Tres policías bonaerenses pedían coimas y las cobraban mediante Mercado Pago
Los efectivos policiales fueron imputados por el delito de «exacciones ilegales», que según el Código Penal prevé una pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a seis años.
Tres efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fueron desafectados e imputados acusados de coimear a una persona cuando circulaba por la autopista Panamericana a la altura de la localidad de General Pacheco, partido de Tigre, quien abonó con una transferencia por la aplicación de Mercado Pago, informaron este domingo fuentes policiales y judiciales.
El hecho se registró el sábado por la mañana, cerca de las 9.30, a la altura del kilómetro 33.700 de la Autopista del Sol, a metros del peaje de la calle Henry Ford, en la localidad de General Pacheco, en el mencionado partido del noroeste del Gran Buenos Aires.
Según expresaron las fuentes a Télam, en dicho lugar se realizaba un operativo para prevención de delitos en el cual estaban destinados un oficial subayudante, un subteniente y un oficial de la Policía bonaerense.
En el contexto de dicho procedimiento, los oficiales detuvieron la marcha de un automóvil y, según la investigación, le solicitaron un pago de tres mil pesos para continuar su camino.
El hombre, según consta en la denuncia, le transfirió el dinero a través de la aplicación de Mercado Pago a uno de los oficiales, quedando constancia de su nombre, CUIL y código de la operación.
El hecho se produjo en el peaje de la Panamericana ramal Campana, a la altura de General Pacheco.
La víctima era conocido de la diputada nacional Agustina Propato, esposa del ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni, quien recibió en su teléfono celular la denuncia del hombre.
«Hola, compañera Agustina. Sé que no estás para estas cosas. Mirá, me acaban de coimear en el peaje de Pacheco en un operativo de Policía Bonaerense. No es mi costumbre ‘chapear’ y no lo hice, pero son tan idiotas que me permitieron pagarles la coima por Mercado Pago. Si le sirve a Sergio, estoy a disposición de él», decía el mensaje, según indicaron las fuentes.
La Auditoria General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense tomó conocimiento del hecho cerca de la 1.30 de la madrugada del domingo y rápidamente la auditoria María Martínez ordenó la desafectación de los tres implicados.
«Se abrió un sumario y se está investigando el hecho y la actuación de los efectivos», expresó a Télam una fuente vinculada a la pesquisa.
En tanto, la fiscal María Virginia Toso, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Don Torcuato, imputó a los tres policías por el delito de «exacciones ilegales», que según el Código Penal prevé una pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a seis años.
«Se desconoce si el denunciante fue amenazado, coaccionado, o si intervinieron los tres efectivos imputados o solamente el titular de la cuenta. Las circunstancias del hecho no están claras porque el damnificado aún no se presentó en la justicia. Se lo citó para mañana a primera hora para poder obtener más detalles», señaló a Télam una fuente judicial.
La fiscal Toso ya solicitó el libro de guardia, la constancia de Mercado Pago de la transferencia realizada y se les secuestró el teléfono celular a los tres policías.
En la ciudad de Juan Bautista Alberdi investigan amenazas de tiroteo dentro de un establecimiento escolar, tras constatar las pintadas en un sanitario de la Escuela Técnica N.º 1.
Por supuesto esto ha generado momentos de tensión y preocupación en toda la comunidad educativa.
La situación fue detectada en las últimas horas y derivó en la inmediata intervención de efectivos policiales, quienes se hicieron presentes en el establecimiento para resguardar la seguridad y dar inicio a las tareas investigativas.
Mientras tanto, varios padres se acercaron al lugar visiblemente preocupados y comenzaron a radicar denuncias, exigiendo respuestas y medidas concretas para garantizar la seguridad de los estudiantes. En este contexto, las autoridades del establecimiento mantuvieron una reunión con padres de la cooperadora escolar, donde se abordó la situación y se analizaron posibles acciones preventivas frente a los hechos ocurridos.
Varios manifestaron que no enviarán a sus hijos a clases este jueves, hasta tanto haya mayores garantías de seguridad y claridad sobre lo sucedido.
Hasta el momento no se brindaron detalles oficiales sobre el contenido de los mensajes ni sobre posibles responsables.
La muerte de Jonathan Rodríguez, ocurrida días después de haber sido aprehendido por efectivos policiales en la ciudad de Simoca, abrió una investigación judicial que avanza bajo una calificación más grave y genera creciente inquietud tanto en el ámbito judicial como en la comunidad.
De acuerdo con los primeros datos del caso, el joven fue detenido el 4 de abril durante un operativo policial. Horas después de su aprehensión, debió ser trasladado a un centro de salud en estado crítico.
Con el correr de los días, se confirmó su fallecimiento, lo que motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal.
A partir de la evolución del caso, la causa fue recaratulada con una figura de mayor gravedad, lo que refleja la relevancia que adquirió el expediente en las últimas horas.
En ese contexto, la querella impulsó una serie de medidas probatorias orientadas a reconstruir con precisión lo ocurrido durante el lapso en que Rodríguez permaneció bajo custodia policial.
Entre los requerimientos planteados se incluyen la identificación de todo el personal que intervino en el procedimiento, así como el análisis de registros fílmicos que puedan aportar elementos objetivos para esclarecer las circunstancias del hecho.
El caso también tuvo impacto en el plano social. El sábado pasado, familiares y allegados de la víctima se concentraron frente a la comisaría de Simoca para reclamar el avance de la investigación y exigir que se determinen eventuales responsabilidades.
Mientras tanto, la pesquisa continúa en desarrollo y se aguardan nuevas diligencias en los próximos días que permitan arrojar luz sobre lo sucedido y avanzar en la determinación de responsabilidades.
Liberaron al futbolista que desató el pánico en un avión, aunque quedó imputado
Emiliano Endrizzi, jugador de Gimnasia de Jujuy, recibió la libertad condicional tras el insólito episodio. La Justicia le impuso severas restricciones y el club evalúa rescindirle el contrato.
El futbolista de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Emiliano Endrizzi, fue liberado este lunes tras haber sido detenido el fin de semana por gritar la palabra «bomba» a bordo de un avión comercial. Si bien recuperó su libertad, la Justicia lo imputó formalmente por el delito de «intimidación pública y atentado contra la seguridad de medios de transporte y comunicación».
El juez federal de Garantías N°1, Eduardo Hansen, rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscalía y dispuso la libertad provisoria del jugador, aunque le impuso estrictas restricciones: deberá presentarse cada siete días ante la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y tendrá terminantemente prohibido salir del país sin autorización judicial.
El riesgo de fuga y su futuro en el club
Durante la audiencia, el fiscal federal Sebastián Jure había solicitado que el deportista continuara tras las rejas, argumentando la gravedad del hecho y un posible riesgo de fuga, dado que Endrizzi no es oriundo de la provincia y reside en una vivienda alquilada. A este complejo panorama judicial se le suma una fuerte incertidumbre laboral: la dirigencia del «Lobo» jujeño anunció que evalúa rescindirle el contrato tras el escándalo.
Por su parte, la defensa técnica del jugador, encabezada por el abogado Sebastián Alsina, minimizó el hecho asegurando que todo se trató de un “comentario desafortunado” emitido en medio de una charla informal. Para acreditar el arraigo de su defendido y evitar la prisión preventiva, el letrado presentó constancias escolares de los hijos del deportista y demostró que la familia reside en Jujuy desde hace tres años.
Al fundamentar su fallo, el juez Hansen reconoció la gravedad del episodio, pero optó por una solución intermedia. No obstante, dejó una dura advertencia sobre el enorme costo y desgaste de recursos que estas «bromas» le generan al Estado: “Estas bromas graciosas o comentarios desafortunados provocan temor generalizado y deben ser tratadas con severidad”, sentenció el magistrado.
Crónica de un vuelo de terror
El insólito incidente que derivó en la detención del lateral izquierdo ocurrió el último sábado, cuando el plantel completo de Gimnasia de Jujuy se encontraba a bordo del vuelo FO 5181, listo para despegar hacia la Ciudad de Buenos Aires.
En ese momento, desde su butaca 16C, Endrizzi señaló a otro pasajero y lanzó en voz alta: “Él lleva una bomba”.
La frase, que luego se comprobó que era una falsa alarma, generó un clima de terror inmediato y obligó a la tripulación a activar el protocolo de emergencia. El avión fue trasladado hacia una zona aislada a 500 metros de la terminal y se procedió a la evacuación total de los pasajeros.
Durante más de tres horas, el aeropuerto quedó virtualmente paralizado mientras se desplegaba un megaoperativo que incluyó la conformación de un comité de crisis. Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la División de Explosivos revisaron minuciosamente la aeronave y los equipajes con trajes especiales. Finalmente, se descartó la presencia de cualquier artefacto peligroso y se desactivó la alarma.