Había 128 contagios, pero la alarma nacional fue absoluta. La caravana de autos enfilando hacia la Costa Atlántica por Semana Santa convenció a Alberto Fernández de apretar el botón de pánico. Con el respaldo unánime de los gobernadores, el Presidente decretó por primera vez, el 20 de marzo del 2020, el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), la cuarentena total. Y los argentinos se confinaron de un día para el otro, sin saber cuándo retomarían la vida habitual.

“El que no pueda explicar qué hace en la calle se verá sometido a las sanciones del Código Penal. Todos tienen que quedarse en sus casas”, advirtió Fernández.

A un año de esa medida inédita, el Gobierno lleva publicadas 23 prórrogas de aquel primer DNU. Se publicaron también 69 decretos, 130 decisiones administrativas, 247 resoluciones y 323 disposiciones vinculadas al Covid. La alquimia entre la situación sanitaria, el factor económico y el hastío social fue moldeando la política sanitaria. Hoy el prisma es distinto. Si hace un año la máxima de Fernández señalaba que “una economía que se cae, se levanta; pero una vida que se pierde no se recupera más”, el lema que el Presidente expuso el último jueves en cadena nacional que “el mundo va a tener que convivir con el virus”. “También nosotros”, dijo.

En Casa Rosada hablan de “lección aprendida” al referirse a la decisión de evitar cerrar la economía en el segundo año de pandemia. “Así como el año pasado había que ganar tiempo para reforzar el sistema de salud, ahora hay que ganarle a la segunda ola con la vacuna”, comentó un importante colaborador oficial.

Pero la vacunación no marcha como se esperaba ni se verifica el ritmo que se prometió cuando se firmaron los contratos con los laboratorios. Nadie, ni el propio Presidente, lo niega: se esperaba vacunar a los grupos prioritarios (unas 12 millones de personas) en el primer trimestre del año, pero hasta ahora solo fueron aplicadas unas 3 millones de dosis con cargamentos que llegan a cuentagotas.

Mientras tanto, el Presidente pasó de cosechar un consenso social inédito, a volver a encapsularse en la grieta. Al principio, hasta los votantes de Mauricio Macri habían apoyado a Fernández en la gesta. La imagen del jefe de Estado superó los 83 puntos a principios de abril, según Poliarquía. El Presidente, además, fue aumentando su nivel de exposición: llegó a junio con un ritmo de una entrevista cada 48 horas.

Su popularidad decayó a unos 65 puntos hacia mitad de año, conforme fue creciendo el descontento por el confinamiento extendido. Luego sobrevendría el caso de las vacunas VIP, que desgajó otro tanto la imagen presidencial.

La cuarentena se inició con postales de unidad inesperadas con Horacio Rodríguez Larreta. Compartieron una decena de conferencias de prensa. Pero ese paisaje de concordia se fue deshilachando conforme aparecieron los primeros conflictos por la coparticipación y a medida que el Presidente optó por endurecer su política judicial. La gestión conjunta de la pandemia, sin embargo, no se interrumpió. Hasta hoy se repiten las videoconferencias con los 24 gobernadores para escenificar la fortaleza de las medidas.

A tres meses de haber asumido en el cargo, Fernández pasó a gestionar en un estado de excepción total. En loop, cada quince días anunciaba una nueva prórroga de la cuarentena, previas reuniones con el comité de infectólogos y los gobernadores. Pronto aparecieron los primeros signos de agotamiento económico.

Las etapas de la cuarentena

El Presidente volcó recursos estatales en detrimento del déficit fiscal. Unas 9 millones de personas recibieron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Ministerio de Desarrollo Social pasó entregar alimentos a 11 de millones de personas. El Gobierno lanzó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para ayudar a las empresas a pagar salarios.

“Insisto en cuidar a los argentinos y que la economía espere”, dijo Fernández en abril. A fines de ese mes, el Presidente anunció una cuarentena segmentada en el AMBA. “No me enamoré de la cuarentena”, replicó. Poco a poco, en la ecuación del Gobierno comenzó a ganar peso la economía. Presionado por liberar las medidas, Fernández buscó extender los anuncios de dos a tres semanas. Pero a fines de junio debió decretar 15 días de confinamiento estricto -casi como al principio- para contener los contagios.

El primer acuerdo con un laboratorio llegó en agosto. “Vamos a poder acceder entre seis y doce meses antes a la vacuna”, se confió el Presidente por el acuerdo con Oxford Astrazeneca y el laboratorio Insud.

En septiembre, por primera vez en seis meses, Fernández no le puso la cara a los anuncios. Hubo solo un video institucional. La foto del comité de expertos en Olivos quedó en sepia. La Argentina llegó al millón de casos y el Presidente dejó de convocar a los infectólogos como en cada antesala de un anuncio.

En noviembre irrumpió otro proveedor: el instituto Gamaleya y la vacuna Sputnik V. La alternativa rusa pasó a ser la más atractiva. Eran 14 millones de vacunas a partir de diciembre. En el Gobierno se diseminó rápidamente una ráfaga de optimismo. La vacuna se convertía en un estandarte para la pelea electoral.

“Quisiera que al culminar febrero tengamos diez millones de argentinos vacunados”, sostuvo el 28 de noviembre el Presidente, en uno de los tantos pronósticos fallidos que lanzó. Cuando las demoras se hicieron evidentes, el Gobierno dejó de dar cifras y fechas. Hoy se conocen los cargamentos recién cuando el avión de Aerolíneas Argentinas aterriza en Moscú.

El escándalo del vacunatorio VIP obligó a Fernández a desplazar a Ginés González García, su ministro de Salud. Según las encuestas que leen en la Casa Rosada, desde el episodio el Presidente habría caído unos seis puntos en la imagen.

El Presidente sinceró los problemas en la vacunación el jueves, cuando apeló a una cadena nacional sorpresiva, por segunda vez en lo que va de su mandato. La amenaza de la segunda ola y de las cepas más peligrosas de Covid obligan a recalcular la política sanitaria otra vez.