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Política

La provincia adhirió a la Ley Micaela

El dictamen de mayoría fue sancionado con 39 votos a favor y ocho en contra. Los legisladores de Fuerza Republicana, espacio que lidera Ricardo Bussi, se expresaron en rechazo del dictamen

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La Legislatura sancionó, con el rechazo de un sector de la oposición, el proyecto oficialista que proponía la adhesión a la ley nacional “Micaela”, que establece la capacitación obligatoria en materia de género entre la totalidad de los agentes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En Tucumán -último distrito provincial en sumarse a esta normativa nacional, sancionada en 2018 por el Congreso- la capacitación quedará a cargo de las “cabezas” de los respectivos poderes del Estado.

Además, los municipios quedaron en condiciones de sumarse a la “Ley Micaela”, a través de ordenanzas de adhesión.

El dictamen de mayoría fue sancionado con 39 votos a favor y ocho en contra. Los legisladores de Fuerza Republicana, espacio que lidera Ricardo Bussi, se expresaron en rechazo del dictamen, al igual que Raúl Albarracín y Walter Berarducci, ambos del Partido por la Justicia Social.

Algunas de las posturas expresadas en el recinto:

Roque Tobías Álvarez (jefe del bloque mayoritario Justicialista de Todos): Destacó que la autoridad de aplicación de la norma en la Provincia serán las respectivas autoridades de cada poder. “Difícilmente alguien vaya a cambiar de opinión (en lo ideológico) por una charla de una hora”. Y sostuvo que se apunta brindar educación a los agentes del Estado: “se trata justamente de sensibilizar y de evitar que en Tucumán haya otra Micaela (García)”, en alusión a la joven entrerriana víctima de un terrible femicidio, cuyo caso se conmemoró con la sanción de la norma nacional. “Capacitar es la acción de convertir a alguien apto para algo, y esa es la esencia de esta ley”, añadió.

Ricardo Bussi (jefe del bloque Fuerza Republicana): “Hemos sido difamados en las redes sociales, denunciados por determinados lobbies ante el Inadi”, afirmó. Anticipó que denunciará de manera penal a un par de la Legislatura por “agravios”. “Estamos absolutamente a favor de la capacitación, como lo dijo la legisladora Nadima Pecci. Hemos presentado un proyecto local, nuestro, que respeta nuestras costumbres, idiosincrasia, que establece la capacitación para los tres poderes públicos, sin esa palabrita, de ideología de género”, agregó.

Y cargó contra el gobernador, Juan Manzur, y el vicegobernador Osvaldo Jaldo, quien se encontraba presidiendo el debate. “En la campaña electoral (previa a 2019), cuando salían a recolectar votos, se comprometieron públicamente ante un público evangélico a no votar ninguna ley que tenga ideología de género. Hacer lo contrario es, ni más ni menos, que un fraude electoral. Es horrible mentir en campaña”, agregó. Y sostuvo: “si lo focalizamos desde una perspectiva, estamos parcializando el problema”.

Raúl Albarracín (jefe del bloque Partido por la Justicia Social): “La Ley Micaela tiene un fin noble, pero está cargada de ideología. Si lo que queremos es eliminar la violencia hacia la mujer, que se la respete y se la cuide, debemos tener una mirada amplia y no encorsetada en una ideología”, sostuvo.

Sara Alperovich (jefa del bloque Hacemos Tucumán): “Eliminar la violencia es una responsabilidad de todos los poderes. Es una respuesta a muchísimas personas que lucharon por años contra la violencia hacia la mujer”, indicó.

Gerónimo Vargas Aignasse (vicepresidente 1º de la Legislatura, oficialista): “La Ley Micaela es una ley netamente educativa. Tenemos q trabajar mucho en la capacitación”.

Fuente: La Gaceta

Política

La Legislatura avanza en proyectos de defensa del consumidor

La Comisión de Derechos Humanos y Defensa del Consumidor de la Legislatura de Tucumán, presidida por el legislador Gabriel Yedlin, dio dictamen por unanimidad de los miembros presentes a tres iniciativas vinculadas con la protección de los consumidores y el acceso a servicios esenciales .

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Uno de los proyectos tratados propone modificar la Ley N° 9405 y dispone la extensión de su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027. La normativa contempla la situación de los consumidores afectados por la problemática derivada de los planes de ahorro para la adquisición de vehículos.

Durante la reunión también se analizó una iniciativa que reconoce al servicio de agua y saneamiento como un derecho humano. Entre sus disposiciones, el proyecto establece la prohibición de interrumpir el suministro de agua potable a usuarios residenciales por falta de pago como medida de coerción.

Asimismo, con la participación de profesionales de la Cátedra de Derechos del Consumidor de la Universidad Nacional de Tucumán, se abordó un proyecto destinado a crear un Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios.

La propuesta tiene como objetivo garantizar la aplicación efectiva del sistema de protección, mediante procedimientos administrativos y procesos judiciales adecuados para una defensa eficaz de los derechos e intereses de los consumidores.

Al referirse al trabajo realizado, el presidente de la comisión, Gabriel Yedlin, destacó el consenso alcanzado entre los legisladores. “Hoy trabajamos sobre tres proyectos que obtuvieron dictamen por unanimidad de los presentes y es un ejemplo de un trabajo serio y planificado que lleva el armado de una norma en esta Legislatura abierta a todos los ciudadanos”, afirmó.

Por su parte, el Dr. Germán Müller, especialista en Derecho del Consumidor, brindó detalles sobre la iniciativa vinculada al nuevo Código Provincial. Explicó que se trata de una propuesta en la que se viene trabajando desde hace varios meses y que busca incorporar los avances producidos durante las últimas décadas, contemplando las nuevas problemáticas surgidas y facilitando el acceso de los ciudadanos a los mecanismos de protección, especialmente frente a los cambios vinculados con las nuevas tecnologías.

“Se trabajó con profesionales de todos los ámbitos y estamos convencidos de que debe ser aprobado por el cuerpo para beneficio del consumidor tucumano”, sostuvo Müller.

En tanto, el legislador Manuel Courel valoró el proceso de elaboración de la iniciativa y consideró que, de obtener el acompañamiento del pleno, se trataría de una normativa necesaria y de utilidad para los ciudadanos de toda la provincia.

Participaron de la reunión los legisladores Gabriel Yedlin, presidente de la comisión; José Cano, Alfredo Toscano, Manuel Courel, Hugo Ledesma, Gerónimo Vargas Aignasse y Paula Galván.

En representación de la Cátedra de Derechos del Consumidor de la Universidad Nacional de Tucumán estuvieron presentes la Dra. Belén Japaze, los Dres. Germán Müller y Fabiana Müller, y el Dr. José Sahian, relator de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

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Política

Jaldo y Juri analizaron la economía, el transporte y el desarrollo urbano

El encuentro permitió fortalecer el diálogo institucional y avanzar en una agenda común sobre temas que impactan directamente en la vida cotidiana de los vecinos de San Miguel de Tucumán y en el desarrollo de la provincia.

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El gobernador, Osvaldo Jaldo, recibió en su despacho al presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Fernando Juri, con quien mantuvo una reunión de carácter institucional en la que analizaron distintos temas de interés para la provincia y, particularmente, para la ciudad capital.

El encuentro estuvo centrado en una agenda de trabajo que incluyó aspectos de la situación económica, el transporte y el planeamiento urbano, además de otras cuestiones vinculadas al funcionamiento institucional y a las necesidades de San Miguel de Tucumán.

Durante la reunión, Jaldo y Juri intercambiaron opiniones sobre el escenario actual y la importancia de sostener espacios de diálogo y articulación entre el Gobierno provincial y las instituciones de la Capital.

En materia de transporte, se abordaron cuestiones relacionadas con la movilidad urbana y los desafíos que presenta el crecimiento de la ciudad, mientras que también se analizaron aspectos vinculados a la planificación y el desarrollo urbano.

La situación económica provincial formó parte asimismo de la agenda, en un contexto que requiere coordinación entre los distintos niveles institucionales para acompañar las demandas de la comunidad y avanzar en políticas que contribuyan al desarrollo de Tucumán.

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Rectores de universidades reclamarán por el cumplimiento de la ley de Financiamiento

El encuentro del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de 60 universidades, está previsto para las 14.30.

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Los rectores de las universidades nacionales trasladarán este miércoles su reunión mensual a Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, para reclamar que el Ejecutivo cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.

La decisión se tomó después de que el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto con el que el Gobierno había frenado esa norma y ordenó su aplicación inmediata. El encuentro del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de 60 universidades, está previsto para las 14.30.

En un comunicado, los rectores anunciaron que la sesión en Plaza de Mayo busca “reiterar el reclamo por el cumplimiento pleno y efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada e insistida por el Congreso de la Nación y con fallo favorable de la justicia disponiendo su cumplimiento”.

La decisión de los rectores se conoció luego de la decisión de la Justicia que declaró inconstitucional el decreto del presidente Javier Milei que frenó la aplicación de la ley y ordenó su inmediata aplicación.

En concreto, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 invalidó la cláusula del decreto 759/2025 que supeditaba la ejecución de la ley a la definición de los recursos presupuestarios. La declaración de inconstitucionalidad alcanza la expresión “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N°24.629”.

Además, Cormick dispuso que el Poder Ejecutivo dicte las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para garantizar el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario”. Se trata de una sentencia de primera instancia.

El Gobierno había utilizado esa disposición para promulgar la norma, después de que el Congreso rechazara el veto presidencial, pero mantener suspendida su aplicación. Su argumento era que los legisladores debían establecer las fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes al presupuesto nacional.

Los reclamos por los salarios y las becas universitarias

El nuevo fallo se suma a las resoluciones que Cormick había dictado para exigir el cumplimiento de la cautelar sobre salarios docentes y no docentes y becas estudiantiles. Esa medida alcanza los artículos 5 y 6 de la ley.

El 30 de septiembre, el juez volvió a darle al Gobierno cinco días para cumplir con esas obligaciones, bajo apercibimiento de sanciones económicas. Si bien reconoció que el Ejecutivo había presentado documentación sobre paritarias y órdenes de pago, consideró que solo había acreditado un cumplimiento parcial.

La Casa Rosada había pedido que se revocara la intimación y se dejara sin efecto la posibilidad de aplicar multas. En su presentación, sostuvo que los aumentos salariales acumulados desde diciembre de 2023 llegaban al 226,8% y superaban la inflación del período que tomó como referencia. También informó nuevas negociaciones paritarias y una propuesta adicional del 3%.

Cormick cuestionó ese cálculo y señaló que no estaba acreditada la actualización conforme a las variables que exige la ley. Sobre las becas, también rechazó la interpretación oficial que limitaba el alcance de la obligación al programa Manuel Belgrano.

La cautelar había sido dictada en diciembre de 2025 y confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. En junio, quedó firme tras el rechazo de un recurso extraordinario del Estado por parte de la Corte Suprema. Esa decisión se refería a la medida provisoria sobre salarios y becas, mientras seguía pendiente la discusión de fondo.

FUENTE: TN

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