La Justicia laboral de Tucumán declaró la inconstitucionalidad del artículo de la Ley de Contrato de Trabajo que habilita el pago en cuotas de las indemnizaciones por despido. La medida fue adoptada por el titular del Juzgado del Trabajo de la Iª Nominación del Centro Judicial Capital, Carlos Frascarolo, en el marco de un juicio por cobro de pesos contra una firma comercial.

El caso y el pedido empresario

El litigio se originó a raíz de una demanda contra una empresa de comercio de calzados, la cual fue condenada a pagar una suma aproximada de ocho millones de pesos en concepto de indemnización por despido a una trabajadora. Al encontrarse firme la sentencia, la representación legal de la empleadora solicitó la autorización para cancelar el capital adeudado mediante un plan de doce cuotas mensuales y consecutivas.

Para sustentar este pedido, la defensa invocó el mecanismo de cancelación fraccionada incorporado al artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo a través de la Ley de Modernización Laboral. La firma argumentó encontrarse dentro del segmento de las Micro, Pequeñas y Mediana Empresas y adujo atravesar una delicada situación financiera producto de la crisis económica general y del sector comercial en particular.

Por su parte, la trabajadora afectada rechazó de plano la solicitud empresarial e interpuso un planteo de inconstitucionalidad contra la normativa en cuestión, al considerar que contravenía preceptos de la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos.

Fundamentos del fallo

Al resolver la controversia, el magistrado hizo lugar al planteo de la parte actora. En primer término, determinó que la empresa demandada no logró acreditar fehacientemente en el expediente su condición de MiPyME ni justificó con pruebas suficientes la situación de crisis financiera invocada para acceder al beneficio del pago fraccionado.

En el plano constitucional, el juez sostuvo que el mecanismo incorporado por la reforma laboral vulnera los artículos 14 bis, 16 y 17 de la Carta Magna. En este sentido, explicó que una indemnización reconocida mediante una sentencia firme ya forma parte del patrimonio del trabajador, por lo que queda bajo la tutela del derecho de propiedad. Señalar que el deudor puede imponer un pago en cuotas de forma unilateral obliga al acreedor a quedar privado de la disponibilidad íntegra de su crédito en contra de su voluntad.

Asimismo, el magistrado advirtió que la modalidad infringe el principio protectorio del salario y la naturaleza alimentaria de la indemnización. Según su criterio, diferir el pago traslada los perjuicios económicos del paso del tiempo al trabajador, obligándolo indirectamente a financiar a la parte empleadora condenada.

Por último, la sentencia remarcó que la normativa quebranta el principio de igualdad ante la ley al otorgar un trato más favorable a quien incumplió sus obligaciones y forzó un litigio judicial, en comparación con aquellos empleadores que cumplen con sus deberes legales de manera oportuna y voluntaria. Con estos argumentos, el tribunal ordenó a la firma demandada cancelar la totalidad de la deuda en un único pago.

La aceleración de las tarifas reguladas y la firmeza en el costo de los servicios impusieron su huella sobre el ritmo inflacionario de Tucumán durante octubre, mes en el que el Índice de Precios al Consumidor provincial (IPCT) registró un incremento del 2,1%. Este resultado colocó a la medición tucumana de forma mensual levemente por debajo del nivel general del IPC Nacional del INDEC, que escaló al 2,2%. Sin embargo, en la trayectoria interanual, el ritmo de variación de los precios en la provincia acumuló un alza del 33,5%, superando el promedio de la media federal situado en el 33,1%. Asimismo, el indicador provincial reflejó una marcada estabilidad en su comportamiento de corto plazo al reiterar con exactitud el mismo registro porcentual de 2,1% que se había verificado durante el mes de septiembre.

El informe técnico oficial publicado por la Dirección de Estadística de la Provincia (DEP) precisa las dinámicas que moldearon la evolución de los precios en el décimo mes del año. Al desagregar el comportamiento de la canasta entre bienes y servicios, se advierte de manera nítida la influencia del costo del sector terciario sobre el índice final: mientras los bienes experimentaron una suba mensual del 1,7%, los servicios anotaron una aceleración del 3,4%, impulsados por la actualización de tarifas energéticas, así como por los reajustes en servicios gastronómicos y asistenciales.

En el desglose por rubros y divisiones del gasto de los hogares, el reporte estadístico señala expresamente: «la mayor variación del período corresponde a la categoría «Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles» (4,0%) seguida por «Restaurantes y hoteles» (2,4%)». En el ordenamiento descendente de las variaciones mensuales, le siguieron la división Otros bienes y servicios con un 2,2%, Alimentos y bebidas no alcohólicas con un 1,9%, Salud con un 1,6%, Equipamiento y mantenimiento del hogar con un 1,4%, Transporte con un 1,2% y Comunicación con un 1,2%. En la parte inferior de la escala de aumentos se situaron Bebidas alcohólicas y tabaco junto con Educación, ambas con un incremento del 1,0%, y Prendas de vestir y calzado con un 0,2%. La única división que mostró un comportamiento deflacionario en el período fue Recreación y cultura, que anotó un retroceso del -0,2%.

En lo concerniente al peso relativo de cada rubro en el presupuesto familiar, la medición oficial remarca el impacto decisivo de los consumos esenciales sobre el bolsillo de la población tucumana. Sobre este punto, el reporte técnico expone: «La división que más incidió en la variación del IPCT de este mes fue ’Alimentos y bebidas no alcohólicas’ (0,93%) seguida por ’Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles’ (0,74%)». Ambas categorías explicaron de forma conjunta más del 80% del aumento registrado en el nivel general durante el mes de octubre, destacándose además los aportes de Otros bienes y servicios con 0,25 puntos porcentuales, Equipamiento y mantenimiento del hogar con 0,06 puntos, y Salud, Restaurantes y hoteles y Comunicación con 0,04 puntos cada una.

Al analizar el acumulado de los primeros diez meses del año, la inflación tucumana alcanzó un 26,3%, igualando el nivel registrado por la medición nacional del INDEC para el mismo tramo temporal. Según indica el trabajo difundido por la DEP, «se puede observar que la mayor variación del período corresponde a la categoría ’Comunicación’ (44,6%) seguida por ’Educación’ (42,6%)». En el marco de esta evolución anual acumulada, la división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles se ubicó en tercer término con un 37,0%, escoltada por Transporte con un 34,2%, Restaurantes y hoteles con un 30,5%, Salud con un 28,3% y Alimentos y bebidas no alcohólicas con un 25,7%.

Finalmente, en la perspectiva interanual que compara los precios de octubre de 2026 frente a octubre de 2025, el nivel general del IPCT marcó un alza del 33,5%, sobrepasando tanto la pauta del IPC Nacional (33,1%) como la medición global del IPC NOA (33,0%). El informe de la dependencia provincial subraya que «la mayor variación para este período se observa en la categoría ’Transporte’ (55,7%) seguida por ’Comunicación’ (50,5%)». Detrás de estas divisiones se posicionaron Educación con un 48,6%, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con un 44,3%, Restaurantes y hoteles con un 37,3% y Alimentos y bebidas no alcohólicas con un 36,0%. Asimismo, la estructura interanual de los factores explicativos ratificó la preponderancia del rubro alimentario e industrial, constatándose que «la división que más incidió en la variación acumulada interanual fue ’Alimentos y bebidas no alcohólicas’ (17,29%) seguida por ’Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles’ (7,78%)», al tiempo que en el plano de la naturaleza de las prestaciones, los servicios acumularon un salto del 44,7% frente al 29,5% registrado en el segmento de los bienes. /Tendencia de Noticias

En sesión ordinaria, la Legislatura de Tucumán, presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo, aprobó por unanimidad la adhesión de la provincia a la Ley Nacional N.º 27.710 de Lengua de Señas Argentina (LSA). La norma establece que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán instrumentar acciones para fomentar e impulsar el acceso y el uso de esta lengua a toda persona que elija comunicarse mediante ella.

La aprobación fue el resultado de un proceso de trabajo que contó con la participación de asociaciones vinculadas a la comunidad sorda, instituciones educativas y jóvenes que acercaron sus inquietudes y propuestas a la Cámara. Durante el tratamiento, representantes de ese colectivo acompañaron la sesión y compartieron la emoción por una decisión que representa un avance en el reconocimiento de sus derechos.

Tras la sanción, Acevedo destacó el consenso alcanzado y el compromiso de la Legislatura con las políticas de inclusión. “Aprobada la ley de lenguaje de señas por unanimidad en esta Legislatura, que una vez más da muestra de consenso y de compromiso con nuestra sociedad. Ustedes ven la alegría con la que recién podía saludar y compartir con esta comunidad que hoy se siente identificada, visualizada, y eso es lo que tenemos que ir haciendo, ¿no? Teniendo un poco de empatía, de humanizarnos”, sostuvo.

Acevedo también valoró la participación de las instituciones y de los estudiantes que impulsaron el tratamiento. Mencionó especialmente el compromiso del Colegio Los Cerros y de los jóvenes que se acercaron a la Legislatura para plantear la necesidad de avanzar en esta materia. “Ese colegio es un colegio comprometido con esta temática y ahí es donde esta Legislatura, que yo siempre digo de puertas abiertas, toma las inquietudes, las recepciona, se debate, las analizan las comisiones, se traen al recinto y felizmente, como en el día de hoy, es aprobada por unanimidad esta ley”, señaló.

Por su parte, el legislador y vicepresidente segundo Alfredo Toscano explicó los alcances de la normativa. “Esto se trata nada más y nada menos que de adecuar al Estado para que ellos tengan igualdad de condiciones. Solamente piensen en la importancia de esta ley en momentos cotidianos nuestros: pedir un médico, pedir una ambulancia, explicarle a un médico qué le está pasando y que no lo puedan interpretar. Esa es la dificultad que tienen día a día cada uno de los que son sordos en Tucumán”, manifestó.

“Será un largo camino que habrá que adaptar al Estado para que haya intérpretes, fundamentalmente en áreas de educación, fundamentalmente en áreas de salud, en áreas de seguridad, que son tan necesarias para que ellos puedan desarrollar normalmente su vida sin ningún tipo de barrera”, explicó. Además, señaló que la inclusión también debe alcanzar los contenidos y servicios digitales. En ese marco, mencionó que la Legislatura trabaja para que las leyes provinciales también estén disponibles en Lengua de Señas Argentina.

El legislador Roberto Moreno destacó el carácter participativo del proceso y el trabajo de las organizaciones que vienen reclamando el reconocimiento de este derecho. “Esta Cámara habla con las manos también. Esta Cámara es inclusiva, es participativa, es abierta, y hoy estamos cumpliendo un pedido de todas las asociaciones, fundamentalmente de los colegios, de los jóvenes que se han involucrado en este tema”, afirmó.

Moreno sostuvo que la aprobación unánime constituye una señal del compromiso institucional con la inclusión y el respeto a la comunidad sorda. “Aprobar por unanimidad la adhesión de esta Ley 27.710 a la provincia de Tucumán, a la ley nacional, nos pone en sintonía. Podemos mirar a los ojos a las personas y hablarles clarito que en Tucumán se respeta y se trabaja por la inclusión”, expresó.

En tanto, el legislador José Cano consideró que la sanción representa un avance en materia de garantía de derechos y reconoció el trabajo de las organizaciones que impulsaron la iniciativa. “Es un gran mérito de todas las organizaciones que vienen trabajando en garantizar este derecho, que desde el punto de vista lingüístico puedan utilizar la lengua de señas”, señaló.

Cano también destacó que la adhesión provincial permitirá avanzar en la aplicación efectiva de la normativa nacional y recordó otras acciones impulsadas desde la Legislatura en materia de discapacidad. “Es importante lo que hoy se ha vivido en la Legislatura de Tucumán y el marco lo han dado todas las organizaciones que trabajan en esta temática. Como lo dije en el recinto, no son una carga para el Estado, son una bendición”, sostuvo.

El presidente de la Asociación de Sordos de Tucumán y asesor de la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación, Ulises Jaime, manifestó: “Estamos sumamente emocionados todos. Vamos a seguir trabajando, estamos pensando en el futuro, por supuesto, para eliminar esta barrera. Sabemos que este es un gran paso el que acaba de dar esta Legislatura, este derecho para nosotros que pueda hoy verse reflejado con esta aprobación, la verdad que nos da más fortaleza para continuar trabajando”, expresó.

Jaime describió las dificultades que atraviesan las personas sordas para realizar trámites y acceder a servicios públicos cuando no cuentan con intérpretes. “Tenemos barreras desde que nos levantamos. Tener que ir a hacer algún trámite: primero tengo que gestionar si hay un intérprete. No es que yo pueda levantarme y decir: ‘Hoy me levanto y aprovecho que está lindo el día y me voy a hacer un trámite’. Primero tengo que ver si hay alguna de las intérpretes que esté disponible o no para que me acompañe”, relató.

“Es un día sumamente importante y es un gran cambio para Tucumán, para los derechos de nuestra comunidad sorda, para poder ser educados en nuestras lenguas, para poder terminar con estas barreras, para poder dejar de estar necesitando de la disponibilidad del otro”, afirmó.

Por su parte, Silvana Mansilla, vocal de la Asociación Tucumana de Sordos y asesora del Ministerio de Educación, destacó que uno de los principales objetivos es garantizar mejores condiciones de accesibilidad para las nuevas generaciones. “En mi familia, por ejemplo, si están todos ocupados y no me pueden acompañar, entonces no tengo quién me acompañe. Eso es lo que a nosotros como comunidad sorda nos genera preocupación. Ya venimos sufriendo durante muchos años, pero ahora pensamos más que nada en nuestros niños, en los niños sordos que vienen; buscamos la accesibilidad para eso”, explicó.

Mansilla advirtió también sobre las dificultades que atraviesan niños y familias que viven en zonas rurales o alejadas de las instituciones educativas. Señaló que no existe una estadística específica que permita conocer con precisión la cantidad de personas sordas, ya que muchos niños no asisten a las escuelas y sus familias desconocen las posibilidades de acceso a la educación especializada.

La sanción también tuvo como antecedente el trabajo de alumnas del Colegio Los Cerros, quienes desarrollaron un proyecto de aprendizaje y servicio para conocer la realidad de la comunidad sorda y promover una sociedad más accesible.

Florencia Cuezzo explicó que la iniciativa surgió en el marco de una propuesta educativa denominada Construyendo Puentes: el arte del diálogo. Las estudiantes eligieron trabajar con la comunidad sorda con el objetivo de generar un impacto concreto a partir de su experiencia. “Fue por iniciativa propia que decidimos trabajar con esta comunidad en un proyecto de aprendizaje y servicio. La verdad que no conocíamos a nadie, ni miembros de la comunidad, ni familiares, ni amigos, ni conocidos. Entonces fue una lucha de ubicar, conocer y contactarnos con ellos, que la verdad nos recibieron con los brazos abiertos. Fue un gran proyecto, duro, pero muy reconfortante por los resultados”, contó.

Helena Zelaya destacó el acompañamiento recibido durante el desarrollo del proyecto y el camino que les permitió acercar la propuesta a la Legislatura. Mencionó el intercambio con integrantes de la comunidad sorda, el apoyo de la profesora Silvita Villagra y las gestiones realizadas junto legisladores y el vicegobernador Acevedo.

Finalmente, Lourdes Norelli reflexionó sobre la participación juvenil en los asuntos públicos y la posibilidad de generar cambios desde distintos espacios. “Nosotras nunca nos hubiéramos imaginado estar acá. No conocíamos nada acerca del tema, pero nos dimos cuenta de la importancia de involucrarnos, que involucrarnos o no involucrarnos no da lo mismo y que desde nuestro lugar sí se pueden lograr cosas”, sostuvo.