Rodrigo Maximiliano Ortiz, el joven de 19 años que había recibido un disparo en la cabeza durante un violento enfrentamiento en su domicilio, murió este jueves. El ataque ocurrió en una vivienda ubicada en Manuel Estrada al 2100, en el Barrio Echeverría, en San Miguel de Tucumán. Por el hecho hay dos personas aprehendidas.

La víctima había sido trasladada de urgencia al hospital Padilla, donde fue sometida a una intervención quirúrgica para extraerle un proyectil calibre nueve milímetros que había quedado alojado en su cabeza. Pese a los esfuerzos médicos, su estado era crítico y finalmente se confirmó su fallecimiento.

El episodio se produjo el martes al mediodía, cuando dos hombres llegaron a la casa de Ortiz y comenzaron a discutir con él. Según las primeras averiguaciones, el enfrentamiento habría tenido como origen un conflicto por dinero.

La discusión fue subiendo de tono hasta que se produjo una pelea física. En medio del enfrentamiento, uno de los visitantes habría sacado un arma de fuego y efectuado el disparo que impactó en la cabeza del joven.

Tras el ataque, los dos hombres escaparon en una motocicleta, mientras los familiares de Ortiz intentaban asistirlo.

Dos detenidos por el ataque

En el marco de la investigación, personal de la División Homicidios logró identificar a los presuntos involucrados: José Luciano García, conocido como El Negro, señalado como quien habría efectuado el disparo, y José Alberto Véliz, apodado Albertito, quien habría conducido la motocicleta utilizada para llegar al domicilio y escapar.

Ambos fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación está a cargo del fiscal Pedro Gallo. En las primeras actuaciones, la Fiscalía había previsto imputar a García por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, mientras que Véliz sería acusado de encubrimiento por su presunta intervención en la fuga.

Con la muerte de Ortiz, la calificación legal del hecho deberá ser revisada por el Ministerio Público Fiscal.

Las hipótesis sobre el origen de la pelea

Los investigadores manejan distintas versiones sobre el motivo del enfrentamiento. Una de ellas señala que García habría ido a reclamarle a Ortiz una deuda de entre $100.000 y $200.000, correspondiente a un préstamo que le habría realizado su pareja para comprar zapatillas.

Otra línea de investigación apunta a una posible deuda vinculada con la comercialización de estupefacientes. Según algunos testimonios, el conflicto habría estado relacionado con unos $200.000 que Ortiz no habría entregado por ventas de drogas. También surgió la versión de que el joven era comprador y mantenía una deuda por sustancias adquiridas para consumo personal.

Por el momento, ninguna de estas hipótesis fue confirmada judicialmente.

Tres testimonios aportaron nuevos elementos que complican la situación de Felipe “El Militar” Sosa, el principal acusado por el femicidio de Érika Antonella Álvarez. Durante la audiencia del miércoles, testigos confirmaron que el imputado llevó su camioneta a un lavadero para realizar una limpieza especial, retiró $57 millones de distintas entidades bancarias y adquirió una motocicleta antes de viajar a Buenos Aires, donde finalmente fue detenido.

Las declaraciones estuvieron centradas en los movimientos que realizó Sosa entre el 8 y el 9 de enero, durante los días posteriores al crimen. Para los investigadores, esas operaciones podrían aportar elementos sobre las acciones del acusado después del hecho y sobre una posible planificación de su salida de Tucumán.

Uno de los testimonios más relevantes fue el de Patricio Graels, propietario de un lavadero ubicado en la intersección de Lola Mora y Perú, en Yerba Buena. El comerciante confirmó que Sosa llevó una camioneta Volkswagen Amarok el 8 de enero y solicitó un servicio especial de limpieza interior.

Se trata del vehículo en el que, según la hipótesis de los investigadores, el acusado habría trasladado el cuerpo de Érika hasta el descampado donde fue encontrado.

“Él la llevó el 8 de enero y pagó $21.000 por el servicio que le hicimos”, declaró Graels ante el tribunal.

El testigo precisó que Sosa pidió una limpieza premium, que incluye lavado, limpieza y aspirado de los asientos y del interior del vehículo. Explicó que, cuando los clientes no solicitan ese servicio, solamente se realiza un aspirado.

El dato adquirió relevancia porque los investigadores sostienen, a partir del análisis de las cámaras de seguridad, que el cuerpo de la víctima habría sido transportado en la parte trasera de la camioneta, uno de los sectores comprendidos en el trabajo de limpieza solicitado.

Retiró $57 millones de distintos bancos

Otro de los testimonios que llamó la atención fue el de Rodolfo Del Pino, perito contable del Equipo Científico de Investigación Fiscal (ECIF), quien analizó los movimientos bancarios de Sosa y de su ex pareja, Justina Gordillo, entre el 7 y el 16 de enero.

Según el informe presentado ante el tribunal, el 8 de enero Sosa realizó tres operaciones en diferentes bancos de Tucumán y retiró por ventanilla un total de $57 millones.

Los investigadores sospechan que el dinero, proveniente de las empresas del acusado, podría haber sido destinado a financiar una eventual fuga.

En relación con Gordillo, el perito informó que solamente se detectaron dos movimientos en su cuenta sueldo, por un total de $910.000. Durante el período analizado no recibió transferencias, sino únicamente la acreditación de los haberes que percibía del Poder Judicial.

Compró una KTM antes de viajar a Buenos Aires

La tercera declaración relevante fue la de Juan Carlos Yácumo, empleado de una concesionaria de motocicletas donde Sosa adquirió el rodado que utilizó para viajar a Buenos Aires.

El testigo explicó que el acusado se presentó en el comercio para retirar una llave de una motocicleta. Durante esa visita, el propietario del local le ofreció cambiar su vehículo por un modelo más nuevo y la operación terminó con la compra de una KTM.

“Entregó su moto más vieja, $4 millones en efectivo y firmó un documento de U$S 10.000 por el saldo que le quedaba por pagar y por la ropa especial que también se llevó del local. Ese documento terminó siendo cancelado por su padre, en marzo. La operación se cerró el 9 de enero”, detalló Yácumo.

El empleado también confirmó que, por pedido de Sosa, la motocicleta fue inscripta a nombre de Justina Gordillo, quien enfrenta una acusación por encubrimiento.

Yácumo aclaró que esa modalidad no resulta inusual en el rubro. “Es muy común que las personas que adquieren motocicletas de alta gama las pongan a nombre de su pareja o de la empresa de la que son dueños”, explicó.

La compra se concretó un día antes de que Sosa emprendiera su viaje a Buenos Aires. Según la hipótesis del fiscal Pedro Gallo, ese desplazamiento habría tenido como objetivo evadir el accionar de la Justicia. La adquisición de indumentaria especial para viajar en motocicleta también fue considerada un elemento relevante para esa teoría.

La situación de Justina Gordillo y las diferencias entre las partes

Durante la audiencia también declaró Marcos Vidal, dedicado a la compraventa de motocicletas usadas. El testigo confirmó que en julio de 2025 Gordillo lo contactó para que cotizara una moto que Sosa quería vender.

Vidal explicó que conocía a Gordillo porque era amigo de la infancia de su ex marido y sostuvo que sabía que la motocicleta pertenecía a Sosa.

“Nunca me enteré de que ella era una aficionada a andar en moto y mucho menos de que tuviera una. Sabía que el bien era de su nueva pareja”, manifestó.

Los abogados defensores de Gordillo, María Florencia Abdala y Camilo Atim, consideraron que las declaraciones respaldaron su postura.

“Fue una jornada muy positiva porque se incorporaron evidencias que respaldan nuestra postura”, expresaron.

Sobre la limpieza de la Amarok, los defensores destacaron que el propietario del lavadero identificó a Sosa como la persona que llevó el vehículo y solicitó el servicio. “No se puede acusar a alguien de encubrimiento porque fue a retirar el vehículo”, argumentaron.

También remarcaron que el análisis bancario no detectó extracciones millonarias ni transferencias provenientes de las empresas del imputado hacia Gordillo durante el período investigado.

En cuanto a la KTM, insistieron en que fue Sosa quien compró, retiró y utilizó la motocicleta, aunque estuviera registrada a nombre de su ex pareja.

La estrategia defensiva busca descartar que Gordillo haya actuado con fines de lucro, una circunstancia relevante para determinar si podría beneficiarse de la excusa absolutoria prevista para determinados supuestos de encubrimiento.

La querella sostiene que los testimonios no modifican la acusación

Desde la acusación realizaron una interpretación diferente de las declaraciones escuchadas durante la jornada.

El fiscal Pedro Gallo evitó profundizar sobre el contenido de la audiencia. “No puedo hablar, sólo decir que todavía faltan otras declaraciones”, manifestó.

Por su parte, Carlos Garmendia, representante legal de la familia de Érika Álvarez, sostuvo que los testimonios no desvirtúan la acusación contra Gordillo.

“En ningún momento se dijo que ella llevó la camioneta, sino que la retiró. Los informes bancarios son parciales, falta que hablen otras personas”, señaló el abogado querellante.

Cuándo continuará el juicio

El debate se reanudará el próximo miércoles, luego de una interrupción vinculada con cuestiones de agenda de los jueces Eliana Gómez Moreira, Gonzalo Ortega y María Valeria Mibelli, además de un día inhábil.

En la próxima audiencia comenzarán a declarar los peritos que realizaron tareas consideradas clave durante la investigación del femicidio de Érika Antonella Álvarez.

La investigación por el secuestro de 470 kilos de cocaína en Tucumán sumó una prueba que podría resultar decisiva para esclarecer el funcionamiento de una presunta organización dedicada al narcotráfico. El perro antinarcóticos Boby, de Gendarmería Nacional, detectó vestigios de la droga en una de las avionetas incautadas en una pista de aterrizaje de Estación Aráoz, lo que reforzó la hipótesis de que el cargamento ingresó a la provincia por vía aérea. La causa tiene nueve imputados con prisión preventiva y también comprende sospechas de lavado de dinero mediante operaciones de compraventa de vehículos.

El hallazgo motivó nuevas medidas ordenadas por el juez federal José Manuel Díaz Vélez, quien dispuso que especialistas de Gendarmería realizaran otra extracción de muestras para profundizar los análisis. Además, resolvió mantener clausurada la pista hasta que se determine su eventual vinculación con las actividades investigadas.

La causa está a cargo del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz y se inició el 4 de junio, cuando efectivos de Gendarmería interceptaron una camioneta Toyota Hilux sobre la ruta nacional 157, cerca de Río Colorado, en jurisdicción de Famaillá.

Durante el procedimiento, el mismo perro que ahora detectó los rastros en la aeronave permitió descubrir varios bultos ocultos bajo una lona en la caja del vehículo. Los paquetes contenían 470 kilos de cocaína, valuados en más de U$S 2,3 millones.

El decomiso fue considerado el más importante de los últimos años en Tucumán y el de mayor volumen registrado durante 2026 en el Noroeste Argentino.

El conductor de la camioneta, Marcos Nacif, fue detenido en el lugar. Posteriormente, los investigadores identificaron a otros presuntos integrantes de la estructura, entre ellos Rodrigo Icha Chávez, ex candidato a concejal de Famaillá y señalado como quien habría facilitado el vehículo, y Pablo Abraham Pérez, sindicado como uno de los responsables de la organización.

También fueron arrestados Enrique Santos Catulo, su hijo Ernesto Catulo Chamas y Matías Díaz, investigados por su posible participación en maniobras destinadas a introducir en el circuito económico las ganancias procedentes del narcotráfico.

A partir del análisis de comunicaciones y otros elementos reunidos durante la instrucción, la Fiscalía comenzó a reconstruir una estructura con funciones diferenciadas, que habría contado con recursos para recibir cargamentos de cocaína, trasladarlos por tierra y administrar los beneficios económicos de esas operaciones.

Desde las primeras actuaciones, los investigadores sospecharon que la sustancia había llegado a Tucumán en una aeronave y que posteriormente fue trasladada hacia un lugar de almacenamiento todavía no identificado.

Esa línea de investigación cobró mayor relevancia en septiembre, cuando Gendarmería realizó procedimientos en Estación Aráoz y detuvo a Mateo Mauricio Bonetti, un piloto de 25 años vinculado con una familia propietaria de una empresa dedicada a la fumigación aérea.

La firma dispone de una pista de aterrizaje de aproximadamente 900 metros, donde los efectivos secuestraron varias avionetas. Algunas estaban fuera de servicio debido a desperfectos mecánicos.

Según la hipótesis fiscal, Bonetti habría proporcionado o administrado la infraestructura aeronáutica utilizada para facilitar el ingreso de estupefacientes a la provincia.

Su condición de piloto y su presunta vinculación con el manejo de la pista forman parte de los elementos considerados por los investigadores, aunque todavía debe establecerse si alguna de las aeronaves fue efectivamente utilizada para transportar el cargamento decomisado.

El descubrimiento de residuos de cocaína en uno de esos aviones representa un nuevo indicio que será sometido a estudios complementarios. Por sí solo, el hallazgo no permite determinar cuándo ni en qué circunstancias la sustancia estuvo en contacto con la aeronave.

Durante los procedimientos de septiembre también fueron detenidos Silvio Chivo Medina, señalado como colaborador cercano de Abraham Pérez, y Ramiro Paradi, oriundo de Aguilares.

Medina ya había sido arrestado en mayo de 2025 durante un operativo de la Dirección General de Drogas Peligrosas, en el que se incautaron una piedra de cocaína de casi medio kilo y $ 250.000. En aquella oportunidad había sido detenido junto con otras dos personas.

En la investigación actual, la Fiscalía le atribuye haber conducido un vehículo que habría cumplido funciones de vigilancia y advertencia durante el transporte de los 470 kilos de droga.

En cuanto a Paradi, los investigadores consideran que habría coordinado el traslado del cargamento, supervisado la logística y dado instrucciones sobre sus movimientos.

Fuentes vinculadas con la causa también mencionaron una posible relación del sospechoso con el denominado clan Paradi, cuyos integrantes cumplen condenas en Catamarca por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. Sin embargo, ese vínculo todavía no fue confirmado judicialmente.

Los tres detenidos en septiembre fueron procesados por el juez Díaz Vélez, quien les impuso prisión preventiva y embargos de $5 millones sobre los bienes de cada uno.

Con esas resoluciones, la causa alcanzó los nueve imputados sometidos a prisión preventiva. Santos Catulo y Medina cumplen la medida bajo arresto domiciliario debido a problemas de salud.

La reconstrucción de las presuntas responsabilidades permitió a la Fiscalía establecer diferentes niveles de participación dentro de la organización.

Abraham Pérez aparece señalado como uno de sus principales responsables y como participante de tareas de vigilancia durante el traslado de la cocaína.

Nacif fue identificado como el conductor que transportaba el cargamento al momento del procedimiento, mientras que Chávez habría facilitado la Toyota Hilux utilizada para esa operación.

Bonetti quedó vinculado con la infraestructura aérea investigada y Medina con el vehículo que presuntamente actuó como apoyo del transporte terrestre.

Paradi, por su parte, habría tenido una función de coordinación sobre los movimientos de la droga.

La investigación también comprende un posible circuito de lavado de activos en el que habrían intervenido Santos Catulo, Catulo Chamas y Díaz mediante operaciones de compraventa de automotores.

Uno de los antecedentes considerados relevantes es que Santos Catulo ya había recibido una condena por maniobras de lavado de dinero relacionadas con el clan Ale.

La Fiscalía busca establecer si los negocios investigados fueron utilizados para justificar movimientos patrimoniales y dar apariencia legal a fondos que podrían provenir de la comercialización de estupefacientes.

Pese a los avances, todavía quedan aspectos centrales sin esclarecer.

Uno de ellos es el origen de los 470 kilos de cocaína. Los investigadores consideran probable que la sustancia haya sido adquirida en Bolivia, aunque no pudieron determinar si el eventual vuelo hacia Tucumán partió directamente de ese país o desde algún punto del territorio argentino donde la droga permanecía almacenada.

También se intenta localizar el lugar utilizado para acopiar los cargamentos. La hipótesis principal sostiene que la cocaína habría sido recibida en Estación Aráoz y posteriormente trasladada hacia Famaillá, localidad de procedencia de varios de los acusados.

Sin embargo, todavía no se identificó el inmueble que habría funcionado como depósito.

Otro interrogante está relacionado con el destino de la sustancia. Por su volumen, los investigadores sospechan que podría haber sido destinada a operaciones de distribución mayorista en distintas provincias argentinas o a su envío al exterior.

La Fiscalía también analiza si la presunta organización contó con algún tipo de protección de integrantes de las fuerzas de seguridad o de sectores políticos.

Esa posibilidad surgió, entre otros motivos, por la modalidad utilizada para trasladar un cargamento valuado en más de U$S 2 millones, que circulaba en la caja de una camioneta cubierto únicamente con una lona. Hasta ahora, no se informaron pruebas concluyentes sobre la existencia de esas conexiones.

Finalmente, los investigadores procuran determinar si el grupo realizó otros transportes de droga antes del procedimiento de junio.

La infraestructura aérea, los recursos logísticos y la distribución de funciones detectadas alimentaron las sospechas de que la actividad podría haberse desarrollado durante un período prolongado, aunque esa posibilidad continúa bajo investigación.

El nuevo hallazgo en la avioneta y las pericias ordenadas por Díaz Vélez serán fundamentales para establecer si la pista de Estación Aráoz formó parte de una ruta aérea de ingreso de cocaína a Tucumán.

Mientras tanto, la Justicia Federal continúa reconstruyendo el recorrido del cargamento, las responsabilidades de los nueve imputados y el posible destino de los fondos obtenidos mediante las operaciones investigadas.