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Policiales

El ex jefe de la Unidad Regional Norte fue condenado por el traslado irregular de presos en beneficio personal

A través de un juicio abreviado, Gustavo Javier Beltrán fue sentenciado a la pena de tres años y un mes de prisión de cumplimiento efectivo. Inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos junto con una reparación económica.

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Por el traslado de presos para realizar albañilería en un domicilio de El Cadillal, el ex jefe de la Unidad Regional Norte (URN), Gustavo Javier Beltrán (50), fue condenado a tres años y un mes de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de peculado de uso y de servicio en concurso real con el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en calidad de autor, y el delito de falsificación de instrumento público como coautor.

De esta manera, el juez actuante homologó el convenio de juicio abreviado que prevé también la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos junto con una reparación económica (mediante el decomiso de un cuatriciclo). En representación de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de Mariana Rivadeneira, el auxiliar de fiscal, Federico Lizarraga, se refirió a los agravantes que se tuvieron en cuenta.

“En su carácter de primer jefe de la Unidad Regional Norte se valió de su posición jerárquica para desplegar un esquema de actuación donde dispuso el traslado irregular de detenidos desde su lugar de alojamiento para permanecer en la URN, sin poseer un arresto formal ni control judicial.

A su vez, los utilizó para realizar trabajos de construcción en su beneficio personal, tanto en la propia dependencia como en su domicilio particular en El Cadillal. Para ello, usó recursos estatales, específicamente, un móvil policial que estaba asignado a su jefatura, del combustible y de la estructura operativa de la URN los cuales fueron desviados de su finalidad pública, para satisfacer los intereses particulares del imputado.

Finalmente, ordenó la inserción de información falsa en el libro de guardia de la URN”, expuso el representante del Ministerio Fiscal. “La gravedad institucional del hecho y el abuso de su función pública tornan inadecuada una pena de ejecución condicional”, añadió.

Previo a resolver, Beltrán dirigió unas palabras: “Presté 31 años de servicio y con la decisión que tomé perjudiqué no solo a mi persona sino también a la institución. Me hago cargo de mi responsabilidad y pido perdón a mi familia y a la sociedad”.

La teoría del caso

Durante los primeros días de agosto y el 11 de noviembre de 2025, el comisario general Beltrán, primer jefe de la Unidad Regional Norte de la policía de Tucumán, sin solicitar autorización ni efectuar comunicación alguna a la autoridad judicial competente, dispuso el traslado de cuatro detenidos a las dependencias de la URN, sita entre calles 9 de Julio y Monteagudo de la ciudad de Tafí Viejo, sin registrar dicho movimiento en los libros de la dependencia, siendo que los mencionados debían estar alojados en la comisaría de Chuscha (tres de ellos) y en la comisaría de Choromoro (el restante), todo ello con la finalidad de hacerlos trabajar en beneficio propio.

En estas circunstancias, el martes 11 de noviembre, el comisario Beltrán de común acuerdo con el sargento Luis Roberto Trejo y el cabo Osvaldo Lucas Tezeira insertó falsamente en el libro de guardia que a las 10:20 horas salía un móvil policial trasladando a dos detenidos condenados, de 45 años y de 47 años, a los fines de ser alojados en el arresto de la comisaría de Chuscha siendo que en realidad la camioneta se dirigió al inmueble en construcción del comisario en El Cadillal.

Ese día, en horas de la mañana, quienes cumplen servicios en la Unidad Regional Norte, al mando de Beltrán, trasladaron efectivamente a los detenidos hacia la casa de veraneo en construcción, que se encontraba sin moradores, lugar en donde realizaban trabajos de albañilería por orden suyo y para su beneficio propio.

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Investigan la muerte de un joven detenido en la comisaría de Simoca

Jonathan Rodríguez fue aprehendido el 4 de abril y, pocas horas después, debió ser trasladado a un centro de salud, donde falleció.

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La muerte de Jonathan Rodríguez, ocurrida días después de haber sido aprehendido por efectivos policiales en la ciudad de Simoca, abrió una investigación judicial que avanza bajo una calificación más grave y genera creciente inquietud tanto en el ámbito judicial como en la comunidad.
De acuerdo con los primeros datos del caso, el joven fue detenido el 4 de abril durante un operativo policial. Horas después de su aprehensión, debió ser trasladado a un centro de salud en estado crítico.
Con el correr de los días, se confirmó su fallecimiento, lo que motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal.
A partir de la evolución del caso, la causa fue recaratulada con una figura de mayor gravedad, lo que refleja la relevancia que adquirió el expediente en las últimas horas.
En ese contexto, la querella impulsó una serie de medidas probatorias orientadas a reconstruir con precisión lo ocurrido durante el lapso en que Rodríguez permaneció bajo custodia policial.
Entre los requerimientos planteados se incluyen la identificación de todo el personal que intervino en el procedimiento, así como el análisis de registros fílmicos que puedan aportar elementos objetivos para esclarecer las circunstancias del hecho.
El caso también tuvo impacto en el plano social. El sábado pasado, familiares y allegados de la víctima se concentraron frente a la comisaría de Simoca para reclamar el avance de la investigación y exigir que se determinen eventuales responsabilidades.
Mientras tanto, la pesquisa continúa en desarrollo y se aguardan nuevas diligencias en los próximos días que permitan arrojar luz sobre lo sucedido y avanzar en la determinación de responsabilidades.

 

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Liberaron al futbolista que desató el pánico en un avión, aunque quedó imputado

Emiliano Endrizzi, jugador de Gimnasia de Jujuy, recibió la libertad condicional tras el insólito episodio. La Justicia le impuso severas restricciones y el club evalúa rescindirle el contrato.

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El futbolista de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Emiliano Endrizzi, fue liberado este lunes tras haber sido detenido el fin de semana por gritar la palabra «bomba» a bordo de un avión comercial. Si bien recuperó su libertad, la Justicia lo imputó formalmente por el delito de «intimidación pública y atentado contra la seguridad de medios de transporte y comunicación».

 

El juez federal de Garantías N°1, Eduardo Hansen, rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscalía y dispuso la libertad provisoria del jugador, aunque le impuso estrictas restricciones: deberá presentarse cada siete días ante la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y tendrá terminantemente prohibido salir del país sin autorización judicial.

 

 

El riesgo de fuga y su futuro en el club

Durante la audiencia, el fiscal federal Sebastián Jure había solicitado que el deportista continuara tras las rejas, argumentando la gravedad del hecho y un posible riesgo de fuga, dado que Endrizzi no es oriundo de la provincia y reside en una vivienda alquilada. A este complejo panorama judicial se le suma una fuerte incertidumbre laboral: la dirigencia del «Lobo» jujeño anunció que evalúa rescindirle el contrato tras el escándalo.

 

 

Por su parte, la defensa técnica del jugador, encabezada por el abogado Sebastián Alsina, minimizó el hecho asegurando que todo se trató de un “comentario desafortunado” emitido en medio de una charla informal. Para acreditar el arraigo de su defendido y evitar la prisión preventiva, el letrado presentó constancias escolares de los hijos del deportista y demostró que la familia reside en Jujuy desde hace tres años.

 

 

Al fundamentar su fallo, el juez Hansen reconoció la gravedad del episodio, pero optó por una solución intermedia. No obstante, dejó una dura advertencia sobre el enorme costo y desgaste de recursos que estas «bromas» le generan al Estado: “Estas bromas graciosas o comentarios desafortunados provocan temor generalizado y deben ser tratadas con severidad”, sentenció el magistrado.

 

 

Crónica de un vuelo de terror

El insólito incidente que derivó en la detención del lateral izquierdo ocurrió el último sábado, cuando el plantel completo de Gimnasia de Jujuy se encontraba a bordo del vuelo FO 5181, listo para despegar hacia la Ciudad de Buenos Aires.

En ese momento, desde su butaca 16C, Endrizzi señaló a otro pasajero y lanzó en voz alta: “Él lleva una bomba”.

La frase, que luego se comprobó que era una falsa alarma, generó un clima de terror inmediato y obligó a la tripulación a activar el protocolo de emergencia. El avión fue trasladado hacia una zona aislada a 500 metros de la terminal y se procedió a la evacuación total de los pasajeros.

Durante más de tres horas, el aeropuerto quedó virtualmente paralizado mientras se desplegaba un megaoperativo que incluyó la conformación de un comité de crisis. Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la División de Explosivos revisaron minuciosamente la aeronave y los equipajes con trajes especiales. Finalmente, se descartó la presencia de cualquier artefacto peligroso y se desactivó la alarma.

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Agente penitenciario de 28 años murió luego de chocar un montículo de ripio en una ruta sin iluminación

La víctima fue identificada como Julio Matías Salazar, de 28 años, quien se desempeñaba como agente del servicio penitenciario

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Un trágico siniestro vial se registró durante la madrugada de este domingo en la Ruta Provincial 323, a la altura del puente sobre el río Salí, en jurisdicción de la Comisaría de Río Colorado, donde un motociclista perdió la vida en el acto.

La víctima fue identificada como Julio Matías Salazar, de 28 años, quien se desempeñaba como agente del servicio penitenciario y tenía domicilio en el paraje Ampata – Atahona.
De acuerdo a la información oficial, el joven circulaba en una motocicleta de 200cc en sentido oeste-este cuando, por causas que aún se investigan, impactó contra un montículo de ripio colocado para impedir el paso hacia el antiguo puente carretero, actualmente clausurado.

En el lugar se encuentran carteles con la advertencia “No avanzar, puente clausurado”, mientras que en paralelo existe un paso habilitado para la circulación vehicular. Sin embargo, según consta en el informe policial, el sector carece de iluminación, lo que podría haber influido en la mecánica del hecho.

Personal del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) arribó al sitio en la unidad correspondiente y constató que el motociclista ya no presentaba signos vitales.

La intervención quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios N° 2 del Centro Judicial Concepción, bajo la órbita de la fiscal Lucrecia Lugones, quien dispuso la actuación de Criminalística para realizar las pericias correspondientes y avanzar en la investigación del caso

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