Mientras algunos de los principales dirigentes del peronismo kirchnerista esperan las líneas que pudiera publicar Cristina Fernández, el interbloque de senadores de Unión por la Patria emitió un comunicado en el que rechazó la designación, en línea con la posición de algunos de los bloques dialoguistas.

Un conocedor de las internas palaciegas reconoció a El Cronista que los opositores «van a tomar carrera para voltear» a los nuevos magistrados. Mientras tanto, voces del peronismo K dijeron estar aguardando por las palabras de Cristina, pero calificaron el anuncio como «una barrabasada total» que busca diluir los efectos del LIBRA gate.

Entre los que se expresaron públicamente, el exoficialista, Francisco Paoltroni, dijo que el decreto es «una verdadera estafa electoral» y añadió que «festejan los feudos y todos los que se quieren blindar judicialmente».

La diputada Carolina Gaillard, una de las pocas voces de Unión por la Patria que, antes del comunicado de sus colegas del Senado, habló del tema, dijo: «Nombrar jueces de la Corte Suprema de Justicia por decreto está mal. Está mal ahora que lo hace (Javier) Milei y estuvo mal cuando lo hizo Mauricio Macri porque viola el principio fundamental de la República como es la división de poderes».

Por su parte, el titular de la bancada de la Coalición Cívica en Diputados, Maximiliano Ferraro, calificó la decisión como «una herida grave a la división de poderes y la institucionalidad republicana». «La única verdad es que el Presidente quiere una Corte adicta y automática», apuntó.

Su par de Democracia para Siempre, el radical Pablo Juliano dijo que los dos jueces fueron «contrabandeados» sin el acuerdo del Senado nacional.

En tanto, el ex vicepresidente y actual diputado de la UCR, Julio Cobos, afirmó que «una institución tan importante como la Corte Suprema de Justicia, cabeza de otro poder del Estado, requiere toda la legalidad y legitimidad para su composición».

«Si no se consiguen los consensos suficientes, el Ejecutivo posee todas las herramientas en sus manos, tiene la posibilidad de retirar los pliegos y hacer una nueva propuesta, donde por cierto la postulación de una mujer sería muy bien recibida», acotó.

Margarita Stolbizer, de Encuentro Federal, señaló que «los libertarios ya no sorprenden a nadie» y que quedó «al descubierto que lo único que les importa es el poder, cada día más y más poder, para hacer lo que se les antoja. Y eso nunca termina bien. Vamos a frenarlos».

También se expresó la referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien calificó como un «verdadero horror» el decreto: «Desde el punto de vista institucional y republicano, es un verdadero horror».

Juristas

El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, señaló hoy que la decisión de Milei es «un grave retroceso institucional, afecta seriamente la independencia judicial, y significa desconocer los fundamentos que dan facultad al presidente para designar durante el receso».

El ex camarista que juzgó a los comandantes de la última dictadura militar subrayó que «los argumentos que se dan son absolutamente inatendibles».

«No es que el Senado tenga la obligación de prestarle acuerdo al presidente de la República, tiene que llegar a un consenso respecto de los nombres, por eso se exige una mayoría tan calificada. Pero no es que el presidente les dio la oportunidad, y como no le prestaron el acuerdo, puede hacerlo por decreto», señaló.

Gil Lavedra concluyó que «esto no es una cuestión de ‘oposición a la política’. La nominación de los jueces de la Corte es política, pero obviamente lo que la Constitución requiere es que haya un determinado entendimiento, un determinado consenso entre el Ejecutivo y el Senado de la Nación respecto de los candidatos o candidatas».

Por su parte, el constitucionalista Alejandro Gil Domínguez recordó que la Carta Magna «tiene mecanismos para ser aplicados excepcionalmente por el Poder Ejecutivo ante circunstancias extremas» y que por eso «habilita al Presidente a dictar decretos de necesidad y urgencia cuando objetivas circunstancias excepcionales», pero descarta de que este sea el caso.

«La atribución de poder designar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia en comisión sin tener que obtener el acuerdo del Senado cuando este se encuentre en receso, solo se puede ejercer ante una situación en la cual la Corte se quede sin integrantes o con uno o dos de sus miembros, las vacantes se produzcan durante el receso del Senado y existen casos urgentes que deben ser resueltos sin dilación», explicó.

Para Gil Domínguez designar jueces de la CSJN de la manera en la que lo hizo Milei podría encuadrar en la comisión de varios delitos como el «abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, usurpación de autoridad, título y honores, entre otros».

«Cuando esto sucede el sistema republicano, la división de poderes, el orden constitucional y los derechos de las personas corren un serio peligro de extinción por demolición», concluyó.