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Argentina

Servicio de transporte aéreo con demoras por la asambleas de trabajadores

Por los despidos en la actividad se lleven adelante asambleas sindicales, que estarían generando demoras en los aeropuertos en vísperas del receso invernal.

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El transporte aéreo de pasajeros podría verse afectado en el inicio de las vacaciones de invierno en virtud de que los gremios aeronáuticos desarrollan un plan de lucha con chances de extenderse. La política del Gobierno para lo que representa Aerolíneas Argentinas y su privatización, como también los despidos que se activaron en los últimos tiempos, derivaron en la reacción gremial. Este año el receso invernal, según los distritos, se hará efectivo desde el lunes 8 o 15 y finalizará el viernes 19 o 26. En los sindicatos recuerdan que no hubo medidas de fuerza aplicadas en ocasión de otros recesos pasados, pero agregan que la coyuntura actual «es inédita».

De esta forma algunas fuentes gremiales reflexionan, al ser consultadas sobre los servicios en los próximos días: «No se pueden hacer hipótesis y menos que no tengan que ver con la defensa de la línea de bandera y los derechos de trabajadores y trabajadoras, que son prioridad». «Corresponde decir que nunca se hicieron medidas de fuerza en vacaciones de invierno. Pero nunca pensamos que iba a ganar las elecciones Javier Milei, que los sueldos iban a ser estallados por el Gobierno, y así también lamentamos decir que nunca Aerolíneas estuvo tan cerca de desaparecer», señalaron desde el sector gremial.

Los trabajadores nucleados en la Asociación de Pilotos (APLA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior (UPSA), realizaron este martes asambleas tanto en Ezeiza como en Aeroparque y en otras estaciones del país.

El panorama se completa en virtud de que ese bloque sindical considera inconclusa la paritaria 2023. Así remarcan que sus salarios se encuentran en un 65% por debajo de la inflación y reclaman una actualización de esos ingresos.

Liderazgo de Biró en el bloque gremial

La medida, que encabezó la organización sindical de los pilotos que conduce Pablo Biró, y a la que se fueron sumando el resto de los gremios, comenzó el 29 de junio y por estas horas finalizará el domingo 7 «en aeropuertos de todo el territorio nacional, con motivo de la profundización del plan de lucha».

Las asambleas, como formato de reclamo, se extienden durante dos horas y allí se debate, analiza y reclama la posible privatización de Aerolíneas Argentinas como también se reseña la cantidad de despidos que se registraron en los últimos meses.

La labor del personal entonces se cumple «a reglamento», limitándose estrictamente al plan de vuelo, lo que en muchos casos deriva en atrasos y cancelaciones de servicios.

Este martes desde Aerolíneas señalaron que se trabajó con 96% de puntualidad. A la medida de fuerza desarrollada también se acoplaron los empleados de la empresa Intercargo, que prestan servicio de rampa a casi todas las compañías áereas con excepción de Aerolíneas Argentinas, American Airlines y Flybondi.

Biró es uno de los sindicalistas que con mayor potencia debatió desde 2015 la aplicación de políticas de «cielos abiertos», sindicatos por empresa, privatizaciones y ceses de personal. La prédica del también dirigente de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) también lo hizo ser uno de los blancos preferidos de La Libertad Avanza y otros sectores políticos neoliberales con los cuales ha confrontado y confronta.

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El Gobierno privatizó la mayor transportadora de electricidad del país por U$S 356 millones

El Ejecutivo transfirió la totalidad de las acciones de la controlante de Transener al consorcio empresario que hizo la mejor oferta en la licitación. Es parte del proceso para pasar a privados Enarsa.

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El Gobierno adjudicó a un consorcio empresario de capitales argentinos la totalidad de las acciones de Transener, la mayor transportadora de energía eléctrica del país. Lo hizo por US$356 millones.

La decisión fue oficializada este martes con la publicación de la resolución 673 en el Boletín Oficial y celebrada por el Ministerio de Economía en un posteo de X.

“El Estado se retira definitivamente de su participación en la empresa, abandona el rol empresario que nunca debería haber cumplido y le devuelve al sector privado la gestión e inversión en el transporte eléctrico», enfatizó la cartera que conduce Luis Caputo.

Mediante la resolución 673, el Gobierno adjudicó a Genneia y el grupo Edison el 100% del paquete accionario del Estado en la empresa controlante de Transener (Citelec, que también tiene como accionista a Pampa Energía).

Transener administra una infraestructura estratégica del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con más de 12.600 kilómetros de líneas en 500 kV que atraviesan el país de norte a sur, una red que se extiende aproximadamente 3700 kilómetros entre Jujuy y Santa Cruz.

“La venta del paquete accionario que el Estado tiene en Citelec es un paso más en la privatización de activos y actividades de Enarsa”, indicaron desde la cartera que encabeza Luis Caputo.

La venta de la controlante de Transener, un hito en el plan para privatizr Enarsa, se concretó a fines de abril. De los grupos que había habilitado el Gobierno para competir, las mejores ofertas fueron presentadas por el consorcio integrado por Genneia y Edison Transmisión que propuso US$356.174.811,78.

Este valor superó el precio base fijado para la licitación, que era de US$206 millones. La suma total de las propuestas recibidas por el Ministerio de Economía se ubicó en US$887 millones.

Avanza la privatización total de Enarsa: qué activos energéticos aún controla el Estado
Como informó TN, el plan oficial apunta desde 2024 -a partir de la inclusión como privatizable de manera total en la Ley Bases-, a dividir y vender en partes a Enarsa.

En ese marco, fue avanzando sobre distintas unidades de negocios de la firma. A fines de 2024, Enarsa controlaba al menos 10 unidades en el sector del gas y de la energía eléctrica. Hoy son solo cuatro.

Así, en la actualidad, el Estado tiene participación a través de Enarsa en los siguientes negocios energéticos:

-UTE Escobar (50%), con YPF controlan la operatoria del barco regasificador de GNL que luego se inyecta en el sistema nacional. El Gobierno intentó privatizar el servicio, pero finalmente desistió en medio de la escalada de los precios del petróleo y el gas por la guerra en Medio Oriente.

-Es socio mayoritario en dos centrales generadoras eléctricas: termoeléctrica San Martín, en Timbúes, Santa Fe (69%); y la termoeléctrica Manuel Belgrano, en la ciudad bonaerense de Campana (65%).

-Enarsa Patagonia (90%), encargada de la exploración y explotación de pozos petroleros y de gas del sur.

-Vientos de la Patagonia 1, (80%) parques eólicos en Chubut.

A eso se suman las concesiones de represas, donde Enarsa tiene participación. Luego de privatizar las represas del Comahue, a fines de 2025 por US$700 millones, el Gobierno tiene en la mira nuevas concesiones para las centrales hidroeléctricas de Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán y Chubut. /TN

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El Gobierno nacional aplicó recortes a 211 programas de distintas áreas

El Gobierno recortó financiamiento a hospitales, el INCUCAI, al Instituto Malbrán, el programa Educar, entre otros. Además achica el fondo para ATN.

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Hace un tiempo atrás, el ministro Luis Caputo les había pedido a sus pares del gabinete que le rmitieran a su despacho recortes de gastos por el 2% de capital y el 20% en las erogaciones generales. Este lunes se comenzó a develar el interrogante.

Una decisión administrativa simple firmada por Caputo y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, publicada en el Boletín Oficial, revela que se decidieron por aplicarles una poda a 211 programas que el Gobierno lleva adelante en diferentes áreas. El ahorro, según indica la medida, es de $2,8 billones.

En cambio, la medida que modifica el Presupuesto 2026 establece un incremento del gasto en 15 programas por $372.000 millones.

La decisión administrativa además agrega unos $564.000 millones al cálculo de recursos, con lo cual se termina incrementando el resultado financiero en $3 billones.

El análisis de la medida corresponde a la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas. La entidad indicó en su reporte que la medida implica que “los Gastos Corrientes disminuyen en $1,9 billones y los Gastos de Capital en $496.760 millones”.

En lo relacionado a Obligaciones a Cargo del Tesoro, los recortes son los siguientes:

-Se reducen los créditos para el programa 99 – Otras Asistencias Financieras por $1,2 billones (Administración Gubernamental -$494.290 millones, Servicios Sociales -$564.130 millones y Servicios Económicos -$140.000 millones).

-Adicionalmente, disminuyen las transferencias para Energía Argentina por $200.000 millones, EDUCAR S.A. por $48.000 millones, AySA por $21.437 millones, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo por $937 millones, Radio y Televisión Argentina por $1.145 millones, Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima por $498 millones y Contenidos Artísticos e Informativos por $96 millones.

-En el caso del Ministerio de Economía, los recortes alcanzan los $529.000 millones.

-En el Ministerio del Interior se recorta el fondo para los ATN en $320.000 millones, además de algunas transferencias para gastos sociales de menor impacto económico.

Recortes de gastos en Salud

En Salud, se recortaron $62.731 millones, del programa 47 – Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud- por $25.000 millones, del programa 29 – Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica- por $20.000 millones, y del programa 55 – Cobertura Sanitaria Compensatoria- por $5.000 millones, entre otros.

Las partidas de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud disminuyen en $3.196 millones, la Superintendencia de Servicios de Salud en $1.743 millones, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán en $1.162 millones y el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante en $1.000 millones, entre otros organismos.

“Es un ajuste grosero”

El director del Instituto del Consenso Federal y exdiputado peronista, Alejandro Gómez, señaló al respecto que “mediante la Decisión Administrativa 20/2026, que se publica en el Boletín Oficial con la firma del jefe de Gabinete Manuel Adorni, el Gobierno nacional ejecutó una grosera alteración del Presupuesto Nacional 2026, que fuera aprobado por el Congreso de la Nación apenas cuatro meses atrás”.

“En los considerandos de la norma, también suscrita por el ministro de Economía Luis ‘Toto’ Caputo, se consigna que con la Decisión Administrativa se efectúan rebajas en créditos presupuestarios de varias jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional”, señaló Gómez.

El dirigente sostuvo que, “rastrillando las 588 fojas del anexo que esconde la letra chica y las cifras del ajuste, emergen verdaderos guadañazos presupuestarios”. Sostiene que al programa de “Investigación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer” se le aplicó un recorte de $5.000 millones.

“Siempre en jurisdicción del Ministerio de Salud, el programa presupuestario 20, que concentra los recursos para la prevención y el control de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles, sufre un ajuste de $500 millones”, dijo el exlegislador.

FUENTE: Ámbito

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El Gobierno le quitó más de $78.000 millones a Educación y frenó obras universitarias

La administración Milei recortó programas de la Secretaría de Educación y suspendió transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales.

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El Gobierno nacional recortó $78.768.179.759 en programas de la Secretaría de Educación y suspendió transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales, según determinó la Decisión Administrativa 20/2026.

De acuerdo con la planilla anexa de gastos de la administración nacional, el principal ajuste impactó sobre el “Plan Nacional de Alfabetización”, que perdió $35.288.051.713. La reducción afectó principalmente las transferencias directas a las provincias para su implementación.

Además, el Ejecutivo eliminó el “Fondo de Compensación Salarial Docente” por $8.929.835.294, mecanismo destinado a equiparar los salarios mínimos de docentes provinciales

En infraestructura escolar y equipamiento, el recorte alcanzó los $21.686.636.818, mientras que el programa de “Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas” sufrió una reducción de $6.649.536.538, incluyendo una baja de más de $559 millones en becas estudiantiles.

También la empresa estatal EDUC.AR S.A. perdió transferencias por un total consolidado de $48.000.000.000, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas a partir de la documentación oficial

Las universidades nacionales también resultaron alcanzadas por la reducción presupuestaria. El anexo detalló una poda de $5.303.000.000 en transferencias de capital para infraestructura del conocimiento, afectando obras en trece casas de estudio.

Entre las universidades más afectadas figuran la Universidad Nacional de La Plata, con una reducción de $1.043.000.000; la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, ambas con recortes de $700.000.000; Río Cuarto, con $680.500.000 menos; y Entre Ríos, con una baja de $540.000.000.

La medida quedó formalizada en la Decisión Administrativa 20/2026, publicada por el Poder Ejecutivo junto con las modificaciones presupuestarias de la administración nacional.

FUENTE: NA

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