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Denuncian por usurpación y amenazas al casero de la ministra de Gobierno

La presentación fue realizada por vecinos de la zona Las Mesadas, lindera al dique El Cadillal

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En las últimas horas se conoció una denuncia por parte de una familia de Las Mesadas, ubicada en la zona de dique El Cadillal, por usurpación y agresiones con arma de fuego  al casero de la actual ministra de Gobierno Carolina Vargas Aignasse.

Se trataría de Alberto Antonio Molina y su pareja, quienes fueron denunciados en la Justicia por parte de vecinos de esa localidad.  Según la presentación judicial, el agresor es empleado de la ministra de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse. Además, denunciaron que Molina, se movilizaba en un vehículo que pertenecería al marido de la funcionaria, el empresario Martín Salas.

La denuncia

Según el relato de Ana María Guzmán, el 10 de noviembre de 2020 recibió una llamada de una vecina quien le comentó que el acusado junto a su pareja, Estafanía Andrea Indauro, se encontraban armando una “casilla prefabricada” en un terreno propiedad de Guzmán.

Al tomar conocimiento de la usurpación, la propietaria y su marido se trasladaron hasta su propiedad en la localidad lindera al Dique, para pedir a que retiraran la vivienda emplazada del terreno, pero recibieron “insultos, malos tratos y todos tipos de improperios y amenazas de parte de estas personas”. Sin embargo, los acusados “accedieron a retirar la casilla del lugar donde la habían emplazado y trasladarla al sector este del terreno”.

Al fin de semana siguiente, la propietaria se trasladó junto a su familia a esa propiedad como habitualmente lo hace, y se encontró con que Molina e Indauro no habían corrido de lugar la casilla sino que, también, habían realizado una conexión clandestina de electricidad desde la casa de Guzmán, según dijo la mujer en la presentación judicial.

Después de desconectar la luz, Molina reaccionó e intentó ingresar a la vivienda de la propietaria, pero uno de los hijos Guzmán se lo impidió. Enfurecido, Molina tomó un machete y amenazó de muerte al esposo de la propietaria, agrega la denuncia.

Fuera de sí, Molina desafió también a los dos hijos de la denunciante y, al ver que no había reacción violenta por parte de los usurpados, el acusado al ver que estaba siendo filmado, “manoteo el celular y lo arrebató”, asegura la denuncia judicial (ver video). En ese momento, Indauro le acercó una pistola, pero justo se hizo presente la Policía de Tucumán que ya había sido advertida, y Molina guardó en arma en una camioneta Nissan, doble cabina, de color gris, dominio MKJ-613 (ver foto), propiedad de Salas, marido de Vargas Aignasse, según denunciaron en la Justicia.

Agrega la denuncia que al arribar infantería, Molina no permitió que abran la camioneta para constatar el arma que tenía, y en ese momento llamaba por celular a Carolina Vargas Aignasse, propietaria del predio donde el acusado es casero y cuidador. También, manifestó Guzmán en la presentación, mientras realizaba la llamada, Molina amenazaba a los agentes policiales con hacerlos perder sus trabajos.

Ante esto, agrega la denuncia, el efectivo policial encargado del procedimiento “se comunicó con la fiscalía de turno y no autorizaron el procedimiento”. De todas formas, el oficial recomendó a Guzmán que “realice la denuncia en la unidad policial”.

Pero la denuncia no quedó allí. Lo más grave de la presentación es que “pasada la medianoche del 30 de noviembre, se sintieron disparos y piedras”, en la casa de uno de los hijos de Guzmán, quien vive en el terreno contiguo a la denunciante. Según la denuncia los disparos impactaron en el portón de la propiedad, en el Barrio Sibanto, Manzana I, Lote 17.

Después de averiguar con los vecinos, uno de ellos narró haber sido “testigo directo del hecho”, y dijo haber visto “una camioneta marca Nissan doble cabina, que iba y venía por la calle” donde reside la familia de la denunciante. “En la caja iban 3 sujetos y en la parte interna del vehículo otros 3”, asegura la denuncia que contó el testigo, quien agregó: “primero pasaron despacio tratando de identificar la casa y luego en dirección de salida del barrio se detuvieron enfrente de la casa” del hijo de Guzmán. En ese lugar “realizaron los disparos y tiraron piedras”.

Por esta razón, Guzmán solicitó una prohibición de acercamiento contra Molina, que finalmente fue otorgado, como también “el desalojo de estas personas” de la propiedad usurpada. Tras la investigación, la Policía dispuso el secuestro del vehículo de Salas, marido de la Ministra de Gobierno.

 

Fuente: https://elfederalista.com.ar/denuncian-por-usurpacion-y-agresiones-con-arma-de-fuego-al-casero-de-carolina-vargas-aignasse-video/

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Absolvieron a Virginia Mercado: la Justicia consideró que no encubrió al asesino de Paulina Lebbos

La fiscala Marta Jerez retiró la acusación al considerar que no existían pruebas suficientes para sostener el delito. El juez Eduardo Romero Lascano dictó la absolución.

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Virginia Mercado, la mejor amiga de Paulina Lebbos y la última persona que la vio con vida, fue absuelta este lunes en la causa en la que estaba acusada de encubrimiento. La Justicia concluyó que no existían pruebas suficientes para demostrar que hubiera colaborado con los responsables del crimen ocurrido en febrero de 2006.

La decisión se conoció luego de que la fiscala Marta Jerez retirara la acusación al considerar que los nueve puntos sobre los que se había basado la imputación no alcanzaban para sostener un delito de esa gravedad. La postura fue acompañada por la defensa de Mercado, que también solicitó el sobreseimiento.

El juez Eduardo Romero Lascano coincidió con ese criterio y sostuvo que la investigación no logró reunir la certeza necesaria para una condena, principalmente por las contradicciones sobre lo ocurrido la madrugada del 26 de febrero de 2006, cuando desapareció Paulina.

Un juicio marcado por la polémica

La absolución llega después de un proceso que atravesó múltiples controversias. A comienzos de este año, Mercado estuvo cerca de cerrar la causa mediante un juicio abreviado, pero el acuerdo fue rechazado por el juez Patricio Agustín Prado al considerar incompatible la admisión del delito con la falta de memoria que la imputada seguía manifestando.

El debate también estuvo atravesado por fuertes tensiones. En una de las audiencias, Romero Lascano suspendió abruptamente la sesión tras un cruce con la defensa por el desarrollo del juicio sin la presencia física de Mercado, quien reside en Salta y atraviesa un tratamiento por un cáncer avanzado.

La acusación no pudo sostenerse

Durante el proceso, la Fiscalía había sostenido que Mercado integró un supuesto «pacto de silencio» para desviar la investigación sobre la salida del boliche Gitana y el recorrido posterior de Paulina Lebbos.

Sin embargo, el paso del tiempo, las irregularidades detectadas en la investigación inicial y la falta de pruebas que demostraran una conducta dolosa terminaron debilitando esa hipótesis, lo que llevó a la Fiscalía a desistir de la acusación.

«Siempre dije la verdad»

Antes de conocerse la sentencia, Mercado volvió a defender su actuación. «Quiero que todos sepan que siempre dije la verdad. Nunca me negué a declarar. Paulina no era solo mi compañera, era mi amiga. Yo no soy culpable de nada», afirmó.

Con la absolución, quedó cerrada la vía penal contra la última persona del entorno de Paulina Lebbos que la vio con vida, en una de las causas judiciales más emblemáticas de Tucumán.

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Picadas clandestinas: secuestraron 24 vehículos y multaron a más de 20 motociclistas en Famaillá

Este fin de semana se desarrolló un amplio operativo contra las picadas ilegales en Famaillá.

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En el marco de un fuerte plan de seguridad preventiva orientada a erradicar las carreras clandestinas de motocicletas, la Policía de Tucumán desplegó un masivo procedimiento en la ciudad de Famaillá que culminó con el secuestro de decenas de vehículos y múltiples personas sancionadas.

El despliegue estuvo a cargo de efectivos de la Unidad Regional Oeste, en un trabajo conjunto que integró a personal de la Infantería Oeste, la Patrulla Motorizada y la Comisaría de Famaillá.

Durante los controles, las fuerzas de seguridad lograron interceptar e identificar a los participantes de estas maniobras peligrosas, por lo cual se retuvieron preventivamente 22 motocicletas y 2 automóviles por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito y 22 personas fueron identificadas e infraccionadas bajo las disposiciones del Código Procesal Penal de Tucumán.

«Este tipo de acciones buscan reafirmar el compromiso de la fuerza con la prevención, el orden público y la seguridad vial de todos los tucumanos», destacaron desde la cúpula policial.

Las autoridades anticiparon que este tipo de controles sorpresivos se mantendrán de forma periódica en distintos puntos estratégicos de la zona oeste para combatir el peligro que representan las picadas ilegales para la comunidad.

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«Mi hermana está enterrada en algún lugar del Colegio San Francisco»

La fuerte revelación de Liliana Argañaraz a 20 años del crimen de Bety.

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A casi 20 años del asesinato de la docente Ángela Beatriz «Betty» Argañaraz, una de las causas criminales más conmocionantes de la historia de Tucumán volvió a cobrar impulso tras una impactante revelación de su hermana, Liliana Argañaraz, quien aseguró haber recibido información sobre el posible lugar donde estarían los restos de la maestra, desaparecida desde el 31 de julio de 2006.

Aunque en 2009 la Justicia condenó a Susana Acosta y Nélida Fernández a 20 años de prisión por el homicidio de Betty Argañaraz, el cuerpo de la docente nunca fue encontrado. Esa ausencia convirtió al expediente en uno de los primeros casos de la provincia con condena firme por homicidio sin la aparición del cadáver, pero para la familia la búsqueda nunca terminó.

En una extensa entrevista, Liliana Argañaraz sostuvo que durante estos años logró acceder a una información que considera de enorme importancia para esclarecer definitivamente el caso. Según relató, una persona le aseguró conocer dónde se encuentran los restos de su hermana, aunque el miedo le impide declarar formalmente ante la Justicia.

«Mi hermana está en algún lugar dentro del Colegio San Francisco«, afirmó Liliana, al revelar que esa versión le fue transmitida por un testigo que teme por su vida y que, por esa razón, se niega a brindar una declaración judicial.

La hermana de Betty explicó que incluso llegó a reunirse personalmente con esa persona para escuchar su relato. Describió ese encuentro como uno de los momentos de mayor tensión que vivió desde el crimen de la docente y aseguró que comprendió el temor del informante al percibir el nivel de miedo con el que hablaba del caso.

Pese a considerar que se trata de una pista concreta, lamentó que no haya encontrado respuestas por parte de las autoridades judiciales para profundizar esa línea de investigación. Según afirmó, durante los últimos años intentó comunicarse con integrantes del Ministerio Público Fiscal para transmitir la información y solicitar que se designara una fiscalía que continuara la búsqueda de los restos, pero aseguró que sus pedidos nunca prosperaron.

Liliana expresó que la familia siente que, una vez obtenidas las condenas en 2009, la investigación quedó prácticamente paralizada.

«Para la Justicia este caso sentó jurisprudencia porque hubo condena sin cuerpo, pero para nosotros Betty sigue desaparecida. Nosotros todavía no pudimos recuperarla», manifestó al explicar que el principal objetivo de la familia continúa siendo encontrar los restos para darle una sepultura.

La mujer también cuestionó el funcionamiento del sistema judicial y sostuvo que actualmente no existe una investigación activa destinada exclusivamente a localizar el cuerpo de la docente. En ese sentido, dijo sentir miedo e impotencia al no tener un ámbito institucional donde aportar nuevos datos.

Además, volvió a insistir con una hipótesis que mantiene desde hace años: que Susana Acosta y Nélida Fernández no actuaron solas.

A criterio de Liliana, resulta imposible que dos personas hayan logrado ocultar durante dos décadas el cuerpo de Betty sin recibir ayuda de terceros. Por ello, reiteró su convencimiento de que existieron cómplices que colaboraron en el encubrimiento del crimen y que todavía permanecen en silencio.

También expresó sus sospechas sobre la existencia de personas con influencia dentro de ámbitos institucionales y eclesiásticos que, según considera, nunca aportaron toda la información que conocían sobre lo ocurrido.

Para la familia, la falta de hallazgo de los restos representa la herida más profunda que dejó el crimen. Liliana afirmó que no busca revancha ni nuevas condenas, sino únicamente conocer toda la verdad y recuperar el cuerpo de su hermana para poder cerrar un duelo que lleva abierto dos décadas.

«Lo único que necesitamos como familia es recuperar sus restos, darle una cristiana sepultura y terminar con esta herida que sigue abierta desde hace 20 años», sostuvo.

Finalmente, renovó el pedido a la comunidad tucumana para que cualquier persona que posea información se anime a romper el silencio. Aseguró que todavía hay personas que conocen lo ocurrido y que el temor o los pactos de silencio han impedido avanzar en el esclarecimiento total del caso.

Al cumplirse dos décadas del asesinato de Betty Argañaraz, la familia insiste en que la condena de las responsables no alcanzó para hacer justicia mientras el cuerpo de la docente continúe desaparecido. Para Liliana, encontrar los restos es la única deuda pendiente de una causa que marcó para siempre la historia judicial de Tucumán y que, pese al paso del tiempo, sigue sin ofrecer una respuesta definitiva sobre el destino final de la maestra.

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