Con el apoyo del voto de dos senadores tucumanos se aprobó el Presupuesto 2027
Durante la definición en general del proyecto, el mismo obtuvo 46 adhesiones a favor -con dos más, llegaban a dos tercios, ya que estaban todos presentes-, 25 rechazos y una abstención.
El Senado sancionó esta noche el Presupuesto 2026, tras más de ocho horas de discusión, y el Gobierno libertario ya puede mostrarle al mercado, en el inicio de la segunda parte del mandato de Javier Milei, un plan de gastos avalado por el Congreso, con votos de sobra. Un tema no menor, aunque dentro de poco -en febrero, si hay extraordinarias; o marzo, en el período ordinario-, el oficialismo deberá lidiar con un desafío mayúsculo en la Cámara alta: la reforma laboral.
Durante la definición en general del proyecto, el mismo obtuvo 46 adhesiones a favor -con dos más, llegaban a dos tercios, ya que estaban todos presentes-, 25 rechazos y una abstención. Lo más importante fue la votación en particular de la iniciativa, que también avanzó y, de esta manera, la ley será promulgada. Es decir, hubo guiños en todos los capítulos, incluido el segundo -por el artículo 30-, criticado por la oposición -pocos radicales no acompañaron- por eventuales recortes en diversas áreas de educación. Consiguió 42. Más que suficiente y hasta en sintonía de “paliza”..
Para tener una idea de cómo se arribó a dicho resultado en la votación en general, hay que sumar a los 21 integrantes de La Libertad Avanza, los diez del radicalismo, tres del PRO, y un puñado trascendental de silvestres provinciales. Más la sorpresa -por romper con la orden cristinista- de los peronistas Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy). Esta mecánica, con algunas objeciones en el capítulo dos, se repitió en la particular. Se abstuvo en todo la justicialista disidente Alejandra Vigo (Córdoba), mientras que otros lo hicieron en un par de secciones de la ley, como Julieta Corroza (La Neuquinidad).
El plan de gastos e ingresos para 2026 prevé un crecimiento económico de 5% del Producto Bruto Interno (PBI); inflación anual de 10,1%; y un dólar que para el Ejecutivo rondará, en diciembre del año que viene, $1.423. Según la Casa Rosada, el superávit primario será de 1,5% del PBI; el financiero, de 0,2%. Además, se estiman que las exportaciones se incrementarán 10,6%.
Debate en el recinto
Como miembro informante de La Libertad Avanza, el exjefe del oficialismo en el Senado -ahora es Patricia Bullrich– y titular de la comisión de Hacienda, Ezequiel Atauche (Jujuy), aseguró: “En los últimos 13 años no se había podido cumplir un Presupuesto que tenga un déficit cero y es muy importante generar confianza interna y externa. Eso es algo que este país no tenía hace mucho tiempo”.
El legislador recordó la situación que se encontró Milei en el poder central, como el riesgo país “encima de 1900 puntos” y un “30% de deuda pública con vencimientos a un día”, la que calificó de “una bola de intereses que se pudo desarmar con mucho esfuerzo”. Luego, sumó el escenario de pobreza e indigencia y cómo la Casa Rosada sacó, siempre según Atauche, “a más de 10 millones de personas” de esa realidad.
Ante las dudas que surgieron por el artículo 12 -potestad de reclamar información a universidades para determinar ciertos gastos o envío de fondos-, Atauche fue tajante: “El mismo se presentó tanto en la época de los Kirchner como de Macri y hoy lo volvemos a incluir en el Presupuesto”.
Desde el interbloque kirchnerista, el primero en responder fue el exgobernador chaqueño Jorge Capitanich. Apuntó a cuestiones políticas y, sobre todo, técnicas. Muy pocos le prestaron atención. Su discurso se extendió hacia bifurcaciones diversas y, en el tramo final, erró en una frase del Martín Fierro –José Hernández-, entre otras obras literarias que mostró “Coqui” como guía moral. Sí habló de “coacción y coerción a las administraciones provinciales y municipales” a la hora de la discrecionalidad para derivar recursos.
Más concreto fue el peronista pampeano Pablo Bensusán. Para graficar una preocupación sobre las transferencias a cajas previsionales -dijo que es “el mismo importe asignado para 2023”-, expresó: “Se establece, como anticipo a cuenta, sólo para aquellas provincias que tengan un déficit reconocido, provisorio o definitivo correspondiente al ejercicio 2021 o posterior”. Es decir que, de las 13 en esta zona, sólo su distrito sería el beneficiado.
Desde la Unión Cívica Radical (UCR), el bonaerense Maximiliano Abad manifestó que “un Presupuesto aprobado es indispensable para el funcionamiento de la República y para recuperar credibilidad institucional”. No obstante, denostó el artículo 30. En ese sentido, señaló: “Lo llamo ‘escoba’, porque barre los pisos de inversión en educación y ciencia previstos por ley. Un piso que no se alcanza sigue siendo una referencia y un rumbo a seguir”.
La defensa oficialista volvió a ser observada por la justicialista riojana Florencia López. En primer lugar, mostró la “contradicción” entre “la inflación que proyecta el Gobierno, de 10,1% anual, con la de los últimos meses, que superó los dos puntos”. En esa línea, añadió: “Es mala fe y a propósito”.
Tras ello, la exvicegobernadora, que conoce a fondo lo que implica una ley de gastos, confió: “Con esa inflación -proyectada hacia abajo- habrá mayor recaudación y, como no van a estar designadas esas partidas, se va a permitir la discrecionalidad”. López marcó, con preocupación, que el Ejecutivo envió una ley con un sistema de bandas que modificó “sobre la marcha” y con “una resolución”, una vez que el texto ya estaba ingresado en el Congreso y que, en Diputados, ni siquiera lo adecuó.
Cierres
En su debut, Corroza (La Neuquinidad) utilizó gran cantidad de su tiempo en halagar la resentida gestión de su terminal política y gobernador, Rolando Figueroa. La siguió la salteña Flavia Royón, que fue directo al grano y dejó en claro que “sin Presupuesto no hay planificación, previsibilidad, inversión, desarrollo y, por sobre todas las cosas, no hay reglas claras que requieren las provincias para conducir sus planes de gobierno”.
“Necesitamos orden financiero”, sentenció Royón, aunque tampoco olvidó de resaltar que “acompañar no es callar”: habló de “supuestos macroeconómicos frágiles y, en exceso, optimistas”. Al final, sostuvo que la solución sobre la puja en educación no es “derogar”, sino “tener una propuesta más constructiva”.
Por su parte, el líder del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara (Misiones), enfatizó que “el Estado no genera riqueza, sino que administra lo que generan los argentinos”, y reforzó el concepto de la “responsabilidad para gobernar”. Segundos después, opinó: “Apoyar y dar una nueva herramienta no significa un cheque en blanco. Exige responsabilidad, más que nunca, y cumplir los acuerdos con las provincias y los fallos de la Corte Suprema”.
“No se puede imponer. Menos, cuando se tienen minorías parlamentarias. Vamos a marcar límites cuando haya atropellos. El respeto a las instituciones no es optativo, es una obligación”, advirtió Goerling Lara.
Sobre ello coincidió su par de la UCR, Eduardo Vischi, que direccionó la lupa hacia la “gran inversión social” del Ejecutivo y subrayó que “es inexplicable” que haya “menos situaciones de conflicto”, si antes “gobernaban los que decían que defendían a los pobres”, en clara referencia al kirchnerismo.
Con el apoyo clave de los gobernadores peronistas alineados en esta oportunidad con la Nación, el presidente Javier Milei logró que el Congreso sancionara el primer presupuesto de su gestión.
En la votación en general del Senado, jugaron con los libertarios los legisladores que responden a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta); también acompañaron los dos del misionero Hugo Passalaqua.
La votación por capítulos -el mismo esquema que siguió Diputados- que logró imponer La Libertad Avanza (LLA) evitó rechazos al artículo 30 que recorta fondos a educación y ciencia y que hubiera obligado a una nueva sesión en Diputados, que era lo que buscó evitar el oficialismo.
Las senadoras tucumanas Beatriz Ávila ((del bloque jaldista Independencia) y Sandra Mendoza, que se alejó del kirchnerismo, explicaron los fundamentos de su voto a favor del Presupuesto 2026, que fue sancionado por el Senado de la Nación. Ambas legisladoras acompañaron la iniciativa tanto en la votación general como en el capítulo 2, que incluyó el artículo 30.
Desde el recinto, Beatriz Ávila (Bloque Independencia) confirmó su respaldo al Presupuesto y reclamó al Gobierno nacional una mirada federal. “Sin provincias fuertes, no habrá Nación fuerte”, sostuvo al advertir que el déficit cero no debe ser el único objetivo de la gestión pública. En esa línea, remarcó que se trata del primer Presupuesto sancionado en dos años de la actual administración, lo que aporta previsibilidad.
Por su parte, la senadora Sandra Mendoza también justificó su voto afirmativo en términos institucionales. “Votar a favor del Presupuesto nacional es una decisión de responsabilidad institucional”, afirmó, y reconoció que el texto no es ideal, aunque subrayó los riesgos de gobernar sin esa herramienta. “Sabemos que no es el Presupuesto ideal y que hay aspectos que deben mejorarse, pero los riesgos de que la Argentina funcione sin Presupuesto son mucho mayores”, señaló.
Mendoza remarcó que la aprobación permite ordenar las cuentas públicas y brindar previsibilidad. “Sin esta herramienta, el país queda a merced de la discrecionalidad, sin previsibilidad para las provincias, los municipios y los sectores productivos”, advirtió. Finalmente, aclaró que el acompañamiento no implica un aval irrestricto al Ejecutivo: “Acompañar este Presupuesto no significa otorgar un cheque en blanco”.
De los tres senadores tucumanos, solo el kirchnerista Juan Manzur votó en contra del Presupuesto.
En el Senado hubo negociaciones durante toda la jornada, de las que participaron, además de Patricia Bullrich, nuevamente el ministro del Interior, Diego Santilli; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y el asesor Eduardo “Lule” Menem. Todos ellos -que responden a Karina Milei- mantuvieron contactos con los gobernadores para evitar sobresaltos y garantizarle al Presidente la sanción en esta jornada.
También en Diputados los senadores que responden a los gobernadores norteños votaron a favor en general, pero lo hicieron en contra del Capítulo XI. Después del tratamiento en esa cámara, los mandatarios apuntaron que el oficialismo falló en los cálculos y, convencido de que tenía los votos garantizados, ni siquiera hizo llamados para cotejar qué posición asumirían los diputados respecto del segmento de la ley que incluía la derogación de las leyes de financiamiento educativo y emergencia para discapacidad.
Antes de esa sesión, la Casa Rosada agilizó los giros de Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) y, desde entonces, lo que se registró fue un goteo más intenso de los fondos por compensación de consenso fiscal sobre los que las provincias reclaman deudas por falta de actualización.
Desde la consultora Politikon Chaco, Alejandro Pegoraro explicó que estos recursos -que integran las transferencias automáticas- tienen a diario una distribución “muy pareja porque se basa en un cálculo teórica mensual”, pero este mes aumentaron de manera notoria para algunos distritos.
Salta recibió $17.084 millones en dos giros; Catamarca, $6.562 millones; Chaco, $14.428 millones; Entre Ríos, $6.213 millones; Jujuy, $3.304 millones; Mendoza, $13.689 millones; Misiones, $13.388 millones; San Juan, $9.140 millones y Tucumán, $2.721 millones. En estos casos puntuales, los giros hasta el 23 de este mes superan ampliamente el promedio mensual habitual. Por ejemplo, Chaco recibe entre $8.000 millones y $9.000 millones mensuales de compensación por el Consenso Fiscal y en un solo día recibió $14.428 millones.
Los dos senadores de Provincias Unidas -donde confluyen los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Chubut, Jujuy, Santa Cruz y Corrientes- votaron divididos, la cordobesa Alejandra Vigo se abstuvo y el correntino Carlos “Camau” Espínola votó a favor, al igual que la chubutense Edith Terenzi, quien no se incorporó y se mantiene en el monobloque Despierta Chubut. El vínculo de la Rosada con este grupo de gobernadores no es homogéneo; los de las provincias del centro entienden que sigue el oficialismo sigue privilegiando a los norteños.
El Gobierno de Javier Milei ordenó actualizar la tasa de seguridad de la aviación fijada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) a partir del 28 de mayo. El cambio repercutirá en el precio de los vuelos, tanto a destinos nacionales como internacionales, luego del incremento generado por la guerra en Medio Oriente.
Los pasajes de avión tendrán un incremento en el sobrecargo que impactará de forma directa sobre los valores que pagan los pasajeros. Se trata del gravamen destinado a la seguridad y tecnología en aeropuertos.
La medida fue oficializada este martes a través de la resolución 258/2026, publicada en el Boletín Oficial, cuyo anexo indica que, a partir de la actualización, la tasa tendrá un incremento tanto para los vuelos de cabotaje como para los regionales e internacionales.
Cuánto aumentará la tasa de seguridad aeroportuaria
A partir del 28 de mayo, los pasajes emitidos para vuelos locales registrarán el aumento en la tasa de $20 a $6500. Para los regionales, subirá de u$s4,42 a u$s5 y para los destinos internacionales se incrementará de u$s8 a u$s9. La actualización se trasladará directamente al precio que abonan los pasajeros.
La actualización responde a la necesidad de una “revisión” de la tasa debido a la “desactualización de los valores tarifario vigentes” que desde 2016 no registra un incremento, según argumenta el organismo en la resolución. Pero también a “la magnitud de las inversiones requeridas” para la implementación de medidas de seguridad.
Aumenta la tasa de seguridad aérea
Según explicaron, la tasa tiene por objetivo financiar la seguridad y tecnología en aeropuertos. Entre los principales destinos de los fondos se destacan:
-La modernización del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) con la provisión de equipamiento especializado.
-Mejora de la infraestructura vinculada a la seguridad operacional.
-Incorporación de tecnología y sistemas para optimizar la supervisión y el control.
-La capacitación continua del personal.
-La mejora en los procesos de fiscalización, certificación y vigilancia.
El precio de los pasajes en aumento por la guerra en Medio Oriente
El aumento de la tasa tiene lugar en un contexto de incremento del precio en los pasajes debido a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Según un análisis de Transport & Environment, el encarecimiento del petróleo elevó significativamente los costos del combustible para aviones, lo que se traduce en aumentos concretos en los precios de los vuelos.
El informe revela que el costo del combustible por pasajero en vuelos de larga distancia desde Europa aumentó en promedio 88 euros (unos u$s104), mientras que en los vuelos dentro del continente la suba ronda los 29 euros por persona. Se trata de un salto relevante si se tiene en cuenta que el combustible es uno de los principales componentes del costo operativo de las aerolíneas.
En ese contexto, Aerolíneas Argentinas anunció el mes pasado que comenzó a aplicar temporalmente un recargo por combustible en el precio de sus pasajes como consecuencia del aumento reciente del precio del petróleo, derivado de la guerra en Medio Oriente.
Según consignaron fuentes de la empresa a Ámbito, la decisión responde a los movimientos recientes en el precio del barril de crudo, que impactan directamente en el costo del combustible de aviación, uno de los principales componentes de la estructura de gastos de cualquier aerolínea.
El gobernador Elías Suárez anunció durante su mensaje anual, un paquete de medidas destinado a fortalecer el poder adquisitivo de los empleados públicos provinciales, que incluye el pago de sumas extraordinarias y la confirmación del calendario salarial.
Confirmó que los trabajadores de la administración pública percibirán un bono por el Día del Trabajador de $600.000, que estará disponible a partir del 30 de abril. A esto se suma el pago de haberes correspondientes al mes en curso, previsto para los días 28 y 29, respetando el cronograma habitual.
Además, el mandatario también anuncio la implementación de un bono aguinaldo por un total de $1.200.000, que será abonado en dos tramos iguales de $600.000 durante los meses de junio y julio.
Por otra parte, se ratificó la continuidad del bono de fin de año, el cual se pagará en tres cuotas, aunque el monto será definido y anunciado más adelante.
Al referirse al alcance de estas medidas, Suárez subrayó su impacto directo en la economía provincial, destacando que los recursos destinados a los trabajadores “se transforman en consumo, impulsando el comercio, fortaleciendo a las pymes y generando mayor actividad económica”.
En esa línea, sostuvo que la política salarial no solo apunta a acompañar a los empleados públicos, sino también a dinamizar el mercado interno y sostener el desarrollo productivo en todo el territorio provincial.
El presidente Javier Milei mostró su beneplácito en su cuenta de la red social X, por el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido la aplicación de una parte significativa de la Ley de Modernización Laboral.
“No podrán detener el crecimiento que se viene para el País. Viva la libertad carajo…!”, expresó el mandamás argentino en el reposteo que hizo, sobre una publicación de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Este jueves la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió suspender los efectos de la medida cautelar que había frenado la aplicación de gran parte de la «reforma laboral», devolviendo la plena vigencia a los artículos detenidos hasta que el tribunal se expida sobre el fondo del asunto.
Con esta decisión, adoptada por la Sala VIII, integrada por la jueza María Dora González y el juez Víctor Arturo Pesino, el proceso entra en una etapa crucial al quedar a la espera de un pronunciamiento definitivo sobre la validez de los cambios aprobados por el Congreso de la Nación.
La resolución deja sin efecto la medida dictada el 30 de marzo por el juez Enrique Ojeda, que había suspendido 83 artículos de la Ley 27.802, luego de una presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT).
El tribunal fundamentó su dictamen en lo dispuesto por el artículo 13, inciso 3, de la Ley 26.854, que establece el régimen de medidas cautelares contra el Estado, y consideró que en este caso no existían las condiciones excepcionales que justificarían el mantenimiento de la cautelar mientras se tramita la apelación.
La decisión implica que los artículos suspendidos recuperan vigencia de inmediato, hasta que la Sala VIII de la Cámara del Trabajo resuelva si confirma o revoca la medida cautelar. El dictamen subraya que será el tribunal, el encargado de definir, en función de la entidad institucional del acto, el destino final de la cautelar.
