El Gobierno anunció la desclasificación de los archivos de la SIDE sobre el accionar de la Dictadura
El vocero presidencial, Manuel Adorni, reveló además que declararán delito de lesa humanidad el asesinato de Humberto Viola y su hija propiciado por el ERP.
En el 49° aniversario del golpe cívico militar perpetrado por el presidente de facto, Jorge Rafael Videla, el Gobierno Nacional anunció la desclasificación de toda la información sobre el accionar de la Dictadura, y la determinación de declarar delito de lesa humanidad el asesinato de la familia del capitán Humberto Viola propiciado por el ERP.
«El Presidente instruyó la desclasificación total de toda la información y documentación vinculada con el accionar de las fuerzas armadas durante el período de 1976 y 1983. Así como toda otra documentación producida en otro período, pero relacionada con el accionar de las fuerzas», sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de un mensaje que se grabó el pasado viernes en horas de la tarde, y que se difundió a las 11 de este lunes.
En la misma línea, agregó: “Esto implica el traspaso absolutamente de estos archivos en manos de la SIDE a la orbita del Archivo General de la Nación, organismo encargado de la conservación y consulta de documentos históricos”.
“Durante décadas los archivos en manos de la SIDE permanecieron en las sombras y solo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta”, remarcó el funcionario.
Para la administración libertaria, “estos documentos fueron utilizados como un botín de guerra”, por lo que por instrucción del presidente Javier Milei pasarán “a estar al servicio de la memoria y no de la manipulación política”.
“Esta iniciativa puede resultar novedosa para la Argentina, pero no lo es a nivel mundial. En mucho países del mundo se ha avanzado en procesos de desclasificación”, narró el vocero, y agregó: “La Argentina no puede quedar rezagada en este proceso. Lo que ocurrió en el pasado debe estar en los archivos de la historia no en los de inteligencia”.
Si bien la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso en 2010 por decreto la desclasificación de la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas, Adorni aclaró que “nunca fue implementado completamente”.
Por su parte, especificó que declararán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos crimen de lesa humanidad el atentado del ERP a la familia del capitán Humberto Viola.
“En el año 2008, la justicia argentina rechazó abrir la causa, alegando que este atentado no se trató de un delito de lesa humanidad. En 2016, la viuda del capitán Viola apeló ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en búsqueda de justicia internacional”, recordó el vocero.
En una nueva crítica a la gestión del expresidente Alberto Fernández y la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, planteó que “la Secretaría de Derechos Humanos, en aquel entonces conducida por Horacio Pietragalla, remitió una respuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,donde sostenía que el atentado contra el capitán y su familia no constituía un delito de lesa humanidad”.
“Bajo la presidencia de Javier Milei se decidió entablar diálogo con la familia, llegando a un acuerdo histórico de solución amistosa, donde se revierte la mirada sesgada e ideologizada que sostuvieron gobiernos anteriores respecto a los trágicos sucesos de la década del 70”, contó, y concluyó: «Para el presidente del gobierno, Javier Milei, el asesinato del capitán Viola y su familia constituyó un crimen de lesa humanidad«.
Para operativizar la decisión, el mandatario instruyó a la Secretaría de Culto y Civilización de la Cancillería, a cargo de Nahuel Sotelo, para que establezca ante la CIDH que el crimen de la familia Viola debe ser considerado un delito de lesa humanidad, tras argumentar que se trató de “un conflicto armado interno”.
Para eso, el Gobierno enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley para establecer «la imprescriptibilidad penal y civil de este tipo de delitos».
Desde el 10 de diciembre de 2023 a la fecha, la planta de trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos se redujo en un 60%, y según precisaron fuentes de la secretaría, de 1005 empleados quedaron tan solo 400 en pie.
Asimismo, el Ministerio de Justicia avanzó con el cierre de la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños como Consecuencias del Accionar del Terrorismo de Estado dependiente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), encargada de investigar la desaparición de menores durante la dictadura militar.
En paralelo al anuncio, la izquierda y el kirchnerismo alistan sus columnas de militantes para marchar por Memoria, Verdad y Justicia, en un acto que concluirá en Plaza de Mayo.
Las palabras de Adorni complementan el video emitido por la Casa Rosada, que tiene al escritor de ultra derecha Agustín Laje, director de la Fundación el Faro, en el centro de la escena, luego de que cuestionara la cifra de 30.000 desaparecidos y narrara lo que expone como “la memoria y la verdad completa”.
El intelectual conservador argumentó la pieza audiovisual producida por el cineasta libertario Santiago Oria con una clara crítica al kirchnerismo, al que responsabilizada de haber “hecho negocios con los derechos humanos”.
“No podemos acomodar la historia a un relato que fue creado no solamente para apuntalar un proyecto político que fue el kirchnerismo, sino para robarle a todo un pueblo”, sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia.
«Las Malvinas son argentinas»: el emotivo gesto de Argentina tras vencer a Inglaterra
Los jugadores de la Selección celebraron la clasificación a la final del Mundial 2026 con una bandera que reivindica el histórico reclamo de soberanía.
Con el corazón en la boca. Así terminaron los jugadores de la Selección Argentina después del agónico triunfo por 2-1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Así, ya con el pasaje hacia otra final de una Copa del Mundo en el bolsillo, los jugadores de la Albiceleste celebraron de cara a la gente y hasta con un trapo más que elocuente, en referencia al reclamo por las Islas Malvinas.
Mientras los jugadores ingleses se retiraban del campo de juego, todavía noqueados por los dos agónicos golpes de Argentina para arrebatarles el partido, los jugadores del combinado nacional se dirigieron al extremo opuesto, para celebrar con su público.
Allí, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso aparecieron con un trapo que decía «Las Malvinas son argentinas», en alusión al histórico reclamo de soberanía sobre las islas, foco del conflicto bélico entre Argentina e Inglaterra en 1982.
Los festejos de ArgentinaLos festejos de Argentina
Si bien en la previa del encuentro mucho se habló acerca de que era tan solo un partido y no un combate, lo cierto es que claramente los futbolistas tuvieron bien presente el hecho. Incluso los héroes de Malvinas, a través de la Federación de Veteranos de Guerra 2 de Abril, publicaron un mensaje en el que pidieron evitar que el partido sea interpretado como una «revancha», sino que sea usado como «un puente para malvinizar y para recordar al mundo» que el reclamo nacional sigue vigente.
Milei descartó dar asueto por la semifinal contra Inglaterra aunque él seguirá el partido con Karina desde Olivos
En el Ejecutivo aseguran que no está previsto admitir la solicitud de ATE para frenar la actividad desde el mediodía. La mesa chica del Gobierno verá el encuentro desde la Casa Rosada.
Javier Milei descarta declarar asueto administrativo por la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra. En Nación aseguran que no planean admitir la solicitud de ATE, que pidió un cese de tareas desde las 12 para toda la Administración Pública Nacional, organismos descentralizados, entes públicos, empresas y sociedades del Estado.
Sostienen que el pedido “no está previsto” dentro de la agenda oficial y que no habrá una disposición general para interrumpir la actividad estatal. En despachos oficiales remarcan que cada área podrá organizarse según sus necesidades, pero sin una decisión nacional que suspenda la prestación de servicios administrativos.
La Casa Rosada recibió el planteo formal de ATE, dirigido a Javier Milei y con copia al secretario de Trabajo, Julio Cordero. El gremio argumentó que el partido “supera el marco estrictamente deportivo” y pidió mantener guardias mínimas en sectores críticos para cubrir urgencias y emergencias.
En Balcarce 50 toman distancia del reclamo sindical y remarcan que los ministros verán el partido por su cuenta. Buscan evitar que la semifinal altere el funcionamiento administrativo del Estado, aunque reconocen que atravesará la jornada política por su carga simbólica y deportiva.
El Presidente seguirá el partido desde la Quinta de Olivos acompañado por Karina Milei. En su entorno insisten en que el jefe de Estado mantendrá el perfil bajo que viene sosteniendo durante el Mundial para evitar una lectura de utilización política de la Selección.
Javier Milei seguirá el partido desde la quinta de Olivos
El Ejecutivo tendrá, sin embargo, parte de la mesa chica en la Casa Rosada. Santiago Caputo verá la semifinal en Balcarce 50 junto a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, y su mano derecha, Macarena Alifraco. No está confirmado si Diego Santilli también seguirá el partido desde la sede de Gobierno.
La Casa Rosada combina ese perfil bajo con un fuerte despliegue preventivo. El Ministerio de Seguridad reforzó el operativo en la zona de la embajada británica, con unos 300 efectivos de la Policía Federal, vallados, anillos de seguridad y custodia sobre tres objetivos sensibles: la sede diplomática del Reino Unido, la Embajada de Israel y el propio Ministerio de Seguridad.
Alejandra Monteoliva aseguró que no se permitirá el ingreso de banderas políticas al estadio
En Balcarce 50 explican que la decisión responde al componente simbólico del cruce con Inglaterra, la memoria de Malvinas y la posibilidad de concentraciones espontáneas antes o después del partido. “Van a tomarse recaudos como si fuera un 2 de Abril”, expresan en Nación.
El Gobierno también monitoreará los eventuales festejos en el Obelisco y en otros puntos de alta circulación de la Ciudad. La coordinación será entre fuerzas porteñas y federales, con el objetivo de evitar incidentes, daños contra edificios públicos o situaciones de tensión frente a representaciones diplomáticas.
El Ejecutivo sigue además el operativo en Atlanta, donde se jugará la semifinal. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, informó que habrá 1600 agentes policiales y que la coordinación incluyó a la FIFA, el FBI, autoridades estadounidenses, fuerzas inglesas y delegados argentinos de seguridad.
La Casa Rosada también tomó nota de las restricciones para el ingreso al estadio. Las autoridades del evento no permitirán banderas, carteles, camisetas u otros elementos con mensajes políticos, raciales o provocativos, una categoría en la que Monteoliva incluyó las referencias a Malvinas. En Balcarce 50 reconocen que esas declaraciones no cayeron bien internamente. “Tenemos un problema”, admiten en despachos oficiales.
El Gobierno busca ahora evitar que la discusión por las banderas de Malvinas opaque el operativo de seguridad. Remarcan que la Argentina participa del esquema como delegación de coordinación y recomendación, pero que las reglas de ingreso al estadio son aplicadas por la organización y las autoridades locales.
En Balcarce 50 sostienen que todavía no hay avances en contactos concretos para un eventual recibimiento de la Selección si Argentina llega a la final o gana el Mundial. La definición, remarcan, quedará para después de que se resuelva lo deportivo, más allá de que Milei ya puso a disposición la Casa Rosada.
El Gobierno busca separar ese ofrecimiento de cualquier gesto de apropiación política. Milei dijo que, si el plantel acepta ir a la Casa Rosada, él no estará en la foto y hasta prometió vaciar la sede de funcionarios para que el festejo no tenga interferencia oficial.
El Ejecutivo entiende que el partido excede lo deportivo, pero eligió administrar el clima con cautela: sin asueto, sin actos oficiales vinculados al encuentro y con un operativo reforzado por la sensibilidad del cruce. La prioridad pública será la seguridad; la política, por ahora, quedará repartida entre Olivos, Balcarce 50 y los despachos de cada ministro. /TN
La abogada de la intendenta Raquel Graneros aseguró que la casa de Las Yungas no le pertenece
La intendenta de Graneros negó las acusaciones de Manuel Courel y anticipó a través de su abogada, que iniciará acciones legales contra los autores de lo que definió como una falsa denuncia.
La defensa de la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, rechazó las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito formuladas por el legislador Manuel Courel y otros dirigentes opositores, y aseguró que la vivienda ubicada en el country Las Yungas, en Yerba Buena, no pertenece a la jefa municipal. La abogada Paula Morales Soria sostuvo que la denuncia carece de sustento legal, afirmó que la funcionaria no se encuentra imputada y remarcó que desde el inicio de la investigación se puso a disposición de la Justicia.
La letrada se expresó por primera vez públicamente sobre la causa penal iniciada hace un mes a partir de una presentación realizada por Courel y el concejal Luis Escobar, con el patrocinio del ex edil de Alberdi Luis Díaz Augier. Explicó que hasta ahora había optado por guardar silencio para no interferir en el trámite judicial, aunque calificó la denuncia como «una vergüenza sin sustento legal» y denunció que la intendenta está siendo sometida a un proceso de «violencia» pese a no haber sido imputada.
Morales Soria cuestionó especialmente las declaraciones del legislador opositor, quien sostuvo que Graneros habría adquirido una propiedad valuada en aproximadamente 1,2 millones de dólares y reclamó mayor celeridad en la investigación. «El legislador no respeta la división de poderes. Es la Justicia la que tiene que expedirse. Invito al legislador a que deje trabajar a la Justicia, que avance con la investigación. Que deje de ensuciar a la Justicia y que deje de perseguir a la intendenta como si fuera fiscal», manifestó.
La defensora también puso en duda la solidez de la presentación judicial impulsada por la oposición y aseguró que no se aportó ninguna prueba que demuestre la comisión de un delito. A su criterio, la denuncia responde a intereses políticos vinculados con el calendario electoral. «Lo que están haciendo es utilizar mentiras y montar un festín mediático para obtener rédito político. No existe ningún hecho de corrupción ni delito», afirmó. Además, anticipó que, si la investigación confirma la inocencia de Graneros, promoverá acciones legales contra quienes, según dijo, la hostigan.
En ese sentido, indicó que ya fueron incorporadas pruebas al expediente, aunque evitó brindar detalles por tratarse de una causa en trámite. Señaló que todos los informes solicitados por la Justicia favorecen la posición de la intendenta y sostuvo que el único elemento presentado por los denunciantes es una copia de una liquidación de expensas que, según afirmó, no se encuentra autenticada. «Ellos nos denunciaron judicialmente y nosotros responderemos judicialmente», expresó. También precisó que la investigación está a cargo del fiscal Diego Sebastián Hevia.
Morales Soria insistió en que la propiedad ubicada en los lotes 70 y 71 del sector 12 del country Las Yungas no pertenece a Graneros. «Si eso fuera verdad, ¿por qué no presentan los documentos que dicen que tienen? No han presentado nada, solo una copia de las expensas, que no sabemos si es real o no. La intendenta no compró esa casa. Su domicilio está en Graneros», sostuvo.
La abogada añadió que tanto la intendenta como su familia vienen siendo objeto de hostigamiento en redes sociales, donde incluso se difundieron fotografías personales. En ese marco, volvió a atribuir la denuncia a una estrategia política y recordó el proceso judicial que involucró a diez mujeres acusadas de amenazar a Graneros y a su madre, la legisladora Alejandra Cejas. «Hay un aprovechamiento político de la oposición, de gente que antes formaba parte del Gobierno y ahora está en contra», concluyó.
Las declaraciones de la defensa se produjeron luego de que Courel cuestionara públicamente la falta de avances en la investigación iniciada ante la Fiscalía de Concepción. El legislador afirmó que, tras un mes de trámite, solo se libraron oficios al country Las Yungas y que la respuesta recibida fue «muy vaga», por lo que incluso se habría solicitado un allanamiento en caso de no obtener información suficiente. También indicó que se requirieron informes a la SAT, EDET y Naturgy para establecer la titularidad de los servicios vinculados a la propiedad investigada.
El parlamentario sostuvo además que le llama la atención la lentitud del expediente, al compararla con la rapidez con la que avanzó otra causa iniciada por la intendenta contra un grupo de vecinas de Graneros que la increparon tras sufrir inundaciones. Según expresó, aquellas mujeres fueron procesadas por amenazas en pocas semanas.
Courel hizo referencia a versiones sobre una supuesta adquisición de otro inmueble en Tafí del Valle por un valor cercano a los 600.000 dólares, aunque reconoció que esa información todavía no pudo ser corroborada. Aseguró que continuará impulsando la investigación «hasta las últimas consecuencias» y reclamó que se determine con qué fondos se habría adquirido la presunta propiedad en Yerba Buena.
La denuncia presentada por la oposición sostiene que Raquel Graneros habría comprado los lotes 70 y 71 del sector 12 del country Las Yungas por una suma superior al millón de dólares, abonada en efectivo, y considera sospechosa la operación debido a que, según los denunciantes, la única actividad laboral registrada de la funcionaria era el ejercicio del cargo de intendenta.
Además, Courel afirmó en la presentación que el secretario de Hacienda del municipio de Graneros, Ariel Mendelek, habría trasladado parte del dinero utilizado para la operación inmobiliaria hasta una sucursal del Banco Galicia. Como respaldo de sus sospechas, los denunciantes incorporaron la liquidación de expensas correspondiente al mes de junio del barrio privado, donde figura el nombre de Raquel Alejandra Graneros y se consignan montos mensuales de $570.090 y $566.690 por los lotes unificados. Hasta el momento, la investigación continúa en etapa preliminar y no se informó sobre imputaciones formales contra la intendenta. /Contexto/
