Lo que comenzó como una iniciativa para jerarquizar uno de los productos más emblemáticos de la identidad tucumana derivó en un fuerte cruce político en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán. La ordenanza que declara a la achilata de interés turístico municipal no sólo fue aprobada, sino que encendió un debate profundo sobre regulación, libertad laboral, sindicalización y el rol del Estado en la actividad de los vendedores ambulantes.
El proyecto fue impulsado por el concejal justicialista Emiliano Vargas Aignasse, quien defendió la norma como una herramienta de política pública destinada a revalorizar un rasgo cultural de la ciudad, potenciar el turismo y ordenar una actividad históricamente informal. Desde su perspectiva, la achilata no es sólo una bebida típica del verano, sino un elemento identitario capaz de atraer visitantes y generar oportunidades económicas bajo reglas claras.
La iniciativa propone, entre otros puntos, la creación de la denominada “ruta de la achilata”, un circuito turístico con espacios definidos por la Municipalidad donde los vendedores podrían ofrecer el producto en condiciones reguladas. El esquema prevé carritos habilitados por el área de Bromatología, controles sanitarios y la posibilidad de que los trabajadores se formalicen a través del monotributo, con acceso a obra social y aportes jubilatorios. Según Vargas Aignasse, se trata de un modelo que conjuga promoción turística, ordenamiento urbano y derechos laborales, sin impedir que la venta ambulante continúe fuera de esos puntos específicos.
El concejal oficialista también enmarcó la propuesta en una estrategia regional, al señalar que otras provincias avanzaron en la valorización de sus productos identitarios mientras Tucumán quedó rezagada. En ese contexto, sostuvo que existe voluntad política del Ejecutivo municipal para reglamentar la ordenanza y ponerla en funcionamiento.
Respecto al rol del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (Sivara), afirmó que se trata de un gremio nacional que representa formalmente a trabajadores del sector y que la reglamentación deberá garantizar que quienes ocupen los puntos turísticos lo hagan dentro del marco legal vigente.
La oposición, sin embargo, planteó una mirada diametralmente opuesta. El concejal radical Leandro Argañaraz cuestionó con dureza el contenido de la ordenanza y advirtió que excede ampliamente una declaración simbólica.
A su entender, la norma impone condiciones que restringen la autonomía de los achilateros y vulneran el derecho a trabajar. Según su lectura, sólo podrían vender quienes estén afiliados al Sivara, paguen una cuota sindical, adquieran indumentaria y alquilen carritos a través del gremio, además de limitarse a los espacios que determine el municipio.
Argañaraz calificó la ordenanza como coercitiva y expresó que, lejos de ordenar la actividad, beneficia a un sector gremial específico. Señaló como especialmente grave que los vendedores deban ser designados por el sindicato, lo que —afirmó— obliga de hecho a la afiliación para poder trabajar. Si bien aclaró que no se opone a los controles bromatológicos ni a la fiscalización sanitaria, remarcó que esas funciones ya son responsabilidades habituales del municipio y cuestionó que el Estado condicione el ejercicio de un oficio tradicional.
Mientras el oficialismo confía en que la reglamentación permitirá despejar dudas y exhibir los beneficios del esquema, la oposición mantiene sus reparos y anticipa que el debate seguirá abierto. En ese escenario, la achilata, símbolo indiscutido del verano tucumano y de la vida cotidiana en la ciudad, quedó en el centro de una discusión más amplia sobre informalidad, regulación, sindicalización y los límites de la intervención estatal en el espacio público.
