Mientras cumplía una condena previa por trata de personas en la Unidad N° 1 del Penal de Villa Urquiza, Walter Ayala dirigía desde su celda una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres en Tucumán. Con teléfonos celulares prohibidos, coordinaba la captación de víctimas, administraba publicaciones en sitios de oferta sexual y controlaba las ganancias obtenidas por la red. Por estos hechos, la justicia federal lo condenó junto a Alejandra Galván, señalada como la encargada operativa de los departamentos donde funcionaba el circuito de explotación.

La sentencia fue dictada en el marco de un juicio abreviado en el que ambos imputados reconocieron su responsabilidad penal. La jueza Carina Farías impuso una pena de 12 años de prisión para Ayala y ocho años para Galván. Además, ordenó una reparación económica superior a los $130 millones destinada a las ocho víctimas identificadas durante la investigación.

La pesquisa estuvo encabezada por el fiscal federal Pablo Camuña, quien logró acreditar que Ayala continuaba manejando la estructura delictiva desde el interior del penal. Según se determinó, utilizaba celulares no autorizados para contactar mujeres en situación de vulnerabilidad a través de redes sociales y luego publicaba sus perfiles en el sitio de oferta sexual Skokka, donde también definía los nombres ficticios que utilizarían.

En paralelo, Galván cumplía funciones clave fuera de la cárcel. De acuerdo con la investigación judicial, se encargaba de supervisar los departamentos utilizados para la explotación sexual en San Miguel de Tucumán, organizaba las sesiones fotográficas y videos de promoción y recaudaba el dinero generado por los encuentros sexuales.

La resolución judicial también dispuso una reparación económica considerada inédita por el monto fijado. El cálculo incluyó indemnizaciones por daño moral, lucro cesante y el recupero de las ganancias obtenidas ilegalmente por la organización criminal durante el tiempo que operó.

El caso volvió a poner bajo la lupa los controles internos dentro del Penal de Villa Urquiza, luego de comprobarse que uno de los principales condenados por trata de personas continuó liderando maniobras delictivas desde el interior de la cárcel.

En una audiencia celebrada este miércoles 20 de mayo, la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, conducida por el fiscal Fernando Blanno y representada en esta ocasión por la auxiliar de fiscal Natalia Carabajal, expuso los términos del acuerdo que posibilitó la suspensión del proceso.

Las maniobras con los plásticos olvidados

De acuerdo con la acusación penal, el primer hecho ocurrió el 12 de febrero de 2025, alrededor de las 12:30 horas, en la sucursal de Tarjeta Naranja ubicada en calle Congreso 32 de la capital tucumana. En ese momento, una clienta realizaba trámites en la terminal de autoconsulta y fue asistida por el imputado, en su carácter de empleado de la firma.

Al retirarse, la mujer olvidó su tarjeta de crédito. Juárez González aprovechó la situación, se apoderó del plástico y, durante diez días, realizó un total de 24 operaciones de compra en diferentes locales comerciales. Entre los movimientos se detectaron dos compras simuladas a su propio negocio a través del sistema de cobro «toque», registrado bajo el nombre «NARANJX DRINK MASTER». Mediante esta maniobra generó un perjuicio patrimonial de $2.153.104.

Apenas veinticuatro horas después, el 13 de febrero de 2025 a las 12:20 horas, el empleado repitió el modus operandi en la misma sucursal. Otra clienta olvidó su tarjeta de crédito tras recibir su asistencia en la terminal. El acusado tomó ilegítimamente el plástico y realizó ese mismo día una compra en el local McDonald’s por $4.300 y dos operaciones falsas de $230.700 cada una en su terminal «toque» de «NARANJX DRINK MASTER», sumando un perjuicio de $465.700. En ambos casos, las pérdidas económicas fueron asumidas finalmente por la empresa Tarjeta Naranja S.A.U.

Calificación y pautas de conducta

La Fiscalía encuadró la conducta del imputado en el delito de defraudación por el uso de tarjeta de crédito hurtada (dos hechos) en concurso real, en calidad de autor.

Al momento de fijar las reglas de conducta para conceder la probation, el juez interviniente hizo lugar a los requisitos planteados por el Ministerio Fiscal. El imputado deberá abonar la suma de $1.300.000 como reparación del daño ocasionado. Asimismo, tendrá la obligación de cumplir con tareas comunitarias con una carga de dos horas semanales en la Fundación Mate Cocido, ubicada en calle Lavaisse 3542 del barrio ATE. El cumplimiento de todas las medidas impuestas será supervisado de manera estricta por la justicia de ejecución durante el plazo de un año

Este miércoles 20 de mayo se llevó adelante una audiencia con motivo de exponer un acuerdo de juicio abreviado rubricado entre la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, conducida por Fernando Blanno, la acusada Nélida Patricia Rodríguez y su defensa técnica, con adhesión de la querella. La imputada, quien se desempeñaba como gerente de Administración del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST), fue condenada como autora del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública.

La pena pactada entre las partes consistió en dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, sumado a la inhabilitación perpetua por haber revestido el carácter de empleada pública. Además, deberá cumplir reglas de conducta y realizar trabajos no remunerados en favor de una institución de bien público, tareas que llevará a cabo en la cooperadora del Hospital Avellaneda.

Consumos indebidos

Al momento de enumerar las pruebas reunidas durante la investigación, la auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás señaló que la acusada efectuó gastos personales utilizando fondos institucionales mediante una tarjeta corporativa del Banco Macro, vinculada a cuentas del organismo provincial. Entre los consumos detectados se registraron pagos en plataformas digitales, comercios de indumentaria, farmacias, servicios de entretenimiento, pasajes aéreos y transacciones internacionales sin relación con la actividad propia del Subsidio de Salud.

“La imputada, en razón de su cargo como gerente de Administración, tenía a su cargo la tarjeta corporativa vinculada a la cuenta del instituto. Dicho medio de pago había sido otorgado, de manera exclusiva, para que ella realice pagos institucionales”, sostuvo la representante del MPF. Asimismo, agregó que “se evidenció un abuso de confianza funcional por parte de la imputada” y remarcó que “no fue un episodio aislado de consumos irregulares, sino que fue sustentado en el tiempo”.
Por su parte, durante la audiencia imputada admitió su responsabilidad delictiva. Finalmente, la jueza interviniente declaró admisible y, en consecuencia, aprobó el convenio pleno de juicio abreviado.

La acusación

De acuerdo a la teoría fiscal, entre el 19 de junio de 2021 y el 24 de agosto de 2022, Rodríguez, valiéndose de su cargo de gerente de Administración del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST), y teniendo bajo su poder y custodia una tarjeta corporativa del Banco Macro habilitada a su nombre y vinculada a una cuenta corriente del organismo, utilizó dicho medio de pago para efectuar consumos y gastos personales en distintos comercios y plataformas online.

La Fiscalía sostuvo que la tarjeta le había sido otorgada exclusivamente para realizar pagos a proveedores de bienes y servicios vinculados al funcionamiento institucional del Subsidio de Salud. Sin embargo, la acusada realizó gastos en beneficio propio por un monto total de $5.038.466,32 y US$ 1.356,67, ocasionando un perjuicio patrimonial al erario público.