El proceso judicial iniciado para determinar responsabilidades en la presunta defraudación vinculada a la criptomoneda $LIBRA mantiene abiertas dos instancias legales para evitar su archivo definitivo. Pese a la postura del fiscal Eduardo Taiano, quien impulsó el sobreseimiento de las once personas investigadas —entre ellas el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei—, existen recursos en trámite que buscan reactivar la recolección de pruebas.

El expediente se concentra en presuntas maniobras vinculadas al lanzamiento y promoción del activo digital. Ante la decisión fiscal de dar por terminada la pesquisa, surgieron dos vías procesales diferenciadas: por un lado, la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas con el fin de asumir la acción penal; por el otro, la solicitud de inversores particulares que buscan recuperar su condición de parte querellante.

El pedido de la fiscalía anticorrupción

La primera alternativa corresponde a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez. El organismo presentó a finales de octubre un escrito ante el Juzgado Federal N° 8 para objetar la decisión de Taiano de desvincular a los imputados y archivar las actuaciones.

En su presentación, la procuraduría especializada calificó el cierre como prematuro y sostuvo que la investigación no se encuentra agotada. Desde su óptica, el expediente todavía requiere la realización de diligencias clave, tales como peritajes técnicos sobre dispositivos electrónicos, el análisis exhaustivo de las comunicaciones entre las personas investigadas y la reconstrucción de la trazabilidad de las operaciones financieras ejecutadas con la criptomoneda. El organismo remarcó además que los elementos reunidos hasta la fecha exhiben señales compatibles con una concertación defraudatoria, por lo que solicitó continuar con la instrucción penal.

La respuesta del fiscal del caso

La pretensión de la procuraduría fue rechazada por el fiscal Taiano mediante una presentación formal realizada el 11 de noviembre. El representante del Ministerio Público Fiscal ratificó su posición inicial en favor de los sobreseimientos y defendió el cierre de la causa al considerar que la intervención de la procuraduría resultaba desacertada.

Taiano cuestionó que el organismo hubiera tenido acceso a los pormenores de las actuaciones y señaló que los fundamentos esgrimidos por Rodríguez se apoyaban en afirmaciones antojadizas, más cercanas al estilo de un debate televisivo que a las constancias reales del expediente. La resolución de este conflicto de criterios se encuentra ahora bajo análisis del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. En caso de que el magistrado no haga lugar al reclamo de la procuraduría, el organismo ya interpuso una apelación subsidiaria para que la Cámara Federal evalúe la situación.

El reclamo de los inversores damnificados

La segunda alternativa procesal está encabezada por un grupo de inversores que denuncian haber sido perjudicados económicamente por la operatoria del activo digital. Se trata de Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, quienes habían sido apartados del expediente por disposición judicial luego de un planteo promovido por Mauricio Novelli, uno de los señalados como creador del proyecto promocionado en su momento por Milei.

Frente a esa exclusión, los abogados de los damnificados recurrieron a instancias superiores. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal concedió a principios de noviembre la revisión del apartamiento de estos cinco denunciantes. Asimismo, el tribunal habilitó el tratamiento de un reclamo semejante presentado por dos damnificados de origen bielorruso que también pretenden intervenir en el expediente.

Esta determinación del tribunal de Casación no implica un reingreso automático de los particulares a la causa. No obstante, abre la posibilidad de que, si obtienen un pronunciamiento favorable, puedan volver a actuar como querellantes legítimos. Desde ese rol procesal, los inversores quedarían facultados para recurrir los sobreseimientos dictados y proponer la producción de nuevas medidas probatorias en el expediente.

El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, criticó este viernes al Gobierno nacional por el dato de inflación de octubre, que pasó de 1,9% a 2,2%, y afirmó que el modelo económico actual “ya fracasó”. “Este Gobierno no cree en un pueblo que se pueda desarrollar y crecer. Cada vez se agudiza y lleva a los argentinos a la pobreza. Están llevando a la Argentina a un abismo”, planteó el dirigente en diálogo con La Red. Jerónimo advirtió además que la conflictividad social podría profundizarse en 2027 si el Gobierno no escucha los reclamos de los trabajadores y de la ciudadanía. “Se va a profundizar la conflictividad y va a escalar porque hay demandas insatisfechas de la gente”, señaló.

La causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo a nivel nacional: los peritajes sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular del organismo, volvieron a quedar bajo la lupa de la Fiscalía, que cuestionó tanto los mecanismos como los resultados.

 

Lo que concluyó Gendarmería

En el informe de 74 páginas, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, los peritos señalaron que “no fue posible establecer si las señales de habla examinadas corresponden a Diego Orlando Spagnuolo”. Del total de archivos, 14 resultaron aptos para el análisis y 43 no reunían condiciones para una comparación forense.

En esos 14 archivos identificaron “características acústicas compatibles con un proceso de regrabación”, por lo que consideraron que no resultaba “metodológicamente procedente” someterlos a procesamiento. Además, mencionaron “discontinuidades abruptas” y “posibles puntos de corte”, aunque sin poder determinar el tipo ni la metodología de edición empleada. Tampoco establecieron de manera concluyente si las voces corresponden a emisiones humanas naturales o a recreaciones digitales.

Ante la imposibilidad de realizar el análisis automático, y dado que un estudio exclusivamente auditivo-perceptual no cumple los requisitos metodológicos para la comparación forense de voces, indicaron que no fue posible efectuar el cotejo con la voz del exfuncionario. Por último, señalaron que no se pudo evaluar “de manera fehaciente” la continuidad e integridad de la cadena de custodia de los audios entregados a la Justicia.

Los cuestionamientos de la Fiscalía

Tras conocerse el informe, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) manifestó sus diferencias con los resultados y con las metodologías aplicadas.

El Ministerio Público Fiscal participó con cinco peritos de parte, quienes indicaron que no se les permitió plasmar sus disidencias en las conclusiones y debieron hacerlo en un anexo separado, lo que, a su entender, “desnaturalizó el debate pericial”.

 

También señalaron que el protocolo establece tres tipos de análisis y exige aplicar al menos dos, algo que Gendarmería no hizo. “Si el programa que iba a utilizarse no servía para el análisis automático de los registros, ello no impedía hacer los otros dos”, plantearon.

Respecto de la posibilidad de que las voces hayan sido creadas con inteligencia artificial, algo que el informe no confirmó ni descartó por completo, los peritos de la Fiscalía afirmaron que esa conclusión “no se corresponde con lo que el propio informe encontró”, ya que se detectaron “numerosos rasgos típicos del habla humana espontánea” y no hubo indicios de manipulación artificial.

“Si los métodos aplicados eran idóneos, la conclusión debió reflejar lo que mostraron; si no lo eran, no se entiende por qué se los utilizó y se valoraron sus resultados”, agregaron. En esa línea, sostuvieron que la falta de herramientas para detectar voces sintéticas en la División Acústica Forense es “una limitación de ese laboratorio y no una imposibilidad técnica general”, por lo que debió evaluarse el uso de otras metodologías disponibles en el ámbito científico.

Finalmente, consideraron “un error exigir a un dispositivo entregado voluntariamente la misma trazabilidad que a uno secuestrado en un allanamiento”, y aseguraron que “no hay elementos para poner en duda la integridad de esa prueba”.