Una jornada de extrema tensión y desbordes violentos se vivió este martes 10 de noviembre en la frontera que une la localidad salteña de Aguas Blancas con Bermejo (Bolivia). Lo que comenzó como un reclamo pacífico del sector de los bagayeros y paseros escaló hacia la toma de depósitos comerciales, el vandalismo, los saqueos a sucursales de empresas de encomiendas y duros choques con efectivos de las fuerzas de seguridad.

La violencia se desató inicialmente en la Avenida Petrolera de Bermejo y cruzó rápidamente el río hacia suelo argentino. En Aguas Blancas, grupos de manifestantes apedrearon y destruyeron las oficinas de las firmas Flecha Cargas y Andreani, donde se produjeron saqueos de paquetes y mercaderías. Ante el descontrol, las fuerzas policiales intervinieron utilizando gases lacrimógenos y disparos con balas de goma para dispersar a las turbas, dejando como saldo una frontera absolutamente paralizada y a cientos de viajeros argentinos varados.

El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, pidió este lunes a todos sus ministros y secretarios que pongan sus cargos a disposición, en una reorganización del Gobierno tras la destitución de Santiago Peña en medio del escándalo bancario por el colapso de Ueno Bank. El anuncio fue realizado por el propio mandatario a través de la red social X.

“He instruido al ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros, a solicitar a los ministros, secretarios y máximas autoridades del Estado que ocupan cargos de confianza que pongan sus cargos a disposición”, informó el presidente en un comunicado. Y aseguró que “el funcionamiento de todas las instituciones continuará con absoluta normalidad”.

Los cambios ya concretados

El mandatario ya había iniciado la renovación de su equipo. Este lunes tomó juramento a Ariel Martínez como ministro del Interior, a Juan Carlos Baruja en Obras Públicas y a Rolando de Barros como jefe de Gabinete. También designó nuevos titulares en las áreas de Ambiente y Tecnología, y en la empresa estatal de electricidad ANDE.

Medidas para los afectados

El Gobierno busca acelerar la devolución de los ahorros a los damnificados por el colapso de Ueno Bank y adoptó medidas de alivio tributario para los afectados.

El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú ordenó este sábado la prisión preventiva del expresidente de Paraguay Santiago Peña, en el marco de la investigación por el escándalo financiero de Ueno Bank. El exmandatario deberá permanecer detenido en el Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción, mientras avanza la causa judicial.

Al fundamentar la decisión, el magistrado sostuvo que la medida busca garantizar que Peña permanezca en el país y se someta al proceso, al considerar que existía peligro de fuga. El exjefe de Estado participó de la audiencia de imposición de medidas, pero se abstuvo de declarar.

La resolución judicial se produjo un día después de que el Senado paraguayo destituyera a Peña mediante un juicio político por mal desempeño de sus funciones. La votación concluyó con 44 votos a favor y una ausencia, sin sufragios en contra. Tras su separación del cargo, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia para completar el mandato hasta agosto de 2028.

En el expediente, la Fiscalía imputó al exmandatario por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y por administración en provecho propio, como autor. Según la investigación, Peña habría intervenido en decisiones de organismos públicos y entidades estatales para mantener importantes sumas de dinero depositadas en Ueno Bank, pese a sus vínculos económicos con el grupo empresarial propietario de la entidad.

Los investigadores sostienen que el expresidente mantuvo una participación accionaria en Ueno Holding durante casi los dos primeros años de su gestión. De acuerdo con la imputación, su declaración jurada de 2023 consignaba 6.144 acciones de Ueno Holding, un certificado de depósito de ahorro en Ueno Bank por 2.400 millones de guaraníes y un bono de la firma itti por 350 millones de guaraníes. Aunque las acciones fueron rescatadas en marzo de 2025, la Fiscalía sostiene que habría mantenido otras colocaciones financieras vinculadas al conglomerado.

La dimensión económica del caso también quedó reflejada en las estimaciones del Ministerio Público. Los fiscales calcularon preliminarmente en más de US$815 millones los recursos públicos y previsionales colocados en la entidad hasta septiembre de 2026. La cifra surge de sumar unos 3,6 billones de guaraníes y otros US$233,4 millones, según el cálculo presentado en la investigación.

La causa también alcanza al ex titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, quien fue imputado y quedó bajo prisión preventiva. La Fiscalía le atribuye presunta lesión de confianza, producción de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.

El caso estalló luego de que el Banco Central ordenara iniciar un procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras detectar graves problemas en sus indicadores de solvencia. La entidad contaba con aproximadamente 2,94 millones de clientes y administraba importantes fondos estatales y previsionales, lo que provocó una crisis financiera y miles de reclamos de ahorristas que quedaron temporalmente sin acceso a sus depósitos.

En medio de la emergencia, el Banco Central informó este sábado que cerca de 1,2 millones de clientes ya habían recibido reembolsos parciales o totales por un equivalente a US$160 millones, a través del sistema de garantía de depósitos.