Las dos compañías hidrocarburíferas a cargo del megayacimiento Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las Islas Malvinas, salieron al cruce de las declaraciones del presidente Javier Milei y desestimaron de plano las medidas punitivas anunciadas por la Casa Rosada. A través de un comunicado conjunto, la operadora británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum afirmaron que las licencias otorgadas por el gobierno colonial del archipiélago son legítimas y remarcaron que el plan de extracción petrolera continuará sin alteraciones.

“No se espera que los recientes acontecimientos tengan efectos materiales en las actividades del proyecto de Sea Lion, incluido el calendario para completar el desarrollo del proyecto”, subrayaron ambas firmas tras los anuncios del mandatario argentino, quien advirtió que la extracción formal de crudo en el archipiélago disputado podría comenzar en pocos meses si no media una respuesta contundente del Estado nacional.

Respaldo británico y avance sobre recursos en litigio

En su pronunciamiento, las operadoras petroleras recalcaron que los títulos de concesión otorgados por la administración de las islas cuentan con el “apoyo total y continuo del Gobierno británico”. El yacimiento Sea Lion transita su etapa final de exploración y delimita un punto de inflexión histórico: de concretarse la fase productiva comercial, se transformará en el primer antecedente formal de explotación y extracción sistemática de crudo en las aguas que el Reino Unido usurpa desde 1833.

El historial de diferendos legales ya cuenta con precedentes directos: la Argentina sancionó administrativamente a Rockhopper en 2013 y a Navitas en 2022 por operar sin autorización de la Secretaría de Energía. Actualmente, el esquema hidrocarburífero ilegítimo en Malvinas involucra también permisos exploratorios otorgados a la británica Borders & Southern y a la canadiense JHI.

Decreto, proyecto de ley y juicios en ausencia: el paquete de sanciones

La respuesta de las empresas sobrevino luego del mensaje público en el que Milei anticipó una batería de acciones administrativas y legislativas para blindar los recursos del Atlántico Sur. “Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las islas Malvinas sin autorización argentina”, remarcó el jefe de Estado, advirtiendo que en un plazo breve las compañías “tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”.

El plan del Ejecutivo contempla la firma inmediata de un decreto de necesidad y urgencia para agilizar sanciones comerciales contra las firmas ejecutoras, sus accionistas, directivos y empresas proveedoras asociadas. Asimismo, la administración nacional enviará un proyecto de ley al Congreso para endurecer el régimen penal, vedar de manera definitiva cualquier tipo de actividad en territorio continental y habilitar la realización de juicios en ausencia contra ejecutivos corporativos. Milei anticipó además que buscará extender este esquema sancionatorio sobre otras áreas clave de la economía del archipiélago, como la pesca de calamar, el turismo de cruceros y la ganadería ovina.

Cruce diplomático con Londres y retroceso en las bolsas

El endurecimiento de la postura argentina encendió inmediatas fricciones diplomáticas con Gran Bretaña. Tras las declaraciones presidenciales, el ministro de Defensa, Wes Streeting, y el ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, calificaron como “inamovible” la postura del Reino Unido sobre la soberanía de las Malvinas, justificando su presencia en el principio de autodeterminación de los isleños.

En el plano financiero, la advertencia argentina generó volatilidad en las cotizaciones bursátiles de las compañías implicadas: hacia la media jornada europea, las acciones de Rockhopper se desplomaron más de un 5% en la Bolsa de Londres, mientras que los títulos de Navitas retrocedieron un 2% en los paneles de Tel Aviv.