Pero los dos mendocinos de la UCR no fueron los únicos que votaron en contra del financiamiento universitario, pese a tratarse de una de las banderas del partido centenario. El chaqueño Gerardo Cipolini, en tanto, estuvo ausente el día de la votación de la Ley de Financiamiento Universitario en 2024, pero luego, el día que se trató el veto, insistió con la ley.

Al igual que los cornejistas, Cipolini, que responde al gobernador Leandro Zdero, cambió de postura 10 meses después. Casualmente, los tres diputados responden a gobernadores de la UCR que llegaron a alianzas electorales con La Libertad Avanza de cara a los comicios de octubre.

De esta manera, los tres radicales se alinearon con la postura de La Libertad Avanza, que rechaza de plano la medida, ya que atenta contra el “déficit cero” que pregona Milei. A propósito del impacto fiscal de la medida, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) no hizo una estimación. Aunque, según el cálculo de la oposición, es de un 0,14 % del PBI ($1059 millones). Mientras que para el oficialismo, superaría los $1500 millones.

En tanto, los «radicales con peluca» que días atrás concretaron el armado de un interbloque con La Libertad Avanza rechazaron la ley, tal cual hicieron el año pasado.

Mariano Fuchila

Las sorpresas en el PRO

En el PRO también hubo algunos legisladores que se desmarcaron de la postura que fijó el bloque que conduce Cristian Ritondo. La decisión de Álvaro González no llamó la atención. El larretista suele diferenciarse de sus compañeros de bloque.

La que sí llamó la atención, por caso, fue la macrista Germana Figueroa Casas, que en 2024 –pese a ser docente universitaria— no había acompañado la ley ni su insistencia. En esta ocasión, la rosarina se abstuvo.

«En el debate sobre el financiamiento universitario hay un problema real que no se resuelve con slogans. Los salarios tocaron un piso. Hace falta diálogo y soluciones. No se trata de gritar más fuerte, sino de hacerse cargo», declaró la diputada.

También sorprendieron las amarillas Ana Clara Romero, que responde al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y Karina Bachey. Ambas habían rechazado la ley el año pasado. En esta oportunidad, al igual que la rosarina, se abstuvieron.

Otro de los diputados que se inclinó por la abstención fue Francisco Morchio, quien responde al gobernador del PRO, Rogelio Frigerio. De todas maneras, el entrerriano ya había acompañado la ley el año pasado. Y, al mismo tiempo, había rechazado el veto del Presidente.

El quinto diputado que optó por la abstención fue el porteño Ricardo López Murphy, quien ya anticipó que dará la pelea por su reelección en los comicios de octubre.

El debate por el Hospital Garrahan

Tras la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, continúa el debate en Diputados, ahora sobre una ley en apoyo al Hospital Garrahan, que atraviesa un conflicto presupuestario desde hace meses.

Teniendo en cuenta las últimas gestualidades de gobernadores, los tratamientos parecen acercarse a la mayoría simple en Diputados, lo que le permitiría incluso lograr la media sanción de la declaración de emergencia de salud pediátrica(fondos hasta diciembre de 2026 y la recomposición del Sistema Nacional de Residencia Médicas) y la ley de financiamiento universitario presentado por los rectores (reapertura de paritarias y presupuesto para gastos de funcionamiento y becas).

No se espera que los diputados intenten incluir los proyectos vetados este lunes -sobre jubilados y discapacitados- para su rectificación, postergando su tratamiento para los próximos meses. Sin embargo, se buscará revertir el veto del presidente, Javier Milei, a la declaración de emergencia para Bahía Blanca, que proponía fondos especiales que se destinarían a la reconstrucción de las zonas afectadas por las inundaciones.

Emplazamientos, decretos y $LIBRA: la segunda parte del temario

La oposición también pretendía incluir a la causa $LIBRA en la sesión, para modificar el artículo 4 que constituyó la comisión investigadora para que las autoridades se escojan por mayoría del recinto, finalizando con la parálisis del espacio que no logró elegir al presidente luego de que se consolidará un empate entre dos sectores contrapuestos con 14 miembros. Sin embargo, no lo consiguió y esta causa no será tratada.

Ante la parálisis de la Comisión de Presupuesto, en el recinto también se tratarán cuatro emplazamientos, que establecen día y fecha de tratamiento de proyectos de ley. Existen dos propuestas que cuentan con el impulso de los gobernadores y llegan con media sanción del Senado: el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y una mayor distribución a las provincias de lo recaudado por el impuesto a los combustibles (sujeto a la eliminación de fondos fiduciarios).

Si logran aprobar los emplazamientos, garantizarán sus dictámenes en comisiones la semana siguiente y volverán a llevar los proyectos a una sesión el 20 de agosto para convertirlos en ley. Con otros plazos, el próximo 6 de agosto intentarán emplazar la declaración de emergencia al sistema nacional de ciencia y el régimen de Promoción de Salud Cerebral, para abordar un plan nacional de tratamiento del Alzheimer.

La otra tarea que se propuso Diputados es rechazar una serie de decretos que ejecutó el Presidente en la última semana de sus facultades delegadas. Dos de ellos ya fueron suspendidos por la Justicia: el 462/2025, que intervenía el INTI y el INTA, y el 461/2025, que modificó Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. En este sentido, la acción parlamentaria podría blindar los fallos y dejar sin efecto los DNUs.

Los otros decretos que se incluyeron son prioridad del peronismo: el 351/2025 (Banco Nacional de Datos Genéticos), el 340/2025 (Marina Mercante) y el 345/2025 (Instituto Nacional del Teatro y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares).