El Ministerio Público Fiscal investiga la muerte de Raúl Exequiel Arallania, de 28 años, y José David Salinas, de 34, quienes fallecieron durante la noche del sábado tras un violento siniestro vial ocurrido en Las Talitas, en el marco de una persecución policial.

El hecho se registró en la zona de calle Charcas y Ruta 305, en la localidad de El Colmenar. Según las primeras averiguaciones, todo comenzó cuando una motocicleta era perseguida por efectivos policiales.

Durante esa persecución, la moto habría impactado primero contra el rodado en el que se desplazaban los uniformados. Luego de ese choque inicial, uno de los policías efectuó un disparo de advertencia al aire.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el conductor que intentaba escapar realizó una maniobra brusca y continuó la huida a alta velocidad. Sin embargo, metros más adelante terminó chocando de frente contra otra motocicleta, en la que circulaban José David Salinas y una mujer.

Como consecuencia del violento impacto, Raúl Exequiel Arallania, de 28 años, murió en el lugar. En tanto, José David Salinas, de 34, fue trasladado de urgencia al Hospital Avellaneda, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

La mujer que acompañaba a Salinas fue derivada al Hospital Padilla. Según el último parte médico, permanece internada fuera de peligro. Desde la Fiscalía indicaron que aguardan la autorización médica correspondiente para poder tomarle declaración, ya que su testimonio será clave para reconstruir la secuencia completa de lo ocurrido.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, encabezada por Carlos Sale. En el lugar, la instructora Lucrecia Lugones coordinó las primeras medidas y dispuso la intervención de peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales.

Los investigadores trabajan sobre evidencias balísticas, mecánicas y planimétricas para determinar con precisión cómo se produjo el choque fatal, cuál fue el accionar policial durante la persecución y establecer las responsabilidades correspondientes.

La confirmación del fallecimiento de la menor profundizó la conmoción que desde hace días atraviesa a vecinos, familiares y allegados, que habían sostenido cadenas de oración y muestras de apoyo con la esperanza de una recuperación.

El can de raza pitbull de nombre “Conan”, se encontraba involucrado en una pelea con dos perros pertenecientes al acusado. El hombre, actuando con crueldad, agredió reiteradamente al animal asestándole múltiples golpes cortantes en distintas partes del cuerpo, provocándole heridas de extrema gravedad.

El caso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Complejos, a cargo de Mariana Rivadeneira, quien fue representada por el auxiliar de fiscal Federico Lizárraga en la audiencia correspondiente al tratamiento de la formalización de la investigación y el pedido de medidas de coerción por parte del Ministerio Fiscal (MPF).

En relación al primer punto, el representante del MPF relató los hechos intimados al encartado, consistentes en que el 24 de enero de 2026, a las 18:40 horas, en el barrio Toledo de la localidad de San Pablo, departamento Lules, provincia de Tucumán, en circunstancias en que el can raza pitbull de nombre “Conan”, se encontraba involucrado en una pelea con dos perros pertenecientes a agresor, fue que este, actuando con manifiesta crueldad y excediendo cualquier conducta razonable de separación o contención de los animales involucrados, procedió a agredir reiteradamente al can “Conan” mediante la utilización de un machete, asestándole múltiples golpes cortantes en distintas partes del cuerpo, provocándole heridas de extrema gravedad, entre ellas lesiones cortantes en cabeza, lomo y extremidad delantera izquierda, ocasionándole un severo sufrimiento físico y produciéndole la muerte por desangramiento pocos minutos después.

El acusado por ese hecho fue imputado por parte de la acusación pública bajo la calificación jurídica provisoria de acto de crueldad animal en calidad de autor, imponiéndose medidas de menor intensidad en contra del imputado por el plazo de tres meses.

El mismo estará sujeto a una serie de medidas, entre otras, la promesa de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación; la obligación de fijar y mantener domicilio, la prohibición de realizar cualquier acto que pueda obstaculizar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley; la obligación de permanecer a disposición del Tribunal y concurrir a todas las citaciones que se formulen; la prohibición de realizar cualquier acto de intimidación u hostigamiento en contra de la víctima, sea de manera directa o por intermedio de terceros, por cualquier medio, incluso tecnológicos y a través de redes sociales.