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Crimen de Érika Álvarez: prisión preventiva para los dos nuevos detenidos

A pedido del Ministerio Fiscal, los acusados permanecerán privados de la libertad mientras avanza la investigación por el crimen Erika Álvarez.

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A pedido del Ministerio Fiscal, los acusados permanecerán privados de la libertad mientras avanza la investigación por el crimen de la joven. Ya son cuatro las personas en la misma situación en el marco de la pesquisa.

En horas de la tarde de este viernes 27 de febrero se llevó a cabo la audiencia multipropósito correspondiente al control de las detenciones, a la formalización de la investigación y al pedido de medidas de coerción de máxima intensidad, por parte del Ministerio Fiscal.

El caso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo de Pedro León Gallo, quien fue representado por la auxiliar de fiscal Carolina Brito Ledesma. Durante la audiencia, la Fiscalía formuló cargos en contra de Nicolás Augusto Navarro Flores, de 37 años y Jorge Orlando Díaz (a) “Chicho”, de 40 años, por el delito calificado como encubrimiento por favorecimiento personal y real, agravado por ser el hecho precedente especialmente grave, en calidad cada uno de autor. En contra de los mismos requirió la prisión preventiva por el plazo de tres meses.

“Se trata de una investigación extensa que hasta el momento cuenta con más de 100 actuaciones en nuestro legajo. Surgen los elementos de peligrosidad procesal de fuga y de obstaculización de la investigación. Se encubrió el homicidio de una víctima mujer con toda una vida por delante, a la que se le dio muerte con gran violencia y su cuerpo fue abandonado de manera aberrante en un basural, e intentando ocultar pruebas para que este hecho quede impune”, señaló la investigadora del Ministerio Fiscal.

Por su parte, la jueza interviniente resolvió hacer lugar a todos los planteos formulados por parte de la acusación pública durante la audiencia de control de las detenciones.

Cabe recordar que por el caso ya se encontraban privados de la libertad: Felipe Sosa, de 50 años, quien fue detenido el viernes 16 de enero pasado en Pilar, provincia de Buenos Aires, imputado como autor del homicidio de Erika, con prisión preventiva por seis meses; y Justina Gordillo, de 48 años, acusada del delito de encubrimiento doblemente agravado, por favorecimiento personal y por su condición de empleada judicial, quedando con medidas de coerción de máxima intensidad por tres meses.

Las acusaciones

Contra Díaz: En circunstancias que el 7 de enero de 2026, en horas de la madrugada, Felipe Sosa, con la intervención de otras personas aún no identificadas, dio muerte a Érika Antonella Álvarez mediante el ejercicio de violencia física, causándole traumatismo cráneofacial y cervical, fue que Jorge Orlando Díaz (a) “Chicho”, se hizo presente en el domicilio de Sosa, sito en calle Santo Domingo 1.100, unidad “B” de Yerba Buena, a bordo de una camioneta Chevrolet S10 de color negra, ploteada con el logo de “Mundo Limpio”, a horas 15.17 aproximadamente, colaborando en el ocultamiento del cuerpo de Erika Antonella, la desaparición de su teléfono celular y todo otro rastro relativo al crimen, ya que limpió el lugar del hecho.

Posteriormente, a horas 17.10 aproximadamente, Díaz se retiró a bordo de la camioneta S10 transportando en la caja bolsas de consorcio de gran tamaño, ayudando de esta manera al mencionado Sosa y a los sujetos no identificados a eludir la investigación y sustraerse de la acción de la Justicia.

Contra Navarro. En circunstancias que el 7 de enero de 2026, en horas de la madrugada, Felipe Sosa, con la intervención de otras personas aún no identificadas dio muerte a Erika Antonella Alvárez, mediante el ejercicio de violencia física causándole traumatismo cráneofacial y cervical, fue que Nicolás Augusto Navarro, tras recibir una llamada telefónica de Sosa a horas 08.20 del mismo 7 de enero, se hizo presente a horas 09:06 aproximadamente en el domicilio de Sosa sito en calle Santo Domingo 1100, unidad B de Yerba Buena, a bordo de su motocicleta Betamotor modelo 38 BOY. En ese lugar permaneció allí alrededor de 20 minutos colaborando con el ocultamiento del cuerpo de Erika Antonella y todo otro rastro relativo al hecho, ayudando de esta manera al mencionado Sosa y a los sujetos no identificados a eludir la investigación y sustraerse de la acción de la Justicia.

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Investigan la muerte de un joven detenido en la comisaría de Simoca

Jonathan Rodríguez fue aprehendido el 4 de abril y, pocas horas después, debió ser trasladado a un centro de salud, donde falleció.

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La muerte de Jonathan Rodríguez, ocurrida días después de haber sido aprehendido por efectivos policiales en la ciudad de Simoca, abrió una investigación judicial que avanza bajo una calificación más grave y genera creciente inquietud tanto en el ámbito judicial como en la comunidad.
De acuerdo con los primeros datos del caso, el joven fue detenido el 4 de abril durante un operativo policial. Horas después de su aprehensión, debió ser trasladado a un centro de salud en estado crítico.
Con el correr de los días, se confirmó su fallecimiento, lo que motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal.
A partir de la evolución del caso, la causa fue recaratulada con una figura de mayor gravedad, lo que refleja la relevancia que adquirió el expediente en las últimas horas.
En ese contexto, la querella impulsó una serie de medidas probatorias orientadas a reconstruir con precisión lo ocurrido durante el lapso en que Rodríguez permaneció bajo custodia policial.
Entre los requerimientos planteados se incluyen la identificación de todo el personal que intervino en el procedimiento, así como el análisis de registros fílmicos que puedan aportar elementos objetivos para esclarecer las circunstancias del hecho.
El caso también tuvo impacto en el plano social. El sábado pasado, familiares y allegados de la víctima se concentraron frente a la comisaría de Simoca para reclamar el avance de la investigación y exigir que se determinen eventuales responsabilidades.
Mientras tanto, la pesquisa continúa en desarrollo y se aguardan nuevas diligencias en los próximos días que permitan arrojar luz sobre lo sucedido y avanzar en la determinación de responsabilidades.

 

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Liberaron al futbolista que desató el pánico en un avión, aunque quedó imputado

Emiliano Endrizzi, jugador de Gimnasia de Jujuy, recibió la libertad condicional tras el insólito episodio. La Justicia le impuso severas restricciones y el club evalúa rescindirle el contrato.

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El futbolista de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Emiliano Endrizzi, fue liberado este lunes tras haber sido detenido el fin de semana por gritar la palabra «bomba» a bordo de un avión comercial. Si bien recuperó su libertad, la Justicia lo imputó formalmente por el delito de «intimidación pública y atentado contra la seguridad de medios de transporte y comunicación».

 

El juez federal de Garantías N°1, Eduardo Hansen, rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscalía y dispuso la libertad provisoria del jugador, aunque le impuso estrictas restricciones: deberá presentarse cada siete días ante la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y tendrá terminantemente prohibido salir del país sin autorización judicial.

 

 

El riesgo de fuga y su futuro en el club

Durante la audiencia, el fiscal federal Sebastián Jure había solicitado que el deportista continuara tras las rejas, argumentando la gravedad del hecho y un posible riesgo de fuga, dado que Endrizzi no es oriundo de la provincia y reside en una vivienda alquilada. A este complejo panorama judicial se le suma una fuerte incertidumbre laboral: la dirigencia del «Lobo» jujeño anunció que evalúa rescindirle el contrato tras el escándalo.

 

 

Por su parte, la defensa técnica del jugador, encabezada por el abogado Sebastián Alsina, minimizó el hecho asegurando que todo se trató de un “comentario desafortunado” emitido en medio de una charla informal. Para acreditar el arraigo de su defendido y evitar la prisión preventiva, el letrado presentó constancias escolares de los hijos del deportista y demostró que la familia reside en Jujuy desde hace tres años.

 

 

Al fundamentar su fallo, el juez Hansen reconoció la gravedad del episodio, pero optó por una solución intermedia. No obstante, dejó una dura advertencia sobre el enorme costo y desgaste de recursos que estas «bromas» le generan al Estado: “Estas bromas graciosas o comentarios desafortunados provocan temor generalizado y deben ser tratadas con severidad”, sentenció el magistrado.

 

 

Crónica de un vuelo de terror

El insólito incidente que derivó en la detención del lateral izquierdo ocurrió el último sábado, cuando el plantel completo de Gimnasia de Jujuy se encontraba a bordo del vuelo FO 5181, listo para despegar hacia la Ciudad de Buenos Aires.

En ese momento, desde su butaca 16C, Endrizzi señaló a otro pasajero y lanzó en voz alta: “Él lleva una bomba”.

La frase, que luego se comprobó que era una falsa alarma, generó un clima de terror inmediato y obligó a la tripulación a activar el protocolo de emergencia. El avión fue trasladado hacia una zona aislada a 500 metros de la terminal y se procedió a la evacuación total de los pasajeros.

Durante más de tres horas, el aeropuerto quedó virtualmente paralizado mientras se desplegaba un megaoperativo que incluyó la conformación de un comité de crisis. Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la División de Explosivos revisaron minuciosamente la aeronave y los equipajes con trajes especiales. Finalmente, se descartó la presencia de cualquier artefacto peligroso y se desactivó la alarma.

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Agente penitenciario de 28 años murió luego de chocar un montículo de ripio en una ruta sin iluminación

La víctima fue identificada como Julio Matías Salazar, de 28 años, quien se desempeñaba como agente del servicio penitenciario

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Un trágico siniestro vial se registró durante la madrugada de este domingo en la Ruta Provincial 323, a la altura del puente sobre el río Salí, en jurisdicción de la Comisaría de Río Colorado, donde un motociclista perdió la vida en el acto.

La víctima fue identificada como Julio Matías Salazar, de 28 años, quien se desempeñaba como agente del servicio penitenciario y tenía domicilio en el paraje Ampata – Atahona.
De acuerdo a la información oficial, el joven circulaba en una motocicleta de 200cc en sentido oeste-este cuando, por causas que aún se investigan, impactó contra un montículo de ripio colocado para impedir el paso hacia el antiguo puente carretero, actualmente clausurado.

En el lugar se encuentran carteles con la advertencia “No avanzar, puente clausurado”, mientras que en paralelo existe un paso habilitado para la circulación vehicular. Sin embargo, según consta en el informe policial, el sector carece de iluminación, lo que podría haber influido en la mecánica del hecho.

Personal del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) arribó al sitio en la unidad correspondiente y constató que el motociclista ya no presentaba signos vitales.

La intervención quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios N° 2 del Centro Judicial Concepción, bajo la órbita de la fiscal Lucrecia Lugones, quien dispuso la actuación de Criminalística para realizar las pericias correspondientes y avanzar en la investigación del caso

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