La medida ordena al Estado Nacional que «mantenga la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo, dentro del plazo de tres días» de la notificación. Alcanzará a unos 900.000 beneficiarios que actualmente perciben $78.000 mensuales.

El Gobierno había anunciado el reemplazo de Volver al Trabajo por «Formando Capital Humano», un programa de capacitación laboral orientada a los titulares

La medida se oficializó mediante la Resolución 295/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde se detallan los lineamientos del programa y su alcance. Tras la decisión de la Justicia, el Gobierno deberá redefinir qué pasa con las asistencias.

Qué es Volver al Trabajo y a quiénes alcanza

El programa Volver al Trabajo fue una política social creada como reemplazo del Potenciar Trabajo, orientada a personas de entre 18 y 59 años en edad laboral.

Las personas incluidas en el programa cobraban $78.000 mensuales con el objetivo principal de mejorar las condiciones de empleabilidad a través de la formación. Para eso, combinaba instancias de capacitación, prácticas en ámbitos de trabajo y asistencia para emprendimientos productivos.

Todos los exbeneficiarios del Potenciar de hasta 59 años formaban parte de este programa. Con el fin de Volver al Trabajo confirmado por el Gobierno, los titulares tenían la posibilidad de pasar automáticamente al programa Formando Capital Humano y participar de más de 4.300 cursos, pero sin un cobro mensual.

La Dra. Pedicone de Valls fue la primera en exponer sobre el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y justificó la importancia de su tratamiento inmediato: “La sociedad, en alguna medida y con razones que pueden ser justas o injustas, está objetando la conducta de la clase política, y me parece que esta necesita-y quiere- recuperar esa vinculación con la ciudadanía. La ley de Ficha Limpia es una oportunidad de decirle a la sociedad que una persona que se encuentre en situación de condena judicial de primera o segunda instancia —según el proyecto que se apruebe, ya que está en discusión— no puede acceder a un cargo electivo ni a un cargo resultante de designación política. Es decir, no puede postularse ni ser designada si incurre en alguna de las situaciones que la ley describe como inhabilitantes para ocupar cargos públicos”.

La iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo tiene como objetivo impedir que personas con condenas en segunda instancia, con sentencia confirmada, puedan ocupar cargos en cualquiera de los poderes del Estado, tanto por vía electoral como mediante designación.

El universo de delitos alcanzados incluye, en primer lugar, los vinculados a la corrupción en la administración pública, como el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación de fondos o el enriquecimiento ilícito. A estos se suman el fraude contra el Estado y los delitos económicos y financieros. También abarca delitos de alto impacto social, como el narcotráfico, los delitos contra la vida, la integridad sexual, la libertad individual y la seguridad pública, así como los delitos ambientales. El proyecto incorpora además a los deudores alimentarios registrados y, de manera general, a quienes hayan sido condenados por delitos con penas superiores a cinco años.

Como complemento, la iniciativa prevé la creación de un Registro Público Provincial de Ficha Limpia, de acceso abierto, que concentrará información actualizada sobre candidatos y funcionarios a partir de datos provistos por el Poder Judicial. Además, establece la obligatoriedad de presentar una declaración jurada para acreditar la inexistencia de condenas alcanzadas por la ley.

El proyecto incorpora, a su vez, un mecanismo de control ciudadano: habilita a particulares y organizaciones a impugnar candidaturas o designaciones que no cumplan con los requisitos establecidos.

Al fundamentar por qué el proyecto propone la inhabilitación a partir de la segunda instancia, la Dra. Pedicone de Valls explicó: “La segunda instancia es la revisión por otro órgano jurisdiccional de la decisión de la primera. Existe el riesgo de excluir a una persona que todavía no ha transitado ambas instancias y que, en la segunda, podría obtener un resultado diferente, contando con la amplitud de pruebas que esta permite. No me refiero a la tercera instancia —en este caso, la Corte—, ya que en ella la discusión es mucho más restringida: no se tratan cuestiones de hecho sino cuestiones jurídicas. Esa restricción de la tercera instancia nos da tranquilidad al establecer la primera y segunda instancias de condena como requisito suficiente”.

A su turno, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, quien presentó un proyecto de ley que, a diferencia del enviado por el Poder Ejecutivo, impediría candidatearse o asumir cargos públicos a quienes tengan condenas penales en primera instancia por delitos graves, señaló: “Yo creo que el mensaje a la sociedad debe ser claro: quien quiera ingresar a cargos públicos debe tener una condición de idoneidad indiscutible e intachable”.

“No estamos diciendo que el candidato sea culpable de un delito, sino que existe un reproche moral cuando hay una condena en primera instancia por un delito grave. En ese sentido, la sociedad debe saber que la mejor propuesta de campaña de un candidato es su propia historia, y si esa historia viene con una mancha, me parece que no debe tener la posibilidad de presentarse como candidato”.

Finalmente, la presidenta de la comisión, Carolina Vargas Aignasse, destacó la decisión de Miguel Acevedo para que el proyecto de Ficha Limpia esté próximo a sancionarse: “Ha sido un debate bastante extenso, de más de dos horas. Continuaremos el tratamiento de este tema con dos legisladores más, y también se escuchará la opinión de académicos constitucionalistas, procesalistas y otros especialistas. El próximo martes tenemos pautada la siguiente reunión. Probablemente, luego de esa instancia, estemos en condiciones de generar un dictamen conjunto”.

“Hoy se zanjaron muchas dudas, aunque también se abrieron nuevos interrogantes. Nuestra misión y objetivo —que nos incluye a todos los legisladores— es hacer la mejor ley de Ficha Limpia para Tucumán: una ley vinculada a la calidad institucional, la transparencia y, sobre todo, la credibilidad hacia la clase política y los funcionarios de la provincia”, concluyó la legisladora.

Previamente a las exposiciones, el vicegobernador Miguel Acevedo recibió en su despacho a la fiscal de Estado y a la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Vargas Aignasse e integrada por Agustín Romano Norri, Rodolfo Ocaranza, Gerónimo Vargas Aignasse y Aldo Salomón.

En la reunión también estuvieron el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, y los legisladores Carlos Gómez, Francisco Serra, Carlos Gallia, Eduardo Verón Guerra, Adriana Najar, Roque Argañaraz, José Macome, Walter Berarducci, Carlos Najar, Ernesto Gómez, Rossi, Silvia Elías de Pérez, Claudio Viña, Manuel Courel, Roberto Moreno, Leopoldo Rodríguez, Raquel Nievas y Alejandro Figueroa, entre otros.

A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario sostuvo que la iniciativa busca “terminar con la impunidad” y cuestionó el actual sistema electoral al afirmar que “basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”.

Además, planteó que el nuevo esquema de financiamiento apuntará a evitar que la política se sostenga con recursos públicos y remarcó que la reforma busca “terminar con los privilegios” en el ámbito político.