La Policía detuvo este domingo a Justina Gordillo, secretaria judicial y pareja de Felipe “El Militar” Sosa, el único acusado por el crimen de Érika Antonella Álvarez. La mujer fue localizada en la vivienda de uno de sus hermanos, situada en un country de Yerba Buena, luego de varios días de búsqueda y tras una serie de allanamientos realizados en distintos puntos del Gran San Miguel de Tucumán.
La detención se concretó luego de que la orden judicial, solicitada el jueves por los investigadores, fuera finalmente autorizada tras varios días de espera. Hasta entonces, Gordillo había sido buscada sin éxito en otros domicilios de Yerba Buena y zonas cercanas.
Desde la fuerza destacaron la relevancia del procedimiento. “La detención de esta sospechosa es clave para el esclarecimiento del caso, pero la investigación no termina acá”, sostuvo el jefe de Policía, Joaquín Girvau. El funcionario señaló además que existen otras líneas abiertas y advirtió que “habría más personas involucradas”.
En ese sentido, Girvau remarcó que hay una decisión política de avanzar con todas las hipótesis surgidas en la causa, incluidas las vinculadas al narcotráfico. “Hay líneas para seguir e identificar”, afirmó en declaraciones a La Gaceta.
El pedido formal de detención de Gordillo fue presentado el jueves por personal de la División Homicidios, encabezado por los comisarios Susana Montero, Diego Bernachi y Miguel Carabajal, ante el fiscal Marcelo Leguizamón. La mujer presta servicios en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia.
Si bien aún no trascendieron detalles oficiales, los investigadores habrían reunido indicios que permitirían sostener que Gordillo participó de un encuentro sexual con Érika y Sosa durante la noche en la que la joven fue asesinada. Por el momento, no está claro si su rol estuvo directamente vinculado al crimen o a un eventual encubrimiento.
Gordillo mantenía una relación sentimental con Sosa desde hacía varios años. Personas de su entorno se mostraron sorprendidas por su situación procesal y la describieron como una empleada responsable y de perfil bajo.
El viernes, sin saber que ya pesaba sobre ella un pedido de detención, las hermanas de Érika se presentaron en la fiscalía para aportar información sobre Gordillo. Allí confirmaron que participaba de esos encuentros sexuales y que, por celos, habría insultado a la víctima a través de una red social pocos días antes del crimen.
Según fuentes judiciales, las hermanas declararon además que Érika les había contado que desconocía que Gordillo era la pareja de Sosa y que se dio cuenta de esa situación por las escenas de celos que protagonizaba cuando estaban juntos.
Durante los procedimientos previos a la detención, la Policía no logró ubicar a Gordillo en varios domicilios allanados, aunque en una vivienda de Yerba Buena se secuestró el vehículo que habría sido utilizado para trasladar a Sosa el día del homicidio.
De acuerdo con fuentes del caso, la demora en autorizar la detención respondió a la necesidad de realizar medidas complementarias para reforzar el cuadro probatorio. Una de ellas habría sido el secuestro de una motocicleta que presuntamente utilizó Sosa, diligencia que no habría sido avalada por el fiscal Carlos Picón, el segundo funcionario que intervino en la investigación.
“Vamos a continuar realizando procedimientos en distintos puntos de la provincia. La investigación seguirá avanzando”, concluyó Girvau.
La Policía de la provincia ha desplegado 2.500 efectivos por las amenazas de tiroteo que se registraron en diferentes establecimientos educativos de gestión pública y privada de Tucumán, algo que también se replicó en otros puntos del país por un supuesto reto viral en las redes sociales.
El comisario Inspector, Carlos Daniel Ruiz, Jefe de la Unidad Regional Este, confirmó que hallaron un cartucho de arma de fuego en la Escuela «Niñas de Ayohuma». «El de un calibre conocido como 112545 que estaba en una ventana del establecimiento. La directora advirtió esta anormalidad, dio aviso al personal policial, se realizaron las comunicaciones judiciales e intervino Balística y Criminalística».
El jefe policial dijo que «es una causa que se está investigando con una serie de trabajos de campo para saber quién sería el autor de esta amenaza o intimidación con este proyectil».
Otros operativos
Ruiz detalló que en Lastenia, una alumna mencionó que un compañero había realizado una amenaza escrita. «Ante eso, el cuerpo docente habló con el alumno y este reconoció que era el autor de la escritura. Entonces se ha procedido al secuestro de la lapicera color verde y su celular con el permiso del padre. No se han adoptado medidas privativas de la libertad para ninguno, pero la causa ya está a disposición de la Fiscalía con las actuaciones sumariales».
«Los alumnos ya están cansados y estresados por esta situación y directamente son ellos los que piden hablar con las autoridades del establecimiento e identifican a los autores de las bromas de mal gusto«, agregó.
Por otro lado, en una institución católica de Bella Vista un estudiante arrojó un petardo. «Esto provocó un caos en el aula y todos salieron corriendo. Se ha vivido una situación bastante complicada. El autor fue identificado por un preceptor y la Justicia ha dispuesto que el colegio adopte las medidas disciplinarias con este alumno».
En el marco de una investigación por el delito de intimidación pública, la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Centro Judicial Capital, bajo la dirección de Marta Mariana Rivadeneira, coordinó una serie de allanamientos en el sur de la provincia para esclarecer una amenaza de tiroteo dirigida contra el Instituto San Luis Gonzaga.
Las actuaciones judiciales, autorizadas por el juez Federico Moeykens, se originaron tras una denuncia que alertaba sobre la existencia de inscripciones en los sanitarios del colegio y mensajes difundidos vía WhatsApp, donde se advertía sobre un presunto ataque armado previsto para el viernes 17 de abril.
Desde el inicio de las actuaciones, el Ministerio Fiscal (MPF) ha mantenido una intervención activa y estratégica. El Prosecretario Patricio Reynoso y el Auxiliar fiscal Leandro David Abdala supervisaron las tareas de constatación y la recolección de evidencias digitales, consistentes en capturas de pantalla de estados de WhatsApp y canales de comunicación donde se viralizó la amenaza.La fiscal Rivadeneira destacó que esta medida no sólo busca determinar la autoría de las dos adolescentes identificadas, sino que persigue un fin superior: establecer si las menores están siendo utilizadas o incitadas por personas mayores de edad. Según informó el MPF, se han recibido al menos 40 denuncias similares en distintas instituciones de la provincia, y la principal hipótesis fiscal sugiere que estas conductas podrían responder a un «desafío viral», donde adultos desconocidos aprovechan las redes sociales para generar pánico social utilizando a adolescentes como medios.
Los allanamientos, ejecutados hoy, 18 de abril, por la División de Delitos Telemáticos, se llevaron a cabo en una vivienda en el Barrio CGT de la ciudad de Concepción y en un inmueble ubicado en la localidad de Arcadia. Si bien no se ordenaron detenciones debido al carácter excepcional del Sistema de Justicia Penal Juvenil, el MPF procedió al secuestro de dispositivos electrónicos como celulares, tablets, computadoras y notebooks, además de medios de almacenamiento externo y eventuales armas de fuego o municiones.La justicia ordenó la intervención urgente de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAYF) con el objetivo de garantizar el acompañamiento y la protección integral de las adolescentes involucradas, preservando su dignidad y privacidad mientras avanza la investigación para determinar el origen de estas amenazas que afectan la seguridad pública.
Aguilares: un niño quedó en terapia intensiva tras ser mordido por una víbora en su casa
El menor fue derivado de urgencia al Hospital de Niños de la capital tucumana, donde debió ser intervenido quirúrgicamente. Tras el episodio, los vecinos del barrio 11 de Marzo exigieron tareas urgentes de desmalezamiento.
Un menor permanece internado en terapia intensiva y bajo observación médica luego de haber sido atacado por una víbora en Aguilares, en un hecho ocurrido durante la madrugada en el barrio 11 de Marzo.
Según se informó, el episodio se registró alrededor de las 00.30 en una vivienda ubicada en las inmediaciones de calle Larrea, camino a Monte Redondo, en una zona conocida como “el piletón”. De acuerdo al relato de familiares, el niño fue mordido por el reptil dentro del domicilio.
Tras lo sucedido, fue trasladado de urgencia al hospital local de Aguilares, donde recibió las primeras atenciones. Posteriormente, y debido a la complejidad del cuadro, fue derivado al Hospital de Niños de San Miguel de Tucumán, donde permanece internado en terapia intensiva, con seguimiento permanente de los profesionales de la salud.
Fuentes cercanas indicaron que el menor debió ser intervenido quirúrgicamente y que su evolución es monitoreada de manera constante, a la espera de su recuperación.
El caso generó preocupación entre vecinos del barrio, que solicitaron al municipio tareas de limpieza, desmalezamiento y saneamiento en el sector ante la presencia de alimañas.
En este contexto, la madre del niño, Daniela Correnti, pidió acompañamiento y cadenas de oración mientras se espera un parte médico oficial.