CONECTATE CON NOSOTROS

Política

Caso $LIBRA: las excusas de Caputo y Cúneo Libarona para ausentarse de la interpelación de Diputados

El jefe de Gabinete Guillermo Francos fue el único funcionario que acudió al Congreso a responder las preguntas de la oposición por la presunta estafa cripto.

Avatar

Publicado

el

La oposición en la Cámara de Diputados consiguió consensuar la interpelación a cuatro funcionarios para dar explicaciones sobre la causa $LIBRAy el rol presidencial. Sin embargo, sólo un representante del Ejecutivo asistió al Congreso para responder los interrogantes de los legisladores.

El acuerdo fue convocar al recinto a Guillermo Francos, jefe de Gabinete; Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia; Luis Caputo, ministro de Economía, y Roberto Silva, titular de la Comisión Nacional de Valores. Los dos últimos hicieron saber que no asistirían al recinto desde el primer momento. Todo esto pese a que, tal cual establece la Constitución Nacional, el Congreso “puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estimen convenientes”.

Como la CN especifica que esa herramienta aplica a “ministros” (el reglamento de la Cámara de Diputados añade “secretarios de Estado”) es que Silva encontró un «vericueto» para no asistir. No así Caputo. Pero, su faltazo no sorprendió a nadie de la oposición. Desde que Milei asumió como Presidente, el economista jamás pisó el Congreso. No dio explicaciones por el acuerdo con el FMI ni tampoco fue a defender el Presupuesto 2025 (que jamás se sancionó).

En tanto, Francos confirmó desde el primer momento que asistiría a la Cámara de Diputados para brindar explicaciones en torno al tuit del Presidente el 14 de febrero, en el que difundió la criptomoneda que derivó en una estafa. Tal es así que días atrás, cuando fue a presentar su informe de gestión a la Cámara que conduce Martín Menem, obvió responder por escrito y en manera oral todas las consultas en torno al caso. Precisamente, fundamentó que asistiría a la interpelación.

Guillermo Francos representó al Gobierno en su defensa de la causa $LIBRA.

Guillermo Francos representó al Gobierno en su defensa de la causa $LIBRA.

De no asistir al recinto, los diputados se podrían haber amparado en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que le da al Congreso la facultad de censurar al jefe de gabinete e incluso removerlo de su cargo. Ese instrumento no existe para el resto de los ministros y la Carta Magna tampoco prevé algún tipo de castigo para los ministros que no asistan a la interpelación.

Como fuera, los diputados también estaban confiados en que el ministro de Justicia asistiría al recinto este martes. Se enteraron de su ausencia en la tarde del lunes, a través de la prensa, que divulgó la noticia. “No sabemos nada, Menem y su entorno no hablan con nosotros”, dijo uno de los diputados que impulsa la sesión. Básicamente, los diputados de la oposición llegan al recinto con pocas certezas ante el silencio oficialista frente al tema que, desde el primer momento, intenta esquivar.

“No hacía falta que vaya. Con Francos es más que suficiente”, explicaron desde el entorno de Cúneo Libarona a este medio al ser consultados por su ausencia.

Así las cosas, los diputados se quedarán sin conocer las respuestas de Cúneo Libarona, pese a que Milei, en la única oportunidad a la que se refirió al tema $LIBRA, había hecho alusión al ministro de Justicia.

En esa oportunidad, dijo que “Mariano Cúneo Libarona va a seguir todo este tema porque es el ministro de Justicia y entiende del tema”. En otras palabras, dio a entender que sería quien lo defendería en el caso que el propio Milei dijo que se involucró no como Presidente, sino a “título personal”.

Esta mañana, el propio Francos confirmó la baja, en diálogo con radio La Red. “Ante la interpelación del Congreso, llevo todas las explicaciones que ya el presidente dio. No hay mucho nuevo para aportar”, dijo el ministro coordinador. Y agregó: “Asistiré yo en representación de todo el Poder Ejecutivo. Los ministros de Economía y Justicia se ponen a disposición para responder por escrito, advirtiendo que no tiene ninguna vinculación con el tema en particular”.

La contradicción de Cúneo Libarona

Apenas se puso en marcha la sesión, se conoció la nota que el ministro de Justicia le envió a Menem. En ella, fundamentó su faltazo de la siguiente manera:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de informarle que, en virtud de compromisos urgentes asumidos previamente en el ámbito del Ministerio de Justicia, me veré impedido de comparecer al recinto el día 29 de abril de 2025.

En relación con las competencias de la cartera a mi cargo en las cuestiones vinculadas al criptoactivo $LIBRA, comunico que la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada mediante Decreto N° 114/2025, ha concluido sus labores y ha remitido toda la información recabada a la Justicia.

Sin perjuicio de ello, quedo a entera disposición de esa Honorable Cámara para colaborar y remitir por escrito, si así se estimara necesario, toda información que se considere oportuna.

Vale aclarar que, cuando este medio consultó por la ausencia de Cúneo Libarona, desde su entorno jamás aludieron a «compromisos urgentes asumidos previamente». Se limitaron a decir que con la presencia de Francos era «más que suficiente».

Luego de volver a ser consulados por Ámbito, los colaboradores de Cúneo Libarona aseguraron que pegó el faltazo por una cuestión de «agenda personal» del funcionario.

La justificación de Caputo

En tanto, la nota enviada por el ministro de Economía reza lo siguiente:

«Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de informarle que por cuestiones de agenda impostergables, no podré asistir al recinto el día 29 de abril de 2025 conforme lo ha requerido esa Honorable Cámara el pasado 8 de abril del corriente».

«Sin perjuicio de que el Ministerio a mi cargo no ha tenido vinculación alguna con las cuestiones relativas al criptoactivo $LIBRA ni posee información acerca de aquellas, estoy a disposición a fines de colaborar con esta Honorable Cámara e informar por escrito -si la urgencia lo amerita- en el marco de las competencias que me son propias o en lo que se considere oportuno».

Menem versus Menem

Martín Menem presidirá la sesión a la que fueron convocados tres ministros de su gobierno pero de los cuales dos faltarán. Todo esto pese a que su padre, un gran conocedor de la actividad legislativa, escribió en su libro Derecho procesal parlamentario que las interpelaciones son obligatorias.

En concreto, lo planteó de la siguiente manera: “Esta atribución que tienen las Cámaras y que impone la concurrencia obligatoria de los ministros para responder a los requerimientos informativos de los legisladores es lo que comúnmente se conoce como interpelación”.

El dato es que la última interpelación que se vivió en el Congreso fue en el 1996. En aquel momento, fue el ministro de Economía Domingo Cavallo (funcionario del tío de Martín Menem) quien rindió cuentas ante el Poder Legislativo, por la reforma tributaria que llevaba adelante por aquel entonces.

Política

El Gobierno dio de baja más de 900 servicios que prestaba el INTI y Sturzenegger dio detalles

Los empleados estatales denuncian que la intención es “desmantelar” el organismo para justificar más de 700 despidos.

Avatar

Publicado

el

El Gobierno dio de baja esta semana más de 900 servicios que prestaba el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en el marco de los recortes que se vienen aplicando al organismo desde 2024. La medida fue formalizada por la Resolución 42/2026, publicada en el Boletín Oficial, y según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, responde a una “baja demanda”.

La resolución suprimió casi 1000 prestaciones vinculadas, principalmente, a ensayos microbiológicos fundamentales para la seguridad alimentaria (detección de Salmonella, E. coli, Listeria) y al control de contaminantes como micotoxinas; al análisis de calidad de agua y efluentes (potabilidad, metales, compuestos orgánicos); a servicios de metrología y calibración de instrumentos (termómetros, prensas, equipos electrónicos); y a ensayos para la industria en áreas como materiales de construcción, seguridad eléctrica y electrónicacontrol de combustibles (naftas, gasoil) y pruebas sobre componentes de seguridad en transporte (ascensores, automotriz).

Desde el INTI señalaron que estos ensayos dados de baja eran capacidades que además se empleaban en procesos más complejos, como la asistencia técnica, el desarrollo de productos y la ayuda para que empresas accedan a mercados externos.

La versión preliminar de la resolución que circuló antes de su publicación oficial generó fuerte rechazo sindical y movilizaciones en los alrededores del predio del INTI en Villa Martelli. Los gremios y trabajadores expresaron su malestar y advirtieron sobre el impacto laboral y técnico de la medida.

El texto oficial argumenta que “una gran cantidad de servicios desarrollados no tuvieron demanda efectiva, o poseen oferta privada”, lo que implicaría un uso subóptimo de recursos estatales al mantener prestaciones que no son requeridas o que pueden proveer empresas privadas.

Empleados del INTI, en diálogo con La Nación, sostienen que desde la asunción del presidente Javier Milei hay una intención de reducir y redefinir el rol del organismo —que califican como un desmantelamiento— lo que podría justificar despidos y retiros voluntarios dentro de una política de reducción del Estado. Según esas fuentes, la resolución podría implicar más de 700 despidos.

La explicación de Sturzenegger

Horas después de la publicación, Sturzenegger defendió la medida afirmando que muchos de los servicios “no tenían suficiente demanda” y que eran prestaciones que puede ofrecer el sector privado. Según el ministro, varios servicios no revestían la condición de bienes públicos ni tenían especificidad técnica particular; describió ejemplos como pruebas de durabilidad de productos que, en su visión, podrían realizar empresas del mercado.

Sturzenegger sostuvo que el INTI ofrecía algunos servicios a precios muy bajos, lo que implicaba un subsidio indirecto de los contribuyentes a ciertas empresas. Como ejemplo mencionó el control de expendio de surtidores de combustibles, donde dijo que “un 12% de la planta del instituto hacía ese test” y que los costos asociados (viáticos, transporte) convertían a ese servicio en un beneficio para las petroleras financiado por el Estado.

El ministro argumentó que la medida libera actividad para el sector privado y evita que clientes queden “atrapados” en el INTI por falta de alternativas privadas, situación que, según él, limitaba el desarrollo del mercado.

Recortes

El INTI cuenta actualmente con aproximadamente 2300 empleados y más de 250 reparticiones, frente a los 3100 trabajadores que tenía en 2023. El Gobierno señaló que cerca del 20% de los departamentos del organismo cumplen funciones que califica como “puramente administrativas” y por esa razón impulsó recortes.

En 2025 la administración intentó transformar al INTI en una dirección dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, lo que habría implicado la pérdida de su autonomía y autarquía financiera, así como la disminución del carácter federal del organismo. Esa iniciativa fue revertida por la Justicia.

Ante la medida vigente, se convocó a una conferencia de prensa de trabajadores del INTI, con la participación de personalidades del ámbito de la ciencia, la educación y representantes políticos y sindicales, prevista para el martes 21 de abril a las 10.

La eliminación de servicios por parte del Estado plantea un debate sobre la definición de funciones estatales estratégicas frente a la provisión privada de determinados ensayos y calibraciones. En ese marco, la resolución y las reacciones que generó ponen en evidencia las tensiones entre eficiencia administrativa, protección del empleo y mantenimiento de capacidades técnicas en organismos públicos con impacto sobre salud pública, producción y comercio.

Continuar Leyendo

Política

Desplegaron a 2.500 policías en escuelas y colegios de Tucumán por las amenazas de tiroteo

Girvau confirmó que están afectadas todas las unidades regionales de la provincia. “Esto es innecesario porque podríamos estar en otros lugares, pero los estudiantes están cometiendo un delito”, sostuvo.

Avatar

Publicado

el

El jefe de Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, confirmó que se desplegaron 2.500 efectivos en establecimientos educativos de toda la provincia tras las amenazas de tiroteos registradas en distintos colegios, en un contexto que también se replicó en otras provincias y que estaría vinculado a un supuesto reto viral en redes sociales.

Según explicó el funcionario, participan del operativo las cinco unidades regionales, con personal de Infantería, el Grupo Cero y la división motorizada. “Estamos reforzando los controles en los establecimientos educativos. Queremos llevarle tranquilidad al alumnado y que se terminen las amenazas. Que sepan que están cometiendo un delito y que es algo serio”, señaló en declaraciones al informativo La mañana empieza aquí, de LG Play.

Girvau advirtió que las amenazas constituyen un delito y aseguró que la Policía continuará recorriendo escuelas y colegios si es necesario. “El alumno tiene que ir a estudiar y el que haga amenazas terminará detenido”, afirmó, y agregó que los padres deben hacerse responsables por la conducta de sus hijos.

Por su parte, el gobernador Osvaldo Jaldo manifestó su preocupación por los episodios registrados durante la semana y confirmó que hasta la noche del jueves se contabilizaban al menos 15 denuncias en distintas instituciones educativas. “Decir que puede haber tiros es una amenaza, y eso es un delito. Y a los delitos les tiene que caer todo el peso de la ley”, sostuvo en declaraciones a La Gaceta.

El mandatario también señaló que los padres deben asumir responsabilidades, que los docentes deben acompañar y que el Gobierno debe “poner límites” frente a la situación que atraviesan los establecimientos educativos.

En ese marco, el miércoles Jaldo firmó el Decreto N° 772/7 del Ministerio de Seguridad, que instruye a la cartera que conduce Eugenio Agüero Gamboa y a la Policía a intensificar acciones preventivas, de disuasión e intervención dentro y fuera de las escuelas.

La normativa contempla además la expulsión y aprehensión de alumnos involucrados, con eventual traslado al Instituto Padre Brochero, en Benjamín Paz. También establece la responsabilidad de padres y tutores por la conducta de los menores y advierte que las instituciones podrían perder subsidios si no garantizan el cuidado de los estudiantes.

Continuar Leyendo

Política

Trasladaron a 21 detenidos al penal de Villa Urquiza

Los internos, todos con sentencia definitiva, estaban alojados en dependencias de la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos

Avatar

Publicado

el

El operativo de traslado desde la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos hacia el Penal de Villa Urquiza se realizó con el objetivo de garantizar que internos con condena firme continúen cumpliendo su pena y reciban el tratamiento penitenciario correspondiente.

Los internos, todos con sentencia definitiva, estaban alojados en dependencias de la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos y fueron trasladados al Penal de Villa Urquiza, donde continuarán cumpliendo sus condenas y accediendo a los programas y tratamientos previstos por la normativa aplicable.

Participación de los organismos y personal a cargo

El operativo estuvo a cargo del personal de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Capital, bajo la conducción de su director, el comisario inspector Diego Bernachi, acompañado por efectivos del Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones (CERO). A su arribo al penal, los internos fueron recibidos por el director del complejo, subalcaide Alfredo Medina, junto con la guardia del establecimiento.

Objetivos institucionales y declaraciones

El subalcaide Alfredo Medina señaló que el traslado se enmarca en una continuidad de movimientos hacia distintos penales de la provincia, dispuestos por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa. En sus palabras: “Recibimos a 21 internos que son de alcaidías de Investigaciones y comisarías con la finalidad de cumplir con la Ley 24.660, son internos penados y procedemos, desde el momento que ingresan acá, con el tratamiento y de esa manera descongestionar las distintas dependencias policiales”.

Por su parte, el comisario inspector Diego Bernachi explicó que el operativo fue supervisado por su dirección y se desarrolló conforme a las directivas de la Jefatura de Policía y del Ministerio de Seguridad: “Siguiendo las directivas de Jefatura de Policía y el Ministerio de Seguridad continuamos con el traslado de detenidos, en este caso, de la Dirección de Investigaciones y de las comisarías. Este operativo está diagramado con el resguardo que corresponde por parte del CERO que los escoltan hasta el penal”.

Impacto y finalidad

La medida busca, además de asegurar el cumplimiento de penas conforme a la Ley 24.660, aliviar la ocupación en alcaidías y comisarías, permitiendo que las fuerzas policiales concentren sus recursos en tareas operativas y administrativas. El traslado implica la continuidad de los procesos de tratamiento para los internos desde su ingreso al penal.

Continuar Leyendo