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Policiales

El acosador de Tafí Viejo continuará con prisión preventiva

Prórroga por 23 días de la medida de coerción de máxima intensidad para el hombre de 45 años. Está acusado de desobediencia judicial en un contexto de violencia de género. La Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual y de Género I del MPF informó que restan completarse dos informes.

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Este miércoles tuvo lugar una audiencia de prórroga de la prisión preventiva que viene cumpliendo un hombre, de 45 años, acusado por el delito de desobediencia judicial (tenía una restricción de acercamiento). La Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual y de Género I del MPF, a cargo de Adriana Reinoso, solicitó la prórroga de la medida de coerción, de máxima intensidad, por 23 días (con vencimiento el viernes 20 de diciembre) fundamentada en los riesgos procesales, como así también en los informes que restan: completar lo expuesto por la Junta Médica (se solicitó un oficio al Hospital Obarrio para la historia clínica) y la realización de un psicodiagnóstico.
Durante la jornada, la auxiliar de fiscal, Carolina Brito Ledesma, manifestó: “Las medidas de menor intensidad (arresto domiciliario) no son suficientes para garantizar el avance de la investigación. Al momento del examen psíquico, por parte de la Junta Médica, los especialistas determinaron que se encontraba vigil, coherente y orientado en tiempo y espacio con conciencia de situación, sin problemas sensoperceptivos, con buena memoria, con pensamiento de curso, ritmo y contenido conservado (no presentaba signos ni síntomas de enfermedad mental aguda en curso). Sin embargo, para poder responder los puntos de pericias se solicitó un resumen de la historia clínica a su médico psiquiatra tratante”.
A continuación, la investigadora agregó que “en el día de ayer respondió que es un ex paciente del centro de salud mental (Obarrio) que fue asistido por última vez el día 8 de febrero del 2023 cuando se negó a seguir siendo medicado y asistido psiquiátricamente y que por lo tanto no podía emitir concepto alguno ya que desconocía su situación clínica actual”. Por tal motivo, se le envió un nuevo oficio al psiquiatra para poder contar con su historia clínica quien se comprometió a remitir ese informe mañana jueves. “Cuando tengamos esa documentación vamos a poder solicitar una nueva fecha para que continúe la Junta Médica”, subrayó la investigadora. “Estamos esperando el resultado del psicodiagnóstico para determinar si su conducta tiene otra adecuación típica y, por supuesto, pediremos la audiencia correspondiente en caso de ampliar el objeto de la investigación”, adelantó.

Los riesgos procesales

En su alocución, Brito Ledesma añadió: “Nos encontramos frente a un hecho cometido en un contexto de violencia de género y consideramos que fue totalmente planificado por lo que se observa en los registros fílmicos que captaron al imputado (la esperaba en su vivienda y utilizó su automóvil para huir del lugar tras ser visto por el novio y el vecino de la víctima). Sorprende a este Ministerio Fiscal la impunidad con la que se manejó y la total indiferencia por la voluntad de la víctima (en las audiencias practicadas sostuvo la necesidad de hablar con ella). El tribunal de Impugnación sostuvo que no fue un hecho aislado y debe analizarse teniendo en cuenta la historicidad previa. La víctima vive en un estado constante y permanente de alerta por las acciones del imputado y esto alteró por supuesto su cotidianidad”, afirmó. Por su parte, la víctima, acompañada por la querella, pidió el cumplimiento de la prisión preventiva. “Su domicilio está a sólo 250 metros de distancia y también mencionar que ya hubo custodia policial que no cumplía, por lo tanto, no me da seguridad que cumpla un arresto domiciliario. No puedo salir a la calle tranquila sabiendo que puede aparecer en cualquier momento ya que está demostrado que rompe con cualquier medida de protección o de distanciamiento”. Finalmente, el juez interviniente hizo lugar al plazo solicitado por la Fiscalía señalando la falta de apego a la norma por parte del imputado.

La teoría del caso

El lunes 28 de octubre del corriente año, siendo las 22:05 horas aproximadamente, en circunstancias que la víctima se encontraba en su domicilio de Tafí Viejo junto a su novio fue que el imputado golpeó la puerta de la vivienda y exclamó que buscaba a la mujer. Allí esperó hasta que un vecino de la zona y el novio de la víctima le dijeron que se vaya porque tenía una orden de prohibición de acercamiento (en un radio no menor de 500 metros a su domicilio) como así también la prohibición de cualquier acto de perturbación dictado por el Juzgado en lo Civil en Familia y Sucesiones de la V Nominación, de fecha miércoles 23 de octubre de 2024, la cual fue debidamente notificada el jueves 24 (el acta fue firmada por su madre no así por el acusado). Finalmente, se retiró en su automóvil marca Citroën modelo C3.

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Investigan la muerte de un joven detenido en la comisaría de Simoca

Jonathan Rodríguez fue aprehendido el 4 de abril y, pocas horas después, debió ser trasladado a un centro de salud, donde falleció.

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La muerte de Jonathan Rodríguez, ocurrida días después de haber sido aprehendido por efectivos policiales en la ciudad de Simoca, abrió una investigación judicial que avanza bajo una calificación más grave y genera creciente inquietud tanto en el ámbito judicial como en la comunidad.
De acuerdo con los primeros datos del caso, el joven fue detenido el 4 de abril durante un operativo policial. Horas después de su aprehensión, debió ser trasladado a un centro de salud en estado crítico.
Con el correr de los días, se confirmó su fallecimiento, lo que motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal.
A partir de la evolución del caso, la causa fue recaratulada con una figura de mayor gravedad, lo que refleja la relevancia que adquirió el expediente en las últimas horas.
En ese contexto, la querella impulsó una serie de medidas probatorias orientadas a reconstruir con precisión lo ocurrido durante el lapso en que Rodríguez permaneció bajo custodia policial.
Entre los requerimientos planteados se incluyen la identificación de todo el personal que intervino en el procedimiento, así como el análisis de registros fílmicos que puedan aportar elementos objetivos para esclarecer las circunstancias del hecho.
El caso también tuvo impacto en el plano social. El sábado pasado, familiares y allegados de la víctima se concentraron frente a la comisaría de Simoca para reclamar el avance de la investigación y exigir que se determinen eventuales responsabilidades.
Mientras tanto, la pesquisa continúa en desarrollo y se aguardan nuevas diligencias en los próximos días que permitan arrojar luz sobre lo sucedido y avanzar en la determinación de responsabilidades.

 

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Liberaron al futbolista que desató el pánico en un avión, aunque quedó imputado

Emiliano Endrizzi, jugador de Gimnasia de Jujuy, recibió la libertad condicional tras el insólito episodio. La Justicia le impuso severas restricciones y el club evalúa rescindirle el contrato.

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El futbolista de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Emiliano Endrizzi, fue liberado este lunes tras haber sido detenido el fin de semana por gritar la palabra «bomba» a bordo de un avión comercial. Si bien recuperó su libertad, la Justicia lo imputó formalmente por el delito de «intimidación pública y atentado contra la seguridad de medios de transporte y comunicación».

 

El juez federal de Garantías N°1, Eduardo Hansen, rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscalía y dispuso la libertad provisoria del jugador, aunque le impuso estrictas restricciones: deberá presentarse cada siete días ante la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y tendrá terminantemente prohibido salir del país sin autorización judicial.

 

 

El riesgo de fuga y su futuro en el club

Durante la audiencia, el fiscal federal Sebastián Jure había solicitado que el deportista continuara tras las rejas, argumentando la gravedad del hecho y un posible riesgo de fuga, dado que Endrizzi no es oriundo de la provincia y reside en una vivienda alquilada. A este complejo panorama judicial se le suma una fuerte incertidumbre laboral: la dirigencia del «Lobo» jujeño anunció que evalúa rescindirle el contrato tras el escándalo.

 

 

Por su parte, la defensa técnica del jugador, encabezada por el abogado Sebastián Alsina, minimizó el hecho asegurando que todo se trató de un “comentario desafortunado” emitido en medio de una charla informal. Para acreditar el arraigo de su defendido y evitar la prisión preventiva, el letrado presentó constancias escolares de los hijos del deportista y demostró que la familia reside en Jujuy desde hace tres años.

 

 

Al fundamentar su fallo, el juez Hansen reconoció la gravedad del episodio, pero optó por una solución intermedia. No obstante, dejó una dura advertencia sobre el enorme costo y desgaste de recursos que estas «bromas» le generan al Estado: “Estas bromas graciosas o comentarios desafortunados provocan temor generalizado y deben ser tratadas con severidad”, sentenció el magistrado.

 

 

Crónica de un vuelo de terror

El insólito incidente que derivó en la detención del lateral izquierdo ocurrió el último sábado, cuando el plantel completo de Gimnasia de Jujuy se encontraba a bordo del vuelo FO 5181, listo para despegar hacia la Ciudad de Buenos Aires.

En ese momento, desde su butaca 16C, Endrizzi señaló a otro pasajero y lanzó en voz alta: “Él lleva una bomba”.

La frase, que luego se comprobó que era una falsa alarma, generó un clima de terror inmediato y obligó a la tripulación a activar el protocolo de emergencia. El avión fue trasladado hacia una zona aislada a 500 metros de la terminal y se procedió a la evacuación total de los pasajeros.

Durante más de tres horas, el aeropuerto quedó virtualmente paralizado mientras se desplegaba un megaoperativo que incluyó la conformación de un comité de crisis. Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la División de Explosivos revisaron minuciosamente la aeronave y los equipajes con trajes especiales. Finalmente, se descartó la presencia de cualquier artefacto peligroso y se desactivó la alarma.

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Agente penitenciario de 28 años murió luego de chocar un montículo de ripio en una ruta sin iluminación

La víctima fue identificada como Julio Matías Salazar, de 28 años, quien se desempeñaba como agente del servicio penitenciario

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Un trágico siniestro vial se registró durante la madrugada de este domingo en la Ruta Provincial 323, a la altura del puente sobre el río Salí, en jurisdicción de la Comisaría de Río Colorado, donde un motociclista perdió la vida en el acto.

La víctima fue identificada como Julio Matías Salazar, de 28 años, quien se desempeñaba como agente del servicio penitenciario y tenía domicilio en el paraje Ampata – Atahona.
De acuerdo a la información oficial, el joven circulaba en una motocicleta de 200cc en sentido oeste-este cuando, por causas que aún se investigan, impactó contra un montículo de ripio colocado para impedir el paso hacia el antiguo puente carretero, actualmente clausurado.

En el lugar se encuentran carteles con la advertencia “No avanzar, puente clausurado”, mientras que en paralelo existe un paso habilitado para la circulación vehicular. Sin embargo, según consta en el informe policial, el sector carece de iluminación, lo que podría haber influido en la mecánica del hecho.

Personal del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) arribó al sitio en la unidad correspondiente y constató que el motociclista ya no presentaba signos vitales.

La intervención quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios N° 2 del Centro Judicial Concepción, bajo la órbita de la fiscal Lucrecia Lugones, quien dispuso la actuación de Criminalística para realizar las pericias correspondientes y avanzar en la investigación del caso

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