Ricardo Ascárate presentó este lunes su renuncia a la intervención del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT). La decisión fue confirmada por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien anticipó que firmará el decreto aceptando su dimisión. En su reemplazo asumirá Eduardo «Lalo» Cobos, exdefensor del Pueblo de Tucumán, quedando al frente del organismo regulador.

La renuncia fue presentada en medio de un conflicto institucional que el dirigente de origen radical mantuvo con la subinterventora del organismo, Ingrid Lausberg. A través de expedientes, las dos principales autoridades del organismo mantuvieron un cruce de desacuerdos y acusaciones, tal como explicó días atrás Tendencia de Noticias.

La subinterventora había intimado a Ascárate a cesar «toda orden, instructivo o requerimiento directo» que prescinda de su firma. La intimación fue iniciada el 22 de julio y quedó asentada bajo el número 4217/390-L-2026. Sin embargo, el ahora exinterventor había rechazado los términos de la intimación el día siguiente. Así, solicitó que no se dé curso a la nota administrativa de Lausberg.

El origen del conflicto se encuentra en la Nota N° 159/2026. Se trata de un pedido de informe sobre la situación de revista de 13 agentes que fue promovida por la Intervención. La subinterventora había calificado esa gestión de «incompetencia, usurpadora delegación de funciones y posible configuración de delitos contra la Administración Pública».

Tres meses antes, la Legislatura había ratificado la creación del cargo de subinterventor/a en el ERSEPT. El nombre elegido para ocupar ese nuevo puesto fue el de Ingrid Lausberg, quien había sido desplazada en 2025 de la Vicepresidencia de Canal 10. Aun así, su designación estuvo sellada por los cuestionamientos. En la sesión legislativa, la oposición presentó sus críticas al nuevo cargo y desató cruces con el oficialismo provincial.

Ascárate, por su parte, había asumido la Intervención del ente en mayo de 2024. «Recuperar este ente regulador como un organismo de control que beneficie a los usuarios, defendiendo sus intereses y asegurando la accesibilidad y calidad del servicio», había marcado como su principal objetivo en su asunción.

El Gobierno de Javier Milei afronta un agosto cargado de tensión sindical. A nivel nacional, una serie de paros y movilizaciones impulsados por gremios estatales, docentes y organizaciones sociales pondrán a prueba la relación entre la Casa Rosada y el mundo del trabajo, en un contexto donde la popularidad del mandatario libertario retrocede en las encuestas y la economía atraviesa un momento delicado.

Todo comienza este lunes 3 de agosto, justo el día en que se reanudan las clases tras el receso invernal. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó un paro nacional con movilización al Ministerio de  Economía, en reclamo de un aumento salarial de emergencia y en rechazo a lo que denuncian como un vaciamiento de organismos públicos con despidos incluidos.

Ese mismo día, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) suma su propia huelga de alcance nacional. Desde el gremio docente sostienen que la medida responde a la negativa persistente del Ejecutivo a convocar la paritaria nacional docente, lo que —según remarcan— vulnera la legislación vigente y cierra un espacio clave para discutir salarios, condiciones laborales e inversión en educación.

Romero fue contundente al señalar que la decisión surge de una crisis educativa sostenida, producto —a su juicio— del desentendimiento del Gobierno nacional. Aunque reconoció capacidad de escucha en el equipo de Pettovello, apuntó que las soluciones de fondo para el futuro de los estudiantes no llegan.

Congreso y San Cayetano, los otros focos calientes

La agenda de protestas no se agota ahí. El jueves 6 de agosto, cuando el Senado debata la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada, la CGT, las dos CTA y la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se movilizarán en los alrededores del Congreso, con la adhesión esperada de organizaciones estudiantiles.

Un día después, el 7 de agosto, esas mismas agrupaciones confluirán en el barrio porteño de Liniers para la tradicional marcha de San Cayetano. En el arco social ya circula la expectativa de que se trate de la movilización más importante de la década, en momentos en que crece el malestar social hacia la gestión libertaria.

La respuesta del Gobierno

Desde la Casa Rosada minimizaron el impacto de estas acciones, a las que consideran impulsadas por sectores que forman parte de la oposición. Sin embargo, le advirtieron directamente a CTERA que el paro del lunes deberá garantizar el 75% de la prestación habitual del servicio, bajo apercibimiento de sanciones.

El Ejecutivo invocó la vigencia de la Ley N.° 27.802 de Modernización Laboral, que declara a la educación como servicio esencial. Según precisó el Ministerio de Capital Humano, el artículo 101 de esa norma obliga a asegurar una cobertura mínima del 75% durante las medidas de fuerza, con el objetivo de evitar la interrupción total de las clases y resguardar el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles.

Con el arranque de clases y el debate legislativo por la propiedad privada como telón de fondo, agosto se perfila como un mes de máxima tensión entre el Gobierno nacional y los sectores que ya anticipan un calendario de protestas sin pausa.