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Economía

Para CAME, la baja de derechos a la exportación es una “buena señal”

La Cámara de la Mediana empresa destacó la decisión del gobierno por su incidencia en las Pymes

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El sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), representante de más de 480 entidades de productores pymes agroindustriales, celebra la medida anunciada por el Gobierno Nacional a través del Decreto 464/2019, que baja de 4 a 3 pesos por dólar exportado los derechos de exportación para 207 posiciones arancelarias de las economías regionales.
“Si bien seguimos sosteniendo que las retenciones móviles son un impuesto distorsivo, la reducción de la alícuota es una buena señal para la producción primaria, ya que implica la recuperación de más de 2.200 millones de pesos. Tengamos en cuenta que los productos alcanzados exportaron en 2018 por un valor de 2.272 millones de dólares, mientras que se calcula que la medida tendrá un costo fiscal de un poco más de 50 millones de dólares”, afirmó Eduardo Rodríguez, titular del sector de Economías Regionales de CAME.
El beneficio, que entrará en vigencia a partir del 11 de julio de 2019, se suma a una serie de medidas anunciadas por el Gobierno Nacional en los últimos tiempos, todas con un denominador común y en sintonía con los objetivos del área de Economías Regionales de CAME: potenciar el desarrollo de la producción regional, devolver competitividad y rentabilidad al pequeño y mediano productor, y generar arraigo en el interior profundo.
Recordemos que el adelantamiento del Mínimo No Imponible, oportunidad en la que el Gobierno nuevamente dio respuesta al pedido de CAME, ya está dando sus frutos. “Los costos de contratación de mano de obra se están achicando, por lo que todos los anuncios que disminuyan la carga tributaria al productor son el camino para la reactivación de las economías regionales”, agregó Rodríguez.
El Decreto 464/2019 también modifica y extiende los plazos para abonar las retenciones móviles. Las empresas que en el año calendario inmediato anterior a la fecha del registro de la solicitud de exportación hayan exportado por menos de 20 millones de dólares, tienen un nuevo plazo de espera de 90 días corridos –en lugar de 60–, sin intereses, para el pago de los derechos.
Entre los productos alcanzados por la medida, se encuentran el arroz, las frutas de pepita, los cítricos, las cerezas, las uvas, la ciruela desecada, el ajo, la cebolla, el maní, los arándanos, la nuez pecán, las legumbres y la miel, entre otros.

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Economía

Desde cuándo se aplicaría y qué consumo alcanzaría durante los meses de calor el subsidio a la luz en Tucumán

La Provincia presentó ante Nación una propuesta para ampliar el alcance del beneficio durante el período de mayor demanda. A quiénes llegaría.

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El calor ya se hace sentir con fuerza en Tucumán y, con la llegada de los meses de mayor temperatura, también crece la preocupación de las familias por el impacto del consumo de electricidad en las facturas. Ante esto, la Provincia avanza en las gestiones ante la Secretaría de Energía de la Nación para poner en marcha un esquema de subsidios destinado a los hogares de la denominada zona cálida o muy cálida.

Martín Viola, secretario de Energía y Servicios Públicos de Tucumán, explicó que todavía se está definiendo la «letra chica» del mecanismo, pero anticipó que la intención es que el beneficio pueda comenzar a aplicarse entre octubre y noviembre y extenderse hasta marzo.

«La instrumentación va a ser mediante una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación para que este mismo verano los tucumanos ya tengan el beneficio concreto«, señaló Viola.

Según explicó el funcionario, uno de los puntos que todavía se encuentran en discusión es precisamente la fecha de inicio. La intención de la Provincia es que el esquema entre en vigencia a partir de octubre o, como máximo, noviembre, debido al incremento de las temperaturas y del consumo eléctrico que ya comenzó a registrarse.

El beneficio se extendería durante cuatro o cinco meses, hasta marzo, para abarcar el período de mayor demanda de energía por el uso de aires acondicionados y otros equipos de refrigeración.

«Los calores ya están al día de hoy. Por lo tanto, la idea es implementarlo por la realidad propia de la provincia de Tucumán a partir de octubre, noviembre hasta el mes de marzo«, explicó Viola. El secretario indicó que Tucumán ya presentó los informes técnicos correspondientes y que actualmente se trabaja en la definición de los detalles del esquema.

Qué cantidad de electricidad quedaría alcanzada

Uno de los principales cambios que se analiza está relacionado con el límite de consumo sobre el cual se aplicaría el subsidio. Viola explicó que el consumo promedio de una familia tucumana ronda los 300 kWh mensuales, aunque durante los meses de calor puede aumentar considerablemente debido al uso de los equipos de aire acondicionado. La propuesta consiste en elevar el volumen de consumo alcanzado por el beneficio hasta 500 o 550 kWh mensuales.

Además, se analiza que las compensaciones que actualmente existen para determinados niveles de consumo puedan extenderse al consumo adicional generado durante los meses de temperaturas elevadas.

Por qué se busca un subsidio especial para Tucumán

Viola sostuvo que el planteo realizado por Tucumán y otros gobernadores del Norte Grande apunta a contemplar las particularidades climáticas de las provincias de la región.

En ese sentido, recordó el planteo realizado por el gobernador Osvaldo Jaldo: «Si calentamos el sur, ¿por qué no vamos a refrigerar el norte?«.

El funcionario explicó que, en Tucumán, el aire acondicionado dejó de ser solamente un elemento asociado al confort y se convirtió en una herramienta necesaria durante las jornadas de temperaturas extremas. Esto provoca que el consumo de una familia pueda incrementarse entre un 75% y un 100% respecto de su promedio habitual.

La propuesta busca que ese consumo adicional de los meses de mayor calor pueda ser contemplado dentro de un esquema de subsidios nacionales.

A quiénes alcanzaría el beneficio

Otro de los aspectos que todavía debe definirse es el universo exacto de hogares que quedará incluido.

Viola explicó que actualmente existe un esquema nacional de subsidios cada vez más focalizado, mientras que Tucumán cuenta además con una tarifa social eléctrica provincial administrada por el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT), que alcanza a los usuarios que cumplen determinados requisitos.

«Hay un gran universo de personas que han visto afectado el impacto de la factura eléctrica en los últimos meses en la provincia de Tucumán«, afirmó.

De acuerdo con el planteo oficial, el nuevo esquema buscaría atender particularmente el incremento de consumo producido durante los meses de calor, con un subsidio nacional sobre ese excedente.

Qué pasará con las facturas de luz

Mientras se espera la definición del nuevo esquema, Viola recomendó a los usuarios revisar las facturas para controlar tanto el consumo como los valores facturados.

El funcionario señaló que las boletas permiten consultar el nivel de consumo del período y, generalmente, incluyen una comparación con los meses anteriores. Ante una diferencia considerable entre períodos, recomendó realizar el reclamo correspondiente ante los organismos competentes para verificar que no exista un error de medición.

«Lo primero es ver la cantidad de consumo que tiene ese usuario. Eso está en la factura claramente especificado«, explicó.

Viola también remarcó que una parte del incremento observado en las boletas responde al valor de la energía y al proceso de reducción de subsidios aplicado a nivel nacional. /La Gaceta

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Economía

Dictamen favorable para una ampliación presupuestaria de 1.320 millones de pesos

La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura avaló el incremento de la pauta inflacionaria de 30% (estimada en 10%) en el actual Presupuesto provincial. La ampliación será tratada en la sesión del próximo miércoles.

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La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura de Tucumán resolvió por unanimidad emitir dictamen favorable al proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, que contempla una ampliación presupuestaria para atender las erogaciones previstas hasta el cierre del ejercicio fiscal 2026

La iniciativa se fundamenta en la actualización de las previsiones económicas contempladas en el Presupuesto General 2026. En ese sentido, se señala que la pauta inflacionaria originalmente estimada en un 10% resulta inferior a la variación proyectada para el cierre del año, que se ubicaría en torno al 30%, aproximadamente $1.320.000.000.000.

Al finalizar el encuentro, el presidente de la comisión, legislador Carlos Gallia, explicó que la convocatoria se concretó luego de la reunión mantenida el pasado viernes con el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad.

“Luego de la visita del ministro Daniel Abad el pasado viernes, convocamos a la comisión para el día de hoy para resolver sobre lo solicitado por el Poder Ejecutivo. Con la ausencia de un solo legislador, dimos dictamen al proyecto de ampliación presupuestaria que será debatido el miércoles 30 de septiembre en el recinto de sesiones”, señaló Gallia.

De la reunión participaron los legisladores Francisco Serra, Carlos Najar, Sandra Figueroa, Hugo Ledesma, Sara Lazarte y el presidente de la comisión, Carlos Gallia.

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Economía

El derrumbe de la actividad económica en julio enciende alarmas de recesión

El retroceso en industria y construcción complica las metas. Consultoras alertan por el impacto en la recaudación y la deuda.

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La dinámica económica argentina encendió señales de máxima alerta tras confirmarse un marcado deterioro en el nivel de actividad durante el séptimo mes del año. De acuerdo con las mediciones oficiales del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), la economía registró una contracción del 2,9% mensual desestacionalizada en julio y una baja del 1,4% interanual, con un arrastre preliminar para agosto que dista de mostrar una recuperación consistente. Ante este panorama, analistas y consultoras privadas abrieron una profunda discusión en torno a la necesidad de implementar medidas de estímulo focalizadas y advirtieron sobre la presión que este enfriamiento ejercerá sobre las cuentas públicas y el esquema financiero gubernamental.

Desde la firma Wise Capital remarcaron que, si se excluye el período extraordinario de la emergencia sanitaria, para encontrar un registro mensual tan negativo es necesario remontarse a finales de 2019. La marcada desaceleración estuvo traccionada principalmente por dos pilares centrales del aparato productivo: la industria manufacturera retrocedió un 5%, mientras que el sector de la construcción se desplomó un 4,6%. A raíz de estas cifras, desde la entidad sentenciaron que el fantasma de una recesión técnica acecha con fuerza al tercer trimestre, ya que la seguidilla de indicadores negativos deteriora severamente cualquier expectativa de reactivación en el corto plazo.

El riesgo de recesión técnica y el desplome de la inversión

La posibilidad formal de encadenar dos trimestres consecutivos en terreno negativo se volvió una amenaza concreta. Luego de que el Producto Bruto Interno (PBI) se contrajera un 0,6% trimestral en el segundo trimestre, el informe de Adcap precisó que la economía enfrenta una probabilidad tangible de confirmar la recesión: para sortearla, tanto agosto como septiembre deberían crecer a un ritmo aproximado del 3% mensual cada uno (alrededor de 6,1% acumulado), una meta sumamente exigente en el contexto actual.

En sintonía con este diagnóstico, la consultora Facimex recortó su proyección de crecimiento  económico al 1,5%, alertando sobre la inminencia del ciclo recesivo, mientras que el Índice Líder de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) midió para agosto una probabilidad del 82% de que la economía caiga en recesión durante los próximos meses.

El foco de inquietud para los inversores radica en que una menor actividad debilite las dos anclas prioritarias del  programa oficial: el equilibrio fiscal y la gobernabilidad o competitividad electoral. Desde Facimex subrayaron que cualquier factor que siembre dudas sobre la continuidad del rumbo condiciona la llegada de capitales, recordando que la inversión encadenó cinco trimestres consecutivos a la baja entre el segundo trimestre de 2025 y el de 2026, ubicándose en apenas un 15% del PBI a precios corrientes. Frente a este estancamiento, los especialistas recomiendan resguardar la estabilidad macroeconómica consolidada mediante incentivos específicos para traccionar a los sectores rezagados.

Consumo debilitado, recaudación en baja y el ancla del superávit

El análisis de la consultora LCG describe una dinámica «de serrucho» con características cuasi recesivas que difícilmente tuerza su curso inmediato. El consumo interno arrastra el fuerte deterioro del salario real y la pérdida de empleo registrado, tras haber acusado una merma del 2,4% en el segundo trimestre. En paralelo, la inversión ingresa en una habitual fase de «wait and see» previa al año electoral, al tiempo que el gasto público se ve forzado a recortarse a la par de los ingresos para sostener el superávit primario, profundizando el sesgo contractivo. La estrategia oficial de apostar a las exportaciones netas se mantiene por ahora focalizada en un puñado de sectores con escaso derrame hacia el resto del entramado socioeconómico.

Esta fragilidad golpea directamente la recaudación. El Banco Comafi advirtió que los sectores no transables como la industria, el comercio y la construcción —altamente intensivos en empleo y tributos— drenan los recursos del Estado. Durante agosto, los ingresos del Sector Público Nacional (SPN) cayeron un 1,0% real interanual, retrocediendo incluso más que la baja del gasto público (-0,4% real). Pese a este escenario, el Ministerio de Economía logró resguardar el superávit primario mensual en $1,99 billones, acumulando un saldo favorable de 1,1% del PBI en el año y un superávit financiero del 0,2%. Sin embargo, la entidad bancaria catalogó como indispensable continuar engrosando este colchón de cara a diciembre, mes caracterizado por una marcada estacionalidad deficitaria por el pago de aguinaldos.

Alerta sobre el Programa Financiero 2027 y la deuda soberana

El enfriamiento económico también se trasladó con fuerza a las cotizaciones financieras. La consultora 1816 evaluó el reciente retroceso de los títulos soberanos, donde el bono Global 2035 trepó a un rendimiento del 11% en el exterior —el valor más elevado desde las elecciones de 2025—, acompañado por una suba del riesgo país que escaló desde los 400 hasta superar los 570 puntos básicos. Este endurecimiento torna complejo pensar en una salida de Argentina al mercado voluntario internacional previo a los comicios.

En este marco, el Programa Financiero 2027 presentado por Luis Caputo en julio queda bajo máxima exigencia. El plan oficial contemplaba emitir unos u$s 5.000 millones en títulos Bonares el año próximo; si el mercado no permite concretar esa colocación, la presión sobre las reservas del Banco Central terminará superando con creces los u$s 12.600 millones previstos, a menos que el Gobierno apele a fuentes alternativas. Los analistas de 1816 concluyeron con una advertencia contundente: ante una mayor dificultad para refinanciar vencimientos mediante endeudamiento en moneda extranjera, la capacidad del BCRA para comprar divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) se vuelve la variable más crítica y determinante de todo el esquema

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