaluar la expulsión. De nada sirve que produzcan semejante revuelo y que todo quede en nada”, indicó.
Mayor presencia policial
Al concluir la entrevista, el Primer Mandatario adelantó que se reforzará la presencia policial en las escuelas donde se detectaron amenazas, especialmente en aquellas consideradas de mayor riesgo. Incluso, señaló que los uniformados podrían recorrer los establecimientos junto a las autoridades educativas para prevenir nuevos episodios.